Nancy Méndez Alvarado

Expediente 59/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
59/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Nancy Méndez Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Oficio de cuenta Téngase por recibido el oficio de cuenta, en atención a su contenido, se tiene al Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por acusando recibo del diverso 20485/2020 del índice de este Juzgado, el cual se agrega a los presentes autos únicamente para que obre como constancia. Notifíquese.

  2. Principal

    Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintinueve de octubre al doce de noviembre del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el dieciséis de octubre del año en curso, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, hágase saber así a las partes. Devolución constancias Por lo anterior, devuélvase a la Magistrada Presidenta de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las constancias que remitió como apoyo de su informe justificado en el presente juicio de amparo. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de depuración, dado que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia solicitado, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de depuración, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el numeral 18 del Acuerdo en comento, dentro de los noventa días siguientes, se ordena llevar a cabo la depuración de este expediente, y solicitar la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  3. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Oficio de cuenta Téngase por recibido el oficio a que se refiere la razón de cuenta, en atención a su contenido, se tiene al Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por acusando recibo del diverso 17710/2020 del índice de este Juzgado, el cual se agrega a los presentes autos únicamente para que obre como constancia. Notifíquese.

  4. Principal

    El suscrito Ricardo David Ruiz García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha.- Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a dieciséis de octubre de dos mil veinte.- Doy Fe.- Ricardo David Ruiz García Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En San Luis Potosí, capital, a las nueve horas con veinticinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 59/2020-7, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado y Secretario con quien actúa y autoriza Ricardo David Ruiz García, se declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el Secretario da cuenta con las constancias que obran en autos y que consisten en: escrito de demanda, auto de prevención, auto de admisión, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, constancia de emplazamiento a los terceros interesados, y, auto por el cual se ordenó reactivar el juicio suspendido con motivo de la contingencia sanitaria. De igual modo, en estos momentos se da cuenta con los escritos signados por los terceros interesados Rosa María Rodríguez Hernández, y Arturo Hernández Rodríguez, registrados bajo el número de correspondencia 9880 y 9881, por los cuales señalan domicilio para recibir notificaciones, y nombran como autorizado de su parte en el presente juicio a Gerardo Robles Martínez. Finalmente, se da cuenta con la certificación del Secretario de esta fecha, en la que hace constar: 1) Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; 2) Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver el presente asunto. De igual forma, agréguense al expediente los escritos que acompañan los nombrados terceros interesados, y como lo solicitan, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Joaquín Meade, número 163, colonia Universitaria, en esta ciudad, y como autorizado de su parte en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos, a Gerardo Robles Martínez, toda vez que no tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas documentales remitidas por los Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que obran en dos cuadernos por separado. De igual forma hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar. A lo que la Juez dispone. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia naturaleza, las pruebas con las que se ha dado cuenta, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente Juicio de Amparo; por lo que al no existir medios de convicción pendientes de desahogar, se da por concluido el presente periodo. En periodo de alegatos. El Secretario da cuenta que ninguna de las partes los formularon; y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento (fojas 51 y 52). A lo que la Juez acuerda. Téngase a las partes por perdido el derecho de producir alegatos; y a la Representante Social efectuando las manifestaciones que se contienen en el pedimento de cuenta. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, el Secretario hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 59/2020-7, promovido por Nancy Méndez Alvarado, por su propio derecho, contra actos de los Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, turnado a este Juzgado el veinticuatro siguiente, Nancy Méndez Alvarado, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "[.] III. Autoridades responsables: Ordenadora: 1. Los C.C. Magistrados que integran la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, con domicilio oficial ampliamente conocido [.]. Ejecutora. 2.- El C. Juez Séptimo del Ramo Penal, del Primer Distrito Judicial en esta Ciudad de San Luis Potosí, con domicilio oficial ampliamente conocido [.]. IV. Actos reclamados: a).