Nallely Denice Valencia Reyes

Expediente 1676/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1676/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
02/05/2018

Partes del expediente

  • Nallely Denice Valencia Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1676/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA QUEJOSA. Ahora bien, atendiendo a que la quejosa se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México; en aras del principio de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese, vía electrónica, exhorto al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, gire las instrucciones necesarias a efecto de notificar a la quejosa Nayeli Denice Valencia Reyes, el contenido del presente proveído; corriéndole traslado con copia del mismo; solicitándole de la manera más atenta, remita las constancias de dicha notificación. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1676/2017promovido por NALLELY DENICE VALENCIA REYES, constante de ciento noventa y seis fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de marzo actual, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un anexo y un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se comunica a las partes que el Titular del Juzgado a partir del uno de abril de dos mil dieciocho, es el Juez Jorge Isaac Lagunes Leano. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1676/2017-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 127/2018-II del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Nallely Denice Valencia Reyes, por propio derecho, en contra de actos de la directora general del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 7 a 10 del expediente de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Norma Angélica Amador Zarza y Nallely Denice Valencia Reyes, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: "IV.- ACTO RECLAMADO.- ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA O ESPECIALIDADES EN: TRAUMATOLOGÍA GASTROENTERÓLOGO, ODONTOLOGÍA, GINECOLOGÍA, DERMATOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, DIETAS Y ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE DEPTO (SIC) PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN. III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- SEÑALAMOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES Y ORDENADORAS. ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. DIRECTOR O TITULAR GENERAL DEL CPS 16 MORELOS. ENCARGADA O TITULAR DEL ÁREA MÉDICA DEL CPS MORELOS 16. ENCARGADA O TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA DEL CPS 16 MORELOS [.] -HECHOS- [.] VALENCIA REYES NALLELY DENICE DESDE MI ESTANCIA EN TEPIC NAYARIT ASÍ COMO AL INGRESAR AL CPS DE MORELOS (8 DE DICIEMBRE DE 2015) MANIFESTÉ LOS SIGUIENTES PADECIMIENTOS. 1.- PADECIMIENTOS DE COLUMNA VERTEBRAL A RAÍZ DE TORTURA EN DETENCIÓN ASÍ COMO VIOLENCIA SUFRIDA EN LOS TRASLADOS LUMBALGIA CRÓNICA QUE HASTA A VECES NO ME PERMITE CAMINAR O MOVERME POR EL DOLOR CAUSADO, ESTO ME LIMITA HACER DIVERSAS ACTIVIDADES. 2.- PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS, PUES SE ME PRACTICÓ UNA BIOPSIA Y DE ESTA NO HAN ENTREGADO RESULTADOS Y LOS REQUIERO PARA SABER MI ESTADO DE SALUD. ODONTOLOGÍA, COLOCACIÓN DE PIEZAS DENTALES Y MOLESTIAS BUCALES. DEPTO (SIC) DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN: SE ME PROPORCIONAN CIERTAS DIETAS POR ALGUNOS PADECIMIENTOS PERO ESTAS NO SON VARIADAS A VECES HE DEJADO DE COMER POR EL TIPO DE PREPARACIÓN O LOS ALIMENTOS ME LOS DAN CRUDOS. DERMATOLOGÍA: DESDE MI ESTANCIA EN TEPIC HASTA LA FECHA PRESENTÓ VARIAS MANCHAS EN MI ROSTRO ESTE YA ESTÁ MUY DESCUIDADO PRESENTA SERIE DE AFECTACIONES." Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, párrafo primero y tercero, 4° párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señalaron que no existe tercero interesado; y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 12 a 16, ídem), la registró con el número 1632/2017; decretó la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables de otorgarles la atención médica adecuada a sus diversos padecimientos; determinó separar los juicios pues estimó que las quejosas reclaman actos de naturaleza individual o desvinculados que deben estudiarse por separado; por lo que a fin de tramitar por cuerda separada, continúo conociendo el juicio formado por lo que se refiere a Norma Angélica Amador Zarza y ordenó remitir copia íntegra de las constancias del expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para que se turne como una demanda nueva por lo que corresponde a la quejosa Nallely Denice Valencia Reyes. Así, por razón de turno de la demanda promovida por Nallely Denice Valencia Reyes, correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, órgano que por proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 18 a 28, ídem), lo registró bajo el número 1676/2017-IV; desechó parcialmente la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en: " [.] el retiro de todos sus medicamentos y un talco llevado a cabo en la revisión de veintiséis de agosto de dos mil diecisiete [.]", al considerar que en contra de tal inconformidad, la quejosa debió agotar el principio de definitividad; asimismo, la admitió a trámite únicamente por cuanto a las autoridades responsables directora o titular; encargada o titular del área médica; y encargada o titular del área técnica; todos del Centro Federal de Readaptación Social CPS 16, Morelos, con sede en Coatlán del Río; decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistente en la atención médica especializada de los padecimientos que refiere; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento (fojas 120 a 