Nallely Maharai Olamendi García
Expediente 1388/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/12/2022
Partes del expediente
- Nallely Maharai Olamendi García
- Ivan Fidel Ramírez Hernández
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. I. Causa estado. Según se advierte del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles,1 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 212 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de diciembre de dos mil veintidós. I. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito suscrito por la quejosa ....., mediante el que desahoga la prevención formulada en autos, la que se tiene por cumplida; atento a ello, se provee: II. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". III. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "El proveído de fecha 18 de noviembre de 2022, publicado en listas el día 22 de noviembre del 2022, por el cual se ordena la ejecución forzosa y embargo de bienes a efecto de cubrir el 50% de la mitad de los honorarios del perito tercero en discordia ....., vulnera el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al Interés Superior del Menor." IV. Desechamiento. Por tanto, quien resuelve advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." En efecto, en la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme a la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario, el acto reclamado carece de definitividad y por consiguiente, no es reclamable en amparo. Para satisfacer lo anterior, el gobernado tiene -como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ilustra lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 1835, tomo CIII quinta época, del Semanario Judicial de la Federación. "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella". Así también, la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 175974, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, visible en la página 1654, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En el presente caso, se surte la aludida causa de improcedencia, en virtud de que en contra del acto reclamado consiste en el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós emitido en el juicio ordinario civil de origen, la parte quejosa debió interponer el recurso de revocación, previsto en el artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que dispone: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Como se ve, el dispositivo legal transcrito prevé la procedencia del recurso de revocación contra los autos que no fueren apelables, así como también por lo que hace a los decretos. Dada la exclusión expresa que del recurso de apelación se contiene en el apuntado precepto, para la procedencia del diverso recurso de revocación, es dable reseñar, que el artículo 736 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, que establece: "Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la relación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." De dicho precepto se colige que los autos solamente son apelables cuando la ley lo disponga expresamente (supuesto que se toma en consideración en el caso concreto). En tal razón, en contra el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós emitido en juicio ordinario civil de origen, a través del cual la autoridad responsable, ordena la ejecución forzosa y embargo de bienes a efecto de cubrir el cincuenta por ciento de los honorarios del perito tercero en discordia, la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario procedente, en contra del acto reclamado, esto es, el recurso de revocación que es el medio de defensa en virtud del cual pudiera haber sido modificado, revocado o nulificado tal proveído. En otras palabras, la actuación controvertida no es definitiva, habida cuenta que la ley que rige el acto, prevé un medio de defensa que tiene el alcance de revocar, modificar o confirmar la resolución sometida a escrutinio constitucional. Se afirma lo precedente, ya que si la pretensión de la parte quejosa es que se deje sin efectos el auto reclamado por considerar que es inconstitucional, entonces debió promover en principio, el medio de defensa ordinario cuya resolución definitiva, en caso de ser contraria a sus intereses, pueda ser impugnada por esta vía. Cobra aplicación la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 37, del Semanario Judicial de la Federación, 12 Sexta Parte, materia común, séptima época, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo "dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley "de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados "Unidos Mexicanos." Aunado a lo anterior, se tiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), estableció la procedencia del amparo indirecto en contra de la jurisdicción voluntaria contra el acto que ponga fin a la misma, en dicho criterio también realizó una interpretación por analogía con relación a la fracción IV, del artículo 114 de la abrogada Ley de Amparo, fracción contenida ahora en el 107, fracción V, en la que estableció que si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Cabe destacar que el artículo 292 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, dispone: "Artículo 292. Dentro de los tres días siguientes al ofrecimiento de pruebas, el juez determinará las que se admitan sobre cada hecho y señalará fecha para su desahogo. No se admitirán diligencias de prueba contra derecho, contra la moral o sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles o que no han sido controvertidos por las partes. También deberán desecharse las que sean ociosas o ineficaces. Contra el auto que deseche una prueba, procede la apelación de ambos efectos, cuando fuere apelable la sentencia en lo principal. En los demás casos, no hay más recurso que el de responsabilidad." Acorde a lo anterior, se observa que procede el recurso de revocación contra el acto reclamado; porque es a través de