Nancy Doris Gutiérrez Lara

Expediente 113/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
113/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Nancy Doris Gutiérrez Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veinte de abril de dos mil veintiuno, emitida por este Juzgado, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por---, por conducto de HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo séptimo, numeral 18, fracción I, inciso a) éste último de manera analógica que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas." En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que el expediente principal es susceptible de depuración; con excepción de la demanda, así como el auto relativo al otorgamiento de la suspensión de plano, de las cuales se ordena el desglose en su oportunidad; asimismo, se ordena se realice la copia digitalizada de las mismas; ya que si bien se sobreseyó en el juicio de amparo, fue concedida la suspensión de plano, del acto reclamado. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en que se encuentra recluida y a las demás partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, asistido de , Secretario que da fe. Leticia 2021, Año de la Independencia" JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MEXICO CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. EXPEDIENTE: PRINCIPAL NUMERO: 113/2021-V QUEJOSO: ASUNTO: HA CAUSADO ESTADO ARCHÍVESE. ACUERDO: TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO 9091/2021 DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLALNEPANTLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 113/2021-V, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE DICE: "2021, Año de la Independencia" JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MEXICO CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. EXPEDIENTE: PRINCIPAL NUMERO: 113/2021-V QUEJOSO: ASUNTO: HA CAUSADO ESTADO ARCHÍVESE. ACUERDO: TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO 9091/2021 DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLALNEPANTLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 113/2021-V, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veinte de abril de dos mil veintiuno, emitida por este Juzgado, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por, por conducto de, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo séptimo, numeral 18, fracción I, inciso a) éste último de manera analógica que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas." En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que el expediente principal es susceptible de depuración; con excepción de la demanda, así como el auto relativo al otorgamiento de la suspensión de plano, de las cuales se ordena el desglose en su oportunidad; asimismo, se ordena se realice la copia digitalizada de las mismas; ya que si bien se sobreseyó en el juicio de amparo, fue concedida la suspensión de plano, del acto reclamado. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en que se encuentra recluida y a las demás partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 113/2021-V, promovido por ---------------, por conducto de ---------------, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico, ---------------, por conducto de ------------, solicitó el amparo y protección de la justicia federal por la autoridad y actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. EL DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE TLALNEPANTLA JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN. IV. ACTO RECLAMADO. LA TORTURA, AISLAMIENTO EN EL ÁREA DE VISITA CONYUGAL VARONIL, MALOS TRATOS Y NEGATIVA DE PROPORCIONAR SERVICIO MÉDICO, MEDICINAS, ALIMENTACIÓN ADECUADA DE LA IMPETRANTE NANCY DORIS GUTIÉRREZ" SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La solicitante del amparo estimó que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos que consagran los artículos 1°, 4, 14, 18, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Resumen procesal. Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, se registró a la demanda con el número 113/2021-V; se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, y se requirió a la quejosa a efecto de que ratificara el escrito de demanda, lo que aconteció mediante diligencia de la misma fecha, por lo que el dos de marzo del año en curso, se admitió a trámite la misma, solicitándose a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los numerales Primero, fracción II; Segundo, fracción II, punto 3; Tercero, Fracción II, primer párrafo, y Cuarto, fracción II, segundo párrafo, todos del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito el cual fue reformado mediante el Acuerdo General 53/2018 del propio Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; ya que los actos reclamados tienen ejecución en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se observa que los actos reclamados por la parte quejosa a la autoridad responsable son: La tortura, el aislamiento, malos tratos, negativa de proporcionar servicio médico y medicinas, así como una alimentación adecuada a la quejosa. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. En cuanto a los actos reclamados consistentes en la tortura y malos tratos, del que dice ser objeto la aquí quejosa ---------------, la autoridad responsable Directora del Centro Penitenciario de Readaptación Social de Tlalnepantla, México, al rendir su informe justificado negó la existencia de dichos actos reclamados. Lo anterior, en virtud de que al momento de rendir informe a la suspensión de plano, la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, México, informó que la quejosa se encontraba reubicada en el área de aislamiento temporal de la íntima 2, a fin de salvaguardar la seguridad y gobernabilidad de ese Centro Penitenciario, así como la integridad física y psicológica de la quejosa, como consecuencia de una discusión en la que intervino con otra interna, por lo cual fue canalizada al área médica para su certificación, tal y como consta del informe médico suscrito por el Doctor ------------, en el que certificó que la peticionaria de amparo no tenía lesiones. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que la circunstancia de que la aquí quejosa se encontrara en aislamiento temporal de la íntima 2 del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, en modo alguno se traduce en actos de tortura y malos tratos, pues dicha medida se emitió con el fin de salvaguardar la integridad física y psicológica de la quejosa, así como de la seguridad y gobernabilidad de dicho Centro Penitenciario, a razón de la discusión que mantuvo con otra interna. Circunstancia que se corrobora con la constancia de notificación de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, que practicó el Actuario Judicial de la adscripción a la quejosa en el lugar en el cual se encuentra recluida, en donde hizo constar el estado físico de la agraviada, sin que se advirtiera lesión alguna. En mérito de lo anterior, si la autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados, era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido de los informes rendidos por la responsable, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba idóneos para desvirtuar la negativa de la existencia de los actos reclamados. