Nalleli Fernanda Urban Martínez

Expediente 861/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
861/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Nalleli Fernanda Urban Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; mediante el cual el secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, informa que José Alberto López Torres en su carácter de mandatario judicial de Fernanda Urban Martínez, interpuso recurso de revisión en contra de la ejecutoria de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 147/2021 de su índice; circunstancias de las que se toma conocimiento.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, con anexo, mediante el cual, el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite testimonio de la resolución dictada por el pleno de ese Tribunal Colegiado, y voto particular dictados en sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 147/2021 de su índice, interpuesto por ******, contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ****, contra del acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo 861/2021." Asimismo, devuelve las copias certificadas de las constancias que integran el presente sumario constitucional y solicita se acuse de recibo; en consecuencia, acúsese recibo de estilo a la superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d), de dicho Acuerdo. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta; por medio del cual, ********************, interpone recurso de queja contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a, 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. En ese tenor, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, el original de escrito de expresión de agravios y copias del mismo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 861/2021-VIII. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mismo que se dictó en cumplimiento a la ejecutoria de quince de abril del dos mil veintiuno en el conflicto competencial por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que determinó surtir la competencia en favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México para resolver el juicio original presentado desde el treinta de junio de dos mil dieciséis. Respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. (.) " El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Lo anterior encuentra sustento en virtud de que de los antecedentes legislativos que ha tenido la Constitución General de la República, a partir de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito fueron creados y facultados para desempeñar las diversas atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para terminar con el rezago de asuntos que ésta presentaba; de ahí que las resoluciones que dictaran en asuntos de su incumbencia, no podrían ser revisados por la Suprema Corte, en vía de amparo, porque precisamente se perseguía liberarla de facultades sobre aspectos de legalidad, así como de conflictos competenciales entre órganos jurisdiccionales del país. Asimismo, los mencionados Tribunales Colegiados se han instalado y funcionan en la actualidad como verdaderos órganos supremos del Poder Judicial de la Federación, sin que sus resoluciones sean sometidas a ningún estadío procesal ulterior, salvo los juicios de amparo directo, en donde diriman cuestiones de constitucionalidad de leyes o interpreten directamente algún precepto constitucional. En este orden, si los Tribunales Colegiados de Circuito asumieron las atribuciones que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que adquirieron el carácter de verdaderos tribunales terminales; por tanto, las resoluciones que éstos emitan, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas. Ahora bien, en la resolución que impugna correspondiente al auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que se dictó en cumplimiento a la ejecutoria de quince de abril del dos mil veintiuno en el conflicto competencial por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que determinó surtir la competencia en favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México para resolver el juicio original. Luego, es inconcuso que la decisión adoptada por la autoridad responsable consistente en que sea el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México el que deba conocer de la demanda originalmente planteada por la parte quejosa que en esencia constituye el acto reclamado, es una determinación que refleja la resolución emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al decidir el conflicto competencial antes precisado. De ahí que se concluya que el acto que en efecto reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional es la decisión del citado Tribunal Colegiado, que establece cuál es el órgano jurisdiccional que deberá conocer del juicio laboral previamente identificado; por lo que si el acto reclamado en este procedimiento, materialmente emana de un Tribunal Colegiado, es inconcuso que esta instancia constitucional resulta improcedente, en razón de que el órgano que emitió la decisión reclamada es un tribunal terminal, cuya naturaleza y origen quedó evidenciada en párrafos anteriores, y cuyas actuaciones, por disposición expresa de la Ley de Amparo, no es posible combatirlas a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada I.10o.C.25 C (9a.), emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página: 1314, Marzo 2002, Tomo XV, Materia: Civil, Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: CONFLICTO COMPETENCIAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES QUE LO DIRIMEN, EMITIDAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL ACUERDO GENERAL 5/2001, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De acuerdo a la reforma del artículo 94 de la Constitución, en cuyo párrafo séptimo se otorgó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la facultad para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como para remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho, aquellos en los que hubiere establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia, además de que conforme a lo dispuesto en el artículo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los asuntos que les encomienden los acuerdos generales emitidos por la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno y que el Acuerdo General 5/2001 del referido Pleno confirió a los Tribunales Colegiados, en el punto quinto, fracción II, la facultad de resolver los conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten entre los propios Tribunales Colegiados de Circuito, cabe concluir que al haber delegado la Suprema Corte de Justicia a los Tribunales Colegiados de Circuito algunas de sus facultades originarias, las resoluciones de estos órganos colegiados, en ejercicio de tal facultad, resultan inatacables aun mediante el juicio de amparo, en términos de los dispuesto por la fracción I del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, al reclamarse en esta instancia las actuaciones que integran el juicio de origen, y éste constituye un acto que es materia de una ejecutoria dictada en un diverso juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción VI, de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio el que cita la quejosa en su escrito de demanda, para los efectos que refiere y por autorizados en los términos que indica la parte promovente a las personas que señala. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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