Nancy Melissa Reynozo Torres

Expediente 893/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
893/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Nancy Melissa Reynozo Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que no se interpuso recurso de queja en contra del auto once de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, se declara que queda firme, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido.

  2. Principal

    .... Desechamiento Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que esta instancia es notoriamente improcedente, lo que da lugar a que se deba desechar como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las hipótesis de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 (9a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, con registro digital 193379, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio invocado, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. A. Actos de ejecución irreparable De una lectura a la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. Por tanto, al no actualizarse el supuesto de procedencia la fracción V del referido artículo 107, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del diverso artículo 61 del mismo cuerpo normativo. En ese orden, se tiene que la fracción V del citado artículo 107 establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber, 1) que sean actos dentro de juicio; y, 2) que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados en la substanciación de un proceso jurisdiccional, entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (fracción IV del artículo 107 del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia o laudo definitivo; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, dado que en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos -actos reparables- se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades jurisdiccionales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Ello, según se advierte de la tesis I.6o.C.28 K (9a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, octubre de 1996, página 547, con registro digital 201169, de rubro y texto: "GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos." En el caso, el acto reclamado materia del presente sumario, se hace consistir la omisión de emitir el laudo en el expediente 1533/2019-2C. En ese orden de ideas, de la demanda de amparo se obtiene que -bajo protesta de decir verdad-, la parte quejosa manifestó que en dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción. Por ello, la omisión reclamada tiene la característica de ser dentro de juicio, al emanar de un procedimiento laboral en el que se ha presentado la demanda y no se ha dictado laudo Lo anterior, evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, porque con la omisión en estudio sólo se puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. En las relacionadas condiciones se concluye, que la omisión que hoy se combate es un acto verificado dentro de juicio y no se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Caso contrario si el proveído que le recayera al ocurso versara sobre un derecho sustantivo; por ejemplo, si no se le proveyera sobre un embargo o su levantamiento, la custodia de personas, la devolución de garantías, el señalamiento de fecha lejana para el desahogo de una audiencia. Cabe destacar que la prolongación natural del procedimiento no constituye en sí mismo una afectación manifiesta en los derechos sustantivos del promovente del amparo, que en automático haga procedente el juicio biinstancial. Lo anterior en atención a que todo procedimiento implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello signifique una afectación material a los derechos sustantivos, que conduzca a considerar, por sí solo, que se esté en presencia de un acto de imposible reparación. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis IV.2o.C.55 K (9a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2677, con registro digital 167805, de rubro y texto: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso." Se afirma lo anterior al no advertirse una dilación injustificada que contravenga lo dispuesto en el artículo 17 del Pacto Federal, ya que el legislador al fijar los términos procesales en las leyes respectivas, no puede atender a la variedad de asuntos que son del conocimiento de los órganos jurisdiccionales, sino a un tiempo previsible para resolverlos y engrosarlos debidamente. Aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que con la finalidad de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de 2019, tomo II, página 1643, con registro digital 2019400, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese orden, conforme al contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que una vez cerrada la instrucción, el plazo general para la emisión del proyecto del laudo es de diez días hábiles, el cual, habiéndose realizado y transcurrido el término de diez días o desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, se citará a los miembros de la Junta para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Entonces, dado que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción, y a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -siete de julio dos mil veintitrés-, la responsable no ha emitido el laudo en el expediente 1533/2019-2C; ello no constituye una dilación que transgreda el derecho de acceso a la justicia en la tramitación del juicio laboral de origen. Lo anterior se afirma en virtud de que, en el caso, el plazo previsto para la emisión del proyecto de laudo y posterior aprobación por los miembros de la Junta, transcurrió del diecisiete de mayo al trece de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, el término de cuarenta y cinco días naturales a que hace mención la jurisprudencia 33/2019, para que se considere una dilación excesiva transcurre del catorce de junio al veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, a la data en que se presentó la demanda que se atiende -siete de julio de dos mil veintitrés- no había transcurrido el plazo de referencia, por lo que la omisión reclamada debe ser considerada como una violación procesal que no afecta derechos sustantivos de la parte promovente. Lo anterior se corrobora con la boleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California de esta ciudad: / Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/92 (8a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 57, septiembre de 1992, página 18, con registro digital 205635, de rubro y texto: "TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia." Igualmente resulta aplicable al caso, la tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, primera parte-1, enero-junio de 1988, página 273, con registro digital 207528, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En ese contexto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia invocada y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, así como en términos de la jurisprudencia 48/2016. No pasa inadvertida la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito de rubro "AMPARO INDIRECTO. EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE PROVEER UNA PETICIÓN EN UN JUICIO CIVIL, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO", en razón de que el acto reclamado en el presente asunto es de naturaleza diversa y contrario a lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada anteriormente, por lo que en términos del artículo 217 de la ley de la materia debe prevalecer la de dicha Sala, al ser obligatoria, incluso, para el referido pleno de circuito..................... .....se autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, así como para que las notificaciones se le realicen a través de dicho medio, bajo los usuarios "********************" y "********************."

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