Nancy Lizeth Puente Hernández
Expediente 1510/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 31 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1510/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 04/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Nancy Lizeth Puente Hernández
- María José Muñoz Puente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en Zacatecas, se concedió el amparo para los siguientes efectos: Deje insubsistente la diligencia de remate de veinticinco de febrero de dos mil quince, realizada en el juicio ejecutivo mercantil ... 2. Deje sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de remate desde el avalúo de los bienes. 3. Notifique personalmente a la quejosa para que intervenga en el procedimiento de remate en su carácter de acreedora, a fin de que intervenga tanto en el avalúo como la subasta. Mediante proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado, el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, el Juez Quinto de lo Mercantil del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada del auto de fecha de tres de marzo de dos mil dieciséis; así como de su notificación a la aquí quejosa el nueve de marzo de dos mil dieciséis, mismas con los que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El tres de marzo del año en curso dictó un auto en el que deja insubsistente la diligencia de remate de veinticinco de febrero de dos mil quince, realizada en el juicio ejecutivo mercantil...; así como en el que se deja sin efectos todo lo actuado en el procedimiento de remate desde el avalúo de los bienes; y ordena dar intervención a la aquí quejosa tanto en el avalúo como en la subasta; asimismo, ordenó la notificación de dicho auto a la aquí quejosa. El nueve de marzo del presente año, se notificó el auto referido a la aquí quejosa. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, segundo párrafo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día cinco de octubre de dos mil dieciséis. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en Zacatecas para resolución, es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el cinco de octubre de dos mil dieciéis; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Juzgado Auxiliar, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Devuélvase al Juez Cuarto Familiar del Estado, el legajo de copias certificadas del expediente 114/13. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(V)
- Principal
Visto el oficio de la autoridad responsable Juez Quinto de lo Mercantil del Estado, agréguese a los autos para que obre como corresponda, pues informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe las documentales respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer pronunciamiento alguno, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. (V)
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Juez Quinto de lo Mercantil del Estado, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, no obstante de estar debidamente notificada, como se aprecia de la constancia que obra a foja ciento sesenta y seis del sumario; en consecuencia, con transcripción del presente proveído y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente a efecto de que de inmediato, remita las constancias con las que acredite el acatamiento dado a la sentencia de amparo; apercibida que en caso de no hacerlo, se remitirá el asunto al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes para seguir el trámite de inejecución con la separación de su puesto y su consignación, tal y como lo establece el invocado numeral. En el entendido que se considerara incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar.(V)
- Principal
Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en Zacatecas ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Mercantil del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, de cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Precisando que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido que dicha autoridad ordenadora jurisdiccional no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Por otra parte, devuélvase al Juez Quinto de lo Mercantil del Estado el anexo que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado, consistente en el expediente 1272/2011 de su índice.(V)
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