Nancy Lizeth Durán Álvarez

Expediente 763/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
763/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Nancy Lizeth Durán Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que ***************, cumplió con el requerimiento que se le efectuó en providencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, consistente en ratificar el contenido y firma del escrito presentado el veintidós del citado mes y año en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito; por tanto, se procede a proveer lo conducente en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa antes citada cumpliendo el requerimiento que se le hizo en auto de quince de octubre del presente año. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Único Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, dentro del expediente F 282/2019 de su índice, en la que al dirimir el recurso de revocación hecho valer por la aquí quejosa, confirmó el auto de veinte de septiembre del mismo año por el que dicha autoridad, negó acordar de conformidad su petición de suspender el procedimiento. Asimismo, cabe señalar que del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se desprende lo siguiente: Ante la Juzgado de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, se tramita el juicio familiar número F282/2019 promovido Marcos Arturo Juárez García en contra de la ahora quejosa ***********, en el que solicitó la disolución del vínculo matrimonial, la guarda y custodia del menor de iniciales M.A.J.D. y el pago de gastos y costas. En el referido controvertido, la juez natural ordenó al actor que dentro del plazo de diez días demostrara que había iniciado el trámite del juicio de interdicción de ***********, a efecto de que se determinara si esta requiere de un tutor que la represente en los actos de su vida, como lo era el juicio natural; procedimiento que se radicó con el número C88/2020, relativo a la declaración de estado de interdicción de la antes mencionada. Por su parte, la aquí quejosa interpuso demanda en contra de Marcos Arturo Juárez García, en la que reclamó como prestaciones el divorcio incausado, así como la pérdida o suspensión de la patria potestad sobre el menor de iniciales M.A.J.D., expediente que quedó registrado bajo el número F29/2021 de la estadística de la autoridad antes aludida; el cual, atendiendo a la similitud de partes materiales y prestaciones, fue acumulado al diverso F282/2019. En atención a la tramitación del señalado procedimiento de estado de interdicción, la Juez de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, mediante auto de dos de marzo de dos mil veinte, suspendió el juicio F282/2019, hasta en tanto se resolviera en definitiva el relativo al estado de interdicción de la ahora quejosa. Posteriormente el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, ordenó levantar la suspensión decretada en virtud de haber obtenido datos que presumían la posibilidad de que la presunta incapaz ************, podía acudir al citado juicio de manera personal y directa, motivo por el que determinó que el juicio debía continuar con la intervención de la tutora interina designada en el juicio de estado de interdicción, con independencia de que, paralelamente, la antes nombrada pudiera actuar también como parte legítima. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de la presente anualidad, dentro del expediente antes aludido la ahora quejosa, solicitó la suspensión del procedimiento; petición a la que recayó el auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual la autoridad responsable negó acordar de conformidad su petición. En contra de dicha determinación *************interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el cinco de octubre de la presente anualidad confirmando el auto recurrido; acto que constituye el que ya se precisó como reclamado en la presente instancia constitucional. En esa tesitura, se desprende que la determinación reclamada no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses de la accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. De ahí que la referida determinación tomada por la responsable constituye un mero pronunciamiento que no causa un agravio de imposible reparación a la parte quejosa, pues consiste en una estimación procesal que no afecta sus derechos sustantivos; máxime que la responsable determinó el juicio natural debía continuar con la intervención de la tutora interina designada, quien aceptó y protestó el cargo, con independencia de que paralelamente, la aquí quejosa Nancy Lizeth Durán Álvarez también pueda actuar como parte legítima. A lo anterior es aplicable por las razones jurídicas que contiene la jurisprudencia l.1º.A.E.J/5 (10a) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, visible en la página 1902, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." A mayor abundamiento, cabe señalar que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutelan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos adjetivos o procesales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación a la parte quejosa, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que en el caso no acontece. Por ende, se insiste, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la parte quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, ya que la resolución combatida en la que el juez responsable, confirmó el auto que no acordó de conformidad la petición de suspensión del juicio F282/2019, sólo tiene efectos intraprocesales en el procedimiento de origen, dado que en ningún momento se le restringe su derecho humano de acceso a la justicia, pues al contrario, seguirá el procedimiento en sus etapas legales, teniendo la parte quejosa la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, exponer sus alegatos y en su caso, impugnar la sentencia definitiva, en el supuesto de que resulte desfavorable a sus intereses; de ahí que el acto reclamado no tiene las características de un acto que vulnere derechos sustantivos. Resulta aplicable la jurisprudencia que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por ***************, a través del cual aduce cumplir con la prevención efectuada mediante auto de quince de octubre del presente año; antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del escrito de cuenta con el de la demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos coincidentes pero notoriamente discrepantes con la estampada por la nombrada en su escrito constitucional; por tanto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y toda vez que la presencia física de las partes a los órganos jurisdiccionales deberá ser mediante el