- A la autoridad responsable ordenadora, los C. Magistrados que integran la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, les reclamo y atribuyo el dictado de la infundada y carente de motivación, además incongruente y falta de exhaustividad de la resolución definitiva emitida el día 16 dieciséis de diciembre del año 2019, dos mil diecinueve, dentro del Toca 339/2019, en la cual se confirmó la resolución interlocutoria de fecha 12 doce de septiembre de dos mil diecinueve, donde confirma negar girar la orden de aprehensión en contra de los señores Arturo Hernández Rodríguez y Rosa María Hernández Rodríguez, por el Delito de Fraude Genérico, en agravio de la quejosa, dictada por el Juez Séptimo del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial en esta Ciudad. b).- De la autoridad ejecutora: del C Juez Séptimo del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial en esta Ciudad, le reclamo y atribuyo la ejecución material que pretende dar o se dé la resolución emitida el 16 dieciséis de diciembre del año 2019, dos mil diecinueve, dentro del Toca Penal 339/2019, pronunciada por los C.C. Magistrados que integran la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, igualmente todas y cada una de sus consecuencias jurídicas que por hecho y de derecho emanen de dicha determinación judicial; y se pronuncien con motivo de la misma, dentro de la causa penal número 15/2019-A que se siguen en dicha autoridad señalada como ejecutora. Así como todas y cada una de las consecuencias legales inherentes a cualquier acto de ejecución que tienda a causar sobre la ejecución del fallo dictado por la H. Quinta Sala, respecto de la determinación que dictó. [.]" SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y citó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Previo auto de prevención, el siete de febrero de dos mil veinte se admitió la demanda de amparo; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Posteriormente, por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se ordenó la reactivación del presente juicio, que había sido suspendido con motivo de la contingencia sanitaria. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, en el citado proveído, se ordenó que la audiencia constitucional, tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia. De igual modo, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado. Así, conforme al acta de esta fecha, se celebró la audiencia constitucional, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos atribuidos a una autoridad judicial, que carece de ejecución. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias de notificación que obran a fojas 31 y 32 del toca 393/2019, remitido por los Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se advierte que a la quejosa le fue notificado el acto reclamado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve -y no el dieciocho, como lo señaló en su demanda de amparo-, surtiendo sus efectos ese mismo día, conforme al artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, por lo que el plazo relativo transcurrió del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve al veintitrés de enero de dos mil veinte, descontando los días dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve a tres de enero de dos mil veinte por haber sido periodo vacacional para la responsable aludida, y los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de enero de dos mil veinte, por haber sido inhábiles. Entonces, si la demanda de amparo se presentó el veintitrés de enero de dos mil veinte, es decir, el décimo quinto día, deviene inconcuso que su presentación se realizó dentro del plazo legal. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada por la parte quejosa. Así de la demanda de amparo aparece que la parte quejosa, como actos reclamados de las autoridades responsables, señala: 1. Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Actos reclamados: La sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve dentro del Toca Penal 393/2019, relativo al recurso de apelación interpuesto por al Agente del Ministerio Público en contra del auto que negó librar orden de aprehensión, emitido por el Juez Séptimo del Ramo Penal, del Primer Distrito Judicial, con sede en esta Ciudad, a favor de Arturo Hernández Rodríguez y Rosa María Hernández Rodríguez, por el delito de fraude genérico, en perjuicio de la quejosa, Nancy Méndez Alvarado, dentro de la averiguación 15/2019-A; confirmando dicha negativa. 2. Juez Séptimo del Ramo Penal, del Primer Distrito Judicial, con sede en esta Ciudad. Actos reclamados: La ejecución de la sentencia descrita en el punto anterior. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Séptimo del Ramo Penal, del Primer Distrito Judicial, con sede en esta Ciudad, dado que al rendir sus informes justificados (fojas 47 y 42, respectivamente), los aceptaron. Certeza que además se corrobora con las documentales que la primera autoridad remitió anexas a su informe justificado, consistentes en los originales de la averiguación 15/2019-A y del toca 393/2019, que obran en dos cuadernos por separado y que tienen pleno valor probatorio, a la luz de los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de procedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la hagan valer las partes o se advierta de oficio, toda vez que constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al no advertirse alguna causal de improcedencia ya sea que la hicieren valer las partes, o bien, que la suscrita advierta de oficio, se procede al estudio del acto reclamado SEXTO. Antecedentes Previo al estudio del acto reclamado, se estima conveniente reseñar los siguientes antecedentes, que se desprenden de las constancias remitidas por las responsables: 1. El trece de enero de dos mil quince (fojas 3 a 8 del expediente correspondiente a la averiguación 15/2019-A), Nancy Méndez Alvarado -quejosa en este juicio- presentó querella en contra de los terceros interesados, Arturo Hernández Rodríguez y Rosa María Hernández Rodríguez, por el delito de fraude o lo que resultare, al tenor de los hechos que allí narró. 