Nancy Lizbeth Nava Garduño

Expediente 1175/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1175/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
02/12/2016

Partes del expediente

  • Nancy Lizbeth Nava Garduño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; dos de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal. Asimismo devuélvanse al Juez responsable las constancias que remitió como complemento a su informe justificado. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1175/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil dieciséis (foja 2), en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Nancy Lizbeth Nava Garduño por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales R.S.N. y M.J. S.N., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se menciona a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA.- Señalo con este carácter al: JUEZ NOVENO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, DEPENDIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. El domicilio de esta autoridad lo es en Paseo Matlazincas número 1100, Colonia La Teresona, en esta Ciudad de Toluca, México." "V.- EL ACTO RECLAMADO.- Del JUEZ NOVENO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO DEPENDIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo: LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO FAMILIAR NÚMERO 76/2016, con motivo del recurso de revocación que interpuse en contra de los autos dictados por la autoridad responsable, en fecha dieciséis de junio y veintiocho de junio ambos del año dos mil dieciséis, sentencia interlocutora que me fue notificada en fecha catorce de julio del año dos mil dieciséis." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La quejosa señaló como derechos humanos violados los protegidos por los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3). TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1175/2016-III; previa aclaración, por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (foja 20) se admitió la demanda únicamente por lo que hace a la quejosa Nancy Lizbeth Nava Garduño, por derecho propio; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló hora y día para la audiencia constitucional. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó emplazar con el carácter de tercero interesado a Jaddon Isidro Santos López. Asimismo, mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió a la quejosa para que en el término de quince días computados legalmente, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Octavo Familiar de Toluca, México, en virtud de ser quien conoce actualmente del expediente 76/2016, mismo que le fuera remitido por el Juez Noveno Familiar de Toluca, México, con motivo de la excusa planteada en dicho expediente. Sin embargo, la quejosa no hizo manifestación alguna en ese sentido; ello, no obstante de que se autorizado pretendió dar cumplimiento al requerimiento de mérito, sin embargo por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, no se acordó favorable su petición en virtud de que no contaba con facultades para tal efecto. Acontecido lo anterior, la audiencia constitucional, se llevó acabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos emitidos dentro de juicio por una autoridad judicial del orden civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por la quejosa, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que la quejosa reclama: - La resolución interlocutoria emitida al resolver el recurso de revocación hecho valer en el expediente 76/2016, en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en el que se le impone una multa equivalente a veinte días de salario mínimo, al no haber presentado a su menor hija R.S.N. al centro de convivencia, así como en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el que no tiene por justificada su inasistencia al centro de convivencia y le requiere el pago de la multa impuesta. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México (foja 25), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó al informe de mérito, consistentes en copias certificadas del expediente 76/2016, en dos tomos y dos discos compactos en formato DVD, que contienen las audiencias celebradas en el expediente 76/2016, a las que se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que las documentales son públicas por contener transcripciones certificadas realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la Ley; y las segundas, por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, visible en la página 703, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, registro 2004362, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede al análisis de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o las que advierta de oficio el suscrito, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, este órgano de control constitucional advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en el que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o de su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Ahora, en el caso en estudio, la quejosa reclama la resolución interlocutoria emitida al resolver el recurso de revocación hecho valer en el expediente 76/2016, en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en el que se le impone una multa equivalente a veinte días de salario mínimo, al no haber presentado a su menor hija R.S.N. al centro de convivencia, así como en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el que no tiene por justificada su inasistencia al centro de convivencia y le requiere el pago de la multa impuesta. Sin embargo, la Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, mediante oficio 2210 de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (foja 30), manifestó que a virtud de la exclusa planteada en el expediente 76/2016, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis se remitió junto con sus anexos al Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, para la continuación del trámite correspondiente. Por lo que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, se previno a la quejosa para que en el término de quince días computados legalmente, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en virtud de ser quien conoce actualmente del expediente 76/2016; sin que hubiese hecho manifestación al respecto, por lo que se continuó la secuela procesal como fue planteada inicialmente. Por tanto, al no ser designada como autoridad responsable el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, quien conoce actualmente del expediente 76/2016, del que deriva el acto reclamado; y por ende, al no ser llamado a juicio, es que no estuvo en posibilidades de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, pues aún y cuando no haya sido quien lo emitió, en caso de que resultara procedente conceder el amparo, sería quien estaría obligado a cumplir con la ejecutoria de amparo; de tal manera, que no es jurídicamente factible analizar el acto reclamado. Es aplicable al caso la Jurisprudencia VI. 3o. J/44, visible en la Página 67 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 74, febrero de 1994, Octava Época, que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Así como la Jurisprudencia 93, visible en la Página 73, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio, ni fue oída." Luego, procede el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ya que si el juicio del que derivan los actos reclamados