Nancy Martínez Hernández
Expediente 245/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/06/2023
Partes del expediente
- Nancy Martínez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. ................... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; c) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que en autos no obra el informe justificado de la autoridad responsable Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, no obstante de encontrarse debidamente notificado, como se aprecia del acuse de recibo que obra agregado en autos. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Asimismo, se abre la etapa probatoria, en la que la Secretaria hace constar la documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas mencionadas con anterioridad, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto, con lo que se cierra la etapa probatoria. Agotada la fase probatoria, se abre la de alegatos, en la que se hace constar que no fueron formulados por las partes, por lo que se declara igualmente cerrado este periodo. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 245/2023-VI promovido********************, por su propio derecho, contra actos del Recaudador de Rentas del Estado, en Playas de Rosarito y otras autoridades R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el uno de marzo de dos mil veintitrés en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California,********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Recaudador de Rentas del Estado en Playas de Rosarito, Guardia Nacional con sede en Baja California, Director de Seguridad Municipal de Playas de Rosarito y Tijuana y Director de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California. Actos reclamados "La restricción o impedimento para regularizar vehículos de motor, así como la desposesión, decomiso, incautación, confiscación o retención del bien mueble de la parte quejosa -vehículo-." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinente. No se transcriben dichos conceptos de violación, lo que no causa agravio alguno, dado que no existe norma que obligue a este juzgador Constitucional en ese sentido. Tercero. El dos de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 245/2023-VI, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia Constitucional respectiva. C o n s i d e r a n d o Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California es competente para conocer y resolver este juicio de amparo. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio. Por tanto, del análisis integral del escrito de demanda y demás constancias de este juicio, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado consiste en: La restricción o impedimento para regularizar vehículos de motor. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Recaudador de Rentas del Estado de Playas de Rosarito Baja California, por conducto del Director General del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Secretario de Seguridad Ciudadana del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito y Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por conducto del Director der Asuntos Legales, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Sin que obste lo anterior las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa consistentes en: 1) Documento con firmas originales denominado "contrato de compraventa de automóvil usado" en el que aparece como vendedor Martín Mata Contreras y como comprador********************, respecto al vehículo marca Nissan, línea Frontier, modelo dos mil cinco, tipo pick up, sin especificar número de placas. 2) Impresión de documento denominado "Manifestación para aplicar beneficios del "Decreto por el que se fomenta la regulación de vehículos usados de procedencia extranjera", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022 y sus posteriores modificaciones." 3) Impresión de documento denominado "Formulario múltiple de pago para comercio exterior, de diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, a nombre de******************** con vigencia hasta el dos de marzo de dos mil veintitrés, por concepto de "Aprovechamiento vehicular por decreto (vin)"." 4) Recibos de pago en efectivo, expedido por BBVA México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. 5) Impresión de documento que aparece la leyenda "El documento que verificó fue recibido en el Sistema Electrónico Aduanero por el Servicio de Administración Tributaria". Probanza identificada inciso 1), no resulta apta para acreditar los extremos pretendidos por la parte solicitante de amparo, pues al no ser un documento de fecha cierta, únicamente crea efectos jurídicos entre los signantes de ese documento y no frente a terceros, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al acto reclamado, por lo cual no es idóneo para acreditar su interés jurídico con respecto al inmueble que defiende. Ahora, respecto a las diversas probanzas identificadas en los incisos 2) a 5) en de conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con dichas impresiones no se acreditan efectivamente los extremos de los que se podrían deducir que la parte quejosa efectivamente realizó el pago y presentó la solicitud de regularización del vehículo automotor que se duele y que esta fue negada o restringida. En efecto, conformidad con artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que las impresiones exhibidas no poseen la información, ni la parte quejosa proporcionó en este juicio los mecanismos mediante los cuales se pueda comprobar la fiabilidad del método en que hayan sido generadas, comunicadas, recibidas o archivada la información que se refleja en dichas impresiones y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta; por lo que únicamente adquieren valor indiciario y permiten presumir la existencia del documento que reproduce, no así su contenido. Ahora, por lo que hace a la autoridad responsable Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, si bien fue omisa en rendir su respetivo informe justificado la presunción de certeza de los actos se encuentra desvirtuada, ya que en el particular, a dicha autoridad le reviste el carácter de ejecutora, de lo que se colige que, si la autoridad ordenadora Recaudador de Rentas del Estado de Playas de Rosarito Baja California, por conducto del Director General del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, negó categóricamente los actos reclamados, ésta no puede ejecutar la restricción o impedimento para regularizar vehículos de motor -acto reclamado del que se duele en el presente asunto- de ahí, que la negativa de los actos reclamados alcance también a dicha autoridad. Por tanto, y atendiendo a que la parte quejosa no ofreció, ni aportó prueba alguna en contrario que desvirtuara la negativa de las responsables emitidas en su informe justificado; en consecuencia, al ser inexistentes los actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por los actos que se le reclaman. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871, del Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANALISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional." Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo 245/2023-VI, promovido por********************, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en el considerando tercero del presente fallo. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/shey**
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de mayo de dos mil veintitrés. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las once horas con cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para su celebración.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos con vista a las partes, para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por conducto del Director der Asuntos Legales, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene a la citada responsable informando que la denominación correcta de la autoridad que el quejoso denominó como "Director de Seguridad Ciudadana" es Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. En atención a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que realice las anotaciones correspondientes en el expediente electrónico. Finalmente, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9º del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/shey**
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