2. El ocho de abril de dos mil diecinueve (fojas 268 a 284, ibídem), el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Mesa I, de Investigaciones Especiales, determino ejercitar acción penal en contra de Arturo Hernández Rodríguez y Rosa María Hernández Rodríguez, como probables responsables en la comisión del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 204 del Código Penal vigente en San Luis Potosí en la época en que sucedieron los hechos, en agravio de Nancy Méndez Alvarado. 3. El doce de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 346 a 348, ibídem), el Juez Séptimo del Ramo Penal, del Primer Distrito Judicial, con sede en esta Ciudad, dictó auto dentro de la averiguación 15/2019-A, en el que negó librar orden de aprehensión en contra de Arturo Hernández Rodríguez y Rosa María Hernández Rodríguez, por estimar que se había actualizado la prescripción de la acción penal, y decretó el sobreseimiento de la causa, con efectos de sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada. 4. El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (foja 349, reverso, ibídem), el Juez Séptimo del Ramo Penal, del Primer Distrito Judicial, con sede en esta Ciudad admitió en efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en contra del auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve. 5. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 21 a 29 del cuaderno correspondiente al toca 393/2019), los Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolvieron el recurso de apelación interpuesto contra el auto de doce de septiembre de esa anualidad, en la que determinaron que no había operado la prescripción de la acción penal; sin embargo, negaron la orden de aprehensión solicitada, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "[.] PRIMERO. Los disensos planteados por el Ministerio Público resultaron fundados, en cuanto a que, en el caso, no operó la prescripción de la acción penal; y, por otro lado, infundados. SEGUNDO. En consecuencia, al no haber operado la prescripción de la acción penal, se reasumió jurisdicción y por las razones expuestas por esta Sala, se confirma la negativa de librar orden de aprehensión, en contra de Arturo Hernández Rodríguez y Rosa María Hernández Rodríguez, por el delito de Fraude Genérico, en perjuicio de Nancy Méndez Alvarado, dentro de la averiguación 15/2019-A. TERCERO. Con copia certificada de la presente, devuélvase el duplicado de la averiguación al Juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el Toca como asunto totalmente concluido. [.]" La resolución anterior constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, junto con su ejecución. SÉPTIMO. Estudio de fondo No se trascriben los conceptos de violación, por no ser una exigencia legal ni considerarlo necesario, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En su demanda de amparo la quejosa medularmente refiere que la responsable alteró el procedimiento penal, lo que deriva de que la plaza que los inculpados prometieron entregarle a cambio de dinero, sí es apreciable pecuniariamente, porque la solicitante de amparo entregó dinero y ello le causó un daño patrimonial. La quejosa agrega que los inculpados se aprovecharon del error en que se encontraba, para hacerse ilícitamente del dinero y de esa forma obtuvieron un lucro indebido. La quejosa finaliza citando las tesis VI.2o. J/146, V.2o. J/18, VI.1o.C.34 K, P. LV/92 y III.1o.C. J/24, en abono a su dicho. Lo anterior resulta parcialmente fundado pero insuficiente para la concesión de la protección constitucional, inclusive supliendo la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. En principio, cabe destacar que la Sala responsable determinó que con los hechos narrados por la quejosa en su querella, no se actualizaba el delito de fraude genérico, previsto en el artículo 204 del Código Penal Local vigente al momento en que sucedieron los hechos, que exige como elementos: 1) Que alguien, engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se encuentra; 2) Se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido. La Sala reseñó que lo que la quejosa atribuyó a los inculpados fue el ofrecimiento para ocupar una plaza o empleo en la Comisión Federal de Electricidad, a cambio del pago de la cantidad de dinero que aquélla dijo haberles entregado a éstos en parcialidades. A continuación, esgrimió dos argumentos, independientes entre sí, para sustentar su fallo. En el primero, determinó que no puede decirse que exista la obtención de alguna cosa o algún lucro, porque la plaza o el empleo no es apreciable en dinero y no se encuentra en el patrimonio de las personas, y por ende no puede estimarse como una cosa, conforme al artículo 204 previamente transcrito, que exige el hacerse de algún objeto físico o de un bien mueble o inmueble que esté dentro del patrimonio económico de la persona. En el segundo, afirmó que la quejosa refirió haber convenido con los inculpados en un acto que en su origen es ilícito, pues resulta notorio que la obtención de un empleo, mediante el pago de dinero para ocuparlo, no es un acto jurídicamente posible. En consecuencia, la Sala negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Arturo Hernández Rodríguez y Rosa María Hernández Rodríguez. Precisado lo anterior, le asiste parcialmente la razón a la quejosa -supliendo la deficiencia de la queja- cuando afirma que la plaza que los inculpados prometieron entregarle a cambio de dinero, sí es apreciable pecuniariamente, porque la solicitante de amparo entregó dinero y ello le causó un daño patrimonial. En efecto, contrario a lo expuesto por la Sala responsable, en el caso sí existe la obtención de alguna cosa o algún lucro, que es precisamente el dinero que, señala la quejosa, le entregó a Arturo Hernández Rodríguez y Rosa María Hernández Rodríguez. Luego, si bien es cierto que la plaza laboral que, argumenta la quejosa, le fue ofrecida por los terceros interesados, no es una cosa susceptible de apreciarse en dinero; también lo es que según el relato de la quejosa, esa plaza no es la cosa o lucro que obtuvieron los terceros, sino más bien el dinero que la solicitante de amparo les entregó -y evidentemente ese dinero sí es una cosa apreciable en términos pecuniarios-. Así, resultó incorrecto que la responsable haya determinado que no existía la obtención de alguna cosa o algún lucro, puesto que conforme a los hechos narrados por la quejosa, sí existe ese lucro, que sería precisamente la cantidad de dinero que la solicitante de amparo supuestamente les entregó a los terceros interesados. Inclusive se observa que la tesis citada por la responsable no es aplicable, puesto que en el caso la hipótesis fáctica que narró la querellante consistió en que ella había entregado una suma de dinero con el propósito de obtener una plaza laboral -por lo que la cosa que había sido apropiada era esa suma de dinero, no la plaza-. Mientras que en el asunto que originó a dicho criterio se abordó el supuesto en el que una entidad federal, en su carácter de patrón, denunció a uno de sus trabajadores por haber validado documentos falsos para obtener un empleo, y en dicho criterio se determinó que ello no constituye el delito de fraude, dado que la plaza laboral o el empleo no es una cosa apreciable en dinero ni se puede apropiar. Entonces, resulta evidente que la Sala responsable de manera errónea determinó que la cosa de la cual, a dicho de la querellante, se habían apropiado Arturo Hernández Rodríguez y Rosa María Hernández Rodríguez, no era susceptible de apropiarse y de apreciarse en dinero; y de allí lo parcialmente fundado -suplido en su deficiencia- del argumento de la inconforme. Sin embargo, resulta infundado que se haya configurado el delito de fraude genérico, aunque la quejosa refiera que los inculpados se aprovecharon del error en que se encontraba, para hacerse ilícitamente del dinero y de esa forma obtuvieron un lucro indebido. Ello es así puesto que, como lo determinó la Sala responsable en el segundo motivo que esgrimió para negar la orden de aprehensión, el acto que la quejosa convino con los terceros interesados es ilícito de origen. Para arribar a esta conclusión, resulta útil puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 303/2012 -en la que analizó el contenido del artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal, sustancialmente idéntico al citado por la Sala responsable-, se encargó de dilucidar si se actualiza el "engaño", como medio para la obtención del lucro indebido, en aquellos casos en los que el sujeto pasivo acepta la propuesta de entregar dinero a cambio de una plaza laboral, aun conociendo lo antijurídico de tal procedimiento. La Primera Sala del Alto Tribunal determinó que si el pasivo, desde antes de que entregue el numerario, sabe que la promesa formulada por el activo, por la forma y medios pactados, implica una actividad probable y antijurídica en sí misma y, pese a ello, acepta el resultado, es decir, entregar una cantidad de dinero no obstante tener conocimiento de la antijuridicidad del negocio, ello trae aparejado, desde el principio, el riesgo de que no se cumpla y, más aún, la certeza de que -conforme a derecho- no se debía cumplir; de ahí que, ante la falta de concreción de lo pactado (respecto de una conducta antijurídica), no pueda considerarse engañado el pasivo. Lo anterior, porque ninguna protección puede brindar el derecho penal a través del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal -sustancialmente idéntico, como se dijo, al invocado por la responsable-, a quien primero entrega dinero con la deliberada intención de generar un acto antijurídico o irregular, y, después, ante el incumplimiento de lo pactado, acude a las instancias penales con el objeto de que se le resarza la disminución patrimonial que sufrió, ya que, de estimar lo contrario, la norma penal ya no respondería a su objeto esencial: reprimir las conductas ilícitas; y en cambio, serviría para avalar otra de esa misma naturaleza: ilícita. El máximo Tribunal del país puntualizó que esta conclusión parte de la premisa de que el sujeto pasivo conoce que su actuar es contrario a la ley; debiendo en cada caso concreto ponderarse, a través de las pruebas que obren en la causa, que desde el principio el pasivo era conocedor de lo antijurídico que resultaban los trámites o gestiones que realizaría el sujeto activo, encaminadas para cumplir lo acordado -obtención de plazas laborales-, en tanto que en condiciones normales se presume que una persona común sabe que los trámites se deben llevar a cabo justamente de manera regular y, por consiguiente, si decide emplear otros caminos con conocimiento de que constituyen un acto de soborno, o bien son irregulares y, por tanto, antijurídicos, entonces se entiende que acepta las consecuencias de tal irregularidad y está consciente de la verdadera situación, por lo que no podrá considerarse que tenga un concepto equivocado de la realidad. Como corolario, estipuló que si la actividad que el pasivo encomienda al activo es antijurídica en sí misma -realización de acto de corrupción o trámites irregulares- y, a pesar de ello, accede a realizar un acto de disposición en favor del activo, debe considerarse que asume el riesgo de que no se cumpla la promesa formulada por el activo, dado que lo esperado por la sociedad es que no se materialicen tales actividades ilícitas; de tal manera que, si acorde a la mecánica de los hechos, se advierte que lo que condujo al pasivo para llevar a cabo el acto de disposición patrimonial no fue el engaño de parte del activo -al no haberse generado una concepción falaz de la realidad-, sino a la deliberada intención de obtener un provecho a base de gestiones antijurídicas, no puede considerarse engañado por el activo; por lo que conforme al principio de tipicidad, dicha conducta no encuadra en el delito de fraude genérico, ya que, de estimarlo de esta manera, constituiría una transgresión en perjuicio del gobernado a la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 21/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 534, que se muestra: "FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO. El precepto citado prevé en su párrafo primero que comete el delito de fraude quien por medio del engaño se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, entendiendo por engaño el provocar mediante argucias, maquinaciones o cualquier otro medio, un falso conocimiento en el sujeto pasivo para determinarlo a realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio del sujeto activo o de un tercero. En ese sentido, no se actualiza el engaño cuando la presunta víctima, desde antes de realizar algún acto de disposición patrimonial, tiene conocimiento de que la actividad encomendada o la promesa formulada por el activo implica una actividad antijurídica en sí misma; de tal manera que cuando los hechos en que se basa constituyen un acto de corrupción en el que conscientemente estuvo involucrado el sujeto pasivo o bien, si éste previamente conoció de la práctica de trámites irregulares del activo, verbigracia, cuando afirma que fue engañado porque entregó cierta cantidad de dinero al sujeto activo y éste incumplió la promesa de "conseguirle diversas plazas de trabajo que se obligó a obtener con base en un soborno", no puede considerarse actualizado el "engaño", en tanto que el incumplimiento de lo convenido implica actuar en un ámbito que no está permitido por las normas aplicables. Lo anterior es así, toda vez que ninguna protección debe brindarle el derecho penal a quien primero entrega dinero o un bien con la deliberada intención de beneficiarse de un acto de corrupción o de trámites irregulares y, después, ante el incumplimiento de lo pactado, acude a las instancias penales con el objeto de que se le resarza la disminución patrimonial que sufrió; pues de estimar lo contrario la norma penal no respondería a su objeto esencial de reprimir las conductas ilícitas y por el contrario serviría para avalar otra de esa misma naturaleza." En este orden de ideas, conviene citar los hechos en los que la quejosa basó su querella (fojas 3 a 7 del cuaderno correspondiente a la averiguación 15/2019-A: "[.] Tengo aproximadamente 9 años de conocer al Sr. Arturo Hernández Rodríguez, en razón de que trabajaba en la misma empresa para la cual laboro Continental Tire Servicios S.A. DE C.V., persona quien se puso en contacto a través de mi teléfono celular recibiendo llamadas y mensajes de teléfono celular número (44)42144377, desde el día quince de abril del año próximo pasado, solicitándome diera referencias personales para un trabajo que andaba solicitando, y así mantuvimos comunicación, por lo que el día 26 de abril 2014, asistí a una cena a la que me invitó Arturo Hernández Rodríguez, en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Coto Puerto Grande, calle Paseo de puerta grande No. 109, Residencial Puerta de Piedra lugar donde me hizo saber que contaba con una PLAZA de Comisión Federal de Electricidad CFE en el área administrativa, como jefe de departamento, con un ingreso mensual de $79,000 (Setenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.), con un horario de 8:00 am a 2:30 pm, así mismo, me dio a conocer las prestaciones que ofrece CFE a sus empleados, con las cuales contaría desde el primer momento de integrarme y contar con la plaza, pues lo único que tendría que esperar para obtener el beneficio de préstamo para vivienda pasaran 6 meses de estar en CFE, por lo cual me hizo una lista de los requisitos y documentos que tenía que hacer entrega a más tardar el día 30 de abril del presente año a las 10:30 am y que consistían: - ACTA DE NACIMIENTO Y CURP, mía, de mi menor hijo y de mis padres - ACTA DE MATRIMONIO DE MIS PADRES - COPIA CERTIFICADA DE MI TÍTULO PROFESIONAL - 6 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL - $8,000 (Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) para comenzar (ANEXO 1) Así que en la cena se concretó a hablar del tema, animándome insistiendo que era una gran oportunidad, que pensara en los beneficios