Naira Dananiela Rojas Maldonado
Expediente 1726/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1726/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miranda Michelle Rojas Maldonado
- Naira Dananiela Rojas Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa y tercero interesada Edgar Rojas Polanco, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b) y c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (foja 203), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se haya pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó que: ".la resolución emitida el tres de octubre de dos mil diecisiete que por esta vía se combate (foja 119 a 152 del toca civil de origen), adolece de la fundamentación y la suficiente motivación; lo anterior es así, cuenta habida que del estudio de la misma, se aprecia que la responsable obvió citar el fundamento, así como de manera pormenorizada a través de un proceso lógico jurídico, de subsunción entre los hechos, y el marco normativo correspondiente al razonamiento, como lo sostuvo la quejosa si en el caso debía o no valorarse la probanza correspondiente al informe emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que fue solicitado por la parte quejosa ante el juez de primera instancia desde el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y acordado de conformidad el dos de febrero de esa anualidad (fojas 243 a 257 del juicio de origen); la cual al practicarle ese juicio de valoración, podría incidir en la determinación de que si en el caso, resulta procedente o no modificar el porcentaje de la pensión que debía cubrir el tercero interesado. En efecto, la responsable omitió recabar la probanza indicada en el párrafo precedente y por ende su valoración, lo cual se sostiene partiendo de la base de que la propia responsable en la determinación combatida señaló que analizaría las documentales consistentes en los informes del Director de personal del departamento de nóminas de la Universidad Autónoma de Morelos y de la empresa Placosa Sociedad Anónima de Capital Variable, lo cual señaló que si bien las mismas no corrían agregadas a los autos al momento en que se resolvió la pensión provisional, a la fecha de la resolución reclamada ya obraban las mismas, y serían valoradas con la finalidad de dictar una sentencia más justa y apegada a derecho; por ende, en el caso resulta necesario la valoración del medio de prueba señalado en acápites anteriores y así la parte quejosa no se encuentre en estado de indefensión; pues con dicha omisión se violentan los derechos humanos de la amparista; ya que como se adelantó, ese juicio de valoración (respecto de la prueba) resulta importante para establecer si en el caso, es procedente o no modificar el porcentaje de la pensión decretada al tercero interesado respecto de sus menores hijas. Se afirma lo anterior, debido a que como lo manifiesta la parte quejosa, con la ponderación del medio de prueba descrito, se podría llegar o no a la conclusión de que en el caso resulte conducente la modificación del aludido porcentaje de pensión decretado al tercero interesado. [.] Consecuentemente, ante lo fundado y suficiente del concepto de violación expuesto por la quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos siguientes: Deje insubsistente la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete reclamada, y emita otra, en la que tenga a la vista el informe emitido el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete por el Instituto Mexicano del Seguro Social (mismo que la parte quejosa exhibe en el presente asunto en copia simple y en la que aparece un sello de recepción del juez de primera instancia de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete -fojas 18 a 22 de autos-); y, resuelva lo que en derecho corresponda, con plenitud de jurisdicción. Lo que evidentemente deberá realizar a través de un proceso lógico-jurídico de subsunción que le permita establecer la conclusión a la que se arribe..." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante oficio 342, de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del acuerdo emitido en la misma fecha dentro del toca civil 383/2016-9, donde se advierte que se dejó insubsistente la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca civil de mérito. Posteriormente, por oficio 348 de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho la Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió copia autorizada de las constancias con las que acreditó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, donde se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos dictaron una nueva resolución dentro del toca civil 383/2016-9, donde procedieron a valorar el informe emitido el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual fue solicitado por la aquí quejosa ante el juez de primera instancia, justipreciando de manera fundada y motivada dicha documental, ello con libertad de jurisdicción, por lo que este Juzgado Federal, dio vista a la parte quejosa con las mismas. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que las citadas autoridades responsables, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su derecho transgredido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejaron insubsistente la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, emitida dentro del toca civil de origen y con libertad de jurisdicción dictaron otra donde procedieron a valorar el informe emitido el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete por el Instituto Mexicano del Seguro Social, purgando los vicios formales aducidos en la sentencia de amparo, fundando y motivando su actuar, además, exponen los motivos y fundamentos por los cuales dicho informe no incidió en la determinación del porcentaje de la pensión que debería cubrir el aquí tercero interesado, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acataron en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que las autoridades responsables no se ajustan al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que las autoridades responsables únicamente dejaran sin efectos la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, y emitieran otra, en la que valoraran el informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitieran otra resolución fundada y motivada de manera que purguen los vicios formales señalados en el fallo protector. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, las responsables dejaron sin efectos la resolución de tres de octubre mil diecisiete, y con plenitud de jurisdicción, pronunciaron otra resolución pero analizando el informe emitido por el Instituto Mexicano del Seguro social el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, purgando los vicios formales de los que se adolece la parte quejosa, tal como se analizó en párrafos que anteceden. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva se concedieron. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, toda vez que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió copia certificada de las documentales que anexaron a su informe justificado, por las cuales se formaron los anexos I, II y III; en esas condiciones, devuélvase a dicha autoridad, las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos los oficios signados por la Magistrada Presidenta y la Secretaria de Acuerdos de la Sección Amparos Mixta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio de los cuales informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con los oficios, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes y agréguese el cuaderno incidental original respectivo. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. ...Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese.
- Principal
El Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, apoyará en el dictado de sentencias a este Órgano Jurisdiccional; por lo que, atendiendo a la implementación del "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares", el presente juicio de amparo deberá remitirse al Juzgado Auxiliar de referencia, a efecto de que dicte la sentencia correspondiente. Notifíquese.
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