Nancy García Nava

Expediente 124/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
124/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Nancy García Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción de este juzgado de distrito, transcurrió del veintiuno al veintisiete de febrero de dos mil veintidós, sin que realizara manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista este auto y los subsecuentes aun los de carácter personal. De igual forma, del contenido de la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la quejosa **********, por propio derecho y en representación de su menor hija **********, haya recurrido el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo; por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese por lista a la quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho y en representación de su menor hija **********, contra actos que reclama del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otras autoridades. Registro Fórmese expediente y regístrese en este juzgado con el consecutivo 124/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, en contra del acto reclamado, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito contempla el principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales, la ley ordinaria concede algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Ahora bien, se debe precisar que el acto reclamado deriva de una controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar que se rige por reglas específicas del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, específicamente, las contenidas Libro Quinto, denominado "De las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar". En ese contexto, el Libro Quinto del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece su propio sistema de recursos, el cual es distinto al contemplado en el Libro Primero del código procesal citado. Así, por disposición expresa del artículo 5.1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los recursos establecidos en el Libro Primero denominado "Parte general", no son aplicables a las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, ya que este tipo de controversias tiene medios de impugnación propios. Ahora, los artículos 5.1, 5.45, 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, disponen: "Artículo 5.1. Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento. Las controversias de derecho familiar, se consideran de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para actuar de oficio, especialmente tratándose de menores, discapacitados, en materia de alimentos, guarda y custodia, patria potestad y de las cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares tendentes a preservar la familia y a proteger a sus miembros. Tratándose de asuntos de reconocimiento de paternidad, el juzgador no requerirá nombrar a un tutor a favor del menor, excepto cuando quien lo promueva en su nombre tenga un interés opuesto al del menor. El juez dictará las medidas tendientes a garantizar de manera provisional y definitiva el derecho de los menores y de los padres a gozar de la convivencia familiar, velando en todo momento por la integridad física y emocional del menor." "Artículo 5.45. Las medidas provisionales serán revisadas de oficio y, en su caso modificadas en la audiencia inicial en la que, inclusive, podrán dictarse otras. Las resoluciones provisionales dictadas en la audiencia inicial sólo podrán modificarse en sentencia definitiva." "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 5.75. En audiencia, el recurso de revocación procede en contra de: I. El auto que resuelva excepciones procesales; II. El que inadmita pruebas; III. El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. (.)". De estos artículos, se advierte que en los juicios sobre controversias del estado civil de las personas y del derecho familiar, a) las resoluciones provisionales dictadas en la audiencia inicial sólo podrán modificarse en sentencia definitiva, b) los autos y decretos dictados fuera de la audiencia serán revocables conforme a las reglas generales que se especifican para tal medio de impugnación, y c) el recurso de revocación procede contra las medidas provisionales dictadas en audiencia. En ese orden de ideas, el artículo 5.75, fracción IV de la codificación invocada dispone que en audiencia, procede el recurso de revocación contra de las determinaciones que resuelvan sobre las medidas provisionales. La base expuesta revela que, en contra del pronunciamiento emitido en audiencia de juicio oral, en audiencia inicial celebrada de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, respecto a la revisión de medidas provisionales, por el cual la responsable determinó conceder convivencias entre la tercero interesada ********** y la menor **********, dictada en el expediente **********, procede el recurso de revocación. De manera que, se arriba a la conclusión de que en el caso en concreto, concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, por lo siguiente: 1) El acto reclamado consistente en el pronunciamiento emitido en audiencia de juicio oral, en audiencia inicial celebrada de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, respecto a la revisión de medidas provisionales, por el cual la responsable determinó conceder convivencias entre la tercero interesada ********** y la menor **********, proviene de un tribunal judicial (Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México); 2) El artículo 5.75, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, dispone que en audiencia, procede el recurso de revocación contra de las determinaciones que resuelvan sobre las medidas provisionales. 3) El recurso de revocación que procede está previsto dentro del procedimiento en que se emitió el acto reclamado, y; 4) La determinación que constituye el acto reclamado, puede ser revocada o modificada, a través del recurso de revocación que se interponga en su contra. Luego, si en el caso las quejosas no interpusieron el recurso de revocación en contra del acta mínima de audiencia inicial de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, evidentemente, el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Robustece a lo anterior, la tesis II.4o.C.8 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página mil seiscientos tres, XI agosto de dos mil doce, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con título, subtítulo y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES. SUPUESTOS EN QUE PUEDEN CONTROVERTIRSE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIO AL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 2.110 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos de los artículos 2.107 al 2.110 y 5.40 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la admisión de la demanda implica que las acciones, elementos o sujetos materia de admisión, formen parte del proceso litigioso y la orden de emplazamiento del demandado. En cambio, conforme a los diversos preceptos 5.43 al 5.45, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones cautelares que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: Una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional; una tercera, la improcedencia de la solicitud de alimentos. Estas tres determinaciones son independientes del auto que admite la demanda, pues la procedencia o improcedencia de la pensión alimentaria provisional depende de los requisitos previstos en los artículos 4.126 al 