de la jornada laboral y en lo económico, me despedí y regresé a mi casa. Posterior a la cena nos mantuvimos en comunicación a través del celular, insistiéndome en su propuesta para ser yo quien me quedara con la plaza que estaba vacante, tal y como se anexa en las conversaciones impresas que agrego como anexo 2 (1-34) Fue entonces que realicé transferencia bancaria No. 351268 en la cuenta BANCARIA HSBC No. 021 700063655753756 A NOMBRE de Arturo Hernández Rodríguez, el día 29 de abril 2014, por la cantidad de $15,000 (Quince Mil Pesos 00/100 MN), y anexo (3) y una vez que realicé el depósito me confirmo estar disponible la plaza, y que la persona a quien le entregaría los documentos sería a quien dice ser su tía la señora Rosa María Hernández Rodríguez, enviándome una fotografía de su tía la señora Rosa María Hernández Rodríguez (ANEXO 4), persona a quien debía entregar el anticipo y la documentación dándome la dirección de su casa ubicada en 2da de Azabache, No. 139 Colonia Valle Dorado y su domicilio laboral Escuela Miguel Hidalgo ubicada en calle Gómez Pedraza No. 265 Zona Centro, desempeñado el puesto de directora en dicho plantel teléfonos (444) 8148310 y (444) 1897355, y su teléfono celular 44-4 1754771. El día 30 de abril del año próximo pasado, junté la documentación solicitada, y al no haberme sido posible tener la siguiente cantidad de dinero a las 10:30 am, como se me había solicitado, me citaron a las 3:30 pm, pedí a mi hermano de nombre Alejandro Méndez Alvarado, me acompañara a ver a la Sra. Rosa María Rodríguez Hernández, en la Escuela ubicada en calle Coronel Romero No. 660, a las 3:30 pm, lugar donde me recibió la documentación la cual revisó minuciosamente, ya que de faltar alguno de los documentos me la rechazaría, así mismo realicé la entrega de $8,000.00 (Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), confirmándome en ese momento que en dos semanas firmaría el contrato es decir el día 15 de mayo del año pasado a más tardar, nos retiramos del lugar mi hermano y la suscrita. Mantuve la comunicación con ARTURO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, quien me daba las especificaciones y recomendaciones, tales como no renunciar a mi trabajo y nuevamente el día 2 de mayo del año pasado, me pidió Arturo comunicarme con urgencia, así lo hice, refiriéndome tendría que entregar $12,500 (Doce mil Quinientos pesos 00/100), mismos que no contaba con ellos, por lo que pedí prestado a mi hermano Alejandro Méndez Alvarado, acompañándome a entregarlos mi compañera de trabajo Gabriela Ortega Ruiz, aproximadamente a las 18:30 hrs entregué a la Sra. Rosa María Hernández Rodríguez, en su domicilio ubicado en 2da de Azabache No. 139 Colonia Valle Dorado, pero nuevamente me contactó Rosa María Hernández Rodríguez, el día 3 de mayo del año pasado solicitándome la cantidad de $15,000 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.), con urgencia ya que de no entregar el dinero que se me estaba solicitando no podría firmar mi contrato el cual ya estaba listo para la siguiente semana, perdiendo así el dinero que les había entregado, razón por la cual me trasladé en compañía de mi hermano quien cuestionó a la Sra. Rosa Hernández Rodríguez, sobre la plaza, manifestando ella tener personas trabajando en CFE, manifestó que era una realidad pues están implicadas personas de alto rango en CFE, entregué la cantidad solicitada $15,000 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.), en su casa a la Sra. Rosa María Rodríguez Hernández, aproximadamente a las 11:00 am retirándonos del lugar, el día 7 de mayo del año próximo pasado nuevamente se comunican la señora Rosa María Hernández Rodríguez y Arturo Hernández Rodríguez, para solicitarme la cantidad de $15,000 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.), para el pago de diversos trámites, haciéndoles hincapié que yo no tenía dinero, manifestándome que yo sabía si quería perder mi dinero, por lo que nuevamente conseguí el dinero y entregué la cantidad antes referida en su (sic) a la Sra. Rosa María Rodríguez Hernández, coincidentemente ese día en el periódico se anunciaba un fraude por venta de plazas, lo que me sembró desconfianza, haciendo conocimiento de ello a la Sra. Rosa María Hernández Rodríguez, quien dijo confiara en ella pues no le gustan los problemas y además que ella es una persona honorable y cuenta con un prestigio al ser directora de un plantel escolar por lo que nunca se metería en un escándalo de esa naturaleza, el día 08 de mayo del año próximo pasado me comunica por medio de mensaje Arturo Hernández Rodríguez ya llegaron tus documentos pero mi Tía Rosa y Esteban nos tienen que señalar que sí decir y que no decir, y nuevamente el día 09 de mayo del pasado, (ANEXO 4) la Sra. Rosa María Rodríguez Hernández, me solicita la cantidad de $9,000 (Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.), mismos que le entregué en su domicilio y a pesar de haberme citado a las 6:00 pm, llegó retrasada a las 6:20 pm, día en que le referí no entregar cantidad alguna más de dinero pues en tan sólo diez días ya me encontraba endeudada en el banco, crédito personal en la empresa para la que laboro, así como préstamo a réditos, y que había pagado en exceso lo solicitado, refiriéndome ella que valía la pena que lo bueno cuesta. Por lo que hasta el día 05 de junio del año próximo pasado, tuve contacto por teléfono celular con la Sra. Rosa María Hernández, aludiendo que se le perdió su celular, y posteriormente únicamente tenía contacto con Arturo Hernández Rodríguez. Y ella se comunicaba de distintos números telefónicos. Subsiguientemente de haber realizado las entregas de dinero solicitadas, me fueron dando largas durante el mes de junio del año próximo pasado, manifestando que había auditoría, inventario y que ese era el motivo del retraso, posteriormente Arturo Hernández Rodríguez, me manifestaba su descontento con la situación, más sin embargo el día 20 de mayo del año próximo pasado, me refirió que la tarjeta de nómina viene con dinero y que parte de él se nos iba a pedir, a lo que afirmé, entonces ya estamos trabajando y así me mencionaba a su primo que también se encontraba desesperado, y que yo no era la única en esa situación. Ahora que sólo esperaban se juntara dinero en la tarjeta para que valiera la pena y en consecuencia puras negativas al respecto, el día 27 de mayo del año pasado nuevamente me dice de esta semana no pasa la firma, confirmándoseme que el día 29 de mayo del año próximo pasado, firmaría el fin de semana, solicitándome el día 31 de mayo del año próximo pasado, tuviera lista mi carta de renuncia. El día 06 de junio del año próximo pasado, Arturo Hernández Rodríguez, me manifestó que esto no era una estafa porque su tío Oscar que es primo de su tía Rosa Hernández Rodríguez, ya está trabajando en CFE, y para confirmarlo Arturo Hernández Rodríguez, me llevó a casa de su mamá en el domicilio calle Trojes del Sur No. 246 del fraccionamiento Trojes del Sur, lugar al que asistimos y nos entrevistamos a quien le llamaron con el nombre de Oscar, quien dijo ser primo de la Sra. Rosa María Hernández Rodríguez, y tío de Arturo Hernández, quien me refiriera tuviera paciencia ya que él había pasado por el mismo proceso y que después de seis meses lo habían contratado. El día 07 de junio del año próximo pasado, me pide Arturo Hernández Rodríguez, le llame urgente, pues ya firmaríamos, y me quedé esperando, el día 09 de Junio del presente año, me dice nuevamente de esta semana no pasa, así transcurrieron los días sin concretar nada, el día 15 de julio del 2014, la Sra. Rosa María Hernández Rodríguez, me contacta para pedirme así como menciono los últimos $5,000 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), mismos que entregué a Arturo Hernández Rodríguez, en la entrada de mi lugar de trabajo Continental Tire de Servicios S.A. DE C.V., y fue hasta el 26 de julio del año 2014, (ANEXO 8) que ahora se contacta conmigo a quien en las conversaciones adjuntas se le llama Esteban Rodríguez Pérez, con número de celular 4441946234 persona que dijo trabajar CFE y se acompaña fotografía (anexo 9) a quien conocí el día mencionado en casa de la señora Rosa María Hernández Rodríguez, en compañía de Arturo Hernández Rodríguez, quien me dice no te desesperes todo está para que firmes el martes 29 del mes de junio del año próximo pasado, te presentarás con el Ingeniero Fernando Reyes Tovar y/o Fernando Tovar, quien también se dijo ser empleado de CFE (Comisión Federal de Electricidad) con número de teléfono Celular 4444476809, persona quien me pidió le mandara por mensaje whatsap el monto total de las entregas de dinero que había realizado a la fecha, con la finalidad de comprobar haber cubierto el total solicitado arrojando un total de $64,500 (Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) (ANEXOS 6,7) y al hacer la cuenta me refirió quien dijo llamarse Esteban y la Sra. Rosa María que aún me faltaban $7,500 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), los cuales les dije entregaría el día que firmara, ya que para esa fecha los intereses, pagos y descuentos no me permitían solicitar un préstamo más y, me encontraba imposibilitada para ello, por lo que estuvieron de acuerdo en recibir el resto el día de la firma, lo cual nunca sucedió. Pasaron los días me fueron dando largas hasta el momento que le requerí Arturo Hernández Rodríguez, me devolviera mi dinero, pues finalmente él había sido la persona encargada de contactarme para este engaño, el día 02 de septiembre del año próximo pasado nos citamos para llegar a un acuerdo de pagarme mi dinero, estando presentes la Sra. Rosa Hernández Rodríguez, Arturo Hernández Rodríguez, Leonardo Dimas, Alejandro Méndez Alvarado, anexo 5 Video y él dijo estar totalmente de acuerdo que lo esperara a final del mes para liquidarme los de (sic) $64,500 (Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), comprometiéndose a pagar lo que nunca sucedió, y ahora se comunican para decirme no tener dinero, Arturo Hernández Rodríguez, si me paga se queda sin dinero para comer y la Sra. Rosa María Hernández Rodríguez, manifiesta tener embargado su salario por la Secretaria de Educación, y al día de la fecha únicamente recibo negativas manifestándome que le haga como quiera que ellos tienen conocidos en la procuraduría y que nunca les harán nada, haciendo hincapié que las personas a quien se les llama Esteban Rodríguez Pérez, e Ing. Fernando Reyes Tovar y/o Fernando Tovar, dijeron ser empleados de CFE (Comisión Federal de Electricidad) y encontrarse protegidos por altos funcionarios de CFE, así que haga lo que quiera. [.]" De la transcripción que antecede se advierte que la quejosa conoció, desde antes de la primera disposición patrimonial, lo antijurídico que resultaban los trámites o gestiones que supuestamente realizarían los terceros interesados, encaminadas para cumplir lo acordado -obtención de una plaza laboral en la Comisión Federal de Electricidad-, atendiendo a la forma en que se lograría - trámites irregulares-. En efecto, la quejosa narró que durante una cena con Arturo