Nancy Carolina Turcios Barahona

Expediente 1347/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1347/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Nancy Carolina Turcios Barahona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y por cuanto en la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a las autoridades responsables para que rindan su respectivo informe justificado, tal y como se corrobora con la constancia de notificación de los oficios en los que se les solicitó el mismo, que obra en autos (foja 35). Por lo tanto, al no estar debidamente integrado el presente expediente, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas con treinta y tres minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo ese acto procesal. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, que ya rindieron su informe justificado en el presente juicio y, por ende, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarla por medio de lista. ESTADO DE AUTOS DIFERIMIENTO Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese.

  2. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL En la ciudad de Tapachula, Chiapas, siendo las diez horas con veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia relativa al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1347/2023, promovido por Belkis Liliana Murillo Villela, por sí y en representación del menor de edad de iniciales O.D.T.M., Nancy Carolina Turcios Barahona, por sí y en representación de los menores de edad de iniciales G.S.C.T. y K.E.H.T., y José Isaí Mejía Orellana, ante la presencia de Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado, con quien actúa y da fe, quien hace constar la inasistencia de la partes. La Secretaria da cuenta, con la relación de constancias, entre las que destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Copia de la demanda de amparo 1 a 14 2 Suspensión provisional 25-33 3 Emplazamiento a las autoridades responsables 36 Por otra parte, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe previo: No . AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Titular, Encargado, y Jefe de Departamento, todos de la Oficina Niega 41 y 43 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 2 de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, a través de la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de dicha institución. Enseguida la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: La Secretaría hace constar que la parte quejosa aportó los siguientes medios de convicción: No. PARTE PRUEBA FOJA 1 QUEJOSA DOCUMENTAL 15-23 Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada la documental ofrecida por la parte quejosa, en virtud de su propia y especial naturaleza, con lo cual se declara cerrada dicha fase. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: La Secretaría hace constar que únicamente los formuló: No. PARTE Manifestaciones FOJA 1 Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, en representación de las autoridades responsables Alegatos 45-51 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los citados alegatos. 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 3 Amparo indirecto 1347/2023 Ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase, y se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1347/2023. RESULTANDO PRIMERO.- Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, en su demanda de amparo los incidentistas señalaron como actos reclamados los siguientes: ? La omisión de expedirnos la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; y ? La omisión de otorgarnos la Clave Única de Registro de Población (CURP) de forma temporal. A su vez, solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión al impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. En ese sentido, cabe aclarar que se ajustarán los efectos de la medida suspensiva de trato, en aras de fijar la situación en que deberá de quedar el estado de las cosas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio principal. Máxime porque, como se precisará a continuación, los alcances de la suspensión tratándose del acto 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 4 reclamado, se encuentran expresamente previstos en la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. SEGUNDO.- Mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, se formó el presente cuaderno incidental, se pidió informe previo a la autoridad responsable señalada en la demanda de amparo, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, para tener verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 107, fracción XII de la Constitución General de la República, y los diversos numerales 125, 128, 143 y 144 de la Ley de Amparo, en virtud de que este órgano de control constitucional conoce del juicio de amparo del que emana el incidente en que se actúa, el cual se inició a petición de la parte agraviada con arreglo a las disposiciones relativas que prevé la ley de la materia citada. SEGUNDO.- Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 5 Amparo indirecto 1347/2023 EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Las autoridades responsables Titular, Encargado, y Jefe de Departamento, todos de la Oficina de Representación en Tapachula, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, a través de la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10 de la citada institución, al rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con los documentos que la parte quejosa anexó a su demanda, consistente en las copias de los citatorios para formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, emitidos por la autoridad responsable, de las credenciales de identificación y actas de nacimiento de los menores de edad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión; toda vez que opera la presunción de certeza citada en el precepto legal antes citado. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 6 carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza del acto mismo no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir el acto reclamado, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentra o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado [CUR] y la Clave Única de Registro de Población [CURP] para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de las autoridades responsables, por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 7 Amparo indirecto 1347/2023 Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 8 inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 9 Amparo indirecto 1347/2023 sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 10 cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente caso, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que la parte quejosa exhibe copia del copia de los citatorios emitidos por la autoridad responsable, de las credenciales de identificación y actas de nacimiento de los menores de edad. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 11 Amparo indirecto 1347/2023 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 12 otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 13 Amparo indirecto 1347/2023 Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a la persona y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrante, mismo que se encuentra en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se le reconozca la condición de refugiado, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión definitiva. DECISIÓN Y CONDICIONANTES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades responsables Jefe de Departamento y Titular (encargado) ambos de la Oficina de Representación en esta ciudad de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, expida a favor del quejoso de forma provisional la Clave Única de Registro de Población [CURP], hasta en tanto se comunique la determinación que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. 13/10/24 14:25:23 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.1d ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 14 En el entendido de que la presente determinación no vincula a la autoridad responsable en comento, para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a la autoridad responsable que la emisión de la Constancia de Trámite de la Clave Única de Registro de Población [CURP], se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. Por las razones anteriores, resultan infundadas las manifestaciones formuladas por la responsable a guisa de alegatos, mediante oficio agregado en proveído de siete de noviembre de este año, pues en la presente determinación fundadamente se precisan los argumentos en que se basa la concesión de la medida cautelar que nos ocupa, los cuales han sido confirmados por el tribunal revisor en los diversos recursos interpuestos por la autoridad responsable. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por la autoridad responsable y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE ÚNICO. Se concede a Belkis Liliana Murillo Villela, por sí y en representación del menor de edad de iniciales O.D.T.M., Nancy Carolina Turcios Barahona, por sí y en representación de los menores de edad de iniciales G.S.C.T. y K.E.H.T., y José Isaí Mejía Orellana, la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del considerando segundo de la presente resolución incidental, por las razones ahí expuestas. Notifíquese.

  3. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, mediante el cual formula diversas manifestaciones a guisa de alegatos; por lo que, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por hechas sus manifestaciones para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia incidental. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuanta, agréguense a los autos los oficios correspondientes al Jefe de Departamento y Titular (Encargado) de la Oficina de Representación, ambos en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con los cuales rinden informe justificado y dan cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado en acuerdo de once de octubre del año en curso, remitiendo copia certificada del expediente administrativo de la quejosa Lilian Yolanis Aguilar Flores. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Ahora, como de las referidas constancias certificadas que remiten las autoridades oficiante, las cuales tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentales expedidas por servidor público autorizado en ejercicio de sus funciones, de 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se desprende que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, y asignó clave única de refugiado; además expidió la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para extranjeros, expedidas a favor de la aquí impetrante Lilian Yolanis Aguilar Flores. En ese sentido, es claro que del contenido de los oficios de cuenta y constancias que anexan, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Para ilustrar este aserto, primeramente es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Efectivamente, del contenido de la demanda de amparo, y en contexto del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos aquí reclamados son los siguientes: 1.- La omisión de expedirle constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. 2.- La negativa de otorgar la Clave Única de Registro de Población (CURP). 3.- El citatorio número 214070 de fecha veintidós de agosto de dos mil veintitrés. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 3 ??????????????? Sin embargo, como ya se dijo, del contexto de los oficios de cuenta y anexos que exhiben las autoridades responsables, se advierte que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, y asignó clave única de refugiado; además expidió a favor de la aquí quejosa Lilian Yolanis Aguilar Flores, la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para extranjeros. En consecuencia, es evidente que en la especie, ha ocurrido un motivo que torna improcedente el presente juicio de amparo, porque han cesado los efectos de los actos reclamados. Por lo que sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin esperar a la celebración de la audiencia constitucional relativa, ya que de hacerlo, se contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 4 datos de localización: Registro digital: 193758, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así como la diversa 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización: Registro digital: 196820, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 9/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Tipo: Jurisprudencia, que dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 5 ??????????????? incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, cuyos datos de localización son: Registro digital: 184572, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 6 Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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