Nalleli Concepción Soto Sánchez y Otros.

Expediente 1255/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1255/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Nalleli Concepción Soto Sánchez y Otros.
  • Nalleli Concepción Soto Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Téngase a la Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, acusando recibo del tomo de pruebas que le fue remitido. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Este expediente es susceptible de ser conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se concedió la protección constitucional. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante oficio 954/2023 del dieciséis de enero pasado, se devolvieron al Juzgado Especializado en Violencia Familiar y Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley, consistente en un tomo de pruebas; sin embargo, no obra en autos el pronunciamiento en relación con esa circunstancia. Atento a lo anterior, solicítese a la autoridad citada en el párrafo anterior para que dentro del término de veinticuatro horas legalmente computadas remita el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del catorce de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. En atención a lo anterior, devuélvase al Juzgado Especializado en Violencia Familiar y Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado de México, el tomo de pruebas I que remitió en apoyo a su informe. Por lo que se requiere a la citada autoridad para que dentro del término de tres días legalmente computado remita el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización vigente a esta fecha, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y a la representante especial de la menor A.N.R.L., y mediante lista electrónica a la tercero interesada. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las diez horas del catorce de diciembre de dos mil veintidós hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1255/2022-IV, promovido por *********, por propio derecho, y en representación del menor de identidad reservada de iniciales *********, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, el tercero interesado y por la autoridad responsable al rendir su informe de ley. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que el Asesor Jurídico Federal y la parte tercero interesada los formularon. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse se tiene por precluido el derecho de formularlos a las demás partes, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1255/2022-IV; y, R E S U L T A N D O: I. **********, por propio derecho, y en representación del menor de identidad reservada de iniciales ***********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. II. En acuerdo del veintiséis de octubre de este año, se previno la demanda, a fin de que se aclararan diversos puntos de la misma. III. En proveído del cuatro de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo la registró con el número 1255/2022-IV, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y del representante especial del menor y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; y 58 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado pertenece a la materia civil y se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La resolución interlocutoria del cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revocación promovido contra el acuerdo del veintidós de septiembre del presente año, emitido en el Procedimiento Especial de Controversia de Violencia Familiar 603/2022. Tercero. El Juez Especializado en Violencia Familiar y Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos, por tanto se tienen por ciertos. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Cuarto. Sea que las partes lo aleguen o no, debe analizarse si en la especie operan las causales de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se trata de un estudio oficioso y preferencial, en términos de lo ordenado en el diverso artículo 62 del ordenamiento legal en cita. Sin que al efecto se haya hecho valer causal de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. La parte quejosa manifiesta en sus conceptos de violación que la determinación del juez responsable contraviene los derechos fundamentales en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales, 2.355 y 1.195 del Código de Procedimientos Civiles; así como 4.397 del Código Sustantivo, ambos del Estado de México. Ello puesto que vulnera el principio de legalidad al considerar que la petición formulada no es posible decretarla (suspender el régimen de convivencias entre el tercero interesado y el menor), al haberse dictado diversas medidas de protección, cuando si es procedente dada la naturaleza de la solicitud y de una interpretación literal de los numerales 2.355 del Código Procesal y 4.205 del Código Civil de la entidad. Aunado, a que la disposición no hace distinción ni prevé mayores requisitos para la suspensión solicitada, por lo que dicho argumento se considera incorrecto, además no se expusieron los razonamientos aplicables al caso, afectando así la fundamentación y motivación del acto que se combate. Concatenado con lo anterior la autoridad responsable fue omisa en conceder las medidas de protección más amplias a favor del menor, en el entendido de que lo que se pretende es que el menor deje de ser manipulado por su progenitor. Infiere que con el actuar del juez responsable se dejó de atender el principio del interés superior del menor y éste dejó de velar por la protección respeto de los derechos humanos que lo protegen. Así las cosas considera de forma equivocada el juez responsable que es un derecho fundamental la convivencia entre el menor y sus padres, pues al determinarlo así, permite actuaciones que afectan la salud mental del menor, cuando por principio constitucional, es deber del estado la protección de la salud de los menores incluida la mental. Por último la parte quejosa asume que la autoridad responsable desestimó las constancias que obran en autos. Los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa se consideran infundados. Para