modelo de atención presencial basado en citas, en términos del artículo 6, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, genérese la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a nombre de ****************, para que en el término de tres días legalmente computado, acuda ante este Juzgado de Distrito, debidamente identificada, en punto de las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, y en diligencia especial ratifique el contenido y firma del ocurso de mérito, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentado. De igual forma, hágasele saber que en caso de que pretenda acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por este órgano jurisdiccional, en términos de la fracción II del indicado numeral, deberá generar la misma a través del sistema "Agenda OJ", hipótesis en la que estará sujeto a la disponibilidad que arroje el sistema. En ese sentido, instrúyase a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que notifique el presente proveído a la parte quejosa vía electrónica toda vez que por auto de quince de los actuales se le tuvo dicho medio para recibir notificaciones; en la inteligencia de que, en términos de lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, inciso c) del acuerdo general citado con antelación, el Código QR respectivo, se dejara en el acceso al edificio y se dará aviso a la administración con la fecha y hora de audiencia, a fin de que pueda ingresar a este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Visto el escrito signado por *************, contra actos del Juez Único de lo Civil y Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 763/2021-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción V, así como 110, todos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La primer irregularidad advertida surge de lo establecido en la fracción V del artículo 108 de la ley de la materia, dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, el suscrito estima que la parte quejosa fue omisa en narrar de manera sucinta y cronológica la totalidad de los antecedentes del acto reclamado, dado que si bien es cierto que narró algunos hechos o abstenciones, también lo es que omitió narrar de manera clara, concisa y sucesiva diversos aspectos que atañen al juicio del que deriva el acto reclamo como: a). Cuál es la naturaleza del juicio de origen; b). Qué prestaciones se reclaman; c). Quiénes son las partes; d). En qué etapa procesal se encuentra el juicio; e). Cuál es la fecha correcta del auto que recurrió mediante recurso de revocación, esto en virtud de que de los antecedentes del acto reclamado indica que corresponde al dictado el treinta de septiembre de dos mil veinte, mientras que en la trascripción que hace del mismo se desprende una fecha diversa, esto es, veinte de septiembre de la anualidad citada. Asimismo, deberá indicar los antecedentes que considere relevantes para que este órgano jurisdiccional se allegue de todos los datos necesarios a fin de verificar la procedencia del ocurso presentado. Datos que son necesario puesto que la falta de ello, hace que la demanda que se estudia sea imprecisa, dado que no se expresaron con claridad los hechos que precedieron al acto reclamado. B) Finalmente, la segunda irregularidad advertida emerge en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 114, en relación con lo estipulado en el 110 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica." De la transcripción del artículo anterior, se desprende que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta, las copias suficientes para cada una de las autoridades responsables, para el tercero interesado, si lo hubiere, para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse la medida cautelar. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo a la parte quejosa la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar por duplicado el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar. En el caso, se advierte que la parte quejosa solo exhibió tres copias de su demanda de amparo, por lo que se necesitan dos copias más para que sean distribuidas de la siguiente manera: Autoridades responsables UNA COPIA. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito UNA COPIA. Tercero interesado UNA COPIA. Incidente de Suspensión DOS COPIAS. Cabe mencionar que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el segundo párrafo del artículo 110 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un amparo por comparecencia, vía telegráfica o medios electrónicos; ni se trata de un asunto del orden penal o laboral en el que el quejoso sea el trabajador, ni están involucrados derechos de menores o incapaces, no se afectan derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal o de los ejidatarios o comuneros, ni la parte quejosa es una persona en estado de pobreza o marginación, pues el hecho de que haya acudido a contratar los servicios profesionales de abogados, como lo es su autorizada, para defender sus derechos, denota la ausencia de las citadas características. Conclusivamente, ante las omisiones incurridas por la parte quejosa, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108, fracción V, en relación con el 114, así como 110, todos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con cinco copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad de manera sucinta y cronológica, la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, de acuerdo con lo expuesto en el cuerpo de la presente resolución. Exhiba dos copias más de su demanda amparo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe señalar que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quienes promueven la demanda, porque los sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hacen con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estarían sujetos a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual la directa quejosa debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Con fundamento en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza a la parte quejosa para que consulte de manera electrónica el presente expediente, así como para que se le practiquen electrónicamente las notificaciones que a su parte corresponde; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, al contar con cédula profesional número ************** registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos limitados del numeral en cita a la diversa persona que mencionada por no encontrarse en el supuesto del citado profesionista. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descarguen del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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