Nancy Belén Casas Esqueda

Expediente 1046/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1046/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
08/06/2018

Partes del expediente

  • Nancy Belén Casas Esqueda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUÍDO... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR TANTO, SE REALIZARÁ DICHA CIRCUSNTANCIA UNA VEZ TRANSCURRIDOS CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO...

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, día y hora señalados para el desahogo de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 1711/2017, procede a celebrarla Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta, con quien actúa, firma, da fe, y a su vez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta con la asistencia de la autorizada en términos amplios de la parte quejosa Rebeca Gutiérrez Estrada, quien se identifica con credencial para votar con fotografía con clave de elector GTESRB82020814M400 expedida por EL Instituto Nacional Electoral así como el testigo propuesto por la parte quejosa Ricardo García González, que se identifica con cartilla del servicio militar nacional matrícula C-8686468, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que una vez que se obtiene fotocopia de los documentos de identificación para constancia son devueltos a sus portadores En estos momentos se da cuenta con al juez con dos escritos presentados y registrados con números de orden 13437 y 13438. A lo anterior el juez acuerda: Ténganse por recibidos los escritos presentados por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el primero de ellos interpone recurso de queja contra el proveído de catorce de mayo del presente año (fojas 978 a 980), en que se desechó la ampliación de demanda propuesta por David Gutiérrez Estrada en su carácter de quejoso y representante común de los restantes quejosos En consecuencia, con fundamento en los artículos artículo 97, fracción I, inciso e); 98, 99 y 101, todos de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja y remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, el escrito original de agravios relativo al citado medio de impugnación y copia simple del mismo, así como copia fotostática certificada de la totalidad de las actuaciones que integran el sumario en que se actúa, sin embargo, tomando en consideración lo voluminoso del expediente, una vez que el centro de fotocopiado de alto impacto proceda a realizar el fotocopiado del expediente se remitirá a la superioridad; sin que en el caso, proceda dar la vista ordenada en el artículo 101 de la ley de la materia, dado que, como se asentó en líneas que anteceden, se remite la totalidad de lo actuado en copia certificada a la superioridad. Sin que en el caso sea procedente suspender el procedimiento, tomando en consideración que el proveído que constituye la materia de la queja no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el artículo 102 de la Ley de Amparo; es decir, de aquellos que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes que pueda influir en la sentencia; toda vez que en caso de que el fallo que se dicte le sea adverso al solicitante, de estimarlo procedente, el acuerdo dictado en la audiencia, podrá ser combatido al momento de hacer valer el recurso correspondiente en contra del fallo que ponga fin al juicio. Por otro parte, analizado el segundo de los escritos de cuenta en el que solicita se difiera la audiencia constitucional en virtud de que se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial en materia de medición de niveles de sonido en decibeles, a lo que se provee: Visto el estado que guardan los autos se aprecia que en proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 775 tomo I), se reservó proveer hasta el momento procesal oportuno acerca de la admisión o desechamiento de la prueba pericial en materia de medición de nivel de sonido (ruido) en decibeles ofrecida por la parte quejosa; al respecto el juez de Distrito provee: Analizados los términos en que se encuentra propuesta dicha probanza se considera que la misma no cumple con el requisito de idoneidad que es indispensable para su admisión y que se traduce, fundamentalmente, en que sea susceptible de demostrar los hechos que se pretenden acreditar en el juicio. Lo anterior es así toda vez que con el referido medio de prueba tiene por objeto acreditar hechos pasados, como es determinar por parte de los peritos si las mediciones de nivel de ruido o sonido fueron o no llevadas a cabo de conformidad a lo previsto por la metodología y procedimientos previstos en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 y su modificación, así como lo previsto en la Ley Federal de Metrología y Normalización así como de conformidad a lo previsto en el Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por la Emisión de Ruido. Para lo cual señaló que debía ser analizado por parte de los peritos los documentos que describió en el escrito de ofrecimiento como son las copias certificadas de las actas de verificación y/o inspección elaboradas el veinte de mayo de dos mil diecisiete en los bares denominados "Chopers N Beer" y "Shadow Rock Stage Bar", así como los sonómetros utilizados al momento de la inspección, la precisión de los mismos y los certificados correspondientes expedidos por un laboratorio de prueba autorizado por la Entidad Mexicana de Acreditación a fin de corroborar que se encuentran calibrados dichos instrumentos de medición. Sin embargo, es evidente que la manera propuesta por el quejoso no resulta ser la idónea, pues no es posible asegurar que el estado en que se encontraban dichos instrumentos de medición en el mes de mayo, sea el mismo en el que se encuentran en estos momentos; toda vez que aun cuando en el momento en que fueron utilizados por personal dependiente de las autoridades responsables de elaborar las actas correspondientes, ello no tendría trascendencia en el análisis de la constitucional de los actos reclamados, precisamente ante el desconocimiento en el sentido de que efectivamente se cumplieron los requisitos al momento en que se realizó la medición. Lo anterior queda de manifiesto, si se tiene en cuenta que de admitirse la prueba propuesta, incluso existiría la posibilidad de que su resultado fuera en contra de los intereses de los quejosos, al ser materialmente factible que los sonómetros hayan sido modificados para subsanar o mejorar cualquier deficiencia que pudieran haber tenido cuando fueron utilizados en las diligencias correspondientes llevadas a cabo por las responsables Tiene apoyo jurídico para lo anterior por analogía, la tesis número I.1o.A.12 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1112, Tomo XIX, Febrero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO, LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LA, IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A ADMITIRLA: Los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de las de posiciones y de las que estén en contra de la moral y del derecho, y que con el fin de preparar su desahogo, la prueba pericial deberá ser anunciada (ofrecida) con cinco días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día de su ofrecimiento y el de la celebración de la audiencia. Sin embargo, no deben interpretarse tales preceptos en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir y desahogar las pruebas ofrecidas en todos los casos sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de los principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto y, el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que recibir una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." En base a las consideraciones expuestas procede desechar el citado medio de convicción. Por tanto, en razón de lo acordado indíquese a la autorizada en términos amplios de la parte quejosa que no ha lugar a acordar de manera favorable a su solicitud de diferir la audiencia constitucional. a) Lectura de constancias. Acto seguido, el secretario CERTIFICA Y HACE CONSTAR que se tiene a la vista la libreta de control y registro de promociones que se lleva en este Juzgado de Distrito de la cual se observa que hasta las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, hora y fecha programada para la audiencia constitucional, no se encuentran registradas promociones diversas a las que se acordaron en líneas que anteceden dirigida al presente expediente. Por otra parte, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que integran este juicio de amparo, entre las que destacan los informes justificados, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, de conformidad con la Tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 185, de rubro y texto: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias y por leídas las mismas, las que se tomarán en consideración al resolver el presente juicio de amparo. En estos momentos la autorizada en términos amplios de la parte quejosa solicita el uso de la voz y una vez que fue concedido manifestó: Que con fundamento en el artículo 51, fracción VII de la Ley de Amparo solicito al Juez titular de este Juzgado se excuse desde este momento y deje de conocer del presente juicio de amparo así como se abstenga de llevar a cabo el desahogo de la audiencia testimonial a cargo del testigo Ricardo García González así como abstenga de dictar la sentencia correspondiente al presente asunto, en razón de que el titular de este juzgado se encuentra en la causa de impedimento contemplada en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de la materia, ya que tiene una enemistad manifiesta con la suscrita autorizada en amplios términos de la parte quejosa, ya que previo al inicio de esta audiencia constitucional la suscrita me entreviste con el juez titular de este juzgado y dicho juez me manifestó que si lo estaba amenazando y me corrió de su oficina diciéndome que me retirara de su oficina porque estaba muy ocupado, esto dicho por el juez cuando la suscrita le manifesté que iba a interponer un recurso de queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por llevar a cabo la audiencia constitucional no obstante que está promovido un recurso de queja en contra del desechamiento de la ampliación de demanda de amparo así como no obstante que este juzgado por auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho se había reservado a proveer "hasta el momento procesal oportuno" respecto de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa, así como no obstante que el testigo Ricardo García González llegó y se hizo presente en este juzgado a las nueve horas con cincuenta y seis minutos y no a las nueve horas con cincuenta minutos como está señalado en autos del presente juicio. Asímismo solicito se me expida copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio para efectos de presentar mi queja administrativa en contra de este juzgado ante el Consejo de la Judicatura Federal habida cuenta que los días seis y siete de junio del año en curso está programada una visita por parte de dicha visitaduría según se advierte de un aviso fijado en el local de este juzgado. Al respecto se provee: Se tiene a la autorizada solicitando que este juzgador se excuse de conocer del trámite del presente juicio, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tomando en consideración que el sentido en que se resuelva la recusación planteada puede influir sobre la tramitación del juicio, se ordena suspender la presente audiencia para remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que por su conducto, en acatamiento al numeral 54, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo lo envíe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que por turno le corresponde resolver la recusación, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente. Sin que esté por demás precisar, con independencia del informe que en su momento se rinda previa comunicación de la superioridad, que este juzgador constitucional niega categóricamente que hubiese transgredido el principio de imparcialidad que debe respetar todo juzgador.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee; se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en autos. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba ocho copias más del referido recurso, para ser distribuidas de la siguiente forma: cinco para las autoridades responsables; una para el Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, que le corresponda el conocimiento del referido recurso de revisión, una para la parte quejosa y, una más para el cuaderno de antecedentes, que se formará en virtud del citado recurso, en caso de no cumplir en el plazo otorgado, se tendrá por no interpuesto el recurso. Sustenta lo dicho por las razones que la informan la tesis que dice: "RECURSO DE REVISIÓN. LAS COPIAS DEL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN COINCIDIR CON SU ORIGINAL". Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/RMG/IIEJ

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiere recurrido el auto que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Ileana Cruz López quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/ICL/abn

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