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Directora del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, al rendir su informe justificado manifestó que eran inexistentes los actos reclamados consistentes en el aislamiento, negativa de proporcionarle servicio médico y medicinas, así como proporcionarle una alimentación adecuada a la quejosa; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones que realizó la responsable en los informes que rindió, en el sentido de que dichos actos habían quedado sin efectos, y que la quejosa había permanecido en un área de aislamiento debido a una infracción que cometió. Aunado a que por cuanto hace a los actos negativos reclamados, la responsable no acreditó que a la fecha de la presentación de la demanda (veintiocho de febrero de dos mil veintiuno), se haya brindado atención médica a la quejosa y se le haya proporcionado alimentación adecuada. Ello es así, ya que de la nota médica que obra en autos de uno de marzo de dos mil veintiuno, se aprecia que se hizo alusión a un dolor de cabeza de la quejosa que llevaba dos días, por lo que es dable presumir que a la fecha de presentación de la demanda la peticionaria del amparo se dolía de ese malestar, sin que se hubiese acreditado haber sido asistida por un médico, además, de que tampoco se anexó prueba alguna para acreditar que se le brindó alimentación adecuada. Además, la existencia de los actos reclamados se confirma con las copias certificadas exhibidas en apoyo al mismo, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio, antes de analizarse las cuestiones de fondo, de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la negativa de proporcionar servicio médico y medicinas, así como el aislamiento en el área de visita conyugal varonil, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Del precepto legal trascrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado quedaron insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. Para una mejor comprensión de la causal de improcedencia advertida de oficio por este Juzgador, resulta necesario tener presente lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes criterios: El publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, que prevé: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como el diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, febrero de 1998, jurisprudencia SCJN, página 219, que prevé: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado, se traducen en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse en el sentido de que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos, que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable en relación a sus informes, se advierte que: 1. A través de oficio 0673/JEF/2021, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el Jefe de Vigilancia por la custodia del Tercer Turno -----------, informó a la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, lo siguiente: "que aproximadamente a las 17:00 horas al estar realizando un recorrido por el área de lavaderos, la abordó -------------- y otra interna, quienes la habían agredido verbalmente y poco faltó para que la hubieran agredido físicamente ya que se pudo salir de la estancia 9 y que teme por su vida y por todas las que viven en esa estancia, por lo que al ubicar a las agresoras y cuestionarlas sobre los hechos, manifestaron que sí habían tenido una discusión.". 2. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, le fue impuesta a la quejosa una medida de sanción disciplinaria, consistente aislamiento temporal de la población en general, por el término de quince días como último recurso, a partir del diecinueve de febrero (fecha en que se cometió la falta) al cinco de marzo de dos mil veintiuno, en una estancia destinada para ello, es decir, en la estancia que era para visita conyugal, impuesta por el Comité Técnico de Sanción Disciplinaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, mediante acta 092. 3. Una vez terminada la sanción administrativa la quejosa debía permanecer en una celda de observación por un término no mayo de treinta días, con la finalidad de resguardar la integridad física de la quejosa, asimismo, ver su evolución y determinar su nueva ubicación previo valoración por Comité Técnico. 4. El uno de marzo de dos mil veintiuno, el Doctor Cirujano Dentista, -----------, informó que en esa misma fecha le brindó atención médica a la quejosa ---------------, encontrándola sin lesiones y refiriendo solo cefalea, por lo que proporcionó un analgésico para dar tratamiento a su padecimiento, asimismo, precisó que la cefalea es secundaria por estrés, como lo refiere la nota médica que adjuntó. Ahora bien, en el particular, el acto en estudio consiste en la negativa de proporcionar servicio médico y medicinas a la aquí quejosa ---------------. En ese sentido, la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, al momento de rendir informe de suspensión de plano, remitió el informe médico de uno de marzo del año en curso y hoja de nota médica de la misma fecha, expedida por ---------------, en su carácter de Médico del referido Centro penitenciario, de las que se advierte que le fue brindada asistencia médica a la aquí quejosa --------------- y se le proporcionó analgésico para dar tratamiento a su padecimiento de cefalea, malestar secundario generado por estrés. Sin que de la demanda de amparo se advierta que la quejosa hubiera manifestado si tenía algún padecimiento en especial, de que tipo era y cuál era la asistencia médica que requería, es decir, si requería atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, por lo cual sólo puede considerarse el malestar al que hizo alusión el doctor ---------------, en su nota médica de uno de marzo de dos mil veintiuno. Por lo que respecta al acto reclamado consistente en el aislamiento temporal en una estancia que era para visita conyugal, a la quejosa. La Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, al momento de rendir informe con justificación, indicó que la quejosa ---------------, al haber dado cumplimiento a la medida de sanción disciplinaria que le fue impuesta en fecha veintidós de febrero del año en curso, fue ubicada en el dormitorio 6 estancia 9 (dormitorio donde se encontraba antes de promover la demanda de amparo), desde el cinco de marzo de dos mil veintiuno, circunstancia que acreditó con el Acta del Comité Técnico para la ubicación de las personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario de Tlalnepantla, México, de fecha ocho de marzo de los cursantes. Documentales que merecen eficacia probatoria plena de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y resultan suficientes para