Nancy Lozano Solano

Expediente 727/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
727/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/09/2018

Partes del expediente

  • Nancy Lozano Solano

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia simple que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Nancy Lozano Solano, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 727/2018, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: (...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa como actora en el expediente laboral 416/2016 reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, el auto de quince de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual requirió al perito Sergio Legorreta Soberanis, reclasificara el costo real del bien inmueble embargado; hecho lo anterior procedería a señalar fecha y hora para la audiencia de remate en segunda almoneda. Luego, como antecedentes del mismo, señaló lo siguiente: 1. Que mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, demando de José Luis Pedreira Berruguete, Martha Rosado Gallardo y la persona física o moral que resulte ser propietaria, responsable o explote la fuente de trabajo consistente en la Villa Numero 6, del Condominio Portofino de Ixtapa, diversas prestaciones, la cual se radicó bajo el número 416/2016. 2. Seguido el juicio por sus etapas procesales, se declaró cerrada la instrucción, y el ocho de agosto de dos mil diecisiete se dictó laudo. 3. Una vez notificadas las partes se solicitó el inicio del procedimiento de remate, autorizado el mismo se propuso como perito valuador en materia de bienes inmuebles al ingeniero Sergio Legorreta Soberanis, quien aceptó el cargo conferido, y emitió su dictamen. 4. Que a petición de parte, se señaló el veinte de junio de dos mil dieciocho, para la audiencia de remate en primera almoneda, cumpliéndose con las publicaciones respectivas, sin la comparecencia de postor alguno, por lo que se señaló nueva fecha para el remate en segunda almoneda, para el quince de agosto de dos mil dieciocho, la cual también cumplió con las publicaciones ordenadas. 5. Que el quince de agosto de dos mil dieciocho, en la audiencia de remate en segunda almoneda a la cual compareció la actora asistida de su apoderado Apolonio Osorio Reyes, así como el postor interesado Bonifacio Navarrete Aquino, asistido de Bulfrano Chamú Suárez, sin previamente haber declarado abierta la misma el Presidente Ejecutor dictó un acuerdo (el cual constituye el acto aquí reclamado), en los términos siguientes: "EL C. PRESIDENTE ACUERDA.- "Visto el estado jurídico que guardan los presentes autos, y tomando en cuenta la clasificación de la zona y el enfoque del mercado, se desprende que la Villa embargada en el presente expediente tiene un valor superior a lo establecido en el avalúo emitido por el perito SERGIO LEGORRETA SOBERANIS, razón por la cual se le requiere al perito antes mencionado para que en cualquier hábil de las labores de este Tribunal laboral reclasifique el costo real del bien inmueble embargado en autos, ello con la finalidad de evitar violaciones a este procedimiento en agravio de algunas de las partes, por lo que una vez hecho lo anterior se procederá a señalar fecha y hora para la audiencia de remate...(.) Por tanto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, este Juzgador estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con la fracción IV, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Luego, el segundo de los preceptos transcritos establece como regla de procedencia del amparo indirecto, que cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, tratándose de procedimientos de remate, la Ley de Amparo es específica en señalar que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso también se harán valer la violaciones cometidas en ese procedimiento, en los términos del párrafo segundo del artículo 107 de la Ley en cita. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos citados se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, pudiendo reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a la quejosa; lo cual implica que, no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada, y por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante éste, puedan analizarse cuando se reclame la última resolución. Especificación que se realiza, en virtud de que el remate de bienes embargados o hipotecados, se realizan en varias fases que no culminan con la aprobación o desaprobación de esa venta judicial, sino que el cumplimiento del fallo definitivo que ordena la subasta y se cubra el pago del adeudo con el dinero obtenido, se colma con la orden de otorgar la escritura donde se formaliza la venta judicial de los bienes o la entrega de la posesión de éstos, por ser las determinaciones que conforme a la ley se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Bajo esta fórmula se impide la reclamación autónoma e inmediata en contra de cada uno de los actos que integran la fase de ejecución a fin de que el amparo no constituya un obstáculo para la misma; y en cambio, se privilegia el principio de concentración para que en una misma demanda se puedan estudiar todas las violaciones que llegaren a suscitarse conjuntamente con el acto principal que determina la procedencia del amparo indirecto, siempre y cuando tal violación trascienda a su resultado por haber dejado sin defensa a la parte quejosa; lo que permite colegir que en la demanda de amparo se puede plantear el estudio de esas violaciones en vía argumentativa y no como actos destacados. Ahora, frente a los supuestos específicos de procedencia previstos en los párrafos segundo y último del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ubican otros actos que pueden emitirse después de que el juicio ha concluido, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como aquellos que tienen una autonomía destacada, es decir, se desvinculan de los que natural u ordinariamente tienen como propósito la ejecución de una sentencia definitiva. Ese supuesto corresponde cuando los actos reclamados son dictados en un incidente de autonomía destacada, en cuyo caso el juicio de amparo procederá contra la resolución definitiva de tal incidente, en la inteligencia de que en contra de la misma podrán hacerse valer todas las violaciones que se hubieren suscitado dentro del trámite de aquella incidencia, siempre que esas violaciones procesales hubiesen dejado indefensa a la parte quejosa. Otro, de los supuestos se actualiza cuando aquellos sean de imposible reparación, lo cual da la pauta para que de manera excepcional sean reclamados, sin necesidad en esperar a que se dicte la última resolución, verbigracia, dentro del procedimiento de remate, se niegue a señalar fecha para el verificativo de la audiencia de remate, o bien, la resolución que niegue rematar los bienes embargados; en cuyo caso, no es necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, en razón de que si no se permite el control constitucional sobre dichas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Ilustra lo expuesto la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Entendiéndose como actos de imposible reparación, aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; respecto de los cuales no existe posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Bajo ese contexto, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ese procedimiento de remate, en razón de que no se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados, aunado a que no se encuentra en los supuestos de excepción abordados, esto es de aquellos que vulneren derechos sustantivos de la quejosa, o bien, de que se trate de un acto de autonomía destacada a la cosa juzgada o del procedimiento de ejecución; pues tal proceder del Presidente no impide la ejecución del laudo sino que tiene como finalidad su realización. Por lo expuesto y fundado, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, consecuentemente, consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y dada la naturaleza del juicio se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.Notifíquese personalmente....; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

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