Nancy Marilu Cisneros Felix
Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Morelos
- Nancy Marilu Cisneros Felix
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de abril de dos mil veintiuno. Estado procesal Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de once de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que sobreseyó el juicio fuera de audiencia, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y la Secretaria General adscrita. Asimismo, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a los profesionistas que designa, y conforme a lo que establece el número 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Así también, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la autoridad responsable el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente. Ahora bien, con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de amparo, se tiene como prueba la documental que adjunta a su oficio de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Por otro lado, de las constancias que remite la autoridad oficiante a su oficio de cuenta, se advierte que en relación con el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el presente juicio, consistente en la omisión de acordar los escritos presentados el treinta y uno de agosto y diecisiete de septiembre de dos mil veinte, registrados con los folios 005380 y 006745, dentro del juicio laboral ********************, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprende que no incurrió en la omisión que se le imputa, ello, toda vez que contrario a lo que manifiesta la parte quejosa en el apartado de antecedentes de su escrito de demanda, la autoridad responsable por autos de quince y diecinueve de octubre de dos mil veinte, acordó los escritos registrados con los folios 005380 y 006745, dentro del juicio laboral ********************. Bajo esas circunstancias, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud de que, al momento de la presentación de la demanda (dieciocho de diciembre de dos mil veinte) la autoridad señalada como responsable ya había acordado los escritos presentados el treinta y uno de agosto y diecisiete de septiembre de dos mil veinte, registrados con los folios 005380 y 006745 en el juicio laboral de origen. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es la siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la citada causal. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y personalmente, prefiriendo el uso de medios electrónicos.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por Jeerson Joret Vargas López, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del cual proporciona teléfono celular y correo electrónico; en consecuencia, se tiene por señalado el número telefónico 7771495577 y el correo electrónico asjurdt@hotmail.com, a efecto de establecer contacto en caso que se estime pertinente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio firmado por el delegado de la autoridad responsable, mediante el cual hace del conocimiento que se han realizado todos y cada uno de los tramites, gestiones administrativas y fiscales necesarios para cumplir con el pago de la pensión, que le fue otorgada a la parte quejosa, y agrega que con la documentación entregada por dicha quejosa, se le dio de alta en el sistema de nóminas de ese Ayuntamiento de Puente de Ixtla Morelos, y al efecto se le hizo entrega de una tarjeta de nómina bancaria, en la cual se le depositan los pagos correspondientes a la pensión otorgada, y para acreditar su dicho remite copia de lo siguiente: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, correspondientes a los pagos de los meses de septiembre, octubre y noviembre de dos mil veinte, cada uno por la cantidad de ***. Empero, no fue posible emitir pronunciamiento alguno respecto de tales gestiones, toda vez que las mismas acontecieron durante el periodo de suspensión total de labores previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, o en su caso, dentro del periodo de vigencia de las circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 o SECNO/9/2021 emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal o en atención a la fracción II, numeral 13, de la Circular SECNO/10/2021, en la que se determinó que los días dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, periodo durante el cual se suspenden plazos y términos. En esa tesitura, y en atención a la fracción II, numeral 16, de la Circular SECNO/10/2021, en la que se determina continuar la operación de los órganos jurisdiccionales, de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020 y 37/2020, se ordena regularizar el asunto en el que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 206 a 209, de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, representado por su Síndico, Verónica Torres Rebollar, a la Tesorera municipal Claudia Mazari Torres y al Director de Administración de Recursos Humanos y Materiales, Raúl García Castrejón, todos del mismo Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la notificación del presente auto realicen lo siguiente: "De manera inmediata, cubran a Reyna Rodríguez Muñoz, todos los derechos derivados de la pensión otorgada en el acuerdo CPSHAPI/85/2019, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número cinco mil seiscientos treinta y tres; así como las cantidades correspondientes a los periodos que legalmente le correspondía su pago, y no se entregó"; como quedó establecido en la ejecutoria de treinta y uno de julio del año en curso. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedores a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. Por otra parte, hágase del conocimiento a las citadas autoridades, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se les hace saber que seguirán teniendo responsabilidad, aunque dejen sus respectivos cargos. Por otra parte, glósese también a sus antecedentes el escrito firmado por la autorizada de la parte quejosa, en el cual refiere que no ha recibido por parte de la autoridad responsable el pago de pensión correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del año dos mil dieciocho, así mismo, manifiesta que le adeudan los meses de enero a diciembre de dos mil diecinueve, el pago de pensión del mes de enero a diciembre del año dos mil veinte y el aguinaldo correspondiente de los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte. Además, hace del conocimiento que el salario que percibió la quejosa de la autoridad responsable, desde el ultimo día en que laboro, ascendía a ***, de forma mensual, debiendo de integrar incrementos que sucedan al salario mínimo vigente en el Estado, tal como se fijó en el acuerdo de pensión, por lo que refiere que la cantidad que se le adeuda hasta la fecha corresponde a ***, y por tanto solicita se constriña a la autoridad responsable cumpla con la totalidad del pago de pensión otorgado a la quejosa. Finalmente, ofrece diversas pruebas, con la finalidad de acreditar la omisión de la responsable de cumplir al fallo protector. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones de la parte quejosa, respecto al cumplimiento de la ejecutoria; sin que haya lugar a tener por admitidas las pruebas que ofrece, toda vez que en la etapa de cumplimiento de una ejecutoria de amparo, corresponde al Juez de Distrito la obligación de verificar que a quien obtuvo la protección constitucional se le ha restituido exactamente en el pleno goce de la garantía violada; por tanto, debe desahogar oficiosamente las pruebas que demuestren el cabal cumplimiento de la sentencia concesoria, por tanto, ello no implica una carga procesal de las partes. Es aplicable en lo conducente, la tesis aislada 186283, sostenida el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIAS DE AMPARO. EL JUEZ DEBE OFICIOSAMENTE DESAHOGAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO...". Notifíquese.
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