Nancy Grisel Candia de la Torre

Expediente 377/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
377/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Nancy Grisel Candia de la Torre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes; y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otra parte, se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Ahora, toda vez que se otorgó la suspensión de plano, se hace la observación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Al resultar innecesaria la conservación de los dos tomos de pruebas remitidos respectivamente por el Juez de Trámite Adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Nueve del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y la Directora de la Unidad de Gestión Judicial Número Nueve del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México devuélvanseles, sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de dieciocho de octubre del año en curso, que en lo conducente dice: "VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 377/2021; y, RESULTANDO: ÚNICO. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda promovida por el defensor particular de.; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. De un análisis al escrito de demanda, informes justificados y documentales remitidas por las responsables, se precisa que los actos reclamados que se hacen derivar de la carpeta judicial 009/0477/2021, ahora 011/0711/2021, son: a. La omisión de dar contestación a los escritos que presentó el defensor particular de la aquí quejosa el veinte y veintisiete de abril, así como seis de mayo, todos de dos mil veintiuno. Lo cual se atribuye, a la 1. Directora de la Unidad de Gestión Judicial once y, al 2. Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a esa unidad, como autoridad sustituta, quienes al rendir su respectivo informe indicaron que no existían, sin embargo, deberán tenerse por ciertas tales omisiones, ya que de las copias certificadas que remitieron de tal carpeta judicial, no se advierte su notificación. Documentales que por tratarse de documentales públicas, adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, motivo por el cual se tiene probado. b. La omisión de remitir el informe de tratamiento, condiciones, estado de salud y, cuidados esenciales de la imputada, aquí quejosa. Lo que se reclama de la 3. Directora del Centro Femenil de Reinserción Social "Tepepan" y, al 4. Director del Hospital General Torre Médica Tepepan, quienes al rendir su informe justificado, negaron su existencia, agregando la primera que no le había sido solicitado dicho informe en específico, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba en contrario -incluso en autos de la carpeta judicial obra un informe clínico que fue puesto a la vista de las partes el siete de abril de dos mil veintiuno, esto es, anterior a la presentación de la demanda- (fojas 23 a 26, tomo I), por lo que es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. c. La omisión de brindar atención médica a la directa quejosa y salvaguardar su integridad. Actos que se reclaman a la totalidad de las autoridades responsables (1, 2, 3 y 4), quienes al rendir su respectivo s informes justificados, negaron tal omisión y, acreditaron haberla proporcionado, desde que la autoridad judicial, en audiencia de control de detención de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento, respecto a su estado de salud (esquizofrenia paranoide-manifestado por su defensor), por lo que ordenó brindarle atención médica oportuna y eficiente, lo que se acredita de las documentales enviadas por dichas autoridades. Sin que sea óbice que, con motivo de la suspensión de plano decretada en el presente juicio, se continuara con dicha atención médica, para considerar como cierto el acto, habida cuenta que es patente que anterior a la presentación de la demanda no existía; de ahí que proceda sobreseer en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. d. La omisión de ordenar, informar, realizar y/o presentar el dictamen correspondiente en materia de psiquiatría de la hoy quejosa. Lo que de igual manera, se atribuye a la totalidad de las autoridades responsables (1, 2, 3 y 4), quienes negaron el acto en sus respectivas competencias, sin embargo, deberá tenerse por cierto, ya que así fue solicitado por el defensor de la quejosa, sin que se haya elaborado anterior a la presentación de la demanda, sino con motivo de la suspensión de plano decretada. TERCERO. No obstante la existencia de los actos reclamados, precisados en inciso a, consistente en la omisión de dar contestación a los escritos que presentó el defensor particular de la aquí quejosa el veinte y veintisiete de abril, así como seis de mayo, todos de dos mil veintiuno, atribuidos a las autoridades indicadas en 1. Directora de la Unidad de Gestión Judicial once y, al 2. Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a esa unidad, como autoridad sustituta. Así como, el diverso mencionado en d, relativo a la omisión de ordenar, informar, realizar y/o presentar el dictamen correspondiente en materia de psiquiatría de la hoy quejosa, que se reclama además de las referidas autoridades (1 y 2) y, de las diversas 3. Directora del Centro Femenil de Reinserción Social "Tepepan" y, al 4. Director del Hospital General Torre Médica Tepepan, el suscrito estima se actualizan dos causales de improcedencia. Cierto, respecto a este último acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo . Lo anterior, en virtud de que del informe justificado rendido y documentales exhibidas, se desprende que el Director del Hospital General Torre Médica Tepepan, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada, refirió y acreditó que se realizó la valoración psiquiátrica correspondiente, esto es, posterior a la presentación de la demanda; sin que sea óbice que, no fuera propiamente un dictamen, habida cuenta que la pretensión de la parte quejosa era se precisara el padecimiento que en específico le aqueja, a fin de salvaguardar su integridad y, para que se le proporciona una adecuada defensa, lo que acredita tal valoración; en consecuencia, los efectos de la omisión reclamada ha cesado. Cierto, en términos de la citada fracción, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia, procediendo consecuentemente sobreseer en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por otro lado, en cuanto al primero de los actos precisados en este considerando, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, la cual es de estudio oficioso y preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo . A fin de clarificar dicha conclusión, es menester señalar los siguientes antecedentes. Dentro de la carpeta judicial 009/0477/2021, ahora 011/0711/2021, la autoridad judicial de control, en audiencia de control de detención de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, atendiendo las manifestaciones del defensor de la referida quejosa, respecto a su estado de salud (esquizofrenia paranoide), ordenó a la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla que médicos de dicha institución realizaran una valoración médica exhaustiva y emitieran su resultado en un lapso de cuarenta y ocho horas y, con la finalidad de privilegiar su derecho a la salud, le solicitó le proporcionara atención médica oportuna y eficiente conforme a lo dispuesto en los artículos 9, fracción II, 16, y 34 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El treinta de marzo siguiente, se dictó auto de vinculación a proceso a la aquí quejosa por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de delito de robo agravado y, atendiendo a las manifestaciones del defensor, respecto al estado de salud de la quejosa (sufrir taquicardia), ordenó a la citada Directora del Centro Femenil, le proporcionara atención médica oportuna y eficiente. El seis de abril de dos mil veintiuno, se recibió el resumen clínico de la impetrante, corriendo traslado a las partes. El dieciséis de abril en cita, el juez de control, calificó de legal el traslado que se realizó de la quejosa al Centro Femenil de Reinserción Social de la Ciudad de México "Tepepan", en razón de que cuenta con un padecimiento psiquiátrico que requiere de atención, tratamiento y, supervisión médica especializada. El veinte de abril de dos mil veintiuno, el defensor de la quejosa presentó un escrito -cuya omisión de acordar constituye uno de los actos reclamados-, en el que solicitó se realizaran las periciales de psicología y psiquiatría a su representada, a efecto de verificar si cuenta con algún trastorno, así como se solicitara copia de su historial clínico al Director de la Torre Médica. En respuesta, el veintiuno de ese mes, al advertir que no se había designado peritos en psicología y trabajo social, giró oficio a las autoridades respectivas, para que los designaran El veintisiete de abril siguiente, el defensor de la quejosa exhibió diverso ocurso -cuya omisión de acordar constituye otro acto reclamado-, en el que en lo conducente, solicitó un informe respecto del tratamiento que recibió en el centro femenil antes citado (Tepepan), así como asistencia médica respecto a su padecimiento (taquicardias y respiratorios). En esa data, se acordó requerir a la directora de dicho centro, a fin de que valorara medicamente a la imputada y le brindara el tratamiento necesario para mantener su salud. El seis de mayo de dos mil veintiuno, el defensor presentó diverso libelo -cuya omisión de acordar constituye diverso acto reclamado-. A lo cual recayó el auto de esa fecha, en que atendiendo a lo solicitado, se requirió a la Directora de dicho centro, informara el tratamiento que se encontraba recibiendo la quejosa y, remitiera el expediente clínico en el que se advirtiera