acreditar la actualización de la casual de improcedencia en estudio. Por tanto, es inconcuso que los efectos de los actos reclamados en la presente instancia consistentes en la negativa de proporcionar servicio médico y medicinas, así como el aislamiento en el área de visita conyugal varonil, han desaparecido, de tal forma que las cosas vuelven al estado que tenían antes de los actos que la parte quejosa alega de inconstitucionales. Efectivamente, las conductas ejercidas por la responsable, que motivaron la promoción del juicio de amparo, cesaron, pues se reitera que el uno de marzo del año en curso, el Doctor ---------------, en su carácter de Médico del referido Centro penitenciario, brindó asistencia médica a la aquí quejosa --------------- y se le proporcionó un analgésico para dar tratamiento a su padecimiento de cefalea; asimismo, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable cesó el aislamiento de la quejosa, en virtud de que ésta había cumplido con la sanción disciplinaria que le fue impuesta en fecha veintidós de febrero del año en curso, por lo cual la ubicó en el dormitorio donde se encontraba antes de promover la demanda de amparo. Luego, si la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que los emitió u omitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En ese sentido, se estima que de concederse la protección en este juicio de amparo, existiría la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; en la especie, el de obligar a la autoridad responsable a efecto de que brinde asistencia médica a la aquí quejosa --------------- y le proporcioné medicinas para combatir la cefalea, así como regresé a la peticionaria al dormitorio donde se encontraba antes de promover la demanda de amparo; de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, de manera notoria y manifiesta, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en negativa de proporcionar servicio médico y medicinas, así como el aislamiento en el área de visita conyugal varonil. Por lo que respecta al acto reclamado consistente en la negativa de una alimentación adecuada, al ser condiciones de internamiento, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." Lo anterior, toda vez que la quejosa no agotó el principio de definitividad, pues ese acto es susceptible de resolverse mediante el procedimiento administrativo relativo a la atención de las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a las situaciones vinculadas con sus condiciones de internamiento. En efecto, del contenido de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, los derechos atinentes a las condiciones de internamiento. Este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En ese contexto, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar los derechos atinentes a las condiciones de internamiento como en el caso la peticionaria de amparo reclama la negativa de alimentación adecuada, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debió agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Lo anterior es así, pues si bien el juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, lo cierto es que deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 constitucional. Es menester resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión del acto o hecho que la motivó sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a que la solicite la persona legitimada y que el Juez de Ejecución de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición y sus efectos. Mientras que en los numerales 128 y 132 de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere que la solicite el disconforme; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reprochados, incluso, tomando como parámetro su tramitación es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud. Entonces, queda en evidencia que el acto combatido en esta instancia constitucional consistente en la negativa de alimentación adecuada de la quejosa, necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscitan en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no pueden ser combatidos en esta vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede combatir cuestiones tendentes a la alimentación que le proporcionan en el Centro Penitenciario en el que se encuentra recluida, mediante solicitud al director del centro de reclusión y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el Juez de Ejecución o de control, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada. Por ello, las condiciones de internamiento reclamadas no pueden ser sujetos al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que debió agotar el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), del Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1701, del Libro 61, página 230, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018548, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, de manera notoria y manifiesta, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en negativa de proporcionar alimentación adecuada. Por lo anteriormente expuesto, por los motivos y fundamentos y con apoyo en los artículos 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ---------------, por conducto de ---------------, por los motivos y fundamentos expresados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese a la parte quejosa en el lugar en que se encuentra recluida y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, mediante el cual comunica el auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 101/2021-V, en el cual dicho órgano jurisdiccional solicita se remita copia certificada de la papeleta, demanda, auto admisorio, si es el caso, sentencia, auto donde se declara ejecutoriada y se informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, remítanse al homologo federal, vía interconexión, las copias certificas digitales que solicita, para los efectos legales correspondientes, asimismo, se le informa que en auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno se difirió la audiencia constitucional para las diez horas con cincuenta minutos del veinte de abril del año en curso. Notifíquese a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda este juicio de amparo se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; en tal virtud y en aras de observar las reglas esenciales del procedimiento, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga su verificativo, hora y día disponibles en la agenda que al efecto se lleva en este Juzgado Federal. Al respecto, con apoyo en el numeral 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente en la audiencia constitucional en forma virtual, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia y proporcionen un correo electrónico; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional en forma virtual, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra recluida y a las demas partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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