Nanci Leticia Fuentes Guajardo

Expediente 587/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
587/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Nanci Leticia Fuentes Guajardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta y del estado procesal que guardan los autos del presente juicio de garantías, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinte de junio del año en curso por el cual se desechó de plano la demanda de garantías en la que aparece como directa quejosa Nanci Leticia Fuentes Guajardo, dentro del juicio de amparo número 587/2022-VII; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, a fin de que acatara la prevención contenida en el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós (fojas 13 a 15); en consecuencia, toda vez que obra visible a fojas diecisiete y dieciocho el ocurso con anexo, signado por el licenciado Rafael Infante Sánchez, en su carácter de autorizado en términos del artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, dentro del juicio de origen 230/2021, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; a través del cual comparece con la finalidad de desahogar la prevención de mérito (fojas 17 a 20). Ahora bien, con sustento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, este tribunal analiza de manera integral el contenido de la demanda inicial y el escrito aclaratorio de cuenta, a fin de definir si el promovente cumple o no con la prevención efectuada en este juicio de garantías radicado con el número 587/2022-VII, de los cuales se observa: Escrito de demanda inicial. "2. AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ DE PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, con residencia y domicilio conocido en esta localidad." ".5. ACTO RECLAMADO.- Se constituyen como tal el ilegal e inconstitucional pronunciamiento dictado por la responsable, con fecha 27 de mayo del año 2022, dentro del expediente 230/2021, en el cual se advierte que debido al pronunciamiento de una improcedente caducidad de fecha 29 de marzo del año 2022, resolución, bajo protesta de decir verdad, nunca me fue notificado en perjuicio de mi representada, violándose lo establecido en el artículo 14 constitucional, y en relación a lo establecido por el artículo primero del mimo ordenamiento legal citado, la garantía de audiencia, privándome la citada resolución de fecha 29 de marzo del 2022, de tener conocimiento de toda resolución pronunciada por los órganos jurisdiccionales, privación de los derechos y defensas en perjuicio de mi representada, por esa virtud se interpuso el recurso de apelación en ambos efectos, por así establecerlo el artículo 375 del código federal de procedimientos civiles, que en la especie al no regular el recurso correspondiente, el código de procedimientos civiles de Tamaulipas, lo suple el Código federal de procedimientos civiles, en su artículo 375, que en los pronunciamientos de caducidad establece lo siguiente "la resolución que se dicte es apelable en ambos efectos", como así lo menciona y hace alusión la responsable en auto de fecha 27 de mayo del año 2022, contrario a ello en el cual expresa que el artículo 473 de la legislación procesal de Tamaulipas en comento y que a la letra dice "en los juicios sumarios solamente los autos que decidan incidente y las sentencias, serán apelables, el recurso, solo se admite en efecto devolutivo", el auto que pretende impugnar, refiriéndose al suscrito, no es de los considerados por la Ley como apelables, pues no se trata de un auto de que decida un incidente, ni tampoco se trata de una sentencia definitiva, en consecuencia se DESECHA su promoción por improcedente." Escrito aclaratorio. ".Que debido a la complejidad o dificultad para obtener la constancia certificada en cuyo contenido me otorga mi representada la personalidad solicitada por ese H. Tribunal, a reserva que, en el tiempo concedido para obtenerla, no obstante, de solicitarlas con carácter de urgente, provisionalmente me permito acompañar la constancia electrónica que la responsable pronuncia en el auto de fecha 2 de junio del 2021, la personalidad que me fuera otorgada dentro del expediente 230/2021, lo anterior es para el efecto de que efectivamente mi personalidad ha sido reconocida en el citado expediente, cuyo efecto trascienda en ese H. Tribunal, constancia que me permito acompañar con el objeto de velar por los derechos y defensas de mi representada en el presente juicio de garantías, señalado como acto reclamado y conceptos de violación actos de imposible reparación, al ejecutarse materialmente la sentencia del juicio principal, cuyos efectos no se restituirían en el goce de sus derechos violados, al ejecutarse la sentencia principal en el juicio 230/2021, desalojando con violaciones relevantes y trascendentales, que quedaron debidamente comprobados en la existencia de los hechos del acto reclamado, daño irreparable, es decir, que es imposible reparar las violaciones tanto procesales como las de fondo, al caducar el procedimiento del incidente de nulidad de actuaciones, decretando ilegalmente su caducidad, sin haber procedido legalmente decretarla, que fue con el objeto de ejecutar la sentencia del juicio principal en perjuicio de mi representada, al desalojarla del predio objeto del arrendamiento en forma inconstitucional, que en el caso no se repararía, aun obtenido una sentencia favorable a sus intereses, motivo por el cual solicito se le conceda a mi representada el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL." En el caso, de la constancia que acompañó el promovente a su escrito aclaratorio se desprende que comparece como autorizado en términos del ordinal 68 del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas y por ello, como se explicará, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que en su orden dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". En esos términos, se advierte que dicha causal de improcedencia se refiere a la falta de legitimación del promovente del juicio biinstancial para accionar el amparo a nombre de quien figura como directa quejosa Nanci Leticia Fuentes Guajardo. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo y el ocurso aclaratorio, se advierte que la antes nombrada, es parte demandada dentro del expediente número 230/2021, relativo al juicio de desahucio, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad. El profesionista de cuenta, solicita el amparo en la vía indirecta en su carácter de autorizado de Nanci Leticia Fuentes Guajardo, respecto a la resolución de veintisiete de mayo del presente año, dictada dentro del expediente antes citado. Establecido lo precedente, a continuación se transcribe el primero párrafo del artículo 68 bis del Código de Procedimientos para el Estado de Tamaulipas, en el cual se encuentran las facultades que puede ejercer un litigante ampliamente al ser autorizado en términos de dicho numeral: "ARTÍCULO 68 BIS.- Las partes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer promociones para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas designadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado, debiendo proporcionar los datos correspondientes al registro de su título profesional ante el Tribunal Superior de Justicia, en el entendido que el autorizado que no cumpla, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiese designado, y únicamente tendrá las que se indican en el antepenúltimo párrafo de este artículo. [.]." Sin embargo, esa acreditación únicamente se ciñó al litigio civil correspondiente, ya que el alcance de las facultades en "defensa de los derechos del autorizante", como lo señala el artículo en mención, no puede entenderse a cualquier acto, sino que se circunscribe a la litis de origen al no advertirse de su contenido normativo que lo haga alcanzable al juicio de amparo, y por ello excluye la posibilidad que el autorizado promueva la vía constitucional. Ello debido a que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover la litis ante el órgano jurisdiccional correspondiente, cuyo ejercicio corresponde al titular del derecho controvertido, en su caso, al representante legal o mandatario; lo que ocurre con el acto que da origen a la presentación de esta demanda, que es cuando se plantea la pretensión litigiosa, por lo que los diversos actos vinculados con el juicio natural, puede el actor realizarlos a través de su representante legal. Por tanto, trasladada tal premisa al juicio constitucional, el ejercicio de la acción de amparo debe provenir directamente de quien tenga el carácter de quejoso por sí (o por conducto de quien tenga su representación legal) ya que aquél es el único legitimado para estimar que estos actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué manera son lesivos sus derechos humanos acorde al principio de parte agraviada, regulado por los artículos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo. Consecuentemente, los autorizados designados en términos amplios del juicio civil de origen correspondiente, no pueden instar la acción de amparo, pues tal autorización los legitima únicamente para atender procesalmente la litis de origen, al no ser los titulares del derecho tutelado cuya salvaguarda se solicita mediante el juicio de amparo. En otras palabras, si bien el numeral 68 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, faculta a las partes para que autoricen a una o más personas con capacidad legal, que deberán ser profesionales en derecho para que interpongan los recursos que estimen procedentes, ofrezcan pruebas e intervengan en ellas, diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia o hacer promociones para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin poder sustituir o delegarlas a un tercero; sin embargo, esas facultades ampliar, como se dijo, se reducen a emplearlas en el juicio natural, pues el legislador no previó que el autorizado sea un representante legal, y por lo mismo su encomienda no constituye un mandato. Como apoyo a lo anterior, se cita por analogía la jurisprudencia XVII.J/1 (10a), sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1411, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. NO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Conforme al artículo citado, las partes en el juicio civil pueden autorizar a los profesionales en derecho y otorgarles facultades para promover, ofrecer y desahogar pruebas, interponer los recursos que procedan, alegar en las audiencias y realizar en el proceso todas aquellas diligencias necesarias tendentes a la defensa de los derechos del autorizante. Sin embargo, la anterior disposición no faculta al autorizado para promover el juicio de amparo, pues ello sólo corresponde al titular del derecho de acción, esto es, a quien tenga el carácter de quejoso, por sí o por conducto de quien tenga su representación legal, al ser el único legitimado para estimar qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué manera son lesivos de sus derechos humanos, atento al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013. En consecuencia, la demanda de amparo únicamente puede formularse por el quejoso o por su representante legal, sin que pueda sustituirse por un autorizado en los términos amplios del invocado artículo 60, párrafo primero, pues dicha autorización únicamente le otorga