Nancy Alessandra Enriquez Valeriano

Expediente 497/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
497/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Nancy Alessandra Enriquez Valeriano

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda que originó el presente expediente, por los motivos que ahí se mencionan. Causa estado. Consecuentemente, toda vez que de las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Asimismo, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. IV. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de mayo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación que antecede se advierte, que transcurrió el plazo para que la parte quejosa se inconformara e hiciera valer el recurso de inconformidad contra el auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Igualmente, conforme lo dispone el inciso a) de la fracción y numeral mencionados, el original del incidente de suspensión será depurable en el mismo plazo, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, así como los demás documentos que se consideren necesarios. En el entendido que el mismo no se glosa a los autos, en razón de lo establecido en la página veinticinco del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Duplicado del incidente. En atención a lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

  3. Principal

    CITATORIO.- Por este conducto y en cumplimiento al auto de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, se le notifica al tercero interesado, la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, que en síntesis dice dice: CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que lo es: Al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: Resolución interlocutoria de once de febrero de dos mil veinte, que declaró improcedente el incidente de competencia hecho valer por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en los autos del juicio laboral 309/2019-G1. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, pues así lo admitió su Secretario General al rendir el informe justificado (folio 32). CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por los promoventes, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En tal virtud, se analizaron las constancias de autos, y de las mismas no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, por lo que se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada en relación al acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por transcritos los conceptos de violación hechos valer, sin que para ello resulte necesaria su transcripción, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las sentencias no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación a cargo de este juzgado Federal; además de que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, resulta innecesaria su transcripción, siendo que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados de la demanda de amparo, los cuales deben ser estudiados y dársele respuesta, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad, hechos valer en el libelo relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, localizable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas Generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios,los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" En el concepto de violación identificado como primero, expresa la parte quejosa que la resolución interlocutoria de once de febrero de dos mil veinte, que declaró improcedente el incidente de competencia, viola el derecho de impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, porque al determinar la responsable que al resolver sobre la competencia o incompetencia estaría dictado un juicio previo toda vez que resolvería el fondo del asunto. Añade, que en audiencia de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se acordaron los medios de convicción ofrecidos por las partes, mismos que fueron admitidos mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veinte, los cuales, debieron analizarse por la responsable, ya que es obligación de los tribunales analizar razonadamente todas y cada una de las pruebas que puedan influir en la resolución, lo cual no aconteció. En su segundo concepto de violación se aduce que la interlocutoria reclamada vulnera sus derechos sustantivos, así como el derecho a una tutela efectiva de su representada, porque el 762 de la Ley Federal del Trabajo, estatuye el trámite de los incidentes de previo y especial pronunciamiento, entre el que se encuentra, el de competencia, que puede ser por materia, cuantía, grado y territorio.Refiere que en el caso, su representada promovió el incidente de competencia por materia, al considerar que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón no era el competente para resolver dicha litis, en razón a que la relación existente entre el tercero interesado y esa dependencia era meramente civil y no laboral. Lo anterior, debido a que omitió pronunciarse respecto al valor de todas y cada una de las pruebas documentales que ofreció dentro de ese incidente, con las cuales pretendió demostrar que la relación jurídica que subsistió entre ella y el actor José Miguel Echave Bastidas, lo fue de naturaleza civil, al tener origen en un contrato de prestación de servicios. Por ello, ante la falta de exhaustividad del tribunal responsable en cuanto a la valoración del caudal probatorio ofrecido, queda evidenciada la violación a los derechos humanos citados, concluyó la parte quejosa. Son infundados los conceptos de violación. La Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 136, establece: "Artículo 136.