Nancy Cortés Joachin

Expediente 1341/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1341/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Nancy Cortés Joachin

Actuaciones

  1. Principal

    fórmese expediente impreso y electrónico. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Asimismo, como lo pide la impetrante de amparo, con apoyo en el artículo 128 de la ley de la materia tramítese en la vía incidental, por cuerda separada y duplicado, la suspensión que se solicita. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen solo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Es importante destacar que si bien, el artículo 124 de la Ley de Amparo, dispone que las audiencias constitucionales serán públicas, aquellas no están supeditadas para su desahogo, a que deban comparecer las partes. De ahí que pueda llevarse a cabo aún sin su asistencia. INFORME JUSTIFICADO. Con copia de la demanda y anexos, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberán rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para el efecto de que informe a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama la quejosa, se han promovido diversos juicios de amparo, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. Con el apercibimiento que 1) de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se le impondrá una multa por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil Unidades de Medida y Actualización vigente, y en el segundo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 260 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y Adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa por anunciadas como pruebas las documentales que anexa en su escrito de cuenta, mismas que será relacionada el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el que indica la promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho; y las restantes personas para oír y recibir notificaciones. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a la autoridad responsable que en caso que desee incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

  2. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo promovido por Nancy Cortés Joachin, por derecho propio, contra actos del Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, residente en esta ciudad y otras autoridades. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, ya formularon en el cuaderno principal, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se fijan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA 2 VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a las autoridades responsables que la falta de la rendición oportuna de su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá respectivamente, una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, es necesario precisar la conducta que la parte quejosa reclama en la especie, por lo que después de la lectura integral del ocurso que se provee, se advierte que es la siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA. 1.- Licenciado Ricardo Ferrer Martínez, en su calidad de Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia. De quien reclamo los siguientes actos: I.- El ilegal acto de la desvinculación laboral de la suscrita con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la cual se me hizo sabedora mediante oficio número FGE/VCEyAPJ/885/2023, de fecha 28 de septiembre del 2023, y las razones enunciadas en el referido oficio por lo que se me dio por terminada la relación laboral con esa Autoridad. II.- La Orden de suspensión de mi salario y/o emolumentos relativos al mes de septiembre del año dos mil veintitrés y su ejecución, afectando mis derechos fundamentales y mi garantía de recibir mi salario producto de mi trabajo. 2.-Encargado de la Dirección del Órgano interno 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA Incidente de suspensión 1341/2023 3 de Control de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. De quiénes reclamo los siguientes actos: I). - La falta de llamamiento o emplazamiento de un cuadernillo de investigación con número EPRA/257/2023, en el que supuestamente me encuentra relacionado la suscrita y que se encuentra en trámite, de cual no tengo conocimiento alguno pues la responsable ha sido omisa en notificarme la situación que guardan II). La falta de llamamiento o emplazamiento de cualquier procedimiento Administrativo iniciado en mi contra por la responsable, llámese incidente y/o procedimiento administrativo disciplinario y que no haya señalado la responsable en el oficio de fecha 28 de septiembre del 2023, y del cual la suscrita deba tener conocimiento. III).- Todas y cada una de las actuaciones practicadas en el cuadernillo de investigación con número EPRA/257/2023, en el que supuestamente me encuentro relacionada y que se encuentra en trámite, del cual no tengo conocimiento alguno pues la responsable ha sido omisa en notificarme la situación que guardan. AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA. 1.- Director General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. De quien reclamo los siguientes actos: I). - La suspensión de mi salario y/o emolumentos relativos al mes de septiembre del año dos mil veintitrés y su ejecución, afectando mis derechos fundamentales y mi garantía de recibir mi salario producto de mi trabajo. En congruencia con lo anterior, se advierte que la medida cautelar se solicita para lo siguiente: ". solicito se me conceda la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es para que cesen los actos reclamados y se me cubran mis pagos subsecuentes de mis mensualidades, a partir de que se me otorgue la suspensión provisional tomando en cuenta de que se trata de actos de tracto sucesivo y además es mi único sustento del suscrito y de mi familia que depende de mí". SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA 4 Ahora bien, previo a determinar la procedencia o improcedencia de la medida cautelar que solicita la ahora incidentista, resulta necesario atender a lo establecido en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, numerales que son de contenido siguiente: "ARTÍCULO 128.- Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. "ARTÍCULO 129.- Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos: III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos. X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA Incidente de suspensión 1341/2023 5 segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Hecha la precisión anterior, y de acuerdo a lo establecido en los numerales en cita, este órgano jurisdiccional concluye que lo procedente es conceder la suspensión provisional que solicita la parte quejosa aquí incidentista Nancy Cortés Joachin, para el efecto de que las autoridades responsables no retengan la parte correspondiente al treinta por ciento (30%) de los ingresos reales de la referida incidentista, ello, con motivo de la medida cautelar impuesta, consistente en la de retención de salarios, y a fin de salvaguardar las necesidades básicas de subsistencia del elemento policial y de su familia, además dichas autoridades deberán cuidar que dicha cantidad no sea inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución para la que labora el solicitante de la suspensión; lo anterior, en razón de que la ahora quejosa se encuentra sujeta a una investigación 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA 6 administrativa provisional. Tiene aplicación a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 3/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, página: 8, de la Décima Época, con registro 2013719, de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA Incidente de suspensión 1341/2023 7 servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial." [Énfasis añadida] De igual forma, el diverso criterio 2a. XVIII/2015 (10a.), sustentado por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 838, de la Décima Época, con registro 2008946, de contenido: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se llega a la convicción de que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA 8 contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores, así como en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte resolución administrativa en la que determine su responsabilidad y destitución del cargo. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, momento en el cual, al haber sido desvinculado de la institución, puede buscar otra fuente de ingresos." [Énfasis añadida] En el entendido de que la suspensión definitiva antes concedida, surtirá efectos hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la interlocutoria dictada en este incidente de suspensión, ya que es evidente que con la ejecución de los actos reclamados, se causaría al incidentista daños y perjuicios de difícil reparación, dado que los mismos son de tracto sucesivo, aunado a que tal medida no infringe disposiciones de orden público ni contraviene el interés social. Sirven de orientación la jurisprudencia PC.I.A. J/52 A (10a.) visible en el Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, Materia Común, página 3115, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, registro 2010106, de la siguiente literalidad: 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA Incidente de suspensión 1341/20239 "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CONTINÚEN PAGANDO LOS EMOLUMENTOS QUE LES CORRESPONDEN. Tratándose de la facultad punitiva del Estado, en su vertiente del derecho administrativo sancionador, es aplicable el principio de "presunción de inocencia" o "de no responsabilidad", el cual consagra, entre otras, una regla de trato procesal a favor de las personas sujetas a un procedimiento que puede concluir con la imposición de una sanción, que se traduce en no aplicar medidas que impliquen colocarlas en una situación de hecho equiparable entre imputadas y culpables y, por tanto, la prohibición de dictar resoluciones que supongan la anticipación de la sanción. Ahora bien, en los procedimientos administrativos de separación de los elementos de instituciones de seguridad pública, regidos por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los órganos instructores apartarlos del servicio provisionalmente, con la consecuente privación de sus percepciones, resolución con la que puede verse comprometido el principio de presunción de no responsabilidad en su vertiente de regla de trato, en la medida en que, de un análisis preliminar, propio del que está autorizado a efectuarse en el incidente de suspensión en el juicio de amparo, se trata de una afectación que supone que durante el procedimiento administrativo sancionador se les coloque en una situación con condiciones análogas a las de quien ya fue separado definitivamente. De ahí que, con base en el postulado constitucional de presunción de no responsabilidad, debe concederse la suspensión a efecto de que, sin reinstalar a los elementos policiales, se continúen pagando los emolumentos que les correspondan, pues su otorgamiento con tales alcances no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, sino que se adecua la situación del agente policiaco privado de sus salarios a los postulados constitucionales 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA 10 que operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio de amparo." Sirve de orientación la tesis PC.IV.C. J/3 K (10a.), visible en el Libro 21, octubre de 2015, Tomo II, Materia Común, página: 1448, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009364, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DE UN SERVIDOR PÚBLICO ACTIVO, LA RETENCIÓN DEL SALARIO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA." La anterior medida se concede siempre y cuando dicho acto no provenga de autoridades distintas a las señaladas en la demanda de amparo, y que la suspensión de salario que la quejosa reclama en el presente asunto no derive de un procedimiento administrativo seguido en su contra en el cual se le haya condenado al cese o inhabilitación de sus funciones de manera definitiva, pues en estos supuestos la suspensión aquí otorgada no podrá surtir efecto alguno, dado que con ello se afectaría el orden público. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 34/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Administrativa de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA Incidente de suspensión 1341/2023 11 servicio de manera directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en que venía prestando el servicio, aunado a que en esta hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo." Por lo que respecta a que se abstenga de emitir una resolución en la que se le decrete la baja del servicio, lo procedente es conceder la suspensión provisional que solicita la aquí incidentista Nancy Cortés Joachin, para efecto de que la autoridad responsable ordenadora continúe con el procedimiento administrativo EPRA/257/2023, el cual no debe suspenderse por ser de orden público, pero deberá abstenerse de dictar la resolución correspondiente; hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado en el criterio de jurisprudencia 2a./J. 76/2012 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1,Materia(s): Constitucional, Común, página 921, de la Décima Época, con registro 2001513, de la siguiente literalidad: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 07/09/24 18:27:36 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.58.14 ROSA ISELA CERNAS GARCIA 12 Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa por anunciadas como pruebas las documentales que anexa en su escrito de cuenta, mismas que será relacionada el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el que indica la promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Martínez Martínez, Miguel Macedo Ríos y Eugenia Marín Neri, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho; y las restantes personas para oír y recibir notificaciones. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuacio

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