facultades para realizar los actos procesales que se estimen conducentes dentro de la litis civil, esto es, en el juicio de origen, ya que el legislador no previó que el autorizado fuera un representante legal y, por lo mismo, su encomienda no constituye un mandato." También tiene apoyo a lo expuesto, la diversa tesis XIX.1o.A.C.30 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1808, Décima Época, Materias Común y Civil, que en su rubro y texto dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción I y 6o., todos de la Ley de Amparo, se concluye que tratándose de actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo resulta improcedente cuando la demanda sea promovida por quien no resulte ser el titular del derecho subjetivo que se alega afectado de manera real y actual, por el acto reclamado; cuando no sea promovida por el representante legal o apoderado del quejoso; o bien, cuando el quejoso no la promueva por conducto de su representante legal o apoderado. Es decir, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que obliga a que la demanda sea promovida por quien se ve directamente afectado por el acto reclamado, por lo que es necesario que ésta sea firmada por el quejoso, su representante legal o apoderado, ya que sólo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado es quien está legitimada para demandar la protección de la Justicia Federal, lo que puede hacer por sí o por su representante legal o apoderado. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso, su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, porque dicha autorización con la que cuenta, no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades se circunscribe en el marco de la defensa de los derechos que el autorizante llevó al juicio de origen, es decir, las "facultades amplias" que tiene son únicamente para intervenir en el juicio en el que se le autorizó, pero no para representar a la autorizante fuera de ese procedimiento." No es óbice a lo anterior, que en la jurisprudencia citada en primer término se haya analizado el artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Chihuahua, en razón de que dicho numeral es de idéntica redacción al 68 bis del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas. Se cita como apoyo la tesis 2a. XXXI/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 560 del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2007, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD. La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante." De igual manera, la jurisprudencia VI.2o.C.J/307 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1798, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2009, Novena Época, que dice: "JURISPRUDENCIA. PARA QUE LA EMITIDA CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SEA APLICABLE EN OTRA, DEBEN EXISTIR EN AMBOS ESTADOS DISPOSICIONES LEGALES CON SIMILAR CONTENIDO. Si bien los Tribunales Colegiados de Circuito, en la resolución de los asuntos de su competencia, están facultados para emitir criterios interpretativos de la legislación de las entidades federativas, y al hacerlo colman los posibles vacíos legislativos que pudieran advertirse, esta atribución no puede llegar al extremo de integrar una aparente laguna normativa a partir de la existencia de una tesis aislada o jurisprudencia referida a una legislación de un Estado de la Federación, distinto al en que se suscita el conflicto, si en la legislación aplicable no existe una disposición con contenido análogo al ya interpretado por un diverso tribunal, pues sostener lo contrario implicaría extender el contenido de aquél a cuestiones inherentes a la ley expedida por otra soberanía legislativa, sin considerar el ámbito territorial de aplicación de la norma vigente en cada demarcación federal, provocando así el desconocimiento de la soberanía de cada Estado miembro de la Federación." En esas condiciones, el licenciado Rafael Infante Sánchez, al haber sido únicamente autorizado en términos del artículo 68 bis, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, carece de legitimación para promover la demanda de amparo indirecto a nombre de Nanci Leticia Fuentes Guajardo, pues no tiene la referencia específica de ser representante legal o apoderado de aquélla y por ello, no puede tenerse por cumplida la prevención efectuada en este asunto. Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por el licenciado Rafael Infante Sánchez, en favor de Nanci Leticia Fuentes Guajardo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Con el fundamento apuntado, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por el licenciado Rafael Infante Sánchez, en favor de Nanci Leticia Fuentes Guajardo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    VII. De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa la resolución emitida el veinte de junio de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido al este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; téngase por recibido el escrito presentado por Rafael Infante Sánchez, quien se ostenta como apoderado legal de la directa quejosa Nanci Leticia Fuentes Guajardo, en alcance a la demanda de amparo recibida el siete de los actuales, en la oficialía de partes de este juzgado; por tanto, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, previamente a proveer lo que en derecho corresponda en cuanto a su contenido, estése a la espera de que transcurra el plazo otorgado a la parte promovente de mérito, mediante acuerdo de ocho del mes y año en curso (fojas 13 a 15). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

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