Nancy Daniela Gomez Mendoza

Expediente 148/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 52 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
148/2018
Año
2018
Actuaciones
52
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Nancy Daniela Gomez Mendoza
  • Cogreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, conforme así lo permiten las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En ese contexto, se tiene por consentido el acuerdo en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este asunto; asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo , relativo a la identidad que debe existir entre el expediente electrónico y el físico, lo cual hasta este momento no acontece, pues no obran de manera digital la totalidad de las notificaciones realizadas a las partes de este asunto. Por tanto, a efecto de estar en condiciones de archivar el expediente que nos ocupa, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo precisado en el párrafo que antecede, se ordena al actuario judicial que por terminación corresponda a la brevedad posible efectúe la total digitalización y vinculación de las notificaciones realizadas en este asunto al Sistema Integral de Expedientes correspondiente a este asunto, a efecto de lograr la correcta integración del expediente electrónico de este expediente; para colmar la identidad entre éste y el físico, como expresamente lo establece dicho dispositivo. Hecho lo anterior, y previa constatación de colmar las exigencias en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a dar en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades correspondientes.

  2. Principal

    I-Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, sin que haya realizado manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector realizado por la autoridad responsable; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. En principio, es necesario puntualizar que el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia constitucional, en la cual por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a la quejosa Nancy Daniela Gómez Mendoza, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables. En tal virtud, mediante oficio presentado ante este Juzgado el ocho de enero de dos mil diecinueve, la autoridad delegado de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. Luego, mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución sesionada en amparo en revisión 127/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, quedando los puntos resolutivos de la siguiente manera: PRIMERO. Queda firme sobreseimiento decretado en el punto resolutivo "PRIMERO" de la resolución impugnada. SEGUNDO. Se reserva jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la constitucionalidad del artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TERCERO. Remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación." En virtud de lo anterior, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se recibió la determinación de dos de septiembre de dos mil diecinueve emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que el más alto Tribunal asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión hecho valer por el Presidente de la República, por lo que procedió a admitir el citado recurso, quedando registrado con el número de amparo en revisión 694/2019, de su índice. Consecuentemente, el dieciséis de enero de dos mil veinte, se recibió testimonio de la resolución recaída en el mencionado amparo en revisión, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, donde procedió a resolver lo siguiente: PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables director general del ISSSTE, delegado Estatal de dicho instituto, secretario de Gobernación y el director del Diario Oficial, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia la Unión no ampara ni protege a la quejosa respecto del artículo 248 de la Ley del ISSSTE, reclamando al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso de la Unión. CUARTO. La justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa en contra del oficio 23.302/DPSH/1750/2017 de trece de diciembre de dos mil diecisiete en el que se negó el otorgamiento de la pensión retroactiva de orfandad, emitido por el jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Chetumal, del ISSSTE, para los efectos indicados en el apartado V, de esta sentencia. Así, el seis de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio DT-50/2020, signado por la subsecretaria de acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual remitió los autos originales de este expediente, por consiguiente, se requirió a la autoridad responsable jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones Delegación Chetumal del ISSSTE, para que remitiera las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector, respecto de los efectos siguientes: Deje sin efectos el oficio en el que se negó el otorgamiento de la pensión retroactiva de orfandad, y Emita otra resolución en la que se pronuncie sobre la solicitud de la quejosa, tomando en cuenta que deberá interpretar lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley del ISSSTE conforme al criterio desarrollado en la presente ejecutoria y, posteriormente, realice el cálculo de los montos adeudados a la quejosa derivados de la pensión por orfandad a partir del momento en que se generó el derecho (doce de diciembre de dos mil seis). En cumplimiento a lo anterior, el catorce de febrero de dos mil veinte, se recibió el oficio 023.302/SP/282/2019, de la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informó que se dejaba insubsistente el diverso 023.302/DPSH/1750/2017 de trece de diciembre de dos mil diecisiete, por medio del cual negó a la quejosa el otorgamiento de la pensión retroactiva de orfandad solicitada el quince de noviembre de dos mil diecisiete. A partir del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio del año dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos, decretado por los Acuerdos Generales 5/2020 al 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2, por lo que todos los asuntos de manera paulatina se fueron dando seguimiento, conforme a las cargas de trabajo de este juzgado; por lo que, seguida la secuela procesal, hasta el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la responsable que acreditara ante este juzgado con constancias fehacientes, haber dado total cumplimiento al fallo protector de mérito. Por lo que, el treinta de septiembre de dos mil veinte, se recibió el oficio 023.130.600.1.UJ/JA/608/2020 del titular de la unidad jurídica y en representación de la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, de