Nancy Esthela Zuñiga Ronquillo

Expediente 1230/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1230/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Secertario de Salud de la Ciudad de México
  • Nancy Esthela Zuñiga Ronquillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que el plazo para recurrir el proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, transcurrió en exceso para la parte quejosa, siendo ésta la interesada en impugnarlo, sin que lo hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo previsto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción a), del citado Acuerdo General, al ser un asunto donde se sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, y previa acta correspondiente y su remisión a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, tres de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Director de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, denominado Servicios de Salud Pública en la Ciudad de México, en representación de los Directores de los Centros de Salud T-III "Dra. Margarita Chorné Salazar", "San Francisco Culhuacán" y T-II "Santa Úrsula Coapa", todos dependientes de dicho Organismo, por el que rinde informe justificado, señala domicilio, designa delegados y ofrece pruebas. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado, con éste dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. En términos de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que menciona; y, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De igual forma, con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de su parte la documental que exhibe, la que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, visto el estado de autos y particularmente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional, promovida por ***************, se advierte que reclamó del Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y otras autoridades, la negativa de realizarle la prueba SARS-CoV-2. Ahora bien, al rendir sus informes, tanto del cumplimiento dado a la suspensión de plano como en el justificado, la autoridad responsable Director de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, denominado Servicios de Salud Pública en la Ciudad de México, en representación de los Directores de los Centros de Salud T-III "Dra. Margarita Chorné Salazar", "San Francisco Culhuacán" y T-II "Santa Úrsula Coapa", todos dependientes de dicho Organismo, refirió que: 1. El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se dio cabal cumplimiento a la suspensión decretada, la cual tenía como efecto que las autoridades responsables valoraran, atendiendo a la sintomatología de salud que presentaba la justiciable, si era candidata para que se le realizara la prueba del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y, en caso afirmativo, se realizara la misma. Lo anterior, ciñéndose al Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de COVID-19. 2. Que no eran ciertos los actos reclamados, ya que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se le realizó a la quejosa la prueba SARS-CoV-2, la cual dio como resultado negativo. Dichas manifestaciones fueron acreditadas con las respectivas constancias que en copia certificada remitió a este juzgado federal, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. De lo anterior cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien al catorce de diciembre de dos mil veinte, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable persistía en la omisión de realizarle la prueba médica a la quejosa, lo cierto es que ello aconteció con posterioridad, por lo que, han cesado totalmente los efectos del acto reclamado, actualizándose así la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente; por lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho que en el presente asunto haya surgido el sobreseimiento decretado con motivo de las gestiones dadas por las autoridades responsables a la suspensión de plano concedida en autos, y por ello, haya quedado sin materia este asunto al habérsele aplicado a la quejosa la prueba médica de diagnóstico del virus SARS-CoV-2, reclamada, pues lo cierto es que se la ha restablecido en el goce de sus derechos fundamentales violados. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la suspensión de plano concedida en autos, en virtud que no han hecho de su conocimiento los resultados de la prueba que le practicaron para detectar el virus SARS COV-2 (COVID-19), en su persona. Al respecto, toda vez que del oficio registrado con el folio 12208, el Director de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, denominado Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, informó que en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, el Centro de Salud T.III "Dra. Margarita Chorné Salazar" le había practicado a la parte quejosa el estudio para la detección de la enfermedad conocida como COVID-19, remitiendo para tal efecto copia certificada de las impresiones de la cédula del paciente, folio 0934097009 y la ficha de laboratorio folio 09340970095957861, ambas de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, a nombre de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Centro de Salud T.III "Dra. Margarita Chorné Salazar", para que en el plazo de veinticuatro horas contados a partir del que quede legalmente notificada del presente proveído, remita el resultado de la prueba para detectar el virus SARS cov-2 (COVID-19), practicado a la quejosa Nancy Esthela Zúñiga Ronquillo. Lo anterior, apercibida de las penas en las que incurren las autoridades que no obedecen un auto de suspensión debidamente notificado, en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguense los oficios del Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del Director de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, en representación de los Directores de los Centros de Salud "Margarita Chorné Salazar", "San Francisco Culhuacán" y "Santa Úrsula Coapa", todos dependiente de dicho organismo, recibidos en el correo oficial de este órgano jurisdiccional, por el que informan el cumplimiento dado a la medida suspensional decretada, señalan domicilio y designan delegados. Asimismo, la primera de las autoridades en mención, señala que ya le fue practicado el estudio para la detección de la enfermedad conocida como COVID-19 a la hoy quejosa y al efecto remite copia certificada de la constancia con la que acredita su dicho. Se tienen por rendidos los informes respecto de la suspensión de plano concedida a favor de la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que mencionan; y, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la citada ley como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, con copia de los oficios de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la publicación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Finalmente, téngase por recibida la minuta signada por la Jefa de la Unidad de Atención Médica del Centro de Salud T-III San Francisco Culhuacán, por medio de la cual informa que el ocho de diciembre del año en curso, fecha en que acudió la quejosa a dicha unidad, no se contaba con los insumos necesarios para practicarle la prueba rápida para la detección de COVID-19. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,879 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano