Nancy Karina Cañas de Orellana
Expediente 1746/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1746/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Nancy Karina Cañas de Orellana
- Linda Geraldine Fontalvo Robles
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; ténganse por recibidos los oficios signados por el Magistrado Presidente, Magistrado Representante de los Trabajadores y el Magistrado Representante de las Entidades Públicas, todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través de los cuales, el primero de ellos remite copia certificada de la diligencia de reinstalación de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, así como el proveído de veintiséis del mismo mes y año, relativo al expediente laboral 271/2002 de su estadística, del que se advierte que se señalaron las trece horas del nueve de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación de los aquí quejosos Alex Magaña García y Emma Suhgey Hau Cao; en tanto que los últimos manifiestan adherirse a lo mencionado por el Magistrado Presidente del tribunal responsable. Ahora, toda vez que la fecha señalada para llevar a cabo la reinstalación de los quejosos, se advierte lejana y atendiendo a que la ejecutoria de amparo debe cumplirse sin mayores dilaciones; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Narciso Contreras Hernández, Magistrado Presidente; Gustavo García Pereyra, Magistrado Representante de las Entidades Públicas; y Soledad López Álvarez, Magistrada Representante de los Trabajadores, todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que al día hábil siguiente a la notificación del presente proveído, deje insubsistente el acuerdo de veintiséis de octubre del año en curso, emitido en juicio laboral 271/2002, únicamente en el señalamiento de la fecha para llevar a cabo la aludida diligencia de reinstalación (nueve de enero de dos mil veintitrés), y emita otro en el que, señala una fecha más cercana, debiendo notificar a todas las partes el contenido de acuerdo que recaiga al efecto, o en su caso informen la imposibilidad que tengan para ello; hecho lo cual, deberá hacerlo del conocimiento a este órgano jurisdiccional a los tres días hábiles siguientes a que haya emitido esa determinación, debiendo remitir las constancias relativas que así lo justifiquen. Asimismo, se requiere a la autoridad vinculada para el cumplimiento de la sentencia, que lo son los integrantes del cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, conformado por: 1. Sheila Darlin Álvarez Hernández, Presidenta Municipal y Primera Regidora. 2. Carlos Ovando Lázaro, Segundo Regidor y Síndico de Hacienda. 3. Gaby del Carmen Rodríguez Rodríguez, Tercera Regidora. 4. Carmen Remedio López de la Cruz, Cuarto Regidor. 5. Alejandrina Hernández Gerónimo, Quinta Regidora. Lo anterior, para que en la nueva hora y fecha señalada por la responsable, sin excusas ni pretextos, reinstale a los aquí quejosos Alex Magaña García y Emma Suhgey Hau Cao, en el puesto que venían desempeñando, en el entendido que, si para poder cumplimentar la sentencia de amparo se requiere de su participación en algún otro trámite dentro del ámbito de sus facultades, deberá realizarlo con la anticipación requerida a efecto de que el día señalado para la reinstalación, se lleve a cabo sin mayores contra tiempos. Sin que pasen por desapercibidas las manifestaciones del representante legal, del citado ente responsable, plasmadas en la diligencia de veinticinco de octubre del año en curso, por medio de las cuales aduce la imposibilidad material para dar cumplimiento al fallo protector, misma que se tornan inatendibles, habida cuenta que el cumplimiento de una sentencia de amparo es de orden público, y por ende su exacta observación, es de carácter obligatorio tanto para la autoridad laboral responsable, como para la autoridad vinculada a su cumplimiento, quienes están constreñidas a realizar las gestiones inherentes al debido acatamiento de lo ya resuelto por este órgano jurisdiccional. De ahí que, las simples afirmaciones de la responsable vinculada para excusarse del cumplimiento del fallo constitucional, se tratan de aseveraciones sin sentido; por lo que, deberá estarse a lo requerido en líneas anteriores. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
Villahermosa, Tabasco, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 176/2022 (orden 918/2022), el cual se remitió para notificar a los quejosos Nancy Karina Cañas de Orellana, Linda Geraldine Fontalvo Robles, Jesús Fautino Tejeda Aballe, Milagro Sixto Olivera, Chabely Marie Genaro Barzaga, Ramón Eliseo Sendon Medina, Tomás Gámez Socarras, Dania Díaz Quintana, Oliver Josúe Pérez Ajuchán, Bryan Alexander Pérez Ajuchan, Brenda Eunice Socoy Alonzo, Randy Rafael Melendez Sequeira y Harutyun Minasaryan. Ahora, de la citada comunicación se advierte que Nancy Karina Cañas de Orellana, Linda Geraldine Fontalvo Robles, Jesús Fautino Tejeda Aballe, Milagro Sixto Olivera, Chabely Marie Genaro Barzaga, Ramón Eliseo Sendon Medina, Tomás Gámez Socarras, Dania Díaz Quintana, Oliver Josúe Pérez Ajuchán, Bryan Alexander Pérez Ajuchan, Brenda Eunice Socoy Alonzo, Randy Rafael Melendez Sequeira, no ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por Juan Carlos Briones Acosta y Martín Hernández Núñez; por ende, se tiene por no presentada por lo que respecta a dichos inconformes. Por otra parte, por lo que hace al directo quejoso Harutyun Minasaryan, se colige que si ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por Juan Carlos Briones Acosta y Martín Hernández Núñez; por ende; se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del mismo; para ello, resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora, dé la razón actuarial de once de octubre pasado, practicada por el Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se advierte que el directo quejoso Harutyun Minasaryan, encuentra alojado en las instalaciones de la Estación Migratoria en Tijuana, Baja California; por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado anteriormente, se advierte que la privación de la libertad con fines de deportación reclamada, tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; esto es, en Tijuana, Baja California; en consecuencia, el competente para conocer del presente asunto es un Juez de Distrito con jurisdicción en dicho lugar. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." No pasa desapercibido que en auto de diez de octubre pasado, se previno a la parte quejosa a fin de que manifestara si es su deseo señala como responsable a la Secretaría de Gobernación del Estado de Tabasco; sin embargo, tomando en consideración que la privación de la libertad con fines de deportación reclamada por el inconforme, tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en Tijuana, Baja California; a fin de evitar mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, a fin de que conozca del presente asunto, dada la competencia que se le plantea, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Precisando que en caso que el directo quejoso desahogue dicha prevención, se remitirá en vía de alcance. Autorizado. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Briones Acosta y Martin Hernández Nuñez. Además, téngase como medio de notificación alterno la dirección de correo electrónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "LIC666" se encuentra registrado; instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario antes citado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por el promovente Juan Carlos Briones Acosta, por medio del cual solicita se le autorice la consulta de expediente electrónico del presente asunto. En consecuencia, infórmese al promovente que deberá estarse a lo acordado en líneas que anteceden. Asimismo, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, informando el acatamiento a la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional en el presente juicio; al efecto, se ordena integrar a los autos, para que obre como en derecho corresponda. Finalmente, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable antes mencionada, a los que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, agréguense a los autos los oficios signados por los Representantes de los Trabajadores y de la Entidades Públicas y el Coordinador de Actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante los cuales informan que se adhieren al oficio TCyA/AMP/9845/2022 remitido por el Magistrado Presidente de dicho tribunal, de lo que se toma conocimiento.
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