Nahum Gálvez Candelaria

Expediente 778/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
778/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Nahum Gálvez Candelaria

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Fiscalía del Ministerio Público Investigador y/o Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y/o Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. I. TRÁMITE. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 778/2023-III. II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." III. INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. IV. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo y su anexo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Fiscalía del Ministerio Público Investigador y/o Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y/o Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de investigar los hechos denunciados por el quejoso, cometidos en su agravio, relacionados con el delito de despojo y los que resulten responsables, derivado de la querella presentada el catorce de octubre de dos mil veintidós, con número de registro de atención 2885-101-0205-2022. Ahora bien, una vez analizada integralmente la demanda de amparo y su anexo, se desprende que debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al sostener que previo a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa, en su calidad de víctima en la investigación, estaba obligada a promover el medio de defensa que establece el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho normativo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" De la interpretación del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Ilustra a lo expuesto la jurisprudencia 37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que expresa: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así las cosas, es necesario tener presente el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del numeral transcrito, se evidencia que en contra del acto reclamado procede un medio de impugnación ordinario, el cual debe interponerse ante el Juez de Control, quien a su vez convocará a una audiencia para decidir en definitiva sobre el hecho controvertido. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama en esta vía constitucional la omisión de investigar los hechos denunciados por el quejoso mediante querella presentada el catorce de octubre de dos mil veintidós, con número de registro de atención 2885-101-0205-2022, relacionados con el delito de despojo y los que resulten responsables. En esa tesitura, se advierte que en contra de dicha omisión procede el medio de impugnación ordinario previsto en el artículo 258 del precitado Código, conforme al cual la víctima o el ofendido pueden inconformase contra las determinaciones que afecten e impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud se equiparan a la afectación que se ocasiona cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones, como lo es la abstención de tramitar o integrar la carpeta de investigación de referencia. De ahí que, es inconcuso que la parte quejosa, de manera previa a acudir a instar la acción constitucional, debió controvertirlo a través del medio de impugnación ordinario que prevé la norma, para así agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Brindan sustento jurídico a esta determinación las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Así, de una lectura a los criterios que anteceden, se aprecia que uno de los motivos torales que ameritaron tal conclusión de la sala emisora, fue el hecho de que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada; lo que implica que en esa línea de pensamiento resulta preferente el agotamiento del medio de control a que se alude, a cargo del juez de control, dada cuenta la expeditez con que debe tramitarse y resolverse, así como a la diversidad de modalidades que contempla el nuevo procedimiento penal; es decir, conforme a ese criterio del Máximo Tribunal, el presente juicio de amparo pudiera resultar contraproducente si se toma en cuenta que tardará más en integrarse de lo que pudiera prolongarse la solución de aquél medio de impugnación. No pasan desapercibidas para esta juzgadora, las manifestaciones vertidas por el quejoso en su demanda de amparo, con las que pretende sustentar el acto reclamado bajo el derecho de petición previsto por el numeral 8 constitucional, y referir que la autoridad responsable ha sido omisa en dar contestación a su escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, toda vez que, si bien exhibe el acuse del escrito que refiere no haber sido atendido por la responsable, lo cierto es que el mismo constituye propiamente una formal querella por los delitos de despojo y daños y los que resulten, en agravio del propio quejoso; de ahí que, no puede dársele el carácter de un escrito de petición en términos del numeral constitucional citado, al haberse iniciado de su parte un procedimiento penal que se rige por la norma especial. En consecuencia, al no haber constancia que acredite que la parte quejosa hizo valer el medio de impugnación correspondiente en contra de la conducta reclamada, es indudable que el presente juicio es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable dicha causa de improcedencia, con fundamento en el ordinal 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha la demanda promovida por ********************, por propio derecho. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 108, párrafo I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Se tiene únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal a ********************y ********************por así haberlo solicitado expresamente. VII. QUEJOSA PROPORCIONA NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Respecto de los teléfonos y correo electrónico que proporciona para futuras notificaciones, dígasele que éstos sólo son medios para entablar comunicaciones no procesales con las partes, por tanto, únicamente se les tiene por ofrecidos para esos efectos. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Además, comuníquese a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Norma Gipsy Villanueva Trejo, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Fiscalía del Ministerio Público Investigador y/o Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y/o Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. I. TRÁMITE. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 778/2023-III. II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." III. INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. IV. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo y su anexo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Fiscalía del Ministerio Público Investigador y/o Unidad de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y/o Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de investigar los hechos denunciados por el quejoso, cometidos en su agravio, relacionados con el delito de despojo y los que resulten responsables, derivado de la querella presentada el catorce de octubre de dos mil veintidós, con número de registro de atención 2885-101-0205-2022. Ahora bien, una vez analizada integralmente la demanda de amparo y su anexo, se desprende que debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al sostener que previo a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa, en su calidad de víctima en la investigación, estaba obligada a promover el medio de defensa que establece el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho normativo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" De la interpretación del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Ilustra a lo expuesto la jurisprudencia 37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que expresa: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así las cosas, es necesario tener presente el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del numeral transcrito, se evidencia que en contra del acto reclamado procede un medio de impugnación ordinario, el cual debe interponerse ante el Juez de Control, quien a su vez convocará a una audiencia para decidir en definitiva sobre el hecho controvertido. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama en esta vía constitucional la omisión de investigar los hechos denunciados por el quejoso mediante querella presentada el catorce de octubre de dos mil veintidós, con número de registro de atención 2885-101-0205-2022, relacionados con el delito de despojo y los que resulten responsables. En esa tesitura, se advierte que en contra de dicha omisión procede el medio de impugnación ordinario previsto en el artículo 258 del precitado Código, conforme al cual la víctima o el ofendido pueden inconformase contra las determinaciones que afecten e impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud se equiparan a la afectación que se ocasiona cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones, como lo es la abstención de tramitar o integrar la carpeta de investigación de referencia. De ahí que, es inconcuso que la parte quejosa, de manera previa a acudir a instar la acción constitucional, debió controvertirlo a través del medio de impugnación ordinario que prevé la norma, para así agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Brindan sustento jurídico a esta determinación las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Así, de una lectura a los criterios que anteceden, se aprecia que uno de los motivos torales que ameritaron tal conclusión de la sala emisora, fue el hecho de que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada; lo que implica que en esa línea de pensamiento resulta preferente el agotamiento del medio de control a que se alude, a cargo del juez de control, dada cuenta la expeditez con que debe tramitarse y resolverse, así como a la diversidad de modalidades que contempla el nuevo procedimiento penal; es decir, conforme a ese criterio del Máximo Tribunal, el presente juicio de amparo pudiera resultar contraproducente si se toma en cuenta que tardará más en integrarse de lo que pudiera prolongarse la solución de aquél medio de impugnación. No pasan desapercibidas para esta juzgadora, las manifestaciones vertidas por el quejoso en su demanda de amparo, con las que pretende sustentar el acto reclamado bajo el derecho de petición previsto por el numeral 8 constitucional, y referir que la autoridad responsable ha sido omisa en dar contestación a su escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, toda vez que, si bien exhibe el acuse del escrito que refiere no haber sido atendido por la responsable, lo cierto es que el mismo constituye propiamente una formal querella por los delitos de despojo y daños y los que resulten, en agravio del propio quejoso; de ahí que, no puede dársele el carácter de un escrito de petición en términos del numeral constitucional citado, al haberse iniciado de su parte un procedimiento penal que se rige por la norma especial. En consecuencia, al no haber constancia que acredite que la parte quejosa hizo valer el medio de impugnación correspondiente en contra de la conducta reclamada, es indudable que el presente juicio es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable dicha causa de improcedencia, con fundamento en el ordinal 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha la demanda promovida por ********************, por propio derecho. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 108, párrafo I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Se tiene únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal a ********************y ********************por así haberlo solicitado expresamente. VII. QUEJOSA PROPORCIONA NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Respecto de los teléfonos y correo electrónico que proporciona para futuras notificaciones, dígasele que éstos sólo son medios para entablar comunicaciones no procesales con las partes, por tanto, únicamente se les tiene por ofrecidos para esos efectos. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Además, comuníquese a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Norma Gipsy Villanueva Trejo, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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