determinarlo así y dada la estrecha relación de los conceptos de violación formulados se contestarán los mismos en su conjunto. En este sentido se tiene que la quejosa el veintidós de septiembre pasado, en el expediente electrónico de origen solicitó la suspensión del régimen de convivencia y visitas entre el menor de identidad reservada de iniciales S.L.S., y su progenitor Francisco Javier Lugo Rendón. Petición a la que le recayó el acuerdo de la misma fecha, y ordenó no acordarla de conformidad puesto que no existe resolución judicial en la que estuviera decretado el régimen de visitas y convivencias del cual pretende la suspensión, aunado a que la seguridad e integridad del niño de identidad reservada están salvaguardados con la prohibición del ocho de septiembre del año en curso. En contra de dicha determinación, la parte quejosa interpuso en el recurso de revocación en el que se determinó que no era posible conceder la suspensión solicitada, materia de este juicio de amparo. Como correctamente concluyó el juez responsable en la determinación combatida, se debe tomar en consideración lo ordenado en el numeral 2.355 del Código Procesal de la entidad. "Articulo 2.355 Quinquies. Son medidas de protección de naturaleza civil, las siguientes: I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, resolviendo inmediatamente lo relativo a la custodia provisional tratándose de niñas, niños y adolescentes. II. Prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, ordenando la inscripción de esta medida en el Instituto de la Función Registral del Estado de México en cada caso. III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, por el tiempo que dure el procedimiento. IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y en los lugares en los que se conozca que tienen bienes, a efecto de garantizar las obligaciones alimenticias. V. Revocar o suspender los mandatos que entre los co´nyuges se hubieran otorgado. VI. Orden de pago de la obligación alimenticia, en forma provisional e inmediata, a cargo del agresor a favor de la vi´ctima y las y los hijos, en caso de existir. VII. Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de seguridad pública de la que se expedirá copia a la víctima para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio. VIII. Las demás que considere necesarias." En ese sentido, en la resolución interlocutoria el juez responsable, en acuerdo del ocho de septiembre del año en curso impuso como medida precautoria la prohibición al tercero interesado de acercarse a más de cien metros de los directo quejosos, se autorizó el auxilio policiaco de reacción inmediata y se otorgó la guarda y custodia provisional del menor. Ahora, contrario a lo que aduce la quejosa, si existe en la hipótesis normativa del artículo citado, una condición de la literalidad de su interpretación, se advierte la figura jurídica de la suspensión, misma que en términos generales consiste en detener o interrumpir algo. En este sentido para que la autoridad pueda ordenar la suspensión de alguna situación, la misma debe ser presente o inminente. Por lo que atendiendo a la literalidad del artículo que aduce se interpretó equivocadamente, es claro que a fin de que proceda la suspensión que solicitó en el juicio de origen resultaba necesario que existiera materia sobre la cual concederla. Lo que en el caso no aconteció puesto que de las constancias que obran en autos, mismas que la autoridad responsable relacionó para la resolución del recurso, se advierte que en primera instancia, el juzgador de origen fue omiso en pronunciarse sobre el régimen de visitas y convivencias del menor con su progenitor, por lo que es dable afirmar que no existe materia sobre la que recaiga la suspensión que defiende. Ello, es confirmado porque a partir del ocho de septiembre del año en curso, surten sus efectos las medidas precautorias dictadas en favor de la parte quejosa, a fin de salvaguardar la integridad inseguridad del menor, pues como se indicó en párrafos precedentes, al existir una orden judicial en la que no debe acercarse a cierta distancia con el menor involucrado, indefectiblemente también incluye que no se ejercite la convivencia entre el progenitor y su descendiente de forma preventiva, por lo que para asegurar que procede la suspensión del régimen de convivencias, primeramente tuvo que haberse fijado el mismo lo que en su caso no aconteció. Finalmente, es infundado el agravio vertido en el sentido de que el juez responsable concluyó que es un derecho fundamental la convivencia entre el menor y sus padres, pues al determinarlo así, permite actuaciones que afectan la salud mental del menor, puesto que tal argumento no sirvió de base para la conclusión alcanzada, puesto que únicamente hizo alusión al contenido del artículo 5.1 de la codificación sustantiva, porque solicitó la suspensión de la misma y en su escrito inicial de demanda, manifestó que no existía resolución judicial alguna en la cual estuviera decretado el régimen de visitas y convivencias (que protege el referido numeral). Por lo que con la determinación recurrida no se considera la violación al derecho fundamental de legalidad, seguridad jurídica ni acceso a la justicia, puesto que el juez responsable fundó y motivó debidamente su decisión y en ningún momento ordenó diligencia alguna en la que pretendiera poner en riesgo al menor incluso no concedió mejor derecho al aquí tercero interesado con el propósito de que el régimen de mérito se concretara pues como sí indicó están vigentes las medidas tomadas. En consecuencia, en términos generales contrario a lo que indica la parte quejosa, no existe una transgresión a los derechos fundamentales ni al interés superior del menor. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *********, por propio derecho, y en representación del menor de identidad reservada de iniciales S.L.S., contra el acto y autoridad precisados en esta resolución. Notifíquese, vía electrónica a la quejosa y al representante especial del menor de iniciales S.L.S. y por lista electrónica al tercero interesado. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano