Nancy Herrejón Almazan
Expediente 4/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nancy Herrejón Almazan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que en este juicio se señaló como acto reclamado la circular número 054, de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, en la cual se ordena el cierre a las 19:00 horas de todos los establecimientos mercantiles y de servicios, durante los días treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, así como los días viernes, sábados y domingos del mes de enero de dos mil veintiuno, operando únicamente con estrictas medidas sanitarias los consultorios médicos, farmacias, clínicas médicas, hospitales y sanatorios, gaseras, gasolineras, hoteles, servicio de velación y gas medicinal. De ello, se advierte que feneció la vigencia la circular reclamada y con ello la posible afectación que la misma generó a sus destinatarios como sujetos obligados. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, resulta claro que el decreto reclamado tuvo vigencia únicamente los días treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, así como los días viernes, sábados y domingos del mes de enero de dos mil veintiuno, por lo que feneció la validez de éste como norma autoaplicativa y con ello la exigencia dirigida a los sujetos obligados para actuar de la forma ahí determinada durante su vigencia. De ahí que la circular reclamada ha cesado en sus efectos de manera total e incondicionada, sin que durante la vigencia de éste se haya demostrado alguna consecuencia material en perjuicio de la parte quejosa, relacionada directamente con el incumplimiento de las disposiciones que contiene, durante el periodo en que el mismo tuvo vigencia, lo que constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En consecuencia, se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro: 2003285, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que resulte necesario la celebración de la misma, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia y ello sería en contra de lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedenci previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dicho lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, esto es, las once horas con treinta minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado rendido por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la referida autoridad. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del veinte de enero de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo III-4/2021-M, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el oficio registrado con el número 390. Atento a su contenido el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe previo rendido por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Hágase nueva relación de dicho informe en la etapa procesal correspondiente. Acto seguido el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. Dentro del periodo probatorio el secretario da nueva cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y hace constar que las demás partes no ofertaron medios de convicción. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas referidas y se declara precluido el derecho de las demás partes para ofertar medios de convicción. Asimismo, dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridad responsable: Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Acto reclamado: La circular 059 emitida el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, en la que la autoridad responsable ordena el cierre a las diecinueve horas de todos los establecimientos mercantiles y de servicios, durante los días treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, así como los días viernes, sábados y domingos del mes de enero de dos mil veintiuno, operando únicamente con estrictas medidas sanitarias los consultorios médicos, farmacias, clínicas médicas, hospitales y sanatorios, gaseras, gasolineras, hoteles, servicio de velación y gas medicinal. Segunda. Al momento de rendir su informe previo, la autoridad responsable manifestó que es cierto el acto que se le atribuye. Ahora, la promovente menciona que se dedica a la venta de alimentos preparados en un establecimiento mercantil conocido comercialmente como "Mi Lola", ubicado en la Avenida Camelinas, número 2308, de la colonia Bosques Camelinas, en esta ciudad, por lo que refiere dicha circular afecta la operación de dicho restaurante. Sentado lo anterior, la parte quejosa a efecto de acreditar indiciariamente su interés suspensional, acompaña: I. Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria; y, II. Copia de la circular 054 signada por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte; Documentales que adjuntó a su escrito de demanda la parte quejosa, en relación con las cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad de conformidad con el artículo 12, inciso f, del Acuerdo General Conjunto 1/2013, relativo a la FIREL y expediente electrónico, son copias files de los originales. En el caso, existe solicitud expresa de la quejosa para que se conceda la suspensión definitiva de que se trata, por lo que ahora este órgano jurisdiccional procede a realizar un análisis sobre la medida cautelar solicitada por la promovente del amparo. En ese sentido, a efecto de resolver sobre la suspensión solicitada, es conveniente tener en cuenta que en la circular reclamada se menciona que el veintiséis de diciembre de dos mil veinte, se emitió por parte de los integrantes del Comité Municipal de Salud de Morelia una minuta de acuerdos, con diversas medidas restrictivas dirigidas a los establecimientos mercantiles y de servicios del municipio, esto en congruencia con el alto número de contagios y decesos que se tienen registrados en los últimos días en esta ciudad, por lo que dichos acuerdos tienen como objetivo romper la cadena de contagios de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), disminuyendo la movilidad de la ciudadanía. Bajo ese tenor, se advierte que en la