Nallely Ortiz Jiménez

Expediente 1001/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1001/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Nallely Ortiz Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el quince de octubre de dos mil vientiuno, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1001/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda de amparo. Nallely Ortiz Jiménez, por su propio derecho, mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto atribuido a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO: A).- De las citadas autoridades: reclamado mi derecho de petición, ante la falta de acuerdo recaído a mi escrito de fecha 30 de julio del 2021, dirigido a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrario, dentro del expediente número CPGA/605/2020, el cual se radicó ante dicha autoridad con motivo del juicio de revocación de mandato que promoví en contra del titular de la Presidencia del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; sin embargo, a la presente fecha no ha dado respuesta a mi escrito en mención, violándose los establecido en los numerales 1, 8, 14, 16 y 17, de nuestra Carta Magna. B).- Aunado a ello, también reclamo de la citada autoridad la DENEGACIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y SU IMPARTICIÓN, máxime que la justicia debe ser pronta y expedita, ello tomando en consideración que desde la presentación del escrito de demanda de revocación de mandato de fecha 3 de diciembre del 2020, a la presente fecha han transcurrido 9 meses y ocho días sin que esta autoridad responsable impulse el procedimiento y por lo tanto resuelva al respecto, de ahí que me veo en la necesidad de promover el presente juicio, a fin de que la autoridad continúe con el procedimiento y no sea omisa en su actuar, puesto que su obligación es dar trámite al juicio de revocación de mandato dentro de los término señalados en el artículo 60 fracción VI y 61 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca." Que estimó violatorios del derecho humano contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que Nallely Ortiz Jiménez, reclama de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrario del Congreso del Estado de Oaxaca: La falta de acuerdo a su escrito de treinta de julio de dos mil veintiuno, dirigido a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrario, en el expediente CPGA/605/2020, relativo al juicio de revocación de mandato promovido por la quejosa, contra el titular de la Presidencia del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno, en el que solicita que al haber comparecido el quince de julio de dos mil veintiuno, a ratificar su demanda, se continúe con el procedimiento. La omisión de proveer en el expediente CPGA/605/2020, en el que presentó demanda de revocación de mandato, el tres de diciembre de dos mil veinte, y a la fecha no se ha dado trámite al procedimiento de revocación de mandato dentro de los términos señalados en el artículo 60 fracción VI y 61 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Presidente de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrario de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado, con sede en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, niega la existencia de los actos reclamados, pues manifiesta que en acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente CPGA/605/2020, de su índice, se dio trámite al mismo, se ordenó emplazar al Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, con traslado de la demanda presentada por Nallely Ortiz Jiménez. Lo que se notificó a la quejosa el ocho de octubre de dos mil veintiuno. Lo que se acredita con copia certificada de dichas actuaciones; a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, si la quejosa presentó la demanda de amparo el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad; se advierte, a esa fecha, sí existían los actos que reclama, ya que el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente CPGA/605/2020 del índice de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrario de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, le fue notificado, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el ocho de octubre de dos mil veintiuno. Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causa de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. La quejosa Nallely Ortiz Jiménez, reclama de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrario de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado: La falta de acuerdo a su escrito de treinta de julio de dos mil veintiuno, dirigido a la responsable, en el expediente CPGA/605/2020, relativo al juicio de revocación de mandato promovido por la quejosa, y presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno, en el que solicita que al haber comparecido el quince de julio de dos mil veintiuno, a ratificar su demanda, se continúe con el procedimiento; así también, la omisión de proseguir con el procedimiento en el citado expediente CPGA/605/2020. Como ya se mencionó en el considerando que antecede, la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrario de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado, con sede en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, emitió acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente CPGA/605/2020 de su índice, en el que da cuenta con la comparecencia de ratificación de ocho de julio de dos mil veintiuno, de la quejosa, y con el escrito de ésta, ordena formar el citado expediente, da inicio al procedimiento de revocación de mandato, y ordena emplazar al Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Lo que se notificó a la quejosa el ocho de octubre de dos mil veintiuno. Lo que se acredita con copia certificada de dichas actuaciones; a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo que se desprende que la autoridad responsable emitió contestación congruente en relación a lo planteado por la quejosa en el expediente CPGA/605/2020 de su índice; así también, inició el procedimiento promovido por la quejosa, ordenando emplazar a la contraparte; por ende, las omisiones reclamadas en el presente juicio de amparo dejaron de subsistir y, en consecuencia, de producir efectos, constituyéndose consecuentemente una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó la parte quejosa de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrario de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Febrero 1998, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías 1001/2021, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Nallely Ortiz Jiménez, contra actos de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 1001/2021, que le correspondió; tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional ($8,962.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Dígase a la autoridad responsable que dado el alto riesgo de infección y propagación en el marco de la pandemia derivada del virus COVID-19, se le requiere para que rinda su informe justificado y envíen cualquier oficio, al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se precisa a la autoridad responsable que en caso de que las constancias que deba remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), podrá presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 06/100, moneda nacional ($2,688.06) que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4, 481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la quejosa, la anexa a su escrito de cuenta, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza y sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. Notificación a las autoridades. En la inteligencia de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la autoridad responsable por medio de lista electrónica que publica este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Así mismo, con fundamento en el artículo 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones personales que deban practicarse a las autoridades responsables, a las que tengan el carácter de terceros interesados o que deban intervenir en este juicio, las realice el Actuario adscrito vía correo electrónico, o bien en el portal de servicios en línea si las autoridades tiene celebrado convenido de interconexión, como dispone el apartado B, número 12, de la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte. Lo anterior, a fin de dar continuidad a este juicio de amparo de forma electrónica, con el objeto de proteger la salud de las partes y del personal de este juzgado. Domicilio y autorizados. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Manuel Doblado, número 821, interior 1, esquina con Xóchitl, Centro, Oaxaca, así también, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Óscar Gonzales Vásquez, Alberto Concha Perea, Xicotencatl Hernández Bautista y Mónica Lisett Méndez Sánchez, en cuanto al primero, la cédula profesional 7151323 proporcionada, no se localizó la en la página de internet del registro nacional de profesiones https://consultatucedula.mx/, respecto a las restantes personas así lo solicitó la parte quejosa. Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), se le tiene proporcionando el número telefónico 951 408 03 57; así como el correo electrónico naoj82@hotmail.com, para los efectos correspondientes. Exhortación a tramitar juicio en línea. En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En el entendido que de optar por el "juicio en línea", deberán así expresarlo, solicitar sus notificaciones por esa vía y proporcionar su número de usuario. Así también, las autoridades sean responsables o terceras interesadas deberán señalar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.

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