122, ídem); y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, al tenor del acta que obra a foja 175. TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 176, ídem), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente 1676/2017-IV a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de la resolución en cincuenta y cinco juicios de amparo indirecto mensuales; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 127/2018-II; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales, 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; en virtud de que se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia en Coatlán del Río, Morelos; localidad donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado, a quien correspondió conocer la demanda de amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados, los constituyen: a) La omisión de proporcionar a la quejosa atención médica en ginecología, traumatología, gastroenterología, odontología, dermatología y oftalmología; así como el suministro de medicamentos en relación a los padecimientos que padece. b) La omisión de variar dieta adecuada a sus padecimientos; así como la forma de preparación de los alimentos. Actos reclamados de las siguientes autoridades: 1. Directora general del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. 2. Directora técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. 3. Encargada del departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La directora general, la directora técnica y la encargada del departamento de Servicios Médicos (fojas 49 a 51, ídem), todas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Es menester puntualizar que los actos impugnados por la inconforme son de naturaleza negativa u omisiva, por lo que corresponde a las autoridades responsables la carga de probar que no incurrieron en ellos. Ello, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Cabe destacar que la negativa de las autoridades responsables se encuentra desvirtuada con las constancias que anexaron a este juicio, consistentes en copia certificada del expediente clínico de la quejosa; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Documentales de las que se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las autoridades del centro de reclusión no han proporcionado a la quejosa atención médica completa; lo que únicamente se menciona para establecer la certeza de los actos reclamados. En mérito de lo expuesto, es improcedente decretar el sobreseimiento en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, como lo pretenden las autoridades responsables; pues como se expuso, de las documentales que se anexaron a este juicio, se acredita la existencia de los actos impugnados. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En esa línea de pensamiento, este juzgado federal considera que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo , en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de nuestra Carta Magna disponen: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. [.] Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". "Artículo 21. [.] La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial [.]". Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que esta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas". Ahora bien, como resultado de la citada reforma constitucional, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo Primero Transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio; las cuales se transcriben: 1. "Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017". 2. "Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018". De las reglas contenidas en los artículos citados -transitorios primero y segundo-, se desprende lo siguiente: Primero, la Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Segundo, únicamente la vigencia de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, depende, de que se emita una declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Esto en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado , los artículos señalados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley a más tardar el diecisiete de junio de dos mil diecisiete, o previa Declaratoria el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo, entrarán en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa Declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Por ello, la emisión de la Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida Ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor-, pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido, no debe perderse de vista que el artículo Tercero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, se considera que dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino, única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional; por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley establece en sus artículos 1º y 2º , que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por:  Prisión preventiva,  Ejecución de penas y,  Medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley , se estableció, en lo que interesa, que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la Ley en cita establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva [.]". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación [.]". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito [.]". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente [.]". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria". "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente:  Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento.  Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación.  Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, este podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución.  Si la petición formulada no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución.  En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva.  Que los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas.  Que para la procedencia de la controversia ante el Juez de Ejecución constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa, con excepción de los casos urgentes. Por otra parte, de autos se advierte que la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en la que consta que la quejosa señaló como acto reclamado: "ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA O ESPECIALIDADES EN: TRAUMATOLOGÍA GASTROENTERÓLOGO, ODONTOLOGÍA, GINECOLOGÍA, DERMATOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, DIETAS Y ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE DEPTO (SIC) PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN."; por lo que debe entenderse que tal solicitud se realizó en la data citada, pues de los antecedentes no se advierte una fecha anterior. De ahí, que la manifestación que hace la quejosa en su demanda de amparo, en el capítulo de "hechos", en el sentido de: "[.] Desde mi estancia en Tepic Nayarit así como de ingresar al CPS 16 Morelos (8 de diciembre de 2015) manifiesto los siguientes padecimientos [.]"; sea insuficiente para acreditar lo contrario, pues tal aseveración no se encuentra demostrada en autos, ya que de las constancias que obran agregadas al presente juicio de amparo, relativas al expediente clínico de la interna Nallely Denice Valencia Reyes, aquí quejosa, no existe prueba alguna con la que se confirme tal manifestación. Máxime que del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS16/DG/016250/2017 signado por la directora general del Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS Femenil Morelos", se advierte que no se cuenta con registro alguno relativo al expediente que de la quejosa formado en Tepic, Nayarit; de ahí que las manifestaciones que vierte, se insiste, no encuentran corroboradas con prueba alguna que obre en autos. En ese sentido, es que resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Por lo anterior, conforme a lo antes citado, la quejosa debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el juez de ejecución, pues aunque se trate de una disposición tendiente a revisar las condiciones de internamiento de la parte quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. En efecto, como se puede observar en autos, la quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", ubicado en Coatlán del Río, Morelos; por tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante esa autoridad penitenciaria, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 de la Constitución federal, ya que los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, no son susceptibles de combatirse en sede constitucional. Al caso, es aplicable la tesis III.2o.P.135 P (10a.) , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que señala: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales; y lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la jurisprudencia 509 , emitida por la Segunda Sala del máximo tribunal de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por otra parte, en lo que concierne al pedimento que presentó la agente del Ministerio Público de la Federación, aun cuando se tuvieron por hechas las manifestaciones que vierte; no es obligatoria su atención, en razón de que, siendo parte en el juicio de amparo indirecto, no delimitan el sentido de esta sentencia; excepto cuando alega la existencia de alguna causa de sobreseimiento. Lo anterior aunado a que se sobreseyó en el juicio, que fue lo que solicitó en su pedimento. Ilustra lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito , que expresa: "MINISTERIO PUBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA AL JUZGADOR CONSTITUCIONAL. Al dictar sentencia, el juez de Distrito no está obligado a resolver en el sentido del pedimento del Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, cuenta habida de que ese documento tan sólo contiene la opinión de una de las partes del juicio y, por lo tanto, no obliga al juzgador constitucional a fallar necesariamente en tal sentido". Finalmente, cabe señalar que en la presente resolución, se acoge el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos, al resolver el amparo en revisión 388/2017, en sesión de nueve de marzo de dos mil dieciocho. Ello, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica de las partes, al pertenecer el juzgado auxiliado al Decimoctavo Circuito. QUINTO. Independientemente del sentido de la presente resolución, tomando en consideración que la quejosa refirió que al momento de su detención fue objeto de tortura; así como de violencia sufrida en su traslado al centro penitenciario en el que se encuentra recluida, procede dar vista de forma personal al agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado auxiliado, para que virtud a la naturaleza de los actos referidos, realice la investigación correspondiente, conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito. Sustenta lo anterior, la tesis P.XXI/2015 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." Así como, la tesis 1ª. CXCII/2009 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Nallely Denice Valencia Reyes, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, de conformidad con el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Dese vista de manera personal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que firma y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca Morelos cuatro de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1676/2017promovido por NALLELY DENICE VALENCIA REYES, constante de ciento noventa y seis fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de marzo actual, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un anexo y un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se comunica a las partes que el Titular del Juzgado a partir del uno de abril de dos mil dieciocho, es el Juez Jorge Isaac Lagunes Leano. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1676/2017-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 127/2018-II del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Nallely Denice Valencia Reyes, por propio derecho, en contra de actos de la directora general del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 7 a 10 del expediente de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Norma Angélica Amador Zarza y Nallely Denice Valencia Reyes, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: IV.- ACTO RECLAMADO.- ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA O ESPECIALIDADES EN: TRAUMATOLOGÍA GASTROENTERÓLOGO, ODONTOLOGÍA, GINECOLOGÍA, DERMATOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, DIETAS Y ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE DEPTO (SIC) PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN. III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- SEÑALAMOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES Y ORDENADORAS. ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. DIRECTOR O TITULAR GENERAL DEL CPS 16 MORELOS. ENCARGADA O TITULAR DEL ÁREA MÉDICA DEL CPS MORELOS 16. ENCARGADA O TITULAR DEL ÁREA TÉCNICA DEL CPS 16 MORELOS [.] -HECHOS- [.] VALENCIA REYES NALLELY DENICE DESDE MI ESTANCIA EN TEPIC NAYARIT ASÍ COMO AL INGRESAR AL CPS DE MORELOS (8 DE DICIEMBRE DE 2015) MANIFESTÉ LOS SIGUIENTES PADECIMIENTOS. 1.- PADECIMIENTOS DE COLUMNA VERTEBRAL A RAÍZ DE TORTURA EN DETENCIÓN ASÍ COMO VIOLENCIA SUFRIDA EN LOS TRASLADOS LUMBALGIA CRÓNICA QUE HASTA A VECES NO ME PERMITE CAMINAR O MOVERME POR EL DOLOR CAUSADO, ESTO ME LIMITA HACER DIVERSAS ACTIVIDADES. 2.- PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS, PUES SE ME PRACTICÓ UNA BIOPSIA Y DE ESTA NO HAN ENTREGADO RESULTADOS Y LOS REQUIERO PARA SABER MI ESTADO DE SALUD. ODONTOLOGÍA, COLOCACIÓN DE PIEZAS DENTALES Y MOLESTIAS BUCALES. DEPTO (SIC) DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN: SE ME PROPORCIONAN CIERTAS DIETAS POR ALGUNOS PADECIMIENTOS PERO ESTAS NO SON VARIADAS A VECES HE DEJADO DE COMER POR EL TIPO DE PREPARACIÓN O LOS ALIMENTOS ME LOS DAN CRUDOS. DERMATOLOGÍA: DESDE MI ESTANCIA EN TEPIC HASTA LA FECHA PRESENTÓ VARIAS MANCHAS EN MI ROSTRO ESTE YA ESTÁ MUY DESCUIDADO PRESENTA SERIE DE AFECTACIONES." Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, párrafo primero y tercero, 4° párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señalaron que no existe tercero interesado; y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 12 a 16, ídem), la registró con el número 1632/2017; decretó la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables de otorgarles la atención médica adecuada a sus diversos padecimientos; determinó separar los juicios pues estimó que las quejosas reclaman actos de naturaleza individual o desvinculados que deben estudiarse por separado; por lo que a fin de tramitar por cuerda separada, continúo conociendo el juicio formado por lo que se refiere a Norma Angélica Amador Zarza y ordenó remitir copia íntegra de las constancias del expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para que se turne como una demanda nueva por lo que corresponde a la quejosa Nallely Denice Valencia Reyes. Así, por razón de turno de la demanda promovida por Nallely Denice Valencia Reyes, correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, órgano que por proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 18 a 28, ídem), lo registró bajo el número 1676/2017-IV; desechó parcialmente la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en: [.] el retiro de todos sus medicamentos y un talco llevado a cabo en la revisión de veintiséis de agosto de dos mil diecisiete [.], al considerar que en contra de tal inconformidad, la quejosa debió agotar el principio de definitividad; asimismo, la admitió a trámite únicamente por cuanto a las autoridades responsables directora o titular; encargada o titular del área médica; y encargada o titular del área técnica; todos del Centro Federal de Readaptación Social CPS 16, Morelos, con sede en Coatlán del Río; decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistente en la atención médica especializada de los padecimientos que refiere; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento (fojas 120 a 122, ídem); y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de enero de dos mil dieciocho, al tenor del acta que obra a foja 175. TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 176, ídem), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente 1676/2017-IV a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de la resolución en cincuenta y cinco juicios de amparo indirecto mensuales; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 127/2018-II; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales, 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; en virtud de que se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia en Coatlán del Río, Morelos; localidad donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado, a quien correspondió conocer la demanda de amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados, los constituyen: a) La omisión de proporcionar a la quejosa atención médica en ginecología, traumatología, gastroenterología, odontología, dermatología y oftalmología; así como el suministro de medicamentos en relación a los padecimientos que padece. b) La omisión de variar dieta adecuada a sus padecimientos; así como la forma de preparación de los alimentos. Actos reclamados de las siguientes autoridades: 1. Directora general del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. 