cuyo contenido se desprende que mediante oficio 023.302/SP/1763/2020 de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitió otra resolución en la que se pronunció sobre la solicitud de la quejosa, en la que realizó diversos cálculos de los montos adeudados derivados de la pensión por orfandad a partir del momento en que se generó el derecho (doce de diciembre de dos mil seis), cuya cantidad a pagar ascendió a $319,461.57 (trescientos diecinueve mil cuatrocientos sesenta y un pesos 57/100 moneda nacional), cuantía que refirió que sería pagado mediante cheque, el cual estaría a su disposición en la Delegación del ISSSTE en Quintana Roo, en la primera quincena del mes de octubre de dos mil veinte. En tal virtud, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad de mérito remitió diversas constancias en las cuales se desprende que entregó a la parte quejosa el cheque identificado con el número 0002537 de veintitrés de octubre de dos mil veinte, por la cantidad de $319,461.57 (trescientos diecinueve mil cuatrocientos sesenta y un pesos 57/100 moneda nacional), acreditando tal circunstancia con el documento adjunto consistente en la credencial de elector de la parte quejosa en el que se advierte que lo recibió el diez de noviembre de dos mil veinte, por encontrarse su rúbrica y huella de la misma. Sin embargo, el veintidós de julio de dos mil veintiuno, se declaró por no cumplida la sentencia dictada en autos, dada la manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en las que exteriorizó que la responsable realizara de manera de correcta el cálculo de su pensión por orfandad, dado que advirtió unos errores matemáticos en el pago de dicha pensión; por lo que se procedió a requerir a la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que remitiera las constancias con las cuales se basó para calcular la pensión por orfandad, a partir de que se generó el derecho de la aquí quejosa que fue desde el doce de diciembre de dos mil seis, debiendo observar lo señalado por la amparista. Por lo tanto, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 023.302/SP/4217/2021 del suplente por ausencia del titular de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunicó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, adjuntando copia certificada de diversas constancias para corroborar su dicho, remitiendo el oficio número 023.302/SP/2677/2021 de cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, de cuyo contenido se desprende que realizó el cálculo del pago de la pensión de la parte quejosa a partir del doce de diciembre de dos mil seis, hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno aplicando sus respectivos incrementos, desglosando en un tabla los periodos, cuota inicial y actualizada, así como percepción total de la pensión de la parte quejosa, de cuyos montos generados existía un saldo a su favor por la cantidad de $24,555.81 (Son: veinticuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 81/100 m.n.), que fue notificada el once de octubre de dos mil veintiuno. Por consiguiente, en proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la responsable dando total cumplimiento a la ejecutoria, en la que acreditó la entrega del cheque número 0002937 a la parte quejosa por la cantidad de $24,555.81 (Son: veinticuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 81/100 m.n.), acreditando tal circunstancia con el documento adjunto consistente en la credencial de elector de la parte quejosa en el que se advierte que lo recibió el día once de octubre de dos mil veintiuno, por encontrarse su rúbrica. Además, el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad titular de la Unidad Jurídica en representación del jefe del Departamento en la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, en la Oficina de Representación del ISSSTE en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitiendo en alcance al cumplimiento de ejecutoria, copia certificada, legible y completa del cheque 0002937, de diez de septiembre dos mil veintiuno, expedido a favor de la quejosa por la cantidad de $24,555.81 (veinticuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 81/100 moneda nacional). Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, expedidos por un funcionario con facultades para ello, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común. En este contexto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que dio cumplimiento a la resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 694/2019, dado que dejó sin efectos el oficio en el que se negó el otorgamiento de la pensión retroactiva de orfandad, y emitió otra resolución en la que se pronunció sobre la solicitud de la quejosa, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley del ISSSTE conforme al criterio desarrollado en la ejecutoria de la superioridad y, realizando el cálculo de los montos adeudados a la quejosa derivados de la pensión por orfandad a partir del momento en que se generó el derecho que lo fue el doce de diciembre de dos mil seis, cantidades que acreditó haber pagado en su totalidad a la parte quejosa. Lo anterior, permite conocer que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo.Infórmese a la parte quejosa, que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estima pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este proveído, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    I-Agréguese a los autos el oficio signado por el titular de la Unidad Jurídica y en representación del jefe del Departamento en la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación, Comisionado para el ejercicio de las funciones relativas a las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, en la Oficina de Representación del ISSSTE en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado el catorce del mes y año en curso, remite copia certificada, legible y completa del cheque 0002937, de diez de septiembre último, expedido a favor de la quejosa por la cantidad de $24,555.81 (veinticuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 81/100 moneda nacional). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las documentales remitidas por la autoridad oficiante, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días computados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes invocado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    I-Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, de los que se advierte que el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se recibió la determinación de dos de septiembre de dos mil diecinueve emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión hecho valer por el Presidente de la República, por lo que procedió a admitir el citado recurso, quedando registrado con el número de amparo en revisión 694/2019, de su índice. Consecuentemente, el quince de enero de dos mil veinte, se recibió testimonio de la resolución pronunciada en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el mencionado amparo en revisión, donde procedió a resolver lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables director general del ISSSTE, delegado Estatal de dicho instituto, secretario de Gobernación y el director del Diario Oficial, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia la Unión no ampara ni protege a la quejosa respecto del artículo 248 de la Ley del ISSSTE, reclamando al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso de la Unión. CUARTO. La justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa en contra del oficio 23.302/DPSH/1750/2017 de trece de diciembre de dos mil diecisiete en el que se negó el otorgamiento de la pensión retroactiva de orfandad, emitido por el jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Chetumal, del ISSSTE, para los efectos indicados en el apartado V, de esta sentencia." Ahora, de las constancias que integran este asunto se desprende diversas gestiones realizadas por la responsable para dar cumplimiento con dicha ejecutoria, en lo particular el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad titular de la Unidad Jurídica y en representación de la suplente por ausencia del titular de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitiendo la constancia consistente en: Copia certificada de la copia de credencial de elector de la que se advierte la entrega a la quejosa Nancy Daniela Gómez Mendoza del cheque identificado con el número 0002937, desde el día once de octubre de dos mil veintiuno, por encontrarse la rúbrica de la citada. Al respecto, el veintidós de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por no cumplida la sentencia dictada en autos, dado que advirtió errores matemáticos en el pago de dicha pensión; por lo que se procedió a requerir a la responsable, para que remitiera las constancias con las cuales se basó para calcular la pensión por orfandad, a partir de que se generó el derecho de la aquí quejosa que fue desde el doce de diciembre de dos mil seis. En consecuencia, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la responsable informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia constitucional adjuntando copia certificada de diversas constancias para corroborar su dicho, en específico el oficio 023.302/SP/2677/2021 de cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, de cuyo contenido se desprende que realizó el cálculo del pago de la pensión de la parte quejosa a partir del doce de diciembre de dos mil seis, hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno aplicando sus respectivos incrementos, desglosando en un tabla los periodos, cuota inicial y actualizada, así como percepción total de la pensión de la parte quejosa, de cuyos montos generados existía un saldo a su favor por la cantidad de $24,555.81 (Veinte mil cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 81/100 moneda nacional), misma que fue notificada a la misma el once de octubre de dos mil veintiuno. Así, se observa la intención de la responsable de remitir las constancias para acreditar el total cumplimiento al fallo protector en este juicio constitucional, como en el caso lo es realizar a favor de la quejosa el pago faltante respecto de la cantidad precisada en líneas que anteceden; sin embargo, no exhibió el cheque identificado con el número 0002937, al cual hace referencia en el aludido oficio 023.302/SP/2677/2021, del cual se desprenda que ese cheque fuera entregado a Nancy Daniela Gómez Mendoza, por la cantidad de $24,555.81 (Veinte mil cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 81/100 moneda nacional), por concepto del remanente al pago de la pensión por orfandad generado del cálculo que hizo la responsable a partir del doce de diciembre de dos mil seis, hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno aplicando los respectivos incrementos a las cuotas diarias asignadas a su pensión. Pues al respecto, mediante oficio 023.130.600.1.UJ/JA/1136/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la responsable adjuntó copia certificada de la identificación de la quejosa donde se desprende que suscribió recibir el cheque 2937, el once de octubre de dos mil veintiuno, asentando su nombre y firma, sin embargo, ello no es suficiente para tener certeza sobre la existencia de ese documento, lo que resulta indispensable para estar en posibilidad de emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional dictada en este expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad titular de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada, legible y completa del cheque 0002937 por la cantidad de $24,555.81 (Veinte mil cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 81/100 m.n.). Apercibida la responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de la Materia, y en relación con los diversos numerales 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Penal, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, el seis de febrero del año dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio DT-50/2020, signado por la subsecretaria de acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual remitió los autos originales de este expediente, a efecto de dar cumplimiento a la resolución recaída en el amparo en revisión 694/2019, de cuyo contenido, se desprende que solicitó el envío de los acuses en los cuales se acreditará la notificación de la citada resolución. En virtud de lo anterior, dado que las constancias de los oficios números 1883/2020, 1884/2020, 1885/2020, 1886/2020, 1887/2020, 1888/2020, 1889/2020 y 1890/2020 de seis de febrero de dos mil veinte, dirigidos a las autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación, director del Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, así como el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, al servicio del estado y Delegado General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, al Servicio del Estado en Quintana Roo y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, Subdelegación de Prestaciones, Delegación Chetumal, ambas con sede en esta ciudad, ya se encuentran glosados en autos, procédase a remitir copia de los citadas constancias vía MINTERSCJN a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades correspondientes.

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