Nancy Casiano García
Expediente 1454/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1454/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/10/2022
Partes del expediente
- Nancy Casiano García
Actuaciones
- Principal
.- Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido.
- Principal
L.- Toluca, Estado de México; cuatro de octubre de dos mil veintidós. ESCRITO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el escrito firmado por Gonzalo Antonio Vergara Rojas, en su carácter de defensor de Nancy Casiano García, mediante el cual, manifiesta que no existe interés jurídico en recurrir el proveído que desechó su demanda de amparo; asimismo, solicita copias certificadas de todo lo actuado del presente expediente. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y una vez que fenezca el plazo para que cause estado el acuerdo de desechamiento se proveerá lo conducente. Respecto a las copias certificadas que se solicitan, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena expedir a su costa, las copias que solicita, previa razón que por su recibo se deje en autos de las personas que autoriza para tal efecto. En el entendido que la solicitante deberá generar su código QR para el día permitido por el sistema, en el horario de siete cuarenta y cinco de la mañana a las quince horas con cuarenta y cinco minutos de lunes a viernes, y se efectúe el trámite de fotocopiado y entrega correspondiente. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
L.- Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintidós. SE AGREGA OFICIO DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio procedente de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada del auto de once de agosto de agosto de dos mil veintidós y de la constancia de notificación del mismo. VISTA CON CUMPLIMIENTO En tales condiciones, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de tres días computados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que una vez trascurrido dicho termino se resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector.
- Principal
En cumplimiento al apercibimiento asentado en el citatorio de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se publica la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintidós, la cual refiere: P.- Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo que promueve *****************, defensor particular de la quejosa ****************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez del Tribunal Superior de Justiciad del Estado de México, Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1454/2022 l-B. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el juez de distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado, en concordancia con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Precisado lo anterior, en el caso, respecto del aludido acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual dispone expresamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, de conformidad con lo establecido en este precepto, antes de ejercer la acción de amparo contra la parte final de la audiencia combatida, debió interponerse el recurso de revocación contemplado por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 465. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". Sin que obste que el recurrente aduzca que el acto reclamado no es de mero trámite, porque afecta directamente los derechos de defensa adecuada; pues no asiste la razón legal a la parte quejosa en cuanto a que afirma que la parte final de la audiencia que combate afecta directamente los derechos fundamentales de adecuada defensa; puesto que existe un recurso ordinario a través del cual puede ser modificado, confirmado o revocado, que es precisamente el de revocación regulado por el artículo 465 del ordenamiento penal adjetivo nacional. Además, en este caso no se materializa alguno de los supuestos en que, por excepción, es innecesario agotar los recursos o medios ordinarios de defensa antes de ejercer la acción constitucional de amparo, ya que contrariamente a lo que asevera la parte quejosa, la parte final de la audiencia reclamada sin duda constituye una resolución de mero trámite y el recurso de revocación de que se trata se resuelve sin sustanciación. Al respecto debe atenderse la jurisprudencia por contradicción de tesis 35/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y cuyo texto son: Como puede apreciarse, la Primera Sala del máximo Tribunal definió, en primer término, que las resoluciones de mero trámite son las que "no implican una importante y trascendente juicio de valoración"; es decir, que abordan aspectos del proceso que le dan impulso, sin alterar la litis o el fondo del asunto, pues invariablemente se refieren a la manera en que se desarrolla el procedimiento y no a la decisión del litigio. Asimismo, la propia Primera Sala explicó que las resoluciones emitidas sin sustanciación son determinaciones que se pronuncian de plano, en vista de que las normas procesales aplicables no indican al juzgador que antes deba realizar un trámite especifico, como emplazar o notificar a la parte contraria o darle oportunidad de dar contestación o contradecir la petición de la otra; y que como en la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Penales "se propuso en la regulación del recurso de revocación, una revisión de los aspectos legales que pudieran haber sido inobservados o aplicados erróneamente por el juzgador, para producir la anulación del vicio, sin que la decisión del recurso modifique el fondo del asunto", dicho medio de impugnación procede contra resoluciones concernientes a aspectos de mero trámite, que se emitan sin seguir previamente una tramitación especial. Al partir de estas premisas es dable concluir que la parte final de la audiencia reclamada, en el que la autoridad jurisdiccional señalada como responsable esencialmente determinó que deberían nombrar en represente común de la defensa y que solo podría intervenir un defensor por segmento de audiencia, es un acuerdo de mero trámite, ya que ese pronunciamiento no incide en modo alguno en la litis planteada en el proceso, ni trasciende al fondo del asunto; además de que fue emitido de plano, esto es, sin sustanciación, porque para hacerlo no se llevó a cabo alguna tramitación instituida por el Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que está comprendido en las hipótesis en que procede el recurso de revocación, en cualquiera de las etapas en que interviene la autoridad judicial, de manera que éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo, en aras de respetar el principio de definitividad que lo rige. Así, al no haberse interpuesto el recurso de revocación previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra la parte final de la audiencia reclamada, el juicio de amparo indirecto es improcedente y por consiguiente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda.Notifíquese como legalmente corresponda.
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