Nancy Isela Salazar Domínguez
Expediente 1368/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1368/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Nancy Isela Salazar Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara firme la sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1368/2022, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Nancy Isela Salazar Dominguez, por su propio derecho y en representación de los menores de nombre con iniciales L.E.A.S. y A.G.A.S., demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Ayuntamiento de Ciudad Victoria Tamaulipas, y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, se ordenó el registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número 1368/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, se desechó la ampliación a la demanda y se tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente al presente juicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclama un acto de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, luego de analizar en su integridad la demanda de amparo en relación con el resto de las constancias que integran el expediente, el acto que se recama a Ayuntamiento de Ciudad Victoria Tamaulipas, y su Presidente Municipal, se fija en el siguiente: La disminución del pago de aguinaldo en la pensión de orfandad que reciben los menores, otorgada por el Ayuntamiento de Victoria. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Ayuntamiento de Victoria, por conducto de su Segundo Síndico, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; de ahí que se tenga por cierto. Por su parte el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Victoria, al rendir su informe justificado por conducto del Encargado del Despacho del Departamento Jurídico y Derechos Humanos, negó la existencia del acto reclamado descrito en el considerando segundo de este fallo; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa atendiendo a las constancias que adjuntó en su informe el Segundo Síndico; de ahí, se tiene por cierto. CUARTO. Causas de Improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º fracción I y 5º fracción II, de la Ley de Amparo, por considerar que el acto reclamado no proviene de autoridad para los efectos del juicio de amparo; dichos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Los artículos citados, interpretados en sentido contrario, revelan la improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos por entes u organismos que no son considerados como autoridades responsables para los efectos de dicha instancia constitucional. Respecto del tema conceptual de autoridad para los efectos del juicio de amparo, bajo el marco legal regulador, destaca lo siguiente: 1. Contra actos de autoridad, entendida como tal, según el precepto transcrito, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 2. Contra actos de particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego, la propia Ley de Amparo provee las notas distintivas de una "autoridad" para los efectos del juicio, cuya actuación transgresora de la esfera del particular, deberá estar dotada de unilateralidad y obligatoriedad; adjetivos estos últimos que constituyen el común denominador tanto en actos de "autoridad" en estricto sentido (párrafo primero de la fracción II del numeral 5° de la ley en cita) como en actos de "particulares" porque la última parte del numeral transcrito destaca que para que los actos de particulares sean susceptibles de impugnarse vía amparo deberán afectar derechos en los términos estipulados en la propia fracción, lo cual nos remite indefectiblemente a las notas de unilateralidad y obligatoriedad del acto en cuestión y que sus funciones estén determinadas por una norma general, para que pueda ser tutelado por el juicio de amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó un ejercicio interpretativo de la actual redacción del artículo 5° de la Ley de Ampro, del cual derivó la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", a través de la cual estableció los elementos esenciales para considerar si una actuación es de autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber: I. La existencia de un ente que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; II. La relación tenga nacimiento en una ley general, lo que dora al ente de facultades administrativas, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser público frente a su potestad; III. Con motivo de aquella relación el acto emitido sea unilateral a tardes del cual cree, modifique o extinga consecuencias jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular; y, IV. Para emitir dicho acto no requiera acudir a los órganos jurisdiccionales ni precise el consenso de la voluntad del agraviado. En efecto, la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha delimitado el concepto de "particular" para efectos del juicio de amparo, de ahí que dicha expresión no debe entenderse en amplio sentido, puesto que el texto de la ley es expreso al momento de acotar ese concepto, circunscribiendo sus alcances a que la actuación emanada del particular, se encuentre investida de: I. Unilateralidad II. Obligatoriedad; y III. Siempre que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general. Además, sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente: "...sobre el particular se estima que la fijación que se ha dado al concepto de autoridad por este tribunal, debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organización y las funciones del Estado han resentido cambios sustanciales. Efectivamente, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el decurso del tiempo. De un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de ésta, suscitaron una creciente intervención del ente público en diversas actividades tanto de prestación de servicios como de producción y comercialización de productos. En este sentido, advertimos en la década de los ochenta profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica. Consecuentemente, la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto de autoridad establecido en la jurisprudencia de que se trata.