éste que puede ser revocado, esto porque la legislación no dispone expresamente que contra determinaciones relativas a la prueba pericial, como lo es la autorización de los honorarios del perito tercero en discordia, así como su ejecución, proceda la apelación. Es pertinente señalar que en el caso no resulta aplicable el artículo 292 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, el cual prevé que el auto en que se admite o deseche alguna prueba no es recurrible, toda vez que en el acto reclamado, el Juez responsable no emitió pronunciamiento sobre la admisión de la prueba pericial, sino que como se indicó, ordena la ejecución forzosa y embargo de bienes de la parte quejosa, a efecto de cubrir el cincuenta por ciento de los honorarios del perito tercero en discordia; lo que está relacionado con la preparación y desahogo de la prueba, no así con su admisión. Robustece lo anterior, la tesis PC.III.C.J/48C (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación visible en el Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2317, Décima Época, registro 2020775, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, CON CARÁCTER DE DEFINITIVA APRUEBA EL MONTO DE LOS HONORARIOS DEL PERITO OFICIAL DESIGNADO POR EL JUEZ EN UN JUICIO CIVIL, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La resolución que fija de manera definitiva los honorarios del perito designado por el Juez, en términos del artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no afecta materialmente algún derecho sustantivo del oferente de la prueba, por tratarse de una "carga procesal" que, a diferencia de los "deberes procesales", es de observancia potestativa y sólo incide en la posición que va asumiendo en el juicio, mas no provoca una sanción o coacción que conmine a su cumplimiento de manera ineludible o a través de una orden de embargo o medio de apremio, pues la consecuencia que impone el mencionado artículo es que se tenga por perdido su derecho para desahogar dicha prueba, con o sin petición de la contraria. De lo que se concluye que no constituye un acto de imposible reparación, por lo que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Finalmente, es necesario precisar que en el caso no se actualiza la excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Amparo, relativa a que no existe la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; lo anterior, pues la resolución combatida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Federal. Conviene citar la tesis número 2a. LVI/2000, publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, como en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad. Es aplicable por analogía de razones la Jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990; que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." De igual forma, no se surten las restantes excepciones al principio de definitividad, ya que la parte promovente no se ostenta con la calidad de persona extraña al procedimiento y, finalmente, se considera que la procedencia del recurso o medio de defensa invocado, no está sujeto a interpretación adicional, ya que su fundamento legal es suficientemente claro para determinar la procedencia del mismo. En conclusión, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" V. Captura de la determinación. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, primero de diciembre de dos mil veintidós. I. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual, en acatamiento el requerimiento formulado en auto de once de octubre de dos mil veintidós, informa que "[.] si bien e Notario Público Número 32 de la demarcación notarial de Querétaro, recibió de la parte quejosa diversa cantidad por concepto de derechos [sic] los servicios públicos prestados por el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro respecto de la escritura pública número ..., lo cierto es que tal y como se desprende del recibo oficial con número de operación ..., de fecha 19 de octubre de 2022, el fedatario público de referencia únicamente enteró al fisco estatal la cantidad de...por los actos jurídicos de Transmisión de patrimonio fideicomiso y constitución de garantías reales sobre inmuebles, materializados dichos recibos, esto es, 3.75 unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro."; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. II. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte, que feneció el plazo concedido al Notario Público 32 de Querétaro, Querétaro, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin embargo, como se advierte del análisis de autos, no obra constancias de que dicho fedatario cumpliera con lo instruido. III. Requerimiento. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, SE REQUIERE al Notario Público 32 de Querétaro, Querétaro, para que en el improrrogable plazo de TRES DÍAS, cumpla con el fallo protector otorgado. En la inteligencia que dicha autoridad deberá informar las gestiones realizadas, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acredite los trámites realizados tendentes a cumplir con la sentencia dictada en autos, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, lo que en su caso, deberá acreditar fehacientemente. IV. Apercibimiento. Se apercibe al fedatario público, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán efectivas las medidas de apremio decretadas en autos. Notifíquese; vía oficio al Titular de la Notaría Pública 32, con ejercicio en esta ciudad.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Nadia Vega Hernández611/2018
- Nadia Vega Hernández1010/2018
- Nadxielli G. Morales Siller2242/2015
- Nahuel Zelmar Nuñez Cora1253/2018
- Nalleli Gómez Cabrera879/2021
- Nallely Adriana Torres Esquivel117/2014
- Nallely Robles Ordaz415/2022
- Nammour Fadia Saadeddine687/2018
- Nanci Gómez Lara1300/2017
- Nancy Arlette Herrera García1247/2021
- Nancy Barrera Ramírez926/2016
- Nancy Carolina Chavez Baldovino983/2017