Nancy Alondra Paez Irigoye

Expediente 486/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
486/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Prmera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México
  • Nancy Alondra Paez Irigoye

Actuaciones

  1. Principal

    .... se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. ..... archívese este expediente como asunto concluido

  2. Principal

    AVISO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL AVISO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS Y SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 486/2023-II-B, DEL INDICE DE ESTE JUZGADO FEDERAL, QUE EN SINTESIS ESTABLECE: ". Se tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por ****, por propio derecho y quien se ostenta representante de la menor de iniciales ****., quien comparece ante esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que le atribuye a la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México; en atención al cual, se provee:.. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con el número 486/2023-II-B; asimismo, intégrese tanto el expediente impreso como expediente electrónico. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y analizada en su integridad la demanda de amparo de mérito, se concluye que la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente asunto el siguiente:. - La resolución de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 135/2023 del índice de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, mediante la cual se ordenó reponer el procedimiento hasta el momento del emplazamiento en el procedimiento judicial no contencioso de autorización judicial para el trámite del pasaporte y viaje de Menor al Extranjero, dejando sin efecto todo lo actuado con posterioridad al mismo, incluso la sentencia definitiva pronunciada por la Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el expediente 1057/2022.. PROCEDENCIA. Es importante precisar que el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado... Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: ****. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: *****.. Ahora bien, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional... Lo anterior es así pues del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado constituye una determinación emitida en el procedimiento no contencioso de autorización judicial para el trámite del pasaporte y viaje de menor al extranjero, que constituye una cuestión que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, del cual procederá el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que ponga fin al mismo. A efecto de evidenciar lo señalado, es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: ***. De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: **** . Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. De acuerdo con los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra determinaciones dictadas dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que en el caso el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, la parte quejosa hace consistir su reclamo en la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 135/2023 del índice de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, mediante la cual se ordenó reponer el procedimiento hasta el momento del emplazamiento en el procedimiento judicial no contencioso de autorización judicial para el trámite del pasaporte y viaje de Menor al Extranjero, dejando sin efecto todo lo actuado con posterioridad al mismo, incluso la sentencia definitiva pronunciada por la Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el expediente 1057/2022. Lo anterior evidencia que la resolución que en el caso particular se trata, no produce de manera directa e inmediata afectación alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa que no puedan ser reparados de obtener una sentencia favorable, sino que los efectos de la resolución combatida, son de naturaleza formal (procesal) y susceptible de reparación, ya que de obtener la parte quejosa una sentencia favorable a sus intereses, se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto y, de esta manera, esta desestimación no dejaría huella en su esfera jurídica; sin embargo, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, puede impugnar tales violaciones procesales a través del juicio de amparo indirecto. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que el acto reclamado, no tiene carácter de definitivo, atento a que su afectación está condicionada a que se dicte sentencia definitiva en el procedimiento de origen y ésta sea contraria a sus intereses; sin embargo, esa circunstancia podría no acontecer, en caso de obtener beneficios con el dictado de la misma con la que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado con la indebida violación o en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, puede impugnar tales violaciones procesales a través del juicio de amparo indirecto. Así, se considera que el acto reclamado, no constituye un acto fuera de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues el hecho de que se reponga el procedimiento de origen con el objeto de dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad al emplazamiento, de ninguna manera afecta sus derechos sustantivos, ya que esa circunstancia es de carácter momentáneo y sólo podrá establecerse si causó perjuicio en su esfera jurídica hasta el dictado de la sentencia que en definitiva se dicte. Es aplicable el criterio jurisprudencial por contradicción 2a./J. 23/2008 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 593, que establece: ****. Así como el criterio sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, página 1662, que establece: ******. Así como el criterio por contradicción 1a./J. 16/2013 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 744, que establece: ****.. Sin que en el caso se estime que la parte quejosa recienta alguna afectación de imposible reparación, en atención a que de lo narrado por la promovente en el escrito inicial, y como se advierte de los anexos adjuntos, fue ella misma quien interpuso el recurso de apelación contra la resolución emitida en el procedimiento no contencioso de origen, al estimarse improcedente la autorización judicial perseguida, por ende, el fallo decretado no le benefició y por ello no contaba con un derecho obtenido... Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 25 del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1991, Octava Época, materia común, con número de registro 205810, que establece: ***. Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por ****, por propio derecho y quien se ostenta representante de la menor de iniciales ****., por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. La quejosa señala como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en: ****. Ahora bien, toda vez que ese domicilio se encuentra fuera de la residencia de este juzgado de distrito; en consecuencia se ordena notificar por medio lista de estrados en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, registro 2006159, de rubro siguiente: "PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).". Sin embargo, por única ocasión se ordena notificar personalmente a la quejosa en el domicilio que señaló para tal efecto, dada la naturaleza de la presente determinación. Atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a *** y ****, toda vez que cuentan con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que, de ser necesario, lleve a cabo las notificaciones personales ordenadas en el presente asunto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En términos del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en aras de una pronta impartición de justicia, sin necesidad de ulterior acuerdo, en términos del numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a las partes a su costa copia certificada de las constancias que soliciten por comparecencia, previo acuse de recibo que se glose en autos, las cuales serán entregadas en cuanto las cargas de trabajo lo permitan. Hágase la precisión al solicitante, que la expedición de copias únicamente se realizara por un tanto, dado que si bien el numeral en cita no restringe a un solo juego el número de copias que las partes pueden solicitar, dicha expedición se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte... Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 20/2017 (10a.), visible en la página 308, libro 42, Décima Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo I, Mayo de 2017, del rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO.". Con independencia de lo anterior, a fin de que las partes puedan obtener las constancias de manera más ágil e inmediata, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las mismas. CAPTURA.. De conformidad con los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro; para lo cual, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir los datos personales de las partes en esta sentencia, así como la información reservada. ORDEN DE PUBLICACIÓN. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de esta resolución al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de esta, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por cualquier persona; en el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta."

  3. Principal

    ...atento a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por ****, por propio derecho y quien se ostenta representante de la menor de iniciales *****., por notoriamente improcedente.

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