es del conocimiento actualmente de una autoridad que no fue designada como responsable, a pesar de haberse requerido a la quejosa a efecto de que precisara si la señalaba como autoridad responsable, no puede, conforme a las disposiciones que norman el juicio de garantías, decidirse sobre actos de esas otras autoridades, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia constitucional, sin oír a la parte afectada, quien en su caso estaría obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo conducente, tiene aplicación la tesis visible en la página 2572, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXVIII, Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al efecto versa sobre lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. Procede el sobreseimiento, por no haberse acreditado la existencia del acto reclamado, en los términos precisados en la demanda, si el acto reclamado emana de una autoridad que no fue designada como ordenadora, sino como simple ejecutora, y no reclamándose directamente de quién emana, única, que pudo defenderlo, sino de la autoridad ejecutora, no puede, conforme a las disposiciones que norman el juicio de garantías, decidirse sobre actos de esa otra autoridad, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia constitucional, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo; por tanto, solicitada la protección federal contra autoridad distinta de la que ordenó el acto, la sentencia solamente podría ocuparse de los vicios de ejecución." Lo anterior es así, en virtud de que en el juicio de amparo se suscita una controversia entre el quejoso y la autoridad o autoridades responsables y, por lo mismo, tienen que ser éstas designadas para que sean oídas y darles oportunidad a que justifiquen o intenten justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha vulnerado algún derecho fundamental, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a las autoridades que conocen del acto reclamado, no puede resolverse sobre la constitucionalidad de ellos, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, por tanto se debe sobreseer en el amparo cuando se incurra en tal omisión. Es aplicable la Tesis visible en la Página 206, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVIII, Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita entre el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." Así como la Tesis visible en la Página 1195, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo XLVII, Quinta Época, sustentada por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita: "AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por lo tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." Atento a lo asentado en líneas precedentes, se aprecia que se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior sin que haya obligación para este juzgador de aplicar la suplencia de la queja, ya que ésta sólo puede darse sobre la exposición de los conceptos de violación, en los casos en que se advierta que ha habido en contra de la quejosa una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, pero de ninguna manera permite al suscrito sustituirse en el señalamiento de las autoridades responsables. Tiene aplicación el criterio sustentado en la Tesis 2a. LV/95, publicada en la Página 236 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, emitido por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables." En consecuencia con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Nancy Lizbeth Nava Garduño, contra las autoridades y por los actos señalados en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Breyman Labastida Martínez, quien actúa ante el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para hoy; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Encargado del Despacho no se encuentra facultado para celebrar audiencias constitucionales en las ausencias temporales de los titulares, pues cuando un Juez de Distrito falte por un plazo menor de quince días al despacho del juzgado, el secretario practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente por la ausencia del titular. Por tanto, no se está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para este día, en consecuencia se difiere y en su lugar se fijan las doce con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, para su verificativo.Se estima aplicable, la tesis XV.20.11, publicada en la página 443, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, Novena Época, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Acorde con los artículos 43, 81, fracción XXII, y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es atribución del Consejo de la Judicatura Federal, el autorizar a los secretarios de los Juzgados de Distrito para desempeñar las funciones de Jueces de Distrito, en las ausencias temporales de los titulares, y cuando un Juez de Distrito falte por un término menor de quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, y si la ausencia del Juez es superior a quince días, será el Consejo de la Judicatura Federal quien autorizará al correspondiente secretario o designará a la persona que deba sustituirlo durante su ausencia, entre tanto, el secretario se encargará del despacho pero sin resolver en definitiva. En tales condiciones, el fallo en definitiva del juicio de garantías, no constituye un acto de mero trámite que pueda dictar el secretario sin la autorización formal y expresa del Consejo de la Judicatura Federal, que obre en autos, en el supuesto de la ausencia temporal del Juez, inferior a quince días, y por otra parte, se encuentra específicamente impedido el funcionario que actúa, para dictar la sentencia de amparo, por lo que la contravención a las disposiciones citadas primeramente, conduce a la reposición del procedimiento."Notifíquese.Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    III. Toluca, Estado de México; diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente se tiene a Rafael Angel Miranda Martínez, como autorizado en términos amplios de la quejosa. Ahora, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por Rafael Angel Miranda Martínez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista planteada en el proveído de catorce de octubre de dos mil dieciséis, respecto a señalar como autoridad responsable al Juzgado Octavo Familiar de Toluca. Atento a lo anterior, dígase al promovente que no es procedente acordar de conformidad la ampliación de demanda. En virtud, de que es una facultad que no es posible extenderla a los autorizados del quejoso, porque los derechos y obligaciones que conlleva su autorización, fueron concedidos para atender aspectos procesales del juicio de amparo, facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio biinstancial o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. De conformidad con las razones antes expuestas, la ampliación de demanda que pretende el autorizado de la quejosa, resulta improcedente. Al caso cobra aplicación, la jurisprudencia 1ª./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2011, Tomo XXXIII, Novena Época, Materia Común, que establece: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Por tanto, queda subsistente el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, puesto que no ha transcurrido el plazo de quince días que se le dio a la quejosa para desahogar la vista. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

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