Nancy Carolina Morones Hernández
Expediente 555/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Nancy Carolina Morones Hernández
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintitrés. Anotaciones Vista la demanda promovida por Nancy Carolina Morones Hernández, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 555/2023-III. Desechamiento El suscrito estima que en el presente caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII1 , en relación con el diverso 107, fracción IV2 , interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es procedente contra la última resolución de tribunales del trabajo realizada fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, cuando se trata de una omisión de la autoridad responsable en ejecución de sentencia que impacta en el derecho sustantivo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción de amparo procede cuando exista una abierta dilación o una paralización del proceso jurisdiccional, pues de lo contrario no puede hablarse de una afectación a derechos sustantivos. Ahora, al analizarse la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de dar respuesta al ocurso presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, a través del cual el apoderado legal de la parte demandada -aquí agraviada- solicitó a la autoridad responsable emitiera auto de requerimiento de pago y embargo para la ejecución forzosa del laudo dictado en el juicio laboral J.7/219/2017. Como se ve, en el caso la omisión combatida se suscitó después de dictado el laudo respectivo, particularmente en la etapa de ejecución, pues de los antecedentes que la propia quejosa refiere en su demanda de amparo, se advierte que señaló como acto reclamado la omisión de dictar el auto de ejecución. Por su parte, los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo3 , señalan que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación, así como que, una vez transcurrido ese plazo, el Presidente de la Junta, a petición de la parte que obtuvo fallo favorable, dictará auto de requerimiento y embargo. Conforme a lo narrado, si la parte demanda no dio cumplimiento a la condena impuesta en su contra, el tribunal obrero responsable debía emitir inmediatamente el acuerdo correspondiente en el que acordara lo relativo al requerimiento de pago y embargo del laudo dictado en el juicio laboral ***, esto es, el once de abril del mismo año; no obstante, pese a que ya transcurrió el plazo para que se proveyera lo conducente, lo cierto es que aun así no se colma el supuesto de procedencia establecido en el citado artículo 107, fracción IV, porque no es un acto de imposible reparación, ya que no transgrede ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se llega a la anterior conclusión, si se tiene en cuenta que la omisión reclamada no afecta directa e inmediatamente el derecho sustantivo fundamental relativo a la impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se da la excepción que haga procedente el amparo; es decir, no existe una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que a la fecha de presentación de la presente demanda de amparo (ocho de mayo de dos mil veintitrés) sólo han transcurrido dieciocho días hábiles a partir de la presentación de su escrito ante la responsable (a la fecha de la presentación de la demanda de amparo), por lo que este juzgador considera que no hay un detrimento en los derechos humanos de la parte amparista, ya que es necesario conceder la oportunidad a la autoridad a fin de realizar la tramitación correspondiente y, con ello, dar una respuesta congruente a la petición presentada y se le haga de su conocimiento. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2011580, que indica: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Sin que con la presente determinación se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, quien es actora en el juicio de origen, ya que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, con registro digital 2024318, de texto: DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una bierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales. Permite al juzgador analizar en cada caso si existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, atendiendo a la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada. De ahí que el suscrito estima que para que se dé la abierta dilación en la etapa de ejecución de sentencia, debe mediar un tiempo considerable a partir de que surgió la obligación de la autoridad para emitir su acuerdo; lo que en el caso no acontece, puesto que sólo han transcurrido a la presentación de la demanda de amparo dieciocho días hábiles desde que presentó su escrito ante la responsable (a la fecha de la presentación de la demanda de amparo), siendo que debe otorgarse un tiempo prudente superior al que estipula la ley antes mencionada, para que se emita el acuerdo de ejecución; máxime que de la demanda de amparo no se advierte que previamente a la petición cuya omisión se reclama, se hubiera formulado una diversa solicitud en tal sentido, de ahí que se asuma que la autoridad responsable no ha incurrido en una conducta omisiva de manera sistemática. Lo anterior se considera así, puesto que no puede existir una abierta dilación a partir de que se exhibió el escrito en que solicitó la ejecución del laudo, ya que ello equivaldría a la promoción interminable de juicios de amparo al no acordarse de inmediato las solicitudes de las partes, lo que no conseguiría la finalidad del juicio de amparo que es reparar violaciones a derechos sustantivos. Entonces, en el caso concreto, el plazo prudente que debe mediar como máximo para que exista una abierta dilación para que la autoridad responsable provea la petición formulada por la ahora quejosa el diez de abril de dos mil veintitrés, es el de veinte días hábiles, si se tiene en cuenta que el precepto 887 de la Ley Federal del Trabajo4 que señala que una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas, lo cual ocurre dentro del trámite del expediente antes de su culminación con el dictado de la resolución correspondiente; de ahí que, para efectos de la etapa de ejecución del laudo, se estima conducente duplicar ese plazo a veinte días hábiles, para que ante la omisión de la autoridad responsable se consume la dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo. Por ende, si a la fecha de la promoción de la demanda no ha transcurrido el plazo en cita, debe desecharse la demanda de amparo al no actualizarse una abierta dilación. Lo anterior no deja en estado de indefensión a la gobernada, ya que si la autoridad persiste en su actitud omisa y se actualiza la abierta dilación, tiene expedito su derecho para promover el medio de defensa conducente. En ese orden de ideas, el admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Nancy Carolina Morones Hernández, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, Domicilio y autorizados De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere la promovente en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Horario de atención También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Integración del expediente físico y electrónico Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Exhortación a tramitar asuntos "en línea" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tramitación electrónica en el juicio en línea Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Nallely Hortencia Zúñiga Hernández1106/2019
- Nallely Reyes Hernández979/2021
- Nancy America Rojas Garcia1871/2018
- Nancy América Rojas García809/2018
- Nancy Calderón Gallardo593/2022
- Nancy Campos Alcalá288/2023
- Nancy Claudia Velázquez Sánchez218/2020
- Nancy Colín Álvarez1532/2023
- Nancy Elizabeth Granados García767/2018
- Nancy Elizabeth Granados García53/2019
- Nancy García Loyo1441/2019
- Nancy Guadalupe Yruegas Martínez192/2021