Nancy Castillo Ortiz

Expediente 515/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
515/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Nancy Castillo Ortiz

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO...Visto el oficio 568/2018, de la Jueza Segundo de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 2692/2018, con el que remite cuaderno de amparo el cual contiene: demanda de garantías promovida por Nancy Castillo Ortiz, proveído de trece de febrero del presente año, diversas actuaciones y exhorto 44/2018; cuatro copias de la citada demanda, diverso 541/2018, anexo certificado, y los autos del expediente 389/2017; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE "DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo Nancy Castillo Ortiz, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, las siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: En su carácter de ORDENADORA lo es el C. JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, con domicilio bien conocido en Carretera México-Pachuca Kilómetro 84.5 Sector Primario en esta Ciudad de Pachuca, Hidalgo (.)".- "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Lo constituye la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha 18 de enero de 2018, dictada por el C. Juez Segundo en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, emitida dentro de la Tercería Excluyente de Dominio promovida por la suscrita dentro del expediente 389/2017 (.)".- Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, la Juez Segundo de lo Mercantil de este Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, resolvió la tercería excluyente de dominio interpuesta por la hoy quejosa Nancy Castillo Ortiz, derivada del juicio ejecutivo mercantil 389/2017, misma que declaró improcedente. Inconforme con dicha determinación, Nancy Castillo Ortiz, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Luego como ya se dijo, se estima que el presente juicio de amparo debe desecharse por improcedente toda vez que la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia así lo establece, ya que en contra de la sentencia que ahora constituye el acto reclamado procede el recurso de apelación previsto por el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, al tratarse de un asunto de cuantía indeterminada. Se dice lo anterior, toda vez que si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, esta debe considerarse de cuantía indeterminada, por lo que, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación, previsto por el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, que dispone que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, además, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, como lo dispone la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 94/2013, de la Décima Época, que por contradicción de tesis 248/2013, resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013." En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Jueza Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, en la tercería excluyente de dominio, relativa al juicio ejecutivo mercantil 389/2017, que fue declarada improcedente por las razones en ella expuestas, se concluye que en contra de dicha sentencia procede el recurso de apelación al considerarse como un asunto de cuantía indeterminada y, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de garantías y, como autorizados para tales efectos a las personas que ahí menciona. En el momento procesal oportuno, devuélvanse los autos remitidos a su lugar de origen y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vista la copia del oficio de cuenta del que se advierte que la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, en sesión ordinaria celebrada el veintiuno de febrero del año en curso, determinó la comisión temporal del Magistrado Aureliano Varona Aguirre, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, a este órgano federal, en sustitución del Magistrado Guillermo Arturo Medel García, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho, por el término de seis meses o hasta en tanto lo determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior hágase saber a las partes para los efectos legales consiguientes. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTA LA COPIA DEL OFICIO DE CUENTA DEL QUE SE ADVIERTE QUE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADSCRIPCIÓN, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DETERMINÓ LA COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO AURELIANO VARONA AGUIRRE, DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, A ESTE ÓRGANO FEDERAL, EN SUSTITUCIÓN DEL MAGISTRADO GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA, CON EFECTO A PARTIR DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES O HASTA EN TANTO LO DETERMINE EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL; LO ANTERIOR HÁGASE SABER A LAS PARTES PARA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES

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