Nancy Guadalupe Uch Noh

Expediente 225/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
225/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2016

Partes del expediente

  • Nancy Guadalupe Uch Noh

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo dictado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito hayan hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintiuno de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecinueve de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por virtud del cual rinde informe justificado en representación de dicho órgano colegiado, en el sentido de que es cierto el acto reclamado; sin embargo, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el ocho de los corrientes se pronunció respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen DIT-057/2015. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Ahora, conviene precisar que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Sin duda, de los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, es inconcuso que al respecto cesaron los efectos del acto reclamado por el quejoso, lo que hace imperioso el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia constitucional, dado que se ha actualizado una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Resulta pertinente destacar que en el presente asunto, Nancy Guadalupe Uch Noh reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad ordenadora el H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE se reclama la omisión de admitir las pruebas ofrecidas por las partes en la AUDIENCIA PÚBLICA DE CONCILIACIÓN, PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN de fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis.". Por su parte, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en representación de dicho órgano colegiado, al oficio de cuenta adjuntó copia certificada del auto de admisión de pruebas de ocho de abril de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio laboral DIT-057/2015, así como de la constancia de notificación de catorce de los corrientes. A las referidas constancias se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden de ideas, se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del juicio laboral de origen DIT-057/2015 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, residente en esta ciudad, se determinó lo siguiente: "AUTO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS [.] AUTO: VISTO el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y en atención al contenido. EL H. TRIBUNAL ACUERDA: Tomando en consideración las pruebas ofrecidas por LA PARTE ACTORA NANCY GUADALUPE UCH NOH y de las PARTES DEMANDADAS H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO y SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO y con fundamento en los artículos 776, 777, 779, 780, 786, 789, 795, 810, 813, 830, 835, 836 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Burocrática del Estado, se procede a realizar la admisión y desechamiento de los medios de prueba ofrecidos como sigue: EN CUANTO A LA PARTE ACTORA NANCY GUADALUPE UCH NOH, SE ADMITEN LAS SIGUIENTES PRUEBAS: [.] EN CUANTO A LA PARTE DEMANDADA H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, SE ADMITEN LAS SIGUIENTES PRUEBAS: [.]. EN CUANTO A LA PARTE DEMANDADA SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, SE ADMITEN LAS SIGUIENTES PRUEBAS: [.].". Esto es, la autoridad responsable, en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral DIT-057/2015; por ello, debe considerarse que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado por la quejosa Nancy Guadalupe Uch Noh, pues con dicho elemento de prueba se pone de manifiesto que el acto reclamado ha cesado sus efectos, ya que con la emisión del auto de mérito, dichos efectos fueron destruidos en forma fatal e incondicional, restituyendo a la quejosa sus garantías violadas. De igual modo, se notificó dicho auto el catorce de abril del año en curso a la parte actora en el juicio laboral de origen, aquí quejosa. En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sustentan las anteriores consideraciones la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, febrero de 1998, tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Asimismo la tesis 97, visible en la página 71, noviembre de 1997, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa del oficio de cuenta, en la medida que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la causal que se invoca; además de que ninguna finalidad tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna probanza podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, y una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva y la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial que se invoca, nunca se actualizaría. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con veinte minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Se admite la demanda en sus términos y se señalan las nueve horas con veinte minutos del cuatro de mayo del año en curso para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, se requiere a las autoridades responsables rindan sus respectivos informes justificados dentro del término de ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita.

  4. Principal

    (CITATORIO) (emplazamiento)Toda vez que la parte tercero interesada, no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de once de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de cinco de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, en vía de emplazamiento, el cual en lo conducente señala: Se admite la demanda en sus términos y se señalan las nueve horas con veinte minutos del cuatro de mayo del año en curso para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, se requiere a las autoridades responsables rindan sus respectivos informes justificados dentro del término de ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita.

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