- El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en el laudo las consideraciones en que se funde la decisión." Conforme a lo anterior, ciertamente se obtiene que los laudos deberán ser emitidos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de basarse en formalismos al momento de valorar las pruebas; lo que equivale a que serán dictados acorde a la verdad probada y hallada en el proceso, ponderando siempre la equidad, más allá del rigorismo jurídico, bajo un esquema de valoración libre de la prueba, que sea lógico y justo Obligación que se hace extensiva a aquellas resoluciones que no decidan el fondo del negocio (laudo), como lo podrían ser las interlocutorias que diluciden una cuestión incidental, es decir, accesoria a la litis principal; a fin de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado no vulnere algún derecho o garantía fundamental en detrimento de las partes a la hora de decidir alguna cuestión de esa naturaleza. En ese tenor, es conveniente acudir a lo establecido en el numeral 702 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente, en términos de lo establecido en el artículo 10 de La Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que dispone: "Artículo 702.- No se considerará excepción de incompetencia la defensa consistente en la negativa de la relación de trabajo." De lo que se sigue que, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, no podrá inhibirse del conocimiento de un asunto y declararse incompetente en favor de diversa autoridad jurisdiccional en aquellos casos en que tal cuestión esté fundada en la negativa de la relación de trabajo; que en el caso está alegada por la parte demandada, pero vía incidental. Lo que quiere decir que dicho tribunal laboral puede declararse incompetente bajo cualquier motivo por el que se considere que el asunto a tratar debe ser dilucidado por diverso órgano jurisdiccional, pero considerando diversos factores como el territorio, el fuero, la materia y otros supuestos; lo que podrá acontecer hasta antes del desahogo de la audiencia de pruebas, tal como lo estipula el ordinal 701 de la ley en estudio2, aplicable al caso concreto. Sin embargo, no puede declararse incompetente, bien de manera oficiosa o a petición de parte, en razón de la negativa de la relación de trabajo; lo que constituye a dicho motivo como la única excepción a esa regla; esto derivado de que incumbe al patrón-demandado la carga de probar los elementos básicos de la relación laboral, tal como se obtiene de los artículos 128 y 129 de la Ley Para los Servidores Público del Estado de Jalisco y sus Municipios, que estatuyen: "Artículo 128.- El procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes, quien la turnará al secretario o al auxiliar de instrucción a más tardar al siguiente día hábil. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón dictará acuerdo admitiendo la demanda si procediere conforme a derecho, o la desechará de plano cuando sea notoriamente frívola o improcedente. En acuerdo de admisión se señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; (.)." "Artículo 129.- Si las partes no comparecen a la celebración de la audiencia señalada se les tendrá por ratificada su demanda y contestación de demanda; en caso de no asistir a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se les tendrá por perdido el derecho a presentar pruebas e inconformes con todo arreglo, dándose por concluidas todas y cada una de las etapas procesales y se pronunciará laudo en un término que no exceda de quince días." De ahí que, la relación de trabajo, esté constituida como una cuestión de fondo que debe resolverse necesariamente al momento de emitirse el laudo, por integrar precisamente la sustancia de la controversia, lo cual excluye la posibilidad de que sea resuelta de manera previa y especial, esto es, como una cuestión incidental, ya que se insiste no se trata de un tema procesal. Ahora bien, en el caso en estudio, el tribunal responsable al resolver el incidente de competencia planteado por la demandada-quejosa Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dentro del juicio laboral 309/2019-G1, determinó declararlo improcedente, bajo el argumento de que la incidentista arguyó que se trataba de una relación civil con la parte actora, por lo que sería hasta resolver el fondo del asunto donde se tendrían que valorar las pruebas aportadas a efecto de analizar la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones (folios 89 y 90). A fin de corroborar esa situación, se estima necesario realizar la transcripción de la parte conducente de la resolución interlocutoria reclamada: "(.) Así, respecto de lo señalado por las partes, se tiene que se encuentra en controversia la naturaleza de la relación entre las mismas, así como la existencia o no de un vínculo laboral, cuestión que se considera es materia de fondo en el presente litigio, hecho que no puede resolverse vía incidencia. Por otro lado, el hecho de que la parte actora en el incidente alegue que se trata de una relación de carácter Civil, tal cuestión corresponde y es materia de excepción, que deberá ser revestida de todas las formalidades acorde al contenido del artículo 14 Constitucional en cual reza en lo que concierne (se trascribe). Por tanto, es correcto que la parte actora en el principal haya hecho valer ante este órgano jurisdiccional su pretensión jurídica, ya que, si le asiste o no el derecho como vía de acción, es materia en vía de prueba, etapa procesal que aún no acontece. Por lo que decidir, A priori sobre la competencia o incompetencia de este Tribunal, se estaría dictando un juicio previo a este, toda vez que es al resolver el fondo del asunto, donde se tendrá que valorar las pruebas aportadas por las partes a efecto de analizar la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones. Ante