Nanashi Ramirez Estrada

Expediente 1431/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1431/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Nanashi Ramirez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo proveniente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde informe justificado. Atento su contenido, resérvese acordar lo conducente, hasta que se resuelva el recurso de queja que obra en autos, pues el dos de octubre de dos mil veintitrés se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito informando que radicó dicho medio de impugnación bajo el número Q-********************/2023 y, por tanto, se suspendió el procedimiento en este asunto. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de octubre de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado informa admisión del recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio firmado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el contenido del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja 191/2023, del que destaca que se admitió a trámite el recurso en comento interpuesto por la parte quejosa Nanashi Ramírez Estrada, en contra del proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo: A. Se suspende el procedimiento en el presente juicio de amparo. B. Se deja sin efectos la audiencia constitucional programada; y, C. Se reserva señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional hasta en tanto se tenga conocimiento de la resolución que se emita en el recurso de queja interpuesto en autos. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto citado en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia." Hágase de su conocimiento que se encuentra disponible la habilitación y vinculación de la versión electrónica del presente asunto a fin de que, en caso de ser necesario, pueda realizar la consulta correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Requerimiento cumplimiento Vistos los autos, se advierte que la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de treinta y uno de agosto, esto es, no ha informado la contestación recaída al oficio *** de diez de julio de dos mil veintitrés, en el que solicitó opinión al Servicio Geológico Mexicano en cuanto a si el predio materia de la litis ["***", municipio de ***], cuenta con aptitud minera en un nivel alto y, en su caso, le remitiera el soporte documental correspondiente, a fin de que determinara lo que en derecho proceda, como tampoco ha comunicado las gestiones que se encuentra realizando con motivo del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento En virtud de lo anterior, requiérase a la citada Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de dicha secretaría para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe lo precisado en el párrafo que antecede. Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido, así sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimiento [inejecución de sentencia]. Con el apercibimiento a la autoridad requerida que de ser omisa al presente requerimiento, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 193, 194 y 197 de la Ley de Amparo, se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN." Se determina lo anterior, en atención a la actitud de indiferencia adoptada por la referida autoridad sobre los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional, a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Requerimiento a superior jerárquico. En ese aspecto, se requiere a *** Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -en su calidad de superiora jerárquica- para que en el plazo de tres días conmine a la autoridad responsable a cumplir el fallo protector y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a su subordinada respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el diario de la unidad de medida y actualización, es decir, por la cantidad de $*** (***). Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO... Se requiere información a fin de, en su caso, ejecutar multas. En consecuencia, a fin de que se haga efectivo el cobro de la multa que en su caso se imponga, con fundamento en lo establecido en el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese oficio a *** Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, proporcione su domicilio fiscal y registro federal de contribuyentes con homoclave. Con el apercibimiento que en caso de incurrir en omisión a este mandamiento, se hará acreedora a una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en auto del diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, sin que haya desahogado la prevención que se le formuló, por tanto se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho y no se tiene como autoridad responsable al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula; por tanto, se procede a proveer lo conducente. En principio se advierten los siguientes datos: Parte quejosa.**** Parte tercera interesada. OTC Puebla, sociedad anónima de capital variable, Industrias Norm, sociedad anónima de capital variable, Stein Infraesctructura sociedad anónima de capital variable y Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula. Autoridades responsables: Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Presidente y/o auxiliar en Sustitución del Presidente de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Banco Nacional de México sociedad anónima integrante del Grupo Financiero Banamex. Actos reclamados: De la Junta Especial Número 6 de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Estado de Puebla y del Presidente y/o auxiliar en Sustitución del Presidente de la Junta Especial Número seis de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Estado de Puebla, reclama la omisión de pronunciarse respecto del escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en el que solicitó se hagan efectivos los apercibimientos decretados en contra de la Institución de Crédito denominada BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A, INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX y se continúen dictando medidas de apremio subsecuentes para que se haga cumplir la resolución de tercería de preferencia de crédito; y La omisión de vincular con medidas de apremio al BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A, INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX, derivado del incumplimiento de las actuaciones que se han ordenado a la autoridad financiera por su conducto, a fin de que se ejecute la resolución de fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, relativa A LA Tercería de Preferencia de Crédito, emitida en el expediente laboral ********************. **** Es importante apuntar que el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE". También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Sentado lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito de veintidós de mayo de dos mil veintitrés presentado en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en el cual solicitó se hagan efectivos los apercibimientos decretados en contra de la Institución de Crédito denominada Banco Nacional de México sociedad anónima, Integrante de Grupo financiero BANAMEX. En ese sentido, respecto del acto reclamado al Banco Nacional de México sociedad anónima, Integrante de Grupo financiero BANAMEX, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad; en efecto, dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de las y los particulares. Lo anterior, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Luego, es útil traer a colación la clasificación que la teoría general del derecho realiza respecto de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de formalidades como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra-subordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. A partir de las premisas anteriores, se estima que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, y determinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que la o el promovente tenga el carácter de particular y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En este sentido, conviene señalar que recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 327/2017, precisó que la intervención pública es el principio que sustenta el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que con base en éste se puede determinar si un acto especifico está investido con la fuerza de imponerse unilateralmente y, por tanto, susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de las y los particulares, sin que su actuación requiriese la autorización previa de la parte afectada o la anuencia de un órgano judicial. Asimismo, precisó que no resulta relevante la naturaleza del órgano o autoridad responsable, toda vez que lo determinante es verificar si el acto encuentra sustento en el ordenamiento jurídico con un poder suficiente para que a través de éste se pueda crear, extinguir o modificar la esfera jurídica del quejoso de manera unilateral. De lo expuesto pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En síntesis, será considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella y, los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Con base en lo expuesto, en el presente caso se estima que respecto del acto que se atribuye al Banco Nacional de México sociedad anónima, Integrante de Grupo financiero BANAMEX, no se acredita la relación de supra a subordinación entre dicha autoridad y la parte quejosa, debido a que aquella sólo tiene la calidad de auxiliar en la impartición de justicia. En ese orden de ideas, resulta claro que el acto reclamado al Banco Nacional de México sociedad anónima, Integrante de Grupo financiero BANAMEX, no puede considerarse como acto unilateral que modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la parte quejosa, pues encuentra su origen en una orden que, en su caso, debe ser emitida por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por tales motivos, el acto atribuido en el juicio de origen no puede tenerse como acto de autoridad para efectos de este juicio de amparo, pues las actuaciones u omisiones de aquella autoridad deben ser vigiladas por la autoridad judicial que, en su caso, haya solicitado su auxilio, que en el caso, lo es la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, quien debe adoptar las medidas pertinentes a fin de que pueda lograr el cumplimiento de su determinación, como es imponer apercibimientos, y en su caso, hacerlos efectivos. En efecto, el acto reclamado al Banco Nacional de México sociedad anónima, Integrante de Grupo financiero BANAMEX, deriva de una vinculación que se le debe hacer en el juicio de origen para remitir información; de ahí que, no encuadra en la connotación de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no se está frente a una relación de supra a subordinación en la que aquella autoridad administrativa haya actuado unilateralmente y con imperio frente a la parte quejosa, sino que, se insiste, su intervención únicamente es con el carácter de auxiliar en el juicio civil de origen, por virtud de la solicitud de información que le formuló la autoridad jurisdiccional. Apoya lo anterior, la tesis I.15o.A.36 K, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES". De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. Resultan ilustrativos al caso, en lo conducente, los siguientes criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que dicen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN DERIVA DE UNA ORDEN JUDICIAL. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Efectivamente, el notario es un fedatario público al que la ley le otorga la facultad de autentificar y dar forma a los actos y hechos jurídicos, por lo que cuando actúa en ejercicio de esas facultades, a virtud de una disposición jurisdiccional, su actuación no implica la aplicación o ejecución de alguna determinación de observancia obligatoria, como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado, ya que no trata de imponer disposiciones normativas ni actúa motu proprio, sino en acatamiento del referido mandato jurisdiccional, que es donde propiamente se hizo la aplicación de la ley y en donde se decretó la afectación de la esfera jurídica de las partes contendientes. Consecuentemente, el fedatario que da autenticidad y forma legal al acto jurídico base de la acción, en el juicio natural, no actúa como autoridad para efectos del amparo, sino como simple fedatario de ese acto que fue materia de una controversia jurisdiccional y por ende, el juicio de amparo contra actos del notario público, resulta improcedente." En esas condiciones, dado que el Banco Nacional de México sociedad anónima, Integrante de Grupo financiero BANAMEX no puede tener el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, por actuar como auxiliar de una autoridad jurisdiccional, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la citada ley. Por lo que se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de la autoridad Banco Nacional de México sociedad anónima, Integrante de Grupo financiero BANAMEX y del acto que le pretende reclamar. Así, fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de que se trata. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberán acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen los actos reclamados, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. De contar con las constancias digitalizadas, se requiere a las autoridades responsables la rendición del informe justificado y las constancias que justifiquen el acto reclamado, en formato digitalizado, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del sistema de interconexión, o en su defecto, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, siempre que el archivo que se envíe cuente con firma electrónica. Lo anterior, acorde con el principio de impulso tecnológico que se prevé en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. En el entendido que, de contar con expediente físico, las autoridades responsables deberán remitirlo a efecto de que este Juzgado Federal realice el cotejo con las constancias digitalizadas y, una vez realizado, le sea devuelto a la brevedad. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a las autoridades responsables a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación indiquen si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, pues los actos reclamados no encuadran en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Tercero interesado. El artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. En consecuencia, se reserva hacer el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada hasta que obren en autos las constancias generadoras del acto. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa las documentales adjuntas a su escrito de demanda, así como las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa haya ofrecido como documentales públicas los informes justificados que rindan las autoridades responsables, pues al formar parte de la instrumental las actuaciones del juicio de amparo, debe considerarse que dichos informes se encuentran contemplados dentro de la misma. Se desecha prueba. Por otra parte, se aprecia que el accionante de amparo ofrece como prueba la documental en vía de informe consistente en el expediente ******************** que deberá remitir la Junta Especial Número seis de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Estado de Puebla. Al respecto, no es procedente su solicitud. Para justificar lo anterior, debe destacarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional y la de posiciones; por tanto, es admisible como prueba el informe solicitado a una autoridad respecto de hechos que conozca en virtud de sus funciones, aun cuando no tenga el carácter de responsable; no obstante, si lo que se pretende con el informe es obtener alguna copia o documento que esté en poder de la autoridad y de cuya existencia el oferente tenía conocimiento previo, aun cuando se solicite que éste se remita vía informe, ese medio de convicción tendrá la naturaleza de prueba documental, por lo que deberá sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 121 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J 32/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, consultable en la página 721, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL INFORME SOLICITADO A UN FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE NO ES PARTE EN EL JUICIO, SOBRE ALGUNA CIRCUNSTANCIA DESCONOCIDA PARA LAS PARTES, ES EQUIPARABLE A UNA TESTIMONIAL. De acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho. En esos términos, será admisible como prueba el informe solicitado a cualquier funcionario o autoridad, aun cuando sea distinta de la responsable, respecto de los hechos que conozca o haya conocido por virtud de sus funciones. Ahora bien, para determinar las condiciones en que éste debe presentarse ante el Juez de Distrito, cabe señalar que gramatical y etimológicamente el informe puede definirse como el medio por el cual se transmite una comunicación antes desconocida. De esa manera, si lo pretendido es aportar alguna copia o documento en poder de aquéllos y de cuya existencia el oferente tenía un conocimiento previo, aun cuando éste solicite que se remita "vía informe", ese medio de convicción tendrá la naturaleza de una prueba documental, sujeta a las reglas que para tal efecto establece el artículo 152 de la Ley de Amparo. En cambio, cuando se pretenda que dicho funcionario o autoridad haga del conocimiento del Juez de Distrito algún suceso o circunstancia, hasta ese momento desconocido por las partes, pero del que puede dar noticia por ser una cuestión relativa a su competencia legal, conforme a los artículos 127, 169, 171 y 174 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en lo conducente de manera supletoria, ese informe, rendido por oficio, puede equipararse a una prueba testimonial y, por tanto, su anuncio debe llenar requisitos de tiempo y forma que es necesario observar para los efectos de su admisión y preparación, conforme al párrafo segundo del artículo 151 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, en caso de considerar el Juez de Distrito que dicho informe no satisface el requisito de idoneidad para demostrar los hechos que se pretenden, está facultado para desecharlo desde su anuncio y no esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional." En ese contexto, como se precisó la quejosa pretende que se solicite una documental en vía informe a la Junta Especial Número seis de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Estado de Puebla, respecto del expediente ******************** del índice de dicha junta. Luego, para constatar si es factible requerir la información que refiere el accionante de amparo es menester traer a colación lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo, que a letra dice: "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes." De lo transcrito se desprende que para que las partes en el juicio de amparo estén en aptitud de rendir sus pruebas, las autoridades están obligadas a expedir oportunamente copia de los documentos que se les soliciten, y en el caso de que no lo hagan la parte podrá solicitar al órgano jurisdiccional que conozca del amparo solicite dichas constancias; no obstante, para que ello sea posible, es necesario que se cumplan dos requisitos a saber: 1) que la parte demuestre haber realizado la petición conducente y se le haya negado la misma, y 2) que la solicitud se realice cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. Lo anterior pone de relieve la improcedencia de lo solicitado por la impetrante, ya que no acreditó haber solicitado a la autoridad en comento copia del documento [expediente] que desea obtener, ni que ésta se haya negado a expedírselas. Por tanto, dado que el informe que solicita el quejoso a fin de recabar diverso documento [expediente] no cumple con los requisitos previstos en el artículo 121 de la ley de la materia, no es procedente acordar de conformidad su petición. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea., y en su caso, recibir las notificaciones que les correspondan. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibidas) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a las autoridades responsables que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrán por hechas; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notificación a autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista. Notifíquese.

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