Nancy Janet Ceballos López
Expediente 460/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2015
Partes del expediente
- Nancy Janet Ceballos López
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio II-788/15, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada el nueve de junio de dos mil quince, dentro de la queja Q-108/2015, interpuesta contra el acuerdo de tres de junio de dos mil quince en el juicio de amparo número 460/2015, acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes que el recurso de referencia, se resolvió bajo los siguientes puntos resolutivos: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el asunto como tal y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visto su contenido, se le tiene informando que por auto de diecisiete de junio de dos mil quince, dictado en el expediente Q-108/2015, el referido órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Luis Ernesto Papaqui Báez, contra el acuerdo de tres de junio de dos mil quince dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente expedientillo; de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil quince. Agréguense a sus autos los escritos de Luis Ernesto Papaqui Báez, autorizado en términos amplios de la quejosa Nancy Janeth Ceballos López, para los efectos a que haya lugar. Visto el contenido del primero de los escritos de cuenta (registro 14274), como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. Ahora bien, en cuanto al segundo de los escritos de cuenta (registro 14273), se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de tres de junio de dos mil quince. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la nueva Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en turno, y envíesele el cuaderno original del presente asunto. Sin que haya lugar a dar vista a las partes por el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad, según lo dispuesto por el numeral 101 del citado ordenamiento, tomando en consideración que no se admitió a trámite la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil quince. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Nancy Janet Ceballos, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 460/2015; y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que el acto reclamado en la presente instancia lo constituye el auto once de mayo de dos mil quince, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la aquí promovente en el juicio de nulidad de matrimonio 681/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Civil en el Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Precisado lo anterior, el suscrito Juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la nueva Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la promovente reclama el auto de once de mayo de dos mil quince, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la aquí promovente en el juicio de nulidad de matrimonio 681/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Civil en el Distrito Judicial de Cholula, Puebla. La determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, dado que la acumulación es un procedimiento instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación. En consecuencia, el auto de once de mayo de dos mil quince, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la ahora quejosa en el juicio de nulidad de matrimonio 681/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Civil en el Distrito Judicial de Cholula, Puebla, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso. Resulta aplicable la tesis P./J. 49/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, visible en la página 5 que refiere: "ACUMULACION. LA RESOLUCION SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitado, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama el auto de once de mayo de dos mil quince, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en el juicio de nulidad de matrimonio 681/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Civil en el Distrito Judicial de Cholula, Puebla, misma que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de garantías es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos del artículo 12 de la nueva Ley de Amparo, a Luis Ernesto Papaqui Baez, por así haberlo solicitado. 4 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis VI.1o.A.38 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Sexto Circuito, con número de registro 2009058, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el ocho de mayo de dos mil quince, de rubro y texto siguientes: "MUNICIPIOS CONURBADOS. LO SON LOS DE PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN PEDRO CHOLULA Y CUAUTLANCINGO, POR LO QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE EN ELLOS TIENEN SU RESIDENCIA COINCIDEN CON LA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA Y, RESPECTO DE ELLAS DEBE CELEBRARSE UNA SOLA AUDIENCIA INCIDENTAL, AL NO DARSE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE AMPARO PARA DIFERIR DICHA AUDIENCIA, PUES NINGUNA DE ELLAS PUEDE CONSIDERARSE COMO FORÁNEA. En términos de la fracción XXVII del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, por conurbación debe entenderse la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población, y del Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se obtiene que se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Consecuentemente, si las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en cualquiera de los referidos Municipios, ésta es la misma que la de los Jueces de Distrito en el Estado de Puebla, establecidos en San Andrés Cholula, Puebla, por lo que en el incidente de suspensión debe celebrarse una sola audiencia incidental, al no actualizarse el contenido del artículo 141 de la Ley de Amparo, que indica que puede celebrarse una primera audiencia por las autoridades residentes en el mismo lugar que el órgano que conoce del amparo, y que sólo podrá celebrarse otra en el supuesto de que la autoridad responsable no rinda oportunamente su informe previo, pero en atención a que su residencia esté en un lugar diverso al del Juez Federal, es decir, por ser autoridad foránea, supuesto que no se da ante la referida conurbación. En consecuencia, si el Juez de Distrito da a alguna de las autoridades que residen en los Municipios conurbados el trato de foránea, con la consecuencia de la celebración de dos audiencias incidentales, se viola el principio de indivisibilidad o de unidad procesal que rige para dicha audiencia e incurre en una violación al procedimiento del incidente de suspensión susceptible de reponerse, a fin de que atendiendo a esa finalidad de concentración procesal se celebre una sola audiencia con el dictado de una sola resolución interlocutoria, con el objeto de que las partes estén en posibilidad de combatir integralmente, de ser conforme a sus intereses, la negativa o concesión de la suspensión respectiva." 5 RESERVA DE INFORMACIÓN Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes, que se hará pública la sentencia que se dicte en el presente asunto cuando haya causado estado o ejecutoria, y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 13 y 14 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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