su evaluación en psiquiatría. Sin embargo, como se dijo, no obra constancia de notificación a la parte interesada, respecto de dichos acuerdos. Hasta aquí los antecedentes. Sentando lo anterior, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia referida, por no cumplir con el principio de definitividad, ya que contra los actos omisivos, procedía el recurso de queja previsto en el numeral 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Medio de defensa ordinario que invariablemente debió agotar previo a la promoción de su demanda de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que, entre otros, rigen el juicio de amparo, puesto que los actos que reclama no están excepcionados de cumplirlo. A fin de evidenciar lo anterior, resulta pertinente transcribir el contenido de los artículos 84, 134 y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales que disponen: "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. (.) Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; (.) Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De la lectura de los citados preceptos legales se desprende que el legislador estableció el recurso de queja como un instrumento para combatir ciertos actos u omisiones, relativos a no realizar un trámite procesal dentro de los términos que dispone dicho código. Asimismo, que para la práctica de las notificaciones, existen ciertas formalidades que se encaminan primordialmente a obtener la seguridad de que los decretos, proveídos, sentencias y resoluciones o mandamientos jurisdiccionales en general, lleguen oportuna y adecuadamente al conocimiento de los interesados. En ese sentido, la notificación de los acuerdos de veintiuno y veintisiete de abril y seis de mayo, todos de dos mil veintiuno, constituye un acto procesal que se tenía que llevar a cabo para que la aquí quejosa tuviera conocimiento real y efectivo de los acuerdos que recayeron a sus promociones. De ahí que, al no ser notificada dentro de los términos que establece el referido artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenía a su alcance el recurso de queja previsto en el diverso precepto 135, para que dentro de un plazo de veinticuatro horas, la autoridad subsanara dicha omisión. Por tanto, si en el caso, la quejosa reclamó la omisión de acordar sus peticiones presentadas el veinte y veintisiete de abril y seis de mayo, todos de dos mil once, es inconcuso que contra esas omisiones procedía el recurso de queja. Además, la procedencia de ese recurso no está sujeta a una interpretación adicional, pues el multireferido artículo 135 del código en cita, es claro al establecer que aquél procede contra la inobservancia de las disposiciones relativas a no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por ese código, en este caso, emitir una resolución y su notificación. En efecto, cuando un particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, no puede reclamar de forma autónoma la violación al derecho de petición, en virtud de que se considera una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Entonces como se dijo en líneas que anteceden, lo cierto es que a fin de combatir la omisión de que se duele la parte quejosa, la ley procesal penal prevé un medio ordinario de defensa, tal como resulta ser el previsto en el citado artículo 135, por lo que surge la obligación para el gobernado de instar el mismo, previo a solicitar la protección constitucional; aunado a que, en el caso que nos ocupa no se advierte actualizada alguna causa de excepción. No se desconoce la jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL QUE EXISTE UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O SU PARALIZACIÓN TOTAL, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO.", emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, sin embargo, en el caso, no resulta aplicable, habida cuenta que el procedimiento que se sigue en contra de la aquí quejosa no se encuentra dilatado o paralizado debido a las omisiones que se reclamaron, habida cuenta que se realizaron diversas diligencias tendentes a procurar y preservar el estado de salud de la quejosa, aunado a que se continúa el procedimiento en diversa unidad de gestión judicial, en donde incluso se le concedió la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la presentación periódica mensual. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Como colorario y, de no estar de acuerdo con los proveídos que se emitieron en respuesta a sus promociones -los cuales, como quedó visto, fueron emitidos antes de la presentación de la demanda de garantías-, la parte quejosa tenía a su alcance de igual manera, el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de impugnarlos. CUARTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por ., por conducto de su defensor, contra los actos y autoridades, precisados en el considerando segundo de este fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia. Notifíquese personalmente." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 377/2021; y, RESULTANDO: ÚNICO. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda promovida por el defensor particular de.; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. De un análisis al escrito de demanda, informes justificados y documentales remitidas por las responsables, se precisa que los actos reclamados que se hacen derivar de la carpeta judicial 009/0477/2021, ahora 011/0711/2021, son: a. La omisión de dar contestación a los escritos que presentó el defensor particular de la aquí quejosa el veinte y veintisiete de abril, así como seis de mayo, todos de dos mil veintiuno. Lo cual se atribuye, a la 1. Directora de la Unidad de Gestión Judicial once y, al 2. Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a esa unidad, como autoridad sustituta, quienes al rendir su respectivo informe indicaron que no existían, sin embargo, deberán tenerse por ciertas tales omisiones, ya que de las copias certificadas que remitieron de tal carpeta judicial, no se advierte su notificación. Documentales que por tratarse de documentales públicas, adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, motivo por el cual se tiene probado. b. La omisión de remitir el informe de tratamiento, condiciones, estado de salud y, cuidados esenciales de la imputada, aquí quejosa. Lo que se reclama de la 3. Directora del Centro Femenil de Reinserción Social "Tepepan" y, al 4. Director del Hospital General Torre Médica Tepepan, quienes al rendir su informe justificado, negaron su existencia, agregando la primera que no le había sido solicitado dicho informe en específico, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba en contrario -incluso en autos de la carpeta judicial obra un informe clínico que fue puesto a la vista de las partes el siete de abril de dos mil veintiuno, esto es, anterior a la presentación de la demanda- (fojas 23 a 26, tomo I), por lo que es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. c. La omisión de brindar atención médica a la directa quejosa y salvaguardar su integridad. Actos que se reclaman a la totalidad de las autoridades responsables (1, 2, 3 y 4), quienes al rendir su respectivo s informes justificados, negaron tal omisión y, acreditaron haberla proporcionado, desde que la autoridad judicial, en audiencia de control de detención de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento, respecto a su estado de salud (esquizofrenia paranoide-manifestado por su defensor), por lo que ordenó brindarle atención médica oportuna y eficiente, lo que se acredita de las documentales enviadas por dichas autoridades. Sin que sea óbice que, con motivo de la suspensión de plano decretada en el presente juicio, se continuara con dicha atención médica, para considerar como cierto el acto, habida cuenta que es patente que anterior a la presentación de la demanda no existía; de ahí que proceda sobreseer en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. d. La omisión de ordenar, informar, realizar y/o presentar el dictamen correspondiente en materia de psiquiatría de la hoy quejosa. Lo que de igual manera, se atribuye a la totalidad de las autoridades responsables (1, 2, 3 y 4), quienes negaron el acto en sus respectivas competencias, sin embargo, deberá tenerse por cierto, ya que así fue solicitado por el defensor de la quejosa, sin que se haya elaborado anterior a la presentación de la demanda, sino con motivo de la suspensión de plano decretada. TERCERO. No obstante la existencia de los actos reclamados, precisados en inciso a, consistente en la omisión de dar contestación a los escritos que presentó el defensor particular de la aquí quejosa el veinte y veintisiete de abril, así como seis de mayo, todos de dos mil veintiuno, atribuidos a las autoridades indicadas en 1. Directora de la Unidad de Gestión Judicial once y, al 2. Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a esa unidad, como autoridad sustituta. Así como, el diverso mencionado en d, relativo a la omisión de ordenar, informar, realizar y/o presentar el dictamen correspondiente en materia de psiquiatría de la hoy quejosa, que se reclama además de las referidas autoridades (1 y 2) y, de las diversas 3. Directora del Centro Femenil de Reinserción Social "Tepepan" y, al 4. Director del Hospital General Torre Médica Tepepan, el suscrito estima se actualizan dos causales de improcedencia. Cierto, respecto a este último acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo . Lo anterior, en virtud de que del informe justificado rendido y documentales exhibidas, se desprende que el Director del Hospital General Torre Médica Tepepan, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada, refirió y acreditó que se realizó la valoración psiquiátrica correspondiente, esto