Nancy del Carmen González Escoto

Expediente 1855/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1855/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Nancy del Carmen González Escoto

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas con treinta y dos minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 2733/2018, Mabel Cortez Navarrete, Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Hilario Núñez Arvizu, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. En estos momentos, el Secretario da cuenta a la Jueza de Distrito con el estado de autos, de los que se advierte que por auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe de la autoridad responsable Director de lo Jurídico Contencioso del municipio de Guadalajara, Jalisco, respecto de las actuaciones del expediente ***, con lo cual se le notificó de manera personal y se corrió traslado con el mismo el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha de la presente audiencia se hubiere pronunciado al respecto, con lo que se da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en sesión de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el toca en revisión A lo anterior, la Jueza acuerda: Vista la circunstancia que expone el Secretario en la cuenta que antecede, se tiene por perdido el derecho de pronunciarse a la parte quejosa de las actuaciones remitidas por la responsable, máxime si se considera que de la fecha de la notificación personal a la de la presente audiencia transcurrieron más de veinte días. Razón por la que se estima que tuvieron la oportunidad de acceder al contenido del informe complementario y hacer valer lo pertinente porque, en este caso, nada justificaría retardar la resolución del juicio de amparo, dada su naturaleza, los principios que lo rigen, así como los postulados consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además, tomando como base que resulta ocioso diferirla, dada la cuestión que se impugna; por ende, no se está en el supuesto que establece la jurisprudencia número P./J. 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "Novena Época Registro: 191995 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2000 Página: 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". Asimismo, es orientadora en el sentido expuesto, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que a continuación se transcribe, cuyos datos de localización, rubro y contenido es el siguiente: "Décima Época Registro: 2012017 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 32, Julio de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: II.2o.P.19 K (10a.) Página: 2084 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA CUANDO EL QUEJOSO NO PUDO IMPONERSE DE LAS CONSTANCIAS O FORMULAR SUS ALEGATOS, NO BASTA QUE ÉSTE ASÍ LO MANIFIESTE, SINO QUE DEBE VALORARSE, OBJETIVAMENTE, SI TUVO OPORTUNIDAD DE ACCEDER AL CONTENIDO DEL INFORME JUSTIFICADO Y HACER VALER LO PERTINENTE, SOBRE TODO, SI SU PETICIÓN LA PRESENTA CUANDO LA AUDIENCIA SE HA DIFERIDO VARIAS VECES, NO OBSTANTE ENCONTRARSE PRIVADO DE SU LIBERTAD. El artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se diferirá o suspenderá ésta, según proceda, a petición del quejoso o del tercero interesado. Asimismo, del párrafo subsecuente se advierte que el citado plazo no es el único factor determinante para que la audiencia tenga verificativo en la fecha señalada, pues esa porción normativa establece que, incluso, los informes rendidos fuera de tiempo son de tomarse en consideración, siempre que el accionante haya tenido oportunidad efectiva de conocerlos, de manera que esta cuestión es indispensable para llevar a cabo la audiencia, por lo que si 20/06/22 10:02:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.2a HILARIO NUÑEZ ARVIZU JUICIO DE AMPARO 2733/20185 existen bases razonables para asumir lo contrario, debe diferirse, a pesar de que no medie solicitud de las partes, conforme a la jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 5, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". Aun así, no basta que el quejoso manifieste no haber podido imponerse de las constancias o formular alegatos, para acceder a la solicitud de diferimiento realizada con ese motivo, sino que debe valorarse, objetivamente, si tuvo oportunidad de acceder al contenido del informe justificado y hacer valer lo pertinente porque, en este caso, nada justificaría retardar la resolución del juicio de amparo, dada su naturaleza, los principios que lo rigen, así como los postulados consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo si presenta su petición cuando la audiencia constitucional ya se ha diferido varias veces, por la suspensión del procedimiento decretada con motivo de los recursos interpuestos por las partes o por cualquier otra circunstancia que no le impida enterarse de las actuaciones y preparar la defensa de sus intereses; sin que obste que el quejoso se encuentre privado de su libertad, pues éste es sólo uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta para determinar la posibilidad que tuvo de saber el estado del asunto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Queja 250/2015. 7 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: Víctor Manuel Martínez Mata.". Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Acto continuo, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias y por leídas las mismas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva este juicio. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario da cuenta a la Jueza de Distrito, con las documentales allegadas por las partes que así lo hicieron. La Jueza de Distrito, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba antes reseñada, en razón de su propia y especial naturaleza. No existiendo más pruebas pendientes por recibir o desahogar, se cierra esta etapa. Enseguida, se abre el de alegatos, en el que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación secretarial para los efectos legales conducentes. Se cierra este periodo. Con lo anterior, se dan por concluidas estas dos fases de la presente audiencia, levantándose esta acta para constancia legal; por lo que se procede a dictar la sentencia que corresponde. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2733/2018; promovido por el ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Garantía con Derecho de Reversión identificado administrativamente con el número ***, contra los actos que reclama de las autoridades responsables Gobernador, Congreso y Secretario General del Gobierno, todas del Estado de Jalisco; Director del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; Ayuntamiento, Presidente, Titular e Integrantes del Comité de Transparencia, Titular de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, Secretario General, Síndico, Secretario de Obras Públicas, Director General de Ordenamiento del Territorio de la Secretaría de Obras Públicas, Director General de Control de la Edificación y Urbanización de la Secretaría de Obras Públicas Oficial Mayor de Padrón y Licencias, Dirección de Protección de Medio Ambiente y Dirección de Catastro, todas la autoridades del Municipio de Guadalajara, Jalisco; y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Proyección de Datos Personales del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho1 , ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Garantía con Derecho de Reversión identificado administrativamente con el número ***, por conducto de su apoderado *** promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: I. Autoridades responsables: 1. Gobernador del Estado de Jalisco. 2. Congreso del Estado de Jalisco. 3. Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco. 4. Director del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 5. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. 6. Presidente de Guadalajara, Jalisco. 7. Titular e Integrantes del Comité de Transparencia, de Guadalajara, Jalisco. 8. Titular de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, de Guadalajara, Jalisco. 9. Secretario General de Guadalajara, Jalisco. 1 Foja 2.. Secretario de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco. 12. Director General de Ordenamiento del Territorio de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco. 13. Director General de Control de la Edificación y Urbanización de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco. 14. Oficial Mayor de Padrón y Licencias de Guadalajara, Jalisco. 15. Dirección de Protección de Medio Ambiente de Guadalajara, Jalisco. 16. Dirección de Catastro de Guadalajara, Jalisco. 17. Instituto de Transparencia, Información Pública y Proyección de Datos Personales del Estado de Jalisco. II. Actos reclamados: 1. Los numerales 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 Bis, 87, 88, 89, y 90, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Jalisco y sus Municipios. 2. Los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco. 3. La entrega inminente de información de la parte quejosa, a terceros relativa a la acción urbanística del predio ubicado en la calle ***, en la ciudad de Guadalajara, con motivo de la solicitud presentada el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, por parte de un tercero. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de once de octubre de dos mil dieciocho2 , previo cumplimiento a requerimientos formulados, se admitió la demanda propuesta, a la que le correspondió el expediente 2733/2018; en consecuencia; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación y se ordenó dar vista al representante social de la adscripción; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito presentado por el apoderado de la quejosa el quince de noviembre de dos mil dieciocho, pretendió ampliar la demanda de amparo por nuevos actos referentes a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, así como de la respuesta otorgada el veinticinco de septiembre de dos mil ocho, en sentido afirmativo de acceso a la información bajo expediente ***. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó la ampliación de la demanda 2 Fojas 150 a 153 del Juicio de amparo. 3 Foja 338 a 344 Ídem. propuesta e inconforme con lo anterior, mediante escrito de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho se interpuso recurso de queja. Mediante resolución dictada en el recurso de queja***, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, 4 resolvió fundado el medio de defensa ordenando nuevo pronunciamiento respecto de la ampliación de demanda. No obstante lo anterior, por auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se informó a la Superioridad que no era materialmente posible dar cumplimiento a la resolución de la queja dada la nueva situación creada por la sentencia dictada en el juicio de amparo, la cual tuvo verificativo el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en la que se dictó sentencia y se sobreseyó en el juicio. CUARTO. Inconforme con la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, por auto de once de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo al autorizado de la parte quejosa interponiendo recurso de revisión, del cual tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mismo que la registró con el número *** y en sesión de cuatro de julio de dos mil 4 Fojas 421 a 439 del Juicio de Amparo. 5 Fojas 405 a 413 Ídem. 6 Foja 480 Ibídem. determinó reponer el procedimiento para el pronunciamiento del escrito de ampliación de demanda. Cabe precisar que el argumento toral de la resolución antes citada. "Por tanto, como la Litis constitucional se circunscribe en analizar si transparentar la documentación e información defendida por la sociedad quejosa se apega o no al orden constitucional, es inconcuso que la ampliación de la acción de amparo en los términos hechos valer sí encontraba cabida en el juicio de ampro de procedencia, porque indiscutiblemente todo converge en transparentar la información de la acción urbanística desarrollada en ***número *** municipio de Guadalajara, Jalisco." En cumplimiento a lo anterior, por auto de dieciséis de julio de dos mil nueve, se repuso el procedimiento y se admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo, se requirió informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. QUINTO. Cumplimentada la resolución de la Superioridad, se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el cinco de diciembre de dos mil diecinueve y se terminó de engrosar la sentencia 7 Fojas 509 a 533 Ibídemrespectiva el cuatro de marzo de dos mil veinte, sobreseyendo en el juicio. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca en revisión ***, en el que en sesión de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, resolvió reponer el procedimiento a fin de que se recabaran las actuaciones del *** y dar vista a la parte quejosa con su contenido a fin de que ésta pueda alegar y demostrar en relación a los informes justificados respectivos, lo que así se hizo mediante auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, notificado de manera personal el día dieciocho siguiente, sin que a la fecha de la presente sentencia se hubiere pronunciado al respecto. Port tanto, una vez fijada fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la misma se celebra al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, los escritos aclaratorios, de ampliación de demanda, así como de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, se hacen consistir en: 1. Los numerales 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 Bis, 87, 88, 89, y 90, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Jalisco y sus Municipios. 2. Los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco. 3. La inminente entrega de diversa información de la parte quejosa, relativa a edificar en el predio ubicado en la calle ***, en la ciudad de Guadalajara, motivo de la solicitud presentada el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, por parte de un tercero. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente, Titular e Integrantes del Comité de Transparencia, Titular de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, Secretario General, Síndico, Secretario de Obras Públicas, Director General de Ordenamiento del Territorio de la Secretaría de Obras Públicas, Director General de Control de la Edificación y Urbanización de la Secretaría de Obras Públicas Oficial Mayor de Padrón y Licencias, Dirección de Protección de Medio Ambiente y Dirección de Catastro, todas la autoridades del Municipio de Guadalajara, Jalisco; y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Proyección de Datos Personales del Estado de Jalisco, al rendir sus informes justificados8 negaron la existencia de los actos reclamados, en el ámbito de sus respectivas competencias. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa, aun cuando se le dio vista con dichos informes, pues no ofreció medio de convicción idóneo para ese fin. En este contexto, se estima conveniente 8 Fojas 189 y 306. reproducir el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Conforme a lo anterior, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos no quede demostrada la existencia de los actos impugnados a las autoridades señaladas como responsables. En el caso, en contra de la negativa de las responsables, no obra en autos, ningún medio de convicción idóneo que se haya ofrecido por las partes, para demostrar la existencia de los actos reclamados en este sumario constitucional. Aún más, de la copia certificada del acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho9 , dictado por la Directora de Transparencia y Buenas Prácticas de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, que remitió la Directora de lo Jurídico Contencioso de la Sindicatura de ese municipio, se aprecia que caducó la solicitud de información presentada por una tercera, de conformidad con el artículo 89, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a 9 Foja 403. la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo que corrobora además la inexistencia de la inminente entrega de información y documentación confidencial de la parte quejosa a un tercero. Por lo anterior, también se satisface lo determinado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal ***, en sesión de cuatro de julio de dos mil diecinueve, 10 determinó reponer el procedimiento para el pronunciamiento del escrito de ampliación de demanda al determinar que la Litis se centraba en analizar si transparentar la información de la quejosa conculcaba o no sus derechos fundamentales, pues como se vio, dicha solicitud fue caducada en sede administrativa. Así, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio. CUARTO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador, Congreso y Secretario General del Gobierno, todas del Estado de Jalisco; ya que así lo manifestaron respectivamente al rendir su informe justificado11 . 10 Fojas 509 a 533 Ibídem. 11 Fojas 156 y 187. Por lo que ve al acto reclamado a la autoridad denominada Director del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco, se presumen ciertos los actos, pues no obstante de que fue debidamente notificada para ello,12 fue omisa en rendir su informe con justificación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Además, las disposiciones legales cuya inconstitucionalidad se reclama son del conocimiento general, al haber sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado, por consiguiente, no es objeto de prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de este ordenamiento. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro y texto siguiente: "Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS 12 Fojas 171 y 368 del juicio de amparo. GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". QUINTO. Causa de sobreseimiento. Este Juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la jurisprudencia 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a los actos reclamados precisados en los numerales 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 Bis, 87, 88, 89, y 90, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Jalisco y sus Municipios y a los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco, en atención a lo resuelto en el considerando tercero de este fallo. La jurisprudencia en cita obedece a la siguiente inserción. Novena Época Registro: 191311 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 71/2000 Página: 235 LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dicho artículo, en el que se prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de AmparoAhora bien, en el criterio jurisprudencial transcrito, se aprecia que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Luego, se debe analizar, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario la hipótesis jurídica controvertida, y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. En el caso que nos ocupa, quedó demostrado en el considerando tercero de este fallo, la inexistencia de los actos reclamados, que eventualmente podrían constituir el primer acto de aplicación de las disposiciones impugnadas; por lo que en estas circunstancias, es evidente que este Juzgador esté imposibilitado para desvincular el estudio de los preceptos normativos reclamados, respecto de su acto de aplicación, pues éste último es el que le causaría un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, al no haberse acreditado la existencia de los actos de aplicación, y por consiguiente, haber determinado su sobreseimiento, necesariamente comprende a los artículos impugnados. Robustece la determinación en su parte conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Séptima Época Registro: 232361 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 181-186, Primera Parte Materia(s): Constitucional Tesis: Página: 251 LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION.- Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.". Asimismo, es aplicable a los argumentos esbozados en líneas anteriores, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que señala: "Novena Época Registro: 196954 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 77/97 Página: 382 LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.- Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio.". Sin que esta determinación transgreda lo establecido en la jurisprudencia que a continuación se inserta. "Décima Época Registro: 2016219 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XXI.1o.P.A. J/8 (10a.) Página: 1217 AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, NO IMPIDE ANALIZAR SU ACTO DE APLICACIÓN SI SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. La vinculación en el estudio de una ley o reglamento en relación con su acto de aplicación se actualiza cuando la inconstitucionalidad de éste se hace derivar de la propia norma controvertida. Sin embargo, si en la demanda de amparo se tilda de inconstitucional un ordenamiento de observancia general, pero al mismo tiempo su acto de aplicación se combate por vicios propios, salvo que se conceda la protección de la Justicia de la Unión respecto de la norma jurídica, habrá obligación de examinar y pronunciarse en torno a la legalidad planteada de dicho acto, ya que el análisis respectivo es autónomo por no guardar vinculación alguna con el estudio efectuado en relación con el ordenamiento legal impugnado. Por ende, si se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que se refiere a la ley o reglamento impugnado, esta determinación no impide al órgano de control constitucional abordar los conceptos de violación que fueron propuestos con el objeto de demostrar los vicios propios del acto de aplicación de la norma controvertida, acorde con la obligación que deriva de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar a los diversos 74 y 75 de la vigente." Lo anterior es así, ya que en el caso que nos ocupa, de los conceptos de violación plateados por la parte quejosa, no se advierte que se hayan reclamado las disposiciones normativas por vicios propios en su emisión; de ahí que dicho criterio no resulte aplicable a este juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Garantía con Derecho de Reversión identificado administrativamente con el número ***, contra los actos que reclama de las autoridades responsables Gobernador, Congreso y Secretario General del Gobierno, todas del Estado de Jalisco; Director del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; Ayuntamiento, Presidente, Titular e Integrantes del Comité de Transparencia, Titular de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, Secretario General, Síndico, Secretario de Obras Públicas, Director General de Ordenamiento del Territorio de la Secretaría de Obras Públicas, Director General de Control de la Edificación y Urbanización de la Secretaría de Obras Públicas Oficial Mayor de Padrón y Licencias, Dirección de Protección de Medio Ambiente y Dirección de Catastro, todas la autoridades del Municipio de Guadalajara, Jalisco; y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Proyección de Datos Personales del Estado de Jalisco; por los actos reclamados indicados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último del propio fallo. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Solicítese información. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por ***, por cuestión de la materia, por lo que se remitió la misma, junto con sus anexos, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, mediante oficio ***, del índice local, sin que a la fecha se tenga conocimiento del Órgano Jurisdiccional que por razón del turno le correspondió conocer de dicho asunto. En razón de lo anterior, solicítese al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, para que dentro del término de tres días contados a partir de que le surta efectos la presente notificación, informe a qué Juzgado le correspondió conocer de la demanda en cuestión, por razón de turno.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese expedientillo. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en el presente asunto se terminó de engrosar la sentencia el veintitrés de julio del año en curso; por tanto, agréguese el expedientillo relativo, para los efectos legales a que haya lugar. Levanta reserva. En razón de lo anterior, se levanta la reserva contenida en proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, y se provee lo siguiente. Autorizado en términos restringidos. Visto nuevamente el escrito signado por la parte quejosa, de registro 10902, téngasele designando como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *, por así haberlo solicitado expresamente. Solicítese turno de revisiones. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por el apoderado legal de la tercero interesada *, Sociedad Anónima de Capital Variable; atento a su contenido, y tomando en consideración que los recursos de revisión interpuestos contra la sentencia emitida en el asunto en que se actúa, por la parte quejosa y tercera interesada, se encuentran integrados, de conformidad con la Circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio de dos mil veinte, suscrita por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese, vía correo electrónico institucional, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, turne al tribunal que corresponda, los recursos de revisión en comento. Asimismo, remita por la misma vía, la boleta correspondiente, para estar en aptitud de realizar la remisión del asunto, vía electrónica. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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