Nahum Rebolledo Torres
Expediente 674/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Nahum Rebolledo Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, en razón de que es innecesario que continúen a disposición de este juzgado el toca familiar 015/2018 y el expediente 1496-3/2014, remitidos por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, con su informe justificado, y de las que se formaron dos tomos de pruebas por separado, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Por otra parte, agréguese el escrito de cuenta signado por Josefina Francisco Campos por sí y en representación de Mireya Rebolledo Francisco sin proveer sobre su contenido al no tener reconocida personalidad alguna en el presente juicio. Cúmplase.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio recibido vía SISE con anexos que remite el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, por el que devuelve sin diligenciar el exhorto 1001/2018 que le fue enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notificara al quejoso el proveído de nueve de agosto del año en curso. Háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales que se maneja en este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, turnado a este órgano a través de la Oficina Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia la demanda de amparo directo civil 463/2018 de su índice, promovida por Nahúm Rebolledo Torres, por su propio derecho, así como las demás constancias detalladas en la cuenta.Precisado lo anterior, regístrese en el libro de gobierno con el número 674/2018; y fórmese expediente. Este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del asunto; infórmese esta decisión al tribunal de alzada. Acúsese el recibo de estilo. IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."; ahora, al constituir el acto reclamado la resolución de veintisiete de febrero del año en curso, dictada en el Toca Familiar número 015/2018, radicado ante la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, en la que se ordenó dejar insubsistente la determinación materia de apelación y reponer el procedimiento a fin de que: "Por consecuencia, a efecto de conocer respecto a los ingresos que genera el "ciber" y con los cuales se apoya el demandado para proporcionar las cantidades que alude a sus hijos, también se hace necesario recabar la siguiente probanza: Se prevenga al demandado Nahúm Rebolledo Torres, para que manifieste bajo protesta de decir verdad, los ingresos que obtiene del "ciber", de manera diaria, semanal, quincenal o mensualmente; de igual forma, refiera si en el mismo lugar en que se encuentra ese establecimiento, está la "Papelería la Isla" y las ganancias que obtiene de la misma, en los términos establecidos para el "ciber"." (.) ". la apelante solicitó un estudio socioeconómico que deba realizarse a las partes, porque estima que los alimentos deben fijarse en forma proporcional, prueba que estima este cuerpo colegiado de ningún modo vulnerar las formalidades del procedimiento, por el contrario, en tratándose este juicio de alimentos y de carácter familiar, se tienen amplias facultades para recabar pruebas que sean conducentes para el conocimiento de la verdad, como se ha hecho notar con antelación, por tanto, no existe impedimento alguno para que se allegue de la prueba mencionada, en los siguientes términos: Un Estudio Socioeconómico que debe practicar un Trabajador o Trabajadora Social adscritos al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en los domicilios de Nahúm Rebolledo Torres y Mireya Rebolledo Francisco, quien vive con su señora madre Josefina Francisco Campos, para que se señale acerca de la situación social y económica respecto de las necesidades y características de las partes, en base a las condiciones de la vivienda en que viven." Este juzgado de Distrito, estima necesario establecer si las consecuencias de la sentencia de segundo grado son o no de imposible reparación, de acuerdo con lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Jurisprudencia 56, consultable en la página 36 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época, Materia Común, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION"; para lo cual, se cita el siguiente marco legal: El artículo 107, fracción V, Constitucional, establece que los actos cuyos efectos son de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir que producen una afectación material a dichos derechos, por lo que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales. Esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Bajo ese contexto, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Por lo que, al constituir el objeto de estudio en este asunto una resolución dictada en segunda instancia, en la que se dejó sin efectos una sentencia definitiva y se ordenó reponer el procedimiento a fin de que se previniera a la parte demandada, respecto de los ingresos y ganancias que obtiene del "ciber"; y se recabara un estudio socioeconómico para conocer las necesidades y características de las partes en el juicio natural, en base a las condiciones de la vivienda que habitan; se estima que ésta sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, que en todo caso, puede ser reparado con la obtención de una resolución favorable a sus intereses y de ser ésta, contraria a los mismos, se estaría frente a una violación del procedimiento reclamable en el juicio de amparo directo que llegare a intentarse contra aquella determinación. Sin que pase inadvertido que la determinación de reponer un procedimiento implica el aplazamiento en la tramitación y resolución del juicio, lo que se traduce en una dilación del juicio en mayor o menor grado; dado que tal situación no involucra una violación al principio de justicia pronta, pues el juicio continuaría su curso ante la autoridad que lo tramitó y resolvió una vez reparada la violación advertida por la Sala responsable. En esas condiciones, si la resolución reclamada, no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del procedimiento que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley; en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la citada legislación; la cual es manifiesta, porque se puede determinar con base en los elementos aportados en la demanda y en la resolución reclamada, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Luis Miguel Villalobos Castañeda y Oscar Francisco Román Herrera, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Leonidas Linares Villalobos, por no contar con el requisito anteriormente descrito, de igual forma se autoriza para dichos efectos a José Luis Isidoro Martínez y Ángel Brito López, por así haberlo solicitado. Ahora bien, la parte quejosa tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Tigri, Lote 7, Manzana 4, colonia Tomatal, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esa sede, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el domicilio antes indicado, y le notifique a la parte quejosa el presente proveído, además, la requiera para que en el acto de la diligencia, o bien, en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista, incluso las de carácter personal, sin perjuicio de proporcionarlo con posterioridad. Del mismo modo, de ser necesario, con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se faculta al Juez exhortado para que en caso de ser necesario habiliten horas y días inhábiles para el desahogo de las diligencias encomendadas. Hecho que sea, se sirva devolver el comunicado oficial con las constancias relativas, por la misma vía. TOMO DE PRUEBAS. Por otra parte, con las actuaciones remitidas, fórmense por separados los tomos I y II de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte de la Secretaria de este órgano jurisdiccional, mismos que quedan a disposición de las partes para su consulta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
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