--- De esta guisa, la aplicación generalizada de criterio, en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, considerados ya individual o colectivamente, pues estos entes en su actuación, con independencia de la disposición directa que puedan tener o no de la fuerza pública, pueden, con fundamento en una norma legal, emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan su esfera legal.--- En esta línea de interpretación, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella. Por ello, se sostiene que no puede, bajo los argumentos examinados, admitirse la negación absoluta y general del carácter de autoridad de esta institución, y por el contrario, se afirma que debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública..." Lo expuesto revela que la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se produjo la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que escapaban al concepto de autoridad tradicional, por ende, con independencia de la naturaleza jurídica del ente público, se destacaron una serie de notas distintivas que dan vigencia al actuar de una "autoridad" para efectos del juicio de amparo, las cuales fueron apuntadas con antelación. Entonces, en atención a la tendencia marcada por el Máximo Tribunal del país, el legislador recogió esas notas distintivas y las plasmó en el texto del numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, el cual, como ya se dijo, establece claramente la procedencia del juicio inclusive en contra de actos de particulares; empero, siempre que dicho actuar esté dotado de las características esenciales ya destacadas, esto es, unilateralidad, obligatoriedad y que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general, pues de lo contrario, se llegaría al extremo inadmisible de que el juicio de amparo procedería contra actos violatorios de derechos fundamentales emanados de relaciones regidas por el derecho privado, lo cual invade el plano de la licitud penal o civil, cuyo ámbito competencial para decidir al respecto corresponde a los tribunales ordinarios, no así a los tribunales constitucionales, porque la finalidad del juicio de amparo es determinar actos violatorios de derechos fundamentales, no así, la comisión de delitos penales o de incumplimiento a obligaciones civiles. Ahora bien, a fin de dilucidar si en el caso planteado se está en presencia de un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo" en términos del numeral 5º de la ley de la materia (ya sea por una autoridad ?en estricto sentido? o por un particular que haya actuado con unilateralidad, obligatoriedad y que sus funciones estén determinadas por una norma general), es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas siguientes: ( Relaciones jurídicas de coordinación; y, ( Relaciones jurídicas de supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 307, tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Marzo de 1999, registro 194367, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Sentado lo anterior, cabe señalar que, como ya quedó establecido, la promovente del juicio de amparo reclama de las autoridades que señaló como responsables, la disminución del pago de aguinaldo en la pensión de orfandad que reciben los menores otorgada, por el Ayuntamiento de Victoria Sin embargo, debe decirse que el acto que se reclama es de naturaleza laboral, pues los promoventes en su calidad de beneficiarios de una pensión por orfandad a cargo del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se duelen de la disminución al pago del aguinaldo que le corresponde que derivó de acuerdo 153/07/07/2021-2024, celebrado por el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, en la Vigésimo Octava Sesión Ordinaria de siete de julio de dos mil veintidós, lo cual, en su caso, sería un incumplimiento al acuerdo en el cual se decretó procedente la prestación de seguridad social; de tal manera que el acto reclamado revela que deriva de la prestación de seguridad social que las autoridades responsables otorgaron a los quejosos, de ahí que, los conflictos y el ejercicio de las acciones que surjan con motivo de su aplicación debe ser de la competencia de las autoridades especializadas en esa materia, lo cual indica de forma manifiesta que no se está ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto es así, pues es claro que el acto impugnado no es un actos de autoridad, pues dicha disminución de aguinaldo en la pensión de orfandad no afecta sus derechos creando, modificando o extinguiendo la situación jurídica que imperaba, con base en alguna atribución legal realizada en un plano de supra a subordinación, dado a los beneficiarios de la prestación de seguridad social, por lo cual tiene un derecho laboral reconocido por el fallecimiento del trabajador por la autoridad responsable en su calidad de patrón. Y, en su caso, será ante los tribunales ordinarios dirimir la controversia respecto la modificación del pago de aguinaldo a la pensión de orfandad, no así en la presente instancia constitucional. Por su contenido, para ilustrar que la pensión de orfandad es un derecho laboral, se cita la tesis con Registro digital: 2020307, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Laboral, Tesis: XVII.2o.4 L (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 2137, de rubro y texto: "PENSIÓN DERIVADA DEL FALLECIMIENTO DE LOS AGENTES DE POLICÍA, DE TRÁNSITO, BOMBEROS Y RESCATISTAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA. CUANDO UNO DE SUS BENEFICIARIOS PIERDE ESE CARÁCTER, LA PARTE PROPORCIONAL QUE PERCIBÍA DEBE REPARTIRSE ENTRE LOS RESTANTES. El artículo 15 bis, fracciones I y II, incisos a) y b), del Reglamento de Jubilaciones por Antigüedad para el Municipio de Juárez, prevé el derecho a una pensión en caso de que un agente de la policía, de tránsito, bombero o rescatista fallezca en el cumplimiento de su deber, que podrá ser reclamada por el cónyuge supérstite y los hijos del trabajador cuando sean menores de 16 años de edad, y los que acrediten estar realizando sus estudios hasta los 25 años de edad. Por su parte, el numeral 16, fracción I, del reglamento aludido establece que el derecho a percibir la pensión por orfandad se pierde cuando los hijos adquieran la mayoría de edad, o cese su incapacidad para trabajar. En ese contexto, de la interpretación integral de ambos numerales, se deduce que la pensión reclamable al fallecimiento del trabajador constituye un derecho laboral de este último y debe ser repartida entre sus beneficiarios, de manera que si uno de los hijos culmina su formación profesional y, por ende, pierde el derecho a recibirla, la parte proporcional que le correspondía deberá pagarse a quien o quienes conserven el carácter de beneficiarios, incluyendo, desde luego, al cónyuge supérstite. Lo anterior, no implica que se trasladen derechos de un beneficiario a otro, únicamente se distribuye el beneficio del finado trabajador entre las personas que tienen derecho a percibirlo." A título ilustrativo se invoca la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, página 347, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito". Asimismo, se cita la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, registro 2011298, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo 2016, Tomo II, Materia Común, tesis III.4o.T. J/3 (10a.), página: 1639, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1368/2022, promovido por Nancy Isela Salazar Dominguez, por propio derecho y en representación de los menores de nombre con iniciales L.E.A.S. y A.G.A.S., contra las autoridades responsables y el acto precisado en el segundo considerando, y por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a los requerimientos efectuado en autos, remite copia certificada de la notificación recaída al acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, de los escritos de cinco de agosto y ocho de septiembre de dos mil veintidós, así como del auto de veintinueve de septiembre del año en curso, por el cual se tiene a la parte demandada R. Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, exhibiendo cuatro cheques marcados con los números 0000309, 0000310, 0000368 y 0000369, de fecha cuatro de agosto y seis de septiembre de dos mil veintidós, del BANCO SANTANDER, cada uno con la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) a favor de las actoras Juana María Martínez Álvarez y Claudia Cruz Pérez. En tal virtud, con el contenido de dicho oficio dese vista a la parte quejosa para que manifieste a su derecho convenga. Notifíquese personalmente a la parte quejosa corriendo traslado con el oficio que se provee.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de los oficios 15317/2022 y 15316/2022 dirigidos al H. Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas y al Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, respectivamente, derivados del expediente laboral 92/M/2011, en el primero, hace del conocimiento del Ayuntamiento que se le aplicó una multa de $4,251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), debido a que no ha dado cabal cumplimiento al laudo dictado en dicho expediente laboral y solicita que en el término de cinco días hábiles realice el pago total al actor Erasmo Saldaña Reyes, apercibido que en caso de ser omiso se solicitará el auxilio de la fuerza pública. En el segundo de los citados oficios se advierte que la responsable envía al Tesorero Municipal de Abasolo, Tamaulipas, la información del Ayuntamiento con sede en esa ciudad a fin de que haga efectiva la multa impuesta. Ahora bien, del oficio que se provee se advierte que la autoridad responsable no justifica haber enviado los oficios 15317/2022 y 15316/2022 dirigidos al H. Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas y al Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, justifique a este órgano de control constitucional, haber enviado los oficios antes mencionados. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá de inmediato el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y DA FE.Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada de los oficios 15317/2022 y 15316/2022 dirigidos al H. Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas y al Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, respectivamente, derivados del expediente laboral 92/M/2011, en el primero, hace del conocimiento del Ayuntamiento que se le aplicó una multa de $4,251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), debido a que no ha dado cabal cumplimiento al laudo dictado en dicho expediente laboral y solicita que en el término de cinco días hábiles realice el pago total al actor Erasmo Saldaña Reyes, apercibido que en caso de ser omiso se solicitará el auxilio de la fuerza pública. En el segundo de los citados oficios se advierte que la responsable envía al Tesorero Municipal de Abasolo, Tamaulipas, la información del Ayuntamiento con sede en esa ciudad a fin de que haga efectiva la multa impuesta. Ahora bien, del oficio que se provee se advierte que la autoridad responsable no justifica haber enviado los oficios 15317/2022 y 15316/2022 dirigidos al H. Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas y al Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, justifique a este órgano de control constitucional, haber enviado los oficios antes mencionados. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá de inmediato el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 17,203 expedientes
- Nancy Candelaria Flores Medina1384/2022
- Nancy Candelaria Flores Medina1631/2023
- Nancy Edith Ávila Silva288/2022
- Nancy Edith Farrera Hernandez1875/2017
- Nancy Guadalupe Camacho Patlan1448/2018
- Nancy Guadalupe Camacho Patlan177/2019
- Nancy Jimenez Cruz270/2017
- Nancy Madai Nava Rodriguez1476/2017
- Nancy Maria Montelongo Hernandez237/2017
- Nancy Maribel RodrìGuez de la Garza1397/2023
- Nancy Maribel Rodríguez de la Garza2185/2022
- Nancy Maribel Rodriguez de la Garza1367/2021