2. Directora técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. 3. Encargada del departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La directora general, la directora técnica y la encargada del departamento de Servicios Médicos (fojas 49 a 51, ídem), todas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Es menester puntualizar que los actos impugnados por la inconforme son de naturaleza negativa u omisiva, por lo que corresponde a las autoridades responsables la carga de probar que no incurrieron en ellos. Ello, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Cabe destacar que la negativa de las autoridades responsables se encuentra desvirtuada con las constancias que anexaron a este juicio, consistentes en copia certificada del expediente clínico de la quejosa; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Documentales de las que se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las autoridades del centro de reclusión no han proporcionado a la quejosa atención médica completa; lo que únicamente se menciona para establecer la certeza de los actos reclamados. En mérito de lo expuesto, es improcedente decretar el sobreseimiento en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, como lo pretenden las autoridades responsables; pues como se expuso, de las documentales que se anexaron a este juicio, se acredita la existencia de los actos impugnados. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En esa línea de pensamiento, este juzgado federal considera que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo , en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de nuestra Carta Magna disponen: Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. [.] Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". Artículo 21. [.] La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial [.]". Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que esta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas". Ahora bien, como resultado de la citada reforma constitucional, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo Primero Transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio; las cuales se transcriben: 1. "Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017". 2. "Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018". De las reglas contenidas en los artículos citados -transitorios primero y segundo-, se desprende lo siguiente: Primero, la Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Segundo, únicamente la vigencia de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, depende, de que se emita una declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Esto en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado , los artículos señalados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley a más tardar el diecisiete de junio de dos mil diecisiete, o previa Declaratoria el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo, entrarán en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa Declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Por ello, la emisión de la Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida Ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor-, pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido, no debe perderse de vista que el artículo Tercero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, se considera que dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino, única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional; por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley establece en sus artículos 1º y 2º , que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por:  Prisión preventiva,  Ejecución de penas y,  Medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley , se estableció, en lo que interesa, que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la Ley en cita establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva [.]". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación [.]". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito [.]". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente [.]". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria". "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente:  Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento.  Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación.  Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, este podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución.  Si la petición formulada no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución.  En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva.  Que los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas.  