circular reclamada emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, se ordenó el cierre a las 19:00 horas de todos los establecimientos mercantiles y de servicios, durante los días treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, así como los días viernes, sábados y domingos del mes de enero de dos mil veintiuno, operando únicamente con estrictas medidas sanitarias los consultorios médicos, farmacias, clínicas médicas, hospitales y sanatorios, gaseras, gasolineras, hoteles, servicio de velación y gas medicinal. Por tanto, el suscrito con fundamento en los artículos 128, fracción II y 129, fracción V de la Ley de Amparo estima pertinente negar la suspensión provisional, por las razones que a continuación se expondrán. Al respecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Del anterior precepto se establecen dos hipótesis, que para conceder la suspensión del acto reclamado deberá ser solicitada por la quejosa y ésta no deberá ir en contra del interés social o disposiciones de orden público. Bajo esa tesitura, no se satisface el segundo requisito del artículo 128, porque en el supuesto de concederse la suspensión y permitir a la parte quejosa que continúe con la prestación de sus servicios, se estaría transgrediendo el artículo 129, fracción V de la Ley de Amparo y los acuerdos que dictó la autoridad federal para combatir la epidemia SARS-CoV2 (COVID19). En virtud de que la circular reclamada busca detener el número de contagios por dicho virus, el suscrito estima que en caso de otorgarse la medida cautelar solicitada por la parte quejosa se contravendrían disposiciones de orden público en atención a que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 129, fracción V de la Ley de Amparo, el cual señala que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 52/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186504: "ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada". Sirve como criterio ilustrativo la tesis IV.2o.A.89K pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con registro 2011933: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA NO AFECTACIÓN AL ORDEN PÚBLICO Y AL INTERÉS SOCIAL, SON INATENDIBLES Y DEBE NEGARSE LA MEDIDA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE ADECUA A LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE LA MATERIA. Del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus antecedentes legislativos, se advierte que, de acuerdo con la intención del Constituyente, corresponde al legislador ordinario establecer los casos en que proceda o no conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y aquellos en que pueda decidirse discrecionalmente por los Jueces, a condición de que lo hagan con base en una ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social; de ahí que la Ley de Amparo reconoció a los Jueces la discrecionalidad aludida, pero también determinó los supuestos en que la suspensión debe otorgarse de oficio y de plano, dado el peligro en la demora de contener cierto tipo de violaciones; esto en el artículo 126 de la ley reglamentaria mencionada, así como los casos en que la suspensión debe negarse, porque el propio legislador consideró que su otorgamiento sería contrario al orden público o al interés social, lo que se manifiesta en el artículo 129 del propio ordenamiento. Así, en los casos previstos en este último precepto, basta que se advierta que el acto reclamado se adecua a los supuestos ahí contenidos para que se niegue la suspensión, sin que sean atendibles al respecto, los argumentos relativos a la acreditación de la apariencia del buen derecho de quien solicita la medida o a la no afectación al interés social, pues no se está en un supuesto en que corresponda al juzgador decidir sobre la medida mediante la ponderación de dichos aspectos y, antes bien, según lo dispone el artículo 129 indicado, sería sólo la necesidad de salvaguardar en mayor medida al interés social, lo que excepcionalmente permitiría al Juez decidir el otorgamiento de la medida, aun cuando el acto se adecue a los supuestos que prevé". No se soslaya el argumento de la parte quejosa, que explica que los actos reclamados son violatorios de sus derechos constitucionales; sin embargo, en el presente asunto y en un ejercicio de ponderación, se advierte que de conceder la medida suspensional al promovente, se ocasionaría un mayor perjuicio a la ciudadanía, debido a que se permitiría la aglomeración de gente, y tomando en consideración que es un hecho notorio para el de la voz que en el mes de diciembre de dos mil veinte hubo un incremento en los contagios y en las personas hospitalizadas, resultaría contraproducente conceder la medida solicitada. Aunado a lo anterior, de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye hecho notorio para el suscrito que la totalidad de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, fijaron criterio en el sentido de negar la suspensión provisional en los asuntos relativos al decreto de aislamiento emitido por el Gobernador del Estado de Michoacán, en el mes de abril de dos mil veinte, donde diversos quejosos señalaban que el decreto transgredía su derecho al libre tránsito y que el Gobernador no era autoridad para restringir derechos humanos, al estimar que al concederse la suspensión en esos supuestos, se afecta el orden público y el interés social, y que en todo caso, las afectaciones aducidas tendrían que ser analizadas al resolver el fondo del asunto, lo que se actualiza en la hipótesis que en el caso acontece Único. Se niega a Nancy Herrejón Almazán, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Mucio Mata Ponce133/2022
- Mucio Tapia Díaz1177/2021
- Myriam Mariscal Moreno524/2023
- Nadia Alejandra Castillo Carrizales1073/2021
- Naim Shalom Zubeli48/2019
- Nancy Ferreyra Gabirel1130/2021
- Nancy Joanna Vargas Cortes892/2023
- Nancy Margarita Coss Color419/2022
- Napoleón Tinoco Angel1083/2018
- Narayani Barboza Medina1523/2023
- Narciso Aguilar Lopez979/2023
- Narcy Adalvisa Granados Valdez881/2017