Hernández Rodríguez, éste le comunicó que "contaba" con una plaza en el área administrativa de la Comisión Federal de Electricidad, y le dio una "lista de requisitos", en la que se incluía el pago de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) para "comenzar". Así, se torna evidente que la quejosa conocía lo ilícito del negocio que, dijo, posteriormente acordó con Arturo Hernández Rodríguez, dado que se presume que una persona común sabe que los trámites se deben llevar a cabo justamente de manera regular, y que no es lícito que una persona "cuente" con una plaza laboral en una empresa de participación estatal mayoritaria, ni tampoco que la oferte mediante el pago de una cierta cantidad de dinero. Por consiguiente, si la quejosa decidió emplear, según su dicho, el camino que le fue ofertado por los terceros interesados, a sabiendas de que constituían un acto de soborno, o irregulares y, por tanto, antijurídicos, entonces se entiende que aceptó las consecuencias de tal irregularidad y estuvo consciente de la verdadera situación, por lo que no puede considerarse que haya un concepto equivocado de la realidad. El que la quejosa tuvo conocimiento en todo momento de lo irregular de su proceder -otorgar dinero con el objetivo de conseguir un empleo en una empresa de participación estatal mayoritaria-, se corrobora con el resto de su querella, en la que señaló: a) Que entregó diversas erogaciones a los terceros interesados, con el fin de obtener esa plaza; b) Que supuestamente Rosa María Hernández Rodríguez le manifestó que ella tenía personas trabajando en la Comisión Federal de Electricidad, y que estaban implicadas personas de alto rango en CFE -de cualquier forma con posterioridad la quejosa supuestamente entregó otras cantidades de dinero-; c) Que ya habían llegado sus documentos de contratación pero que antes de firmarlos la tercera Rosa María Hernández Rodríguez y otra persona le tenían que decir que sí podía decir y qué no; y d) Que le fue manifestado que la tarjeta de nómina que se le entregaría ya venía con dinero, porque supuestamente ya se encontraba trabajando, y que parte de ese dinero se le iba a pedir, pero que se estaban esperando a que se juntara dinero en la tarjeta para que valiera la pena. Por ende, en el caso no se lograría acreditar el elemento del engaño, y por consecuencia la conducta que narró la quejosa en su querella no encuadraría en el delito de fraude genérico, previsto en el artículo 204 del Código Penal vigente a la fecha en que sucedieron los hechos. Por ese motivo es que, incluso supliendo la deficiencia de la queja, se concuerda con la decisión de la Sala responsable, en el sentido de negar la orden de aprehensión en contra de los terceros interesados, y lo conducente es negar el amparo y protección solicitados, debiendo hacer extensiva dicha negativa al acto de ejecución, por no reclamarse por vicios propios. Así, no benefician a la quejosa las tesis P. LV/92 y VI.1o.C.34 K, de voces "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." y "AUTORIDAD RESPONSABLE. LA DETERMINACIÓN POR LA QUE MOTU PROPRIO CAMBIA LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO A QUE SOMETIÓ EXPRESAMENTE A LAS PARTES, RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS PORQUE GENERA INCERTIDUMBRE JURÍDICA.", toda vez que la solicitante de amparo es omisa en señalar cuál fue la violación procedimental de la que se duele, aunado a que este Juzgado no advierte, en suplencia de la queja, dicha violación. Tampoco deparan beneficio a la solicitante de amparo las tesis III.1o.C. J/24, de título "PERSONALIDAD, REGLA PARA EL EXAMEN DE LA, CUANDO ES MATERIA DE AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.", y V.2o. J/18, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA."; en razón de que en el caso no fue alegado por el Ministerio Público, ni estudiado por la Sala, aspecto alguno relacionado con la personalidad de las partes; y tampoco fueron calificados como inoperantes los agravios del Ministerio Público, ni tampoco en esta sentencia se han calificado de esa forma los motivos de disenso externados por la inconforme. De igual forma, no beneficia a la quejosa la tesis VI.2o. J/146, de voz "FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL. DISTINCIÓN ENTRE.", en virtud de que en el acto reclamado únicamente se abordó, desde la perspectiva del derecho penal, la no actualización del fraude genérico, y se coincidió con esa determinación, acorde con lo expuesto en páginas precedentes. Finalmente cabe resaltar, tal y como lo apuntó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis antes invocada, que el criterio aquí expuesto no implica que cualquier consecuencia derivada de una actividad antijurídica en sí misma deba ser desprovista de regulación alguna; sino sólo que aquellas que se generen de un modo directo de la causa ilícita del negocio no pueden considerarse subsumidas en el delito de fraude genérico, ello sin perjuicio de que, en su caso, desde el enfoque de otra disciplina, quien se diga afectado pueda recuperar la suma de dinero que entregó al activo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 76 y relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Nancy Méndez Alvarado, contra la sentencia dictada por los Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve dentro del Toca Penal 393/2019, y su ejecución por el Juez Séptimo del Ramo Penal, del Primer Distrito Judicial, con sede en esta Ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese....

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