Nancy Cecilia Hernández Flores

Expediente 1109/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1109/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Nancy Cecilia Hernández Flores

Actuaciones

  1. Principal

    QUEDA FIRME el auto por el cual se desechó la demanda da amparo.

  2. Principal

    se requiere a la parte quejosa para que el SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, comparezca por medio de su apoderado legal, debidamente identificado, ante las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional para la entrega-recepción del título de crédito expedido por la autoridad responsable. En el entendido que de no hacerlo, se le tendrá por desinteresada a dicha parte del cumplimiento del fallo protector.

  3. Principal

    SIN QUE SE HAYA PRESENTADO LA PARTE QUEJOSA A EFECTO DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACUERDO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN AQUEL Y SE LE HACE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, DE LA DETERMINACIÓN QUE DICE: Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Sin proveer sobre su admisión, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previamente a su análisis, este Juzgado Federal considera pertinente precisar las siguientes consideraciones: Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. . Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En efecto, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: En relación con el acto que reclamado en el punto número dos, este juzgador federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XII del artículo 61, de la citada Ley de Amparo1, en relación con el ordinal 107, fracción I de la Constitución Política de los . Estados Unidos Mexicanos Esto es así, toda vez que el Agente del Ministerio Público señalado como responsable, se encuentra facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos; por tanto, sus actuaciones de momento en el sentido de la solicitud de audiencia para la formulación de imputación en contra de la parte quejosa, no afecta su interés. . En efecto, los Agentes del Ministerio Público responsables, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, les impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional las autoridades administrativas responsables gozan de las facultades de investigar los delitos y les impone la obligación de acreditarlos, el acto reclamado, en este momento no le irroga a la parte quejosa perjuicio alguno, pues éste se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de captura, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se les confieren, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad; por ende, se actualiza la causal de improcedencia invocada en líneas anteriores. Tiene aplicación al caso concreto, por lo que a su contenido informa el criterio aislado hecho valer por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, . En otro orden de ideas, respecto del acto reclamado señalado en el punto número uno de su escrito de cuenta, consistente esencialmente en la citación de comparecencia a la audiencia de formulación de imputación, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: . En relación con lo anterior, puede advertirse que el acto del que se duele la parte quejosa, no irroga perjuicio en algún derecho sustantivo del promovente sino que únicamente afectaría derechos adjetivos, lo que es indicativo de que el acto reclamado, solo produce efectos intraprocesales y no de imposible reparación que afecte de manera real y material la esfera jurídica del aquí inconforme, razón por la cual, en el caso se surte la causa de improcedencia. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la nación, en la . Por tanto, no estando en el caso ante actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, para que el juicio de amparo en la vía que se propone sea procedente, y sí, por el contrario, se trata de un acto intraprocesal. En ese tenor, cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento, en tales condiciones los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, por lo que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, porque los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales. Al respecto, como ha quedado precisado con antelación, el acto que por ésta vía reclama la parte quejosa, no constituye una violación procesal impugnable mediante el juicio de amparo indirecto de modo excepcional, pues no tiene una ejecución irreparable y por lo tanto, al no surtirse la hipótesis, es necesario esperar hasta la celebración de dicha audiencia para poder combatirla mediante el juicio de amparo directo, en el cual es la vía adecuada para el análisis y la consiguiente reparación a tales violaciones. Ello es así, toda vez que la citación de comparecencia de la parte quejosa, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, toda vez que se trata de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; en la que se determinara sí es o no vinculada a proceso, y/o en su caso, ser sometida a una medida cautelar. . En consecuencia, en el caso en el caso que nos ocupa, se actualizan en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia.

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