Nancy Fabiola Nava Hernández

Expediente 486/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
486/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Nancy Fabiola Nava Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ...contra las autoridades y el acto reclamado que precisados quedaron en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos y fundamentos desplegados en el último considerando del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Identificación promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por********************, contra actos de Notario Público Número Treinta y Tres del Estado de San Luis Potosí; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 486/2023-I-1. Incompetencia. Ahora bien, visto el contenido del escrito de demanda, este Juzgado de Distrito considera carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado por el promovente del amparo, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: ........ Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, resulta pertinente destacar que el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Así, de las dos primeras reglas competenciales se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si la determinación reclamada tiene o no ejecución material. En el caso, de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Notario Público Número Treinta y Tres del Estado de San Luis Potosí, cuyo domicilio se encuentra en la ciudad del mismo nombre, la omisión de solicitar la inscripción en el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí (antes Registro Público de la Propiedad y Comercio), y entregar testimonio del instrumento de donación celebrado entre su finado padre ******************** y la quejosa, así como omitir entregar documentos anexos. Por tanto, en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto combatido deba tener ejecución; ello, porque el acto reclamado tiene un principio de ejecución en tanto sus efectos se actualizan en el lugar de ejercicio del Notario Público Número Treinta y Tres del Estado de San Luis Potosí, con domicilio en calle Miguel Barragán Jiménez número 189, colonia Polanco, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Cierto, como lo explica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no solo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los actos negativos omisivos en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material; empero, ha precisado que los actos negativos - omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Ahora, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Sentado lo anterior, es inconcuso que el reclamo de la parte quejosa versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de efectuar, en llevar a cabo la inscripción del contrato de donación celebrado entre el de cujus y la aquí quejosa y demás actos inherentes a la traslación de dominio, en el expediente número 20203166 de dicha Notaría. Que al no haberlo hecho así, entonces se está en presencia de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no lleve a cabo lo pedido dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la buena marcha o conclusión del trámite respectivo. Entonces, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, éste tiene la naturaleza jurídica de acto omisivo con efectos positivos, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien, la parte quejosa reclama la omisión en que ha incurrido la responsable en llevar a cabo los actos necesarios para finalizar los trámites relativos a la inscripción en el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí y entregarle a la quejosa, copia del testimonio del instrumento de donación con los datos de inscripción, fecha, firma y sello; en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo, lo cierto es que, ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica; ya que ello no le permite tener la certeza del acto jurídico llevado ante la fe del Notario responsable. En tal virtud, esta juzgadora considera que resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde deban tener ejecución los actos reclamados, esto es, el que ejerce jurisdicción en la ciudad de San Luis Potosí, capital, que en el caso lo es alguno de los residentes en ese municipio, como lo establece el Acuerdo General 3/2013, en su artículo 4, fracción IX. Lo anterior encuentra sustento, por identidad de razones, en la jurisprudencia 2a./J.17/2022 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. ........ Consecuentemente, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma con sus copias, vía mensajería acelerada, al Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por el numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente electrónico y en su caso físico se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Acceso a expediente electrónico y notificación electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico y realícense las notificaciones personales a través del usuario "********************", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, se instruye a la Oficial Judicial "A" para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Autorizados. Ahora, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, por así haberse solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; personalmente a la quejosa.

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