Nallely Navarro García
Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Nallely Navarro García
Actuaciones
- Principal
XII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
XII... Agréguese a los autos la razón signada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa el proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, por los motivos que expone. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la peticionaria de amparo el proveído de mérito, así como las subsecuentes, por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. 30/Mayo/2022: "... Vista la demanda de amparo promovida por Nallely Navarro García, por propio derecho; contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 627/2022-XII. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación a la fracción V, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo1, este último aplicado a contrario sensu. En ese orden de ideas, debe ponerse de manifiesto que de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dentro de juicio que tienen una ejecución irreparable, entendiéndose por ellos cuando afectan materialmente, de modo directo e inmediato, derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 1 "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Mexicano es parte, pero no en el caso en que solo afectan derechos procesales. Ahora, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República2, establece que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; pero nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Es decir, que procede éste, solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando por lo tanto improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente los producen de carácter formal o procesal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos, sin vulnerar los derechos fundamentales3. 2 "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:(...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y...". 3 En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia P./J.24/92, del Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Pleno, de la siguiente manera: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender Cabe establecer que con la Ley de Amparo vigente, el suscrito juzgador estima que el criterio que se sustentaba con la ley abrogada, en el sentido de que los derechos adjetivos o procesales también podían considerarse como actos de imposible reparación cuando afectaran al quejoso en grado predominante y superior, en la actualidad ya no tiene aplicación alguna. Ello es así, porque la ley vigente es clara y terminante en que los actos de imposible reparación sólo son aquellos que afectan derechos sustantivos o derechos humanos en forma directa (artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo). Luego, todo acto o derecho procesal que con anterioridad se haya calificado como de imposible reparación porque afectaba la defensa del quejoso en grado predominante y superior, dejó de ser aplicado en la actualidad. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 (10ª), razonó que el artículo 107 de la Ley de Amparo proporciona mayor seguridad jurídica en cuanto a los actos irreparables, toda vez que mediante una fórmula legal se definió con precisión, que son aquéllos que generan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que producen consecuencias de tal entidad que impiden de manera actual el ejercicio de un derecho reconocido en la Norma Fundamental o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En ese entendido, la condición para afirmar que se está en presencia de un acto de imposible reparación es que la afectación se produzca materialmente, lo que -en consideración del Alto que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Tribunal- significa que el acto reclamado debe impedir el ejercicio de algún derecho en forma presente y actual, lo que puede suscitarse incluso antes del dictado del fallo definitivo. Asimismo, como segunda condición los actos irreparables deben producir una lesión a derechos netamente sustantivos, lo que se trata de una expresión que resulta antagónica con el concepto de derechos adjetivos o formales, los cuales se refieren a normas procesales y cuya inobservancia no produce necesariamente una lesión de modo actual y presente, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento respectivo. Ahora bien, en el caso concreto el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de diecinueve de abril del citado año, en el que se requiere a la aquí quejosa para que en el plazo de tres días exhibiera de forma completa la pensión alimenticia provisional que le fue decretada por auto de once de febrero del año en curso, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa de diez unidades de medida y actualización. De lo expuesto, se desprende que en el caso no se materializa la causa de procedencia del amparo prevista en el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, debido a que el solo requerimiento formulado a la promovente, para que exhibiera de forma completa la pensión alimenticia que le fue impuesta en los autos del juicio de origen 156/2022, apercibiéndola que para en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de diez unidades de medida y actualización, es una cuestión meramente procesal, la cual en modo alguno no afecta un derecho sustantivo. Ello es así porque la Ley de Amparo vigente, establece un nuevo paradigma con relación a la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el referido artículo 107 fracción V, establece qué se debe entender por actos de imposible reparación, es decir, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales; esto es, que sus consecuencias impidan de forma actual el ejercicio de un derecho y no una lesión de naturaleza formal4. Por lo que, la determinación reclamada de la autoridad responsable que declaró improcedente el recurso de revocación en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en este momento no le irroga perjuicio alguno, sino que será hasta el momento en que el A quo determiné hacer efectivo el apercibimiento, que la parte tendrá la oportunidad de 4 Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Mayo de 2014, Tomo III página 1539, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." combatir tal determinación a través de los medios de defensa que tiene a su alcance, porque hasta entonces será cuando se le haya podido causar a aquella parte algún daño perjuicio. Ello, ya que la materia de la resolución interlocutoria únicamente consistió en analizar la legalidad del requerimiento hecho a la promovente, es decir, a fin de que exhibiera en el plazo de tres días la pensión alimenticia completa que le fue decretada en auto de once de febrero de dos mil veintidós, con el apercibimiento que en caso de inobservancia, se haría acreedora a una multa de diez unidades de medida y actualización. De lo que se concluye que es un acto que no reviste la naturaleza de imposible reparación, al no afectar de manera directa un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino derechos de naturaleza adjetiva o procesal. Así es, aun cuando la promovente aduce violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, la decisión del citado órgano jurisdiccional no produce como efecto vedar el ejercicio de los derechos consignados en favor de la quejosa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; por el contrario, repercute únicamente, en su caso, en derechos procesales, al sujetar a un término el requerimiento de una pensión alimenticia que ya fue decretada en los autos del juicio de origen, y que al no haber sido impugnada, se encuentra firme, por lo que el incumplimiento puede tener como consecuencia cualquiera de las medidas de apremio que el Juez que conoce del juicio de origen estime pertinente a fin de hacer cumplir con el requerimiento.?????? De este modo, la decisión de la autoridad responsable decanta en aspectos procesales o adjetivos referentes a la resolución interlocutoria que determinó improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil venidos, lo que en modo alguno repercute en el ejercicio de algún derecho sustantivo reconocido en la norma fundamental o en los tratados internacionales. Pues, la determinación reclamada no compromete en modo alguno el sentido de la decisión del juicio de origen. Lo anterior, toda vez que es una determinación cuyo perjuicio está supeditado a que llegue o no a trascender al sentido del fallo, lo que elimina la posibilidad de que el acto reclamado se considere como irreparable, pues en este momento no tiene ninguna consecuencia legal. En ese orden de ideas, al reclamarse actuaciones que no le afectan derechos sustantivos, se concluye que el juicio de control constiotucional es improcedente, y, en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 61 fracción XXIII, con relación al ordinal 107, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo...."
- Principal
VII... Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos se advierte que las partes no recurrieron el auto de dos de mayo de dos mil veintidós, a través del cual se tuvo por cumplido el fallo protector; en tal virtud, se tiene consentida dicha determinación; con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, este expediente se considera susceptible de depuración. Asimismo, en términos del ordinal 18, fracción I, inciso a), del multicitado acuerdo general el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida cautelar se concedió y negó. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión transfiéranse al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. De conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general en cita el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de seis meses a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a la destrucción del mismo conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. ...
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