4.144, 4.403 y 4.404 (concubinato) del Código Civil del Estado de México; razones por las cuales, el artículo 2.110 del invocado código procesal no es aplicable a esas determinaciones, pues sólo refiere que el auto que admite la demanda no es recurrible. En ese contexto, tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dichas resoluciones en juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos, previo agotamiento del recurso de revocación, en los supuestos siguientes: En términos del artículo 5.74 del código primeramente citado, las resoluciones dictadas fuera de la audiencia inicial y el auto que negó la procedencia de la pensión alimenticia provisional son revocables, pues dicho precepto establece que los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables acorde con las reglas generales y las medidas cautelares dictadas en la audiencia inicial conforme al artículo 5.75, fracción IV, del mismo ordenamiento, también son impugnables en revocación." Asimismo, la jurisprudencia 1ª./J.44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos veintinueve, X julio de dos mil doce, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, título, subtítulo y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Se debe precisar que, en el caso no opera las excepciones al principio de definitividad, porque las quejosas no son extrañas al procedimiento y no reclaman: a) Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. c) Auto de vinculación a proceso. Además, la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a una interpretación adicional para hacerla valer, y por tanto, ese motivo tampoco actualiza una excepción al principio de definitividad. En efecto, el precitado artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y que "cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". De lo cual deriva que, sobre este punto, el legislador estableció dos hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. La primera, consiste en que será optativo para el quejoso agotar el recurso ordinario cuando la regla de su procedencia sea producto de una "interpretación adicional" del enunciado normativo que permite diversos sentidos de su significado, es decir, opuestos, uno que enuncia la procedencia del recurso ordinario contra determinada resolución y otro que establece lo contrario. La segunda, descansa en que será optativo para el quejoso agotar el recurso ordinario cuando el enunciado normativo en el que se quiere fundamentar su procedencia sea "insuficiente" para ese fin. Ahora, para ubicarse en la excepción detallada del principio de definitividad que rige el juicio de amparo y a la interpretación del artículo citado, se tiene que: a) existe un texto legal; b) la interpretación de éste permite diversos sentidos, necesariamente contrarios u opuestos en términos racionales y objetivos; y, c) el juzgador elige uno de ellos por determinadas razones. Por tanto, para la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 5.75, fracción IV, de la codificación adjetiva de la entidad, que dispone: "El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales", no se requiere una interpretación adicional o ajena al propio enunciado normativo, pues su texto no revela que se permita interpretar en diversos sentidos su significado; además, para fundamentar su procedencia tampoco se aprecia que su previsión sea insuficiente para ese fin, es decir, que deba recurrirse a otros textos legales. Por identidad jurídica se cita el criterio contenido en la tesis XXVII.3o.76 C (10a.), con registro electrónico 2019101, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en la página 2479, título, subtítulo y texto: "INTERPRETACIÓN ADICIONAL. NO SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO POR EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO DE COMERCIO ESTABLEZCA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE PREVÉ LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO ORDINARIO CONCRETO (INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES) CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN. El artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y que "cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo"; de donde deriva que el legislador estableció dos hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo: la primera, consiste en que será optativo para el quejoso agotar el recurso ordinario cuando la regla de su procedencia sea producto de una "interpretación adicional" del enunciado normativo que permite diversos sentidos de su significado, es decir, opuestos, uno que enuncia la procedencia del recurso ordinario contra determinada resolución y otro que establece lo contrario; y, la segunda, descansa en que será optativo para el quejoso agotar el recurso ordinario cuando el enunciado normativo en el que se quiere fundamentar su procedencia sea "insuficiente" para ese fin. Ahora bien, atento a la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo y a la interpretación del artículo citado, se tiene que: a) existe un texto legal; b) la interpretación de éste permite diversos sentidos, necesariamente contrarios u opuestos en términos racionales y objetivos; y, c) el juzgador elige uno de ellos por determinadas razones. Así, el hecho de que el Código de Comercio establezca como norma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual prevé un recurso ordinario concreto contra determinada resolución (el incidente de nulidad de notificaciones) no encuadra en la excepción al principio de definitividad consistente en que sea de interpretación adicional. Lo anterior, porque acudir a la supletoriedad de una norma es una interpretación sistemática mas no adicional, en la cual ésta se analiza en conjunto con las demás que conforman el ordenamiento jurídico en el que aquélla está inserta, es decir, se interpreta a la norma como parte de un todo cuyo alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece." Sin que pasa inadvertido para esta juzgadora Federal el hecho que una de los quejosas sea menor de edad, pues tal circunstancia no la exime de agotar el recurso de revocación, ya que el principio de definitividad se debe observar obligatoriamente en el juicio de amparo, lo cual implica que previamente a la presentación de la demanda, debió cumplir con esa carga procesal. Para justificar tal determinación, se cita la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), con registro digital 2005039, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de título, subtítulo y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Se desecha demanda. Por lo anterior, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve **********, por propio derecho y en representación de su menor hija **********. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en **********, y notifique el contenido del presente proveído al quejoso, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso; por tanto, una vez que haya registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, podrá válidamente promover en términos del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el siete de noviembre de dos mil veintidós, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese, y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE FEBRERO ACTUAL, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 124/2023 DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO Y EN VIRTUD DEL CITATORIO DE CATORCE DE LOS CORRIENTES

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