Nancy Mendieta Carrera
Expediente 596/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Nancy Mendieta Carrera
- Comisión de Recursos Naturales (CORENA)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA"6" Ciudad de México, once de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de ... agréguese a los autos el oficio signado por el secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, por medio del cual informa que se avocó al conocimiento del presente asunto radicándolo bajo el numeral -------de su índice. SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Se comunica al promovente que de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de seis meses, ya que después de este lapso, se procederá a la destrucción del mismo de acuerdo a lo establecido en el penúltimo párrafo del aludido artículo 20 de dicho ordenamiento, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por el promovente, a que se refiere el último párrafo del artículo 20 referido (de los mencionados en el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo de referencia). Por último, atendiendo al prudente arbitrio de la suscrita, se considera que este expediente no es de relevancia documental para ser resguardado, y no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese.
- Principal
mesa"6" Ciudad de México, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se desprende que por auto de cuatro de julio actual, este órgano de control constitucional declinó competencia por razón de materia a favor de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de esta ciudad, por lo que en esa data se ordenó remitir el expediente original que dio origen al presente cuaderno de antecedentes a la Oficina de Correspondencia Común de los referidos Juzgados de Distrito, comunicación que fue entregada el cinco de julio de dos mil veintidós, tal como consta en la constancia de notificación que obra en autos. Sin embargo, al día de la data no se tiene conocimiento a qué Juzgado le fue turnado el asunto y si el órgano jurisdiccional que la recibió aceptó o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 17 de la Constitución General de la República, mediante oficio que dimane del presente acuerdo, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, para que a la brevedad, informe qué Juzgado por razón de turno correspondió conocer del juicio de amparo 596/2022 de este índice, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese
- Principal
"Mesa 6" Ciudad de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa en su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por ------ por medio del cual desahoga el requerimiento efectuado el veintinueve de junio de los presentes; el cual al respecto se provee en los siguientes términos. Incompetencia por materia Analizada en su integridad de manera conjunta el escrito de demanda, así como el diverso escrito de desahogo de veintisiete de junio de los actuales identificado con folio de control interno 9757, concatenado con el ocurso de cuenta, se advierte que los actos cuya inconstitucionalidad controvierte la quejosa, lo hacen consistir en los siguientes: ? La resolución administrativa por medio de la cual se ordenó la recuperación y ocupación del bien propiedad de la quejosa, contenida en el oficio identificado con el folio --------, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la alcaldía de Xochimilco. ? La omisión de notificar la resolución contenida en el oficio identificado con el folio --------" Por ende, ante la naturaleza de la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, así como el acto jurídico que en sí mismo se combate a través de esta instancia constitucional, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en razón que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto de estudio preferente. En ese tenor, se tiene presente que la competencia constituye una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. En otras palabras, la competencia constituye un límite al ejercicio de la jurisdicción, pues se trata de la suma de facultades que otorga la ley a las autoridades para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de conflictos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre la competencia constitucional y la competencia jurisdiccional. El alto tribunal entiende por competencia constitucional aquella que deriva de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente. Respecto de la competencia jurisdiccional el máximo tribunal del país ha determinado que se genera a partir de las disposiciones jurídicas orgánicas que regulan los distintos procedimientos y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, de lugar, de grado o de cuantía que rodeen al litigio planteado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, por lo que normalmente se habla de competencia por razón de materia, cuantía, grado y territorio. Así, es como la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevén diversos tipos de competencia, a saber: por territorio, por materia, por grado, auxiliar y concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia, la cual consiste en la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Dicha competencia tiene la ventaja de que los jueces de distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que constituye una ventaja por la formación de su especialidad. Así, por regla general en la República Mexicana, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia. En esos casos, el tribunal que conozca de ese conflicto, debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida, mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. En consecuencia, debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis es una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional que sea competente. Lo anterior lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 83/98, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 28, de rubro y texto siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En ese contexto, también conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que para establecer la competencia el juez de distrito, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma para advertir los datos, que razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior, tiene apoyo en el criterio emitido por la citada Sala, consultable en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En esa tesitura, se destaca que del análisis minucioso de las documentales que conforman el presente sumario constitucional se aprecia que la quejosa señaló como actos reclamados y autoridades responsables, entre otros, los siguientes: ? La resolución administrativa por medio de la cual se ordenó la recuperación y ocupación del bien propiedad de la quejosa, contenida en el oficio identificado con el folio RBDP/011/2022-06, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la alcaldía de Xochimilco. ? La omisión de notificar la resolución contenida en el oficio identificado con el folio RBDP/011/2022-06" Actos que reclama de las siguientes autoridades: ? Comisión de Recursos Naturales (CORENA) ? Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ? Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía Xochimilco Conforme lo expuesto, este órgano federal estima que carece de competencia para conocer el presente juicio de amparo en razón de la materia, respecto de los actos que reclama la quejosa Nancy Mendieta Carrera, por propio derecho, por las consideraciones que se expondrán a lo largo de la presente determinación. Como se adelantó, la competencia es un presupuesto procesal de orden público e interés general, que técnicamente ha sido considerado como el límite a la jurisdicción, esto es, la facultad de decir el derecho. Así, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de distrito, entre las que destacan: e) Competencia por territorio. f) Competencia por materia. g) Competencia por grado; y h) Competencia auxiliar. Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Al efecto, el artículo 56 Y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De la transcripción anterior, se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra: -------------------------------------------------------------------------------Los citados numerales, establecen no solamente las hipótesis de competencia del juez de amparo en materia penal, sino, además, los casos de excepción que limitan la competencia. En la especie, los actos reclamados por la impetrante de amparo se hacen consistir en la resolución administrativa por medio de la cual se ordenó la recuperación y ocupación del bien propiedad de la quejosa, contenida en el oficio identificado con el folio --------, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la alcaldía de Xochimilco, así como la omisión de notificar dicho acto jurídico. En ese tenor, los actos que aquí se reclaman son completamente independientes de un procedimiento penal, al no haber sido emitidos para los efectos de esa investigación, sino más bien en un procedimiento de carácter administrativo, por lo que resulta incuestionable que los mismos no se encuentran sujetos a ordenamientos del orden penal, sino de diversa normativa de índole administrativo. No actualizan alguna de las hipótesis que de conformidad con el precepto legal previamente trascrito, dan competencia a este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal para conocer de la demanda de amparo; ello toda vez que se trata de actos eminentemente de carácter administrativo, atribuidos a autoridades de la misma naturaleza, por lo cual este órgano de control de la constitucionalidad no puede conocer de los mismos. Máxime que evidentemente, los actos reclamados a los que se ha hecho alusión no constituyen resoluciones judiciales del orden penal, ni actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el ordinal 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco se trata de resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Bajo esa perspectiva, al menos por lo que hace a los referidos actos reclamados y autoridades responsables, el presente asunto no encuadra en alguna de las hipótesis del artículo 56 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en cambio, sí actualiza el supuesto previsto en el artículo 57.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En ese contexto, se advierte que para dirimir la controversia en cuestión deben estudiarse leyes y cuestiones de carácter administrativo, lo que conlleva a que un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal no pueda examinar la legalidad del acto que se reclama, ya que de ser así afectaría la seguridad jurídica pues se incursionaría indebidamente en el campo del derecho administrativo. Orienta lo anterior por identidad jurídica la tesis I.1o.A.28 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias Común y Administrativa, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1299, de contenido siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Con base en las premisas apuntadas, este Juzgado Federal concluye que el acto reclamado por la parte quejosa es de NATURALEZA ADMINISTRATIVA, pues la determinación combatida fue dictada por una autoridad administrativa, del cual debe conocer un Juez de Distrito especializado en esa materia. Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 56 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación procede declinar la competencia a favor de un Juez de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para conocer de la demanda de amparo promovida por Nancy Mendieta Carrera, por propio derecho, pues el acto reclamado es de naturaleza administrativa. Por ende, remítanse los autos del presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que por su conducto sean enviados al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno. Asimismo, solicítese al Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, que por turno corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse recibo y comunique la determinación correspondiente. Tiene aplicación al caso la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Octubre de 1996, página 506, bajo la voz: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA, PUEDE SER INVOCADA AUN DE OFICIO LA", así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el citado Semanario, Tomo CIII, Quinta Época, página 2674, intitulada: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE LA MATERIA". En razón de lo anterior, con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese; y, vía electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
MESA"6" Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Escrito de desahogo de prevención Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa en su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por ----------------------------, a través del cual, pretende desahogar la prevención formulada el veintidós de junio de dos mil veintidós, sin embargo, no ha lugar a tener por cumplimentado dicho requerimiento en razón a que en el citado auto se requirió a la parte quejosa para que realizara lo siguiente.... No obstante lo anterior, no se tiene por desahogado el requerimiento inserto en el citado acuerdo de veintidós de junio del año en curso, pues la peticionaria de amparo señala como acto reclamado la ocupación del inmueble materia del presente juicio, sin embargo, tal acto genera incertidumbre a este órgano de control constitucional a efecto de fijar la litis en el presente controvertido constitucional.... Por lo antes expuesto no se tiene por desahogada la prevención formulada en el presente sumario constitucional, en razón a que no han quedado superadas las precisiones; por lo cual, mantiene a este órgano de control constitucional en incertidumbre y estar en aptitud de pronunciarse como en derecho corresponda En consecuencia, dígase a la promovente del amparo que subsiste el término y apercibimiento decretados en el auto de prevención, el cual se interrumpió por única ocasión con lapresentación del escrito que nos ocupa; determinación que se adopta en tanto que el quejoso no pueden prolongar de forma indeterminada e indiscriminada los términos y plazos que fija la ley para tal efecto. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas Ahora bien, en relación a la solicitud para consultar el expediente electrónico, a través del usuario -----------el cual, después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte su registro; se autoriza la consulta y notificaciones electrónicas del presente asunto a través del mismo; por ello, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que capture dicha autorización. Notifíquese, y, vía electrónica a la parte quejosa
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