tal tesitura este Tribunal estima IMPROCEDENTE el incidente de competencia planeado por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, por lo que, sosteniendo su competencia, se ordena la reanudación del procedimiento principal en la etapa que fue suspendido siendo el desahogo de la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, Como se ve, esa manera de resolver del tribunal responsable no implica violación a las garantías de legalidad y de exhaustividad en detrimento de la quejosa. Lo anterior es así, puesto que la litis incidental planteada por la quejosa-actora incidentista tiene como sustento la negativa en la relación de trabajo entre ella y el trabajador José Miguel Echave Bastidas, pues al contestar su demanda negó los hechos y el derecho a que éste le reclamara el pago de las prestaciones exigidas, al afirmar que no existió relación laboral alguna con el trabajador, sino una relación de carácter civil, puesto que el citado actor fue contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, según se pactó en los contratos de prestación de servicios personales signados por José Miguel Echave Bastidas. Por esa razón, per se (por sí) dicho incidente de competencia resultaba improcedente, atendiendo a lo estrictamente contemplado en el citado artículo 702 de la Ley Federal del Trabajo, supletoria de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, al estar sustentado en un elemento respecto al cual existe restricción para que el tribunal responsable se pueda pronunciar de manera previa y especial. Ya que, como se ha insistido, la relación de trabajo constituye, dentro de la regulación que establece la Ley Federal del Trabajo, por disposición del numeral en comento, un tema de fondo, el que debe dilucidarse ponderando en todo momento cuál de las partes es la que detenta la carga de la prueba, lo que es dable de analizar al momento de pronunciar el laudo respectivo, no vía incidental. Lo cual resulta congruente y oportuno, ya que será en sólo en ese momento donde el tribunal responsable puede, a verdad sabida y buena fe guardada, establecer si existe o no la relación laboral entre el actor-trabajador y la demandada- patronal, derivado de lo alegado y probado en el procedimiento; de ahí que ello no pueda ser materia de un incidente de competencia, ya que la relación de trabajo constituye un elemento sujeto a prueba y que sólo habrá de resolverse en el fondo del litigio. Robustece lo dicho la tesis aislada 2a.CXLV/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 352, tomo XII, materia laboral, noviembre de 2000, registro 190895, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA LABORAL. PARA RESOLVERLA NO DEBE ADELANTARSE CRITERIO ACERCA DE LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO QUE SE CONSTITUYÓ CON ALGUNO DE LOS CODEMANDADOS. No resulta apropiado que un tribunal del trabajo, al resolver sobre su competencia, se pronuncie acerca de la naturaleza de la relación laboral con determinado codemandado, dado que tal cuestión constituye materia de excepción y defensa por parte de los demandados, sujeta a prueba durante el procedimiento y que habrá de resolverse en el fondo, mas carece de relevancia en cuanto a la determinación de competencia, porque, como lo ha sostenido este Alto Tribunal, ésta se finca, entre otros supuestos, acorde con la naturaleza de la relación jurídica de servicio que afirman los actores haber sostenido con los demandados." Por ende, no es violatoria de derechos el hecho de que el tribunal responsable hubiera omitido el valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por la quejosa como sustento a su incidente de competencia que planteó en el juicio laboral 309/2019-G1, con las cuales pretendía acreditar la inexistencia de la relación de trabajo entre ella y el actor-trabajador, ya que atento a lo razonado por el tribunal, su estudio era innecesario. Es decir, con pruebas o sin ellas, valoradas o sin valorar, el incidente de competencia, basado en la negativa de la relación de trabajo, resulta improcedente, como con acierto lo determinó el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en la resolución que constituye el acto reclamado. Sin que sea óbice de lo anterior el hecho de que se haya dado trámite al incidente de competencia, vía incidental, puesto que, a pesar de ello, sigue rigiendo la disposición indicada por el numeral 702 de la codificación en examen, de que la negativa de la relación de trabajo, no puede ser dilucidada de manera previa y especial, sino al fallar el fondo de la litis; no existiendo diverso precepto que estipule lo contrario. Todo lo cual permite considerar válido y, consecuentemente legal, lo determinado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al decretar la improcedencia del incidente de competencia, sin vulneración a las garantías precisadas por la quejosa. De esta manera, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinte de abril de dos mil veintiuno. Diferimiento de la audiencia incidental. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la quejosa en auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en relación a la vista que se le dio con el informe rendido por el Director General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, en el que manifestó la imposibilidad de remitir las constancias solicitadas por esta autoridad, que envía de prueba ofreció la quejosa en el presente incidente. En tales circunstancias, para dar margen a que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada el día de hoy, y se señala como nueva data las CATORCE HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga su verificativo. Notifíquese.

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