Nahúm García Chávez

Expediente 434/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
434/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Nahúm García Chávez
  • Juez de Juicio Oral (Juez de Enjuiciamiento) del Distrito Judicial Bravos
  • Nahúm García Chávez y Otros.
  • E.V.S.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se notifica por lista a la parte tercero interesado el proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 434/2020-VI-A, promovido por el Licenciado Jacobo Flores Galván, en su carácter de Defensor particular de NAHUM GARCIA CHAVEZ, contra actos del Juez de Juicio Oral (Juez de Enjuiciamiento), del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado ese mismo día, siendo recibida en oficialía de partes; en donde la parte quejosa, Licenciado Jacobo Flores Galván, en su carácter de Defensor particular de NAHUM GARCIA CHAVEZ, solicitó el amparo contra actos del Juez de Juicio Oral (Juez de Enjuiciamiento), del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, el cual hizo consistir en: "IV.- Actos reclamados. A la autoridad responsable se le reclama la omisión para fijar fecha para la celebración de la audiencia de debate de Juicio Oral dentro del plazo a que se refiere el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable al momento que se señala ocurrieron los hechos dentro del juicio oral 69/2020, por los que se acusa a mi representado. . . ." En efecto, la quejosa señala que el uno de julio de dos mil veinte, se desahogó la audiencia intermedia y en esa misma fecha se dictó el auto de apertura a juicio oral, siendo que a la fecha de la presentación de la demanda (veintidós de septiembre de dos mil veinte), la autoridad responsable ha sido omisa en señalar fecha para la audiencia de debate a que se refiere el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO. Preceptos constitucionales y legales que la parte quejosa estima vulnerados en su perjuicio. La parte quejosa considera transgredido en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró como expediente 434/2020-VI-A; se solicitó informe justificado a la responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento alguno, se notificó a la parte tercero interesado; se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la omisión de la autoridad que el quejoso designó como responsable se llevó a cabo en esta ciudad y por ende, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto se omitió, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General en cita. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del detenido examen de las constancias del presente juicio, revela que el acto reclamado por el peticionario del amparo es, la vulneración a su derecho de petición, pues, la autoridad responsable, fue omisa en tomar las medidas necesarias para fijar fecha para la celebración de la audiencia de debate del Juicio Oral, dentro del plazo a que se refiere el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del juicio oral 69/2020. TERCERO. La autoridad responsable, Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, convino la existencia de los actos reclamados, habiendo anexado a su informe con justificación copia certificada de diversas constancias, de las cuales se advierte que en fecha seis de octubre de dos mil veinte, se señalaron las catorce horas del siete de enero de dos mil veintiuno, para que inicie el juicio oral del quejoso. Así también anexo a dicho informe las constancias de apertura a juicio oral dictado por el Licenciado Félix Aurelio Guerra Salazar, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, recibidos por la autoridad aquí responsable, el veintidós de julio de dos mil veinte. Pruebas documentales a las cuales se otorga pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º. CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En principio, se estima que, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, la causa de improcedencia indicada, establece que el juicio de amparo resulta inviable, cuando hayan cesado los efectos actos reclamados. En efecto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado por las razones siguientes: La quejosa considera vulnerados sus derechos fundamentales, ante la omisión de la autoridad responsable, en tomar las medidas necesarias para fijar fecha para la celebración de la audiencia de debate del Juicio Oral, dentro del plazo a que se refiere el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro del juicio oral 69/2020. A su vez, la autoridad, remitió copia de las constancias en las cuales se advierte que subsanó la omisión señalada, toda vez que, en fecha seis de octubre de dos mil veinte, se fijaron las catorce horas del siete de enero de dos mil veintiuno, para el inicio del juicio oral del quejoso, con lo cual demuestra que ha tomado las medidas necesarias para dar cumplimiento al acto que aquí se le reclama. En esa tesitura, si la petición de la parte quejosa, objeto de esta controversia constitucional, atingente a la omisión de fijar fecha para la celebración de la audiencia de debate de juicio oral dentro del juicio oral 69/2020, ya ha sido acordada y se dio respuesta a su solicitud por la autoridad competente para ello, de lo que se evidencía que dicha responsable ha tomado las medidas necesarias para dar cumplimiento a los actos que aquí se le reclaman, de todo lo cual tiene pleno conocimiento, por lo que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, ya no existe materia sobre la cual resolver en este juicio de amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, lo procedente es sobreseer en este juicio. Es aplicable al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que desde luego no se opone a la Nueva ley de Amparo, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 155 y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el Licenciado Jacobo Flores Galván, en su carácter de Defensor particular de NAHUM GARCIA CHAVEZ, respecto de los actos y autoridad responsable precisada, por los motivos expuestos en el considerando último, de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta el día de hoy, veintidós de junio de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores del juzgado, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, quién autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

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