Que para la procedencia de la controversia ante el Juez de Ejecución constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa, con excepción de los casos urgentes. Por otra parte, de autos se advierte que la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en la que consta que la quejosa señaló como acto reclamado: "ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA O ESPECIALIDADES EN: TRAUMATOLOGÍA GASTROENTERÓLOGO, ODONTOLOGÍA, GINECOLOGÍA, DERMATOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, DIETAS Y ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE DEPTO (SIC) PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN."; por lo que debe entenderse que tal solicitud se realizó en la data citada, pues de los antecedentes no se advierte una fecha anterior. De ahí, que la manifestación que hace la quejosa en su demanda de amparo, en el capítulo de "hechos", en el sentido de: "[.] Desde mi estancia en Tepic Nayarit así como de ingresar al CPS 16 Morelos (8 de diciembre de 2015) manifiesto los siguientes padecimientos [.]"; sea insuficiente para acreditar lo contrario, pues tal aseveración no se encuentra demostrada en autos, ya que de las constancias que obran agregadas al presente juicio de amparo, relativas al expediente clínico de la interna Nallely Denice Valencia Reyes, aquí quejosa, no existe prueba alguna con la que se confirme tal manifestación. Máxime que del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS16/DG/016250/2017 signado por la directora general del Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS Femenil Morelos", se advierte que no se cuenta con registro alguno relativo al expediente que de la quejosa formado en Tepic, Nayarit; de ahí que las manifestaciones que vierte, se insiste, no encuentran corroboradas con prueba alguna que obre en autos. En ese sentido, es que resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Por lo anterior, conforme a lo antes citado, la quejosa debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el juez de ejecución, pues aunque se trate de una disposición tendiente a revisar las condiciones de internamiento de la parte quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. En efecto, como se puede observar en autos, la quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", ubicado en Coatlán del Río, Morelos; por tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante esa autoridad penitenciaria, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 de la Constitución federal, ya que los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, no son susceptibles de combatirse en sede constitucional. Al caso, es aplicable la tesis III.2o.P.135 P (10a.) , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que señala: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales; y lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la jurisprudencia 509 , emitida por la Segunda Sala del máximo tribunal de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por otra parte, en lo que concierne al pedimento que presentó la agente del Ministerio Público de la Federación, aun cuando se tuvieron por hechas las manifestaciones que vierte; no es obligatoria su atención, en razón de que, siendo parte en el juicio de amparo indirecto, no delimitan el sentido de esta sentencia; excepto cuando alega la existencia de alguna causa de sobreseimiento. Lo anterior aunado a que se sobreseyó en el juicio, que fue lo que solicitó en su pedimento. Ilustra lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito , que expresa: "MINISTERIO PUBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA AL JUZGADOR CONSTITUCIONAL. Al dictar sentencia, el juez de Distrito no está obligado a resolver en el sentido del pedimento del Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, cuenta habida de que ese documento tan sólo contiene la opinión de una de las partes del juicio y, por lo tanto, no obliga al juzgador constitucional a fallar necesariamente en tal sentido". Finalmente, cabe señalar que en la presente resolución, se acoge el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos, al resolver el amparo en revisión 388/2017, en sesión de nueve de marzo de dos mil dieciocho. Ello, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica de las partes, al pertenecer el juzgado auxiliado al Decimoctavo Circuito. QUINTO. Independientemente del sentido de la presente resolución, tomando en consideración que la quejosa refirió que al momento de su detención fue objeto de tortura; así como de violencia sufrida en su traslado al centro penitenciario en el que se encuentra recluida, procede dar vista de forma personal al agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado auxiliado, para que virtud a la naturaleza de los actos referidos, realice la investigación correspondiente, conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito. Sustenta lo anterior, la tesis P.XXI/2015 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." Así como, la tesis 1ª. CXCII/2009 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Nallely Denice Valencia Reyes, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, de conformidad con el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Dese vista de manera personal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que firma y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, la constancia de notificación personal a la quejosa Nallely Denice Valencia Reyes del auto de nueve de enero de dos mil dieciocho, de la que se advierten las siguientes manifestaciones: Atento a lo anterior, ténganse por vertidas, en vía de alegatos, las manifestaciones de la quejosa, las que podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase de su conocimiento que el pronunciamiento sobre los estudios o tratamiento necesarios para su padecimiento, será, en todo caso, materia de la sentencia definitiva que se dicte en el presente juicio; sin perjuicio de que pueda solicitarlos directamente a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", que es donde se encuentra recluida. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra recluida. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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