Nancy Laura Vazquez Perez

Expediente 8/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
8/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/01/2018

Partes del expediente

  • Nancy Laura Vazquez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por la quejosa mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de ocho de enero de dos mil dieciocho; al efecto se provee... PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en atención al análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio , se precisa que los actos reclamados en esta instancia constitucional son: a) La resolución de diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, dictada en el juicio sumario hipotecario radicado bajo el número ***, del índice del Juzgado Quinto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, en la que el juez de origen determinó como se consignaría la cantidad exhibida por las demandadas como pago de las prestaciones a que fueron condenadas. Determinación que, según lo narrado bajo protesta de decir verdad en el escrito de cuenta, fue apelada por la peticionaria y está pendiente de resolución. b) La resolución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra de los autos de dieciséis y diecinueve de octubre del año citado, emitidos en dicho juicio. En el primero de esos proveidos se tuvo exhibido el certificado de depósito presentado por las demandadas por concepto de pago de la suerte principal a que fueron condenadas, y en el segundo se tuvo manifestada la inconformidad de la quejosa con ese depósito, y se dio vista a aquéllas. En la resolución de mérito se confirmaron los acuerdos recurridos. SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *******, contra actos del juez Quinto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia . 1. Resolución señalada en el inciso a. En relación con ese acto, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.] El precepto legal en comento, consigna la causa de improcedencia que establece que en caso de reclamar en juicio de amparo un acto que pueda ser modificado, revocado o nulificado, en virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por la quejosa, el juicio de amparo resulta improcedente. Para materializarse la hipótesis de improcedencia, se requieren los siguientes elementos: 1) Que sea la quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; 2) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se encuentre en trámite; y, 3) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Supuestos que se actualizan en el caso concreto, pues de los antecedentes que narró la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en el escrito de cuenta, se advierte que: I. El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la quejosa interpuso recurso de apelación en contra de la determinación que se analiza. II. El magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, admitió y radicó dicho medio de impugnación bajo el toca 22/2018. III. El ocho de enero de dos mil dieciocho, se citó a las partes en el toca de referencia para el efecto de oír sentencia. De lo anterior se colige que la propia quejosa recurrió en el juicio de origen la determinación que pretende reclamar en esta instancia constitucional; la apelación interpuesta fue admitida, incluso ya se citó para oír la sentencia correspondiente. En consecuencia, la resolución de diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de liquidación de intereses, no es definitiva a fin de hacer procedente su análisis en ésta vía constitucional, ya que está supeditada a lo que se resuelva a través del recurso de apelación. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la peticionaria, virtud de que al resolverse el recurso propuesto y en caso de resultar desfavorable a sus intereses, tiene expedito su derecho de acudir ante esta instancia constitucional. 2. Resolución destacada en el inciso b. Respecto de ese acto se concreta la hipótesis a que se refiere el normativo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Este último precepto establece que en el procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo solo es procedente cuando el acto reclamado sea la última resolución dictada en aquél; en la demanda pueden reclamarse las demás violaciones cometidas en ese período que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo del expediente que será, entonces, reclamable en amparo y no las que la precedan tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse, por ser de interés público. En la demanda y escrito aclaratorio la quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes: 1. Efraín del Río Hinojosa promovió juicio especial sumario civil hipotecario en contra de **********, el cual fue radicado en el Juzgado Quinto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, bajo el número de expediente C491/2016. 2. En dicho sumario la quejosa adquirió del actor mediante cesión, los derechos litigiosos de ese juicio, por lo que el seis de septiembre de dos mil dieciséis, el aludido juez le reconoció dicho carácter 3. En sentencia de veintidós de febrero de dos mil diecisiete se condenó a las demandadas al pago de las prestaciones reclamadas, entre las que se destacan $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de saldo insoluto, vencido y no pagado; $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) por intereses ordinarios; y $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional) por intereses moratorios. 4. En segunda instancia se absolvió al demandado Luis Daniel de los Cobos Sanders, y quedó intocada la condena respecto de las codemandadas. 5. En la etapa de ejecución de sentencia, las demandadas exhibieron certificado de depósito por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de la suerte principal a que fueron condenadas, el cual se recibió en auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, sin que se diera vista a la peticionaria. 6. La promovente del amparo presentó escrito donde se inconformó con ese depósito, promoción que se acordó el dieciocho de octubre siguiente y con la que se dio vista a las demandas. 7. La quejosa interpuso recurso de revocación en contra de los autos mencionados en los puntos 5 y 6, en el cual se dictó resolución el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, y en la que la autoridad confirmó los acuerdos recurridos. Ésta última resolución constituye el acto reclamado. Bien, de lo anterior destaca que en el juicio de origen la quejosa tiene carácter de actora (adquirió mediante cesión los derechos litigiosos), y en el acto reclamado se confirmaron los acuerdos donde se tuvo exhibido el billete de depósito de las demandadas por concepto de suerte principal y se dio vista a éstas con la inconformidad de la peticionaria con ese depósito, respectivamente. Lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; no se trata de aquélla donde se tuviera cumplida; se declarara la imposibilidad de cumplirla; u ordenara el archivo del expediente. Ello es así, pues la determinación combatida no se trata de un acto autónomo a la ejecución del fallo aludido, dado que en dichos acuerdos, como se indicó, solo se tuvo exhibido el billete de mérito y se dio vista a las demandadas con la inconformidad de la quejosa. Si bien el acto que se analiza resolvió el fondo de la controversia planteada en la revocación, lo cierto es que los acuerdos recurridos impulsaron el cumplimiento de la sentencia definitiva. De manera que la determinación que dilucidó el recurso de revocación, no es autónoma al procedimiento de ejecución de sentencia, pues se reitera, los acuerdos impugnados en ese recurso están dirigidos al cumplimiento del fallo. El acto reclamado evidencia entonces acciones de la autoridad y de las partes tendentes a cumplir con la sentencia, pero no se trata de aquél que hubiera puesto fin al procedimiento de ejecución. Entonces, para que proceda el amparo, es necesario esperar a la última resolución en el procedimiento de ejecución relativo, en los términos expresados. Por lo expuesto, al verificarse de forma notoria y manifiesta los motivos de improcedencia acorde con lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    CÚMPLASE.

  3. Principal

    CERTIFICACIÓN

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