es, posterior a la presentación de la demanda; sin que sea óbice que, no fuera propiamente un dictamen, habida cuenta que la pretensión de la parte quejosa era se precisara el padecimiento que en específico le aqueja, a fin de salvaguardar su integridad y, para que se le proporciona una adecuada defensa, lo que acredita tal valoración; en consecuencia, los efectos de la omisión reclamada ha cesado. Cierto, en términos de la citada fracción, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia, procediendo consecuentemente sobreseer en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por otro lado, en cuanto al primero de los actos precisados en este considerando, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, la cual es de estudio oficioso y preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo . A fin de clarificar dicha conclusión, es menester señalar los siguientes antecedentes. Dentro de la carpeta judicial 009/0477/2021, ahora 011/0711/2021, la autoridad judicial de control, en audiencia de control de detención de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, atendiendo las manifestaciones del defensor de la referida quejosa, respecto a su estado de salud (esquizofrenia paranoide), ordenó a la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla que médicos de dicha institución realizaran una valoración médica exhaustiva y emitieran su resultado en un lapso de cuarenta y ocho horas y, con la finalidad de privilegiar su derecho a la salud, le solicitó le proporcionara atención médica oportuna y eficiente conforme a lo dispuesto en los artículos 9, fracción II, 16, y 34 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El treinta de marzo siguiente, se dictó auto de vinculación a proceso a la aquí quejosa por su probable participación en la comisión de los hechos con apariencia de delito de robo agravado y, atendiendo a las manifestaciones del defensor, respecto al estado de salud de la quejosa (sufrir taquicardia), ordenó a la citada Directora del Centro Femenil, le proporcionara atención médica oportuna y eficiente. El seis de abril de dos mil veintiuno, se recibió el resumen clínico de la impetrante, corriendo traslado a las partes. El dieciséis de abril en cita, el juez de control, calificó de legal el traslado que se realizó de la quejosa al Centro Femenil de Reinserción Social de la Ciudad de México "Tepepan", en razón de que cuenta con un padecimiento psiquiátrico que requiere de atención, tratamiento y, supervisión médica especializada. El veinte de abril de dos mil veintiuno, el defensor de la quejosa presentó un escrito -cuya omisión de acordar constituye uno de los actos reclamados-, en el que solicitó se realizaran las periciales de psicología y psiquiatría a su representada, a efecto de verificar si cuenta con algún trastorno, así como se solicitara copia de su historial clínico al Director de la Torre Médica. En respuesta, el veintiuno de ese mes, al advertir que no se había designado peritos en psicología y trabajo social, giró oficio a las autoridades respectivas, para que los designaran El veintisiete de abril siguiente, el defensor de la quejosa exhibió diverso ocurso -cuya omisión de acordar constituye otro acto reclamado-, en el que en lo conducente, solicitó un informe respecto del tratamiento que recibió en el centro femenil antes citado (Tepepan), así como asistencia médica respecto a su padecimiento (taquicardias y respiratorios). En esa data, se acordó requerir a la directora de dicho centro, a fin de que valorara medicamente a la imputada y le brindara el tratamiento necesario para mantener su salud. El seis de mayo de dos mil veintiuno, el defensor presentó diverso libelo -cuya omisión de acordar constituye diverso acto reclamado-. A lo cual recayó el auto de esa fecha, en que atendiendo a lo solicitado, se requirió a la Directora de dicho centro, informara el tratamiento que se encontraba recibiendo la quejosa y, remitiera el expediente clínico en el que se advirtiera su evaluación en psiquiatría. Sin embargo, como se dijo, no obra constancia de notificación a la parte interesada, respecto de dichos acuerdos. Hasta aquí los antecedentes. Sentando lo anterior, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia referida, por no cumplir con el principio de definitividad, ya que contra los actos omisivos, procedía el recurso de queja previsto en el numeral 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Medio de defensa ordinario que invariablemente debió agotar previo a la promoción de su demanda de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que, entre otros, rigen el juicio de amparo, puesto que los actos que reclama no están excepcionados de cumplirlo. A fin de evidenciar lo anterior, resulta pertinente transcribir el contenido de los artículos 84, 134 y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales que disponen: "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. (.) Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; (.) Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De la lectura de los citados preceptos legales se desprende que el legislador estableció el recurso de queja como un instrumento para combatir ciertos actos u omisiones, relativos a no realizar un trámite procesal dentro de los términos que dispone dicho código. Asimismo, que para la práctica de las notificaciones, existen ciertas formalidades que se encaminan primordialmente a obtener la seguridad de que los decretos, proveídos, sentencias y resoluciones o mandamientos jurisdiccionales en general, lleguen oportuna y adecuadamente al conocimiento de los interesados. En ese sentido, la notificación de los acuerdos de veintiuno y veintisiete de abril y seis de mayo, todos de dos mil veintiuno, constituye un acto procesal que se tenía que llevar a cabo para que la aquí quejosa tuviera conocimiento real y efectivo de los acuerdos que recayeron a sus promociones. De ahí que, al no ser notificada dentro de los términos que establece el referido artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenía a su alcance el recurso de queja previsto en el diverso precepto 135, para que dentro de un plazo de veinticuatro horas, la autoridad subsanara dicha omisión. Por tanto, si en el caso, la quejosa reclamó la omisión de acordar sus peticiones presentadas el veinte y veintisiete de abril y seis de mayo, todos de dos mil once, es inconcuso que contra esas omisiones procedía el recurso de queja. Además, la procedencia de ese recurso no está sujeta a una interpretación adicional, pues el multireferido artículo 135 del código en cita, es claro al establecer que aquél procede contra la inobservancia de las disposiciones relativas a no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por ese código, en este caso, emitir una resolución y su notificación. En efecto, cuando un particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, no puede reclamar de forma autónoma la violación al derecho de petición, en virtud de que se considera una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Entonces como se dijo en líneas que anteceden, lo cierto es que a fin de combatir la omisión de que se duele la parte quejosa, la ley procesal penal prevé un medio ordinario de defensa, tal como resulta ser el previsto en el citado artículo 135, por lo que surge la obligación para el gobernado de instar el mismo, previo a solicitar la protección constitucional; aunado a que, en el caso que nos ocupa no se advierte actualizada alguna causa de excepción. No se desconoce la jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL QUE EXISTE UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O SU PARALIZACIÓN TOTAL, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO.", emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, sin embargo, en el caso, no resulta aplicable, habida cuenta que el procedimiento que se sigue en contra de la aquí quejosa no se encuentra dilatado o paralizado debido a las omisiones que se reclamaron, habida cuenta que se realizaron diversas diligencias tendentes a procurar y preservar el estado de salud de la quejosa, aunado a que se continúa el procedimiento en diversa unidad de gestión judicial, en donde incluso se le concedió la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la presentación periódica mensual. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Como colorario y, de no estar de acuerdo con los proveídos que se emitieron en respuesta a sus promociones -los cuales, como quedó visto, fueron emitidos antes de la presentación de la demanda de garantías-, la parte quejosa tenía a su alcance de igual manera, el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de impugnarlos. CUARTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por ., por conducto de su defensor, contra los actos y autoridades, precisados en el considerando segundo de este fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el oficio y anexo, enviados por el Director de la Unidad de Gestión Judicial Once, del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, mediante el cual remite en un disco compacto de los denominados "DVD", la videograbación de la audiencia de revisión de medidas cautelares, de dieciséis de julio del año en curso, desahogada dentro de los autos de la carpeta judicial ..., de su índice, instruida en contra de Nancy Grisel Candia de la Torre; en atención a su contenido, glósese únicamente para constancia, toda vez que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional. De igual forma, respecto al disco compacto denominado DVD, que adjunta en un sobre cerrado, resguárdese en la secretaría encargada del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.

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