Nahum Cruz Barrientos
Expediente 922/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 14/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Nahum Cruz Barrientos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que el once del mes y año en curso, fue resuelto por el Pleno de este tribunal colegiado el recurso de inconformidad 17/2018, interpuesto por Nahúm Cruz Barrientos, en contra del acuerdo de presidencia de ocho de noviembre pasado, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, agréguese copia certificada de dicha resolución y queda firme tal acuerdo. Con testimonio de dichas resoluciones, notifíquese a la autoridad responsable. Archívese el presente asunto como asunto concluido, previas las anotaciones de ley en el libro respectivo. Por ello, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, específicamente en los puntos de acuerdo decimoprimero, vigésimo y vigesimoprimero, se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, pues no contiene relevancia documental ni documentos originales.
- Juicio de Amparo Directo
A sus autos el escrito del quejoso Nahum Cruz Barrientos. Visto su contenido, atendiendo a que interpone recurso de inconformidad, obténgase copia certificada del escrito de cuenta, agréguese a este expediente y en cumplimiento al artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo e Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en lo que interesa establece que corresponde a este tribunal proveer sobre los recursos de inconformidad, remítase el original a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, para que lo devuelva a este
- Juicio de Amparo Directo
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS PROVEÍDOS DE VEINTISÉIS DE ENERO, CINCO DE JUNIO Y DOS DE JULIO PASADOS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, SURTIENDO EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES, LA RESOLUCIÓN SIGUIENTE: En ocho de noviembre de dos mil dieciocho, el Secretario de Estudio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito da cuenta al magistrado presidente de este tribunal, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en su etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo, el tribunal la notificará sin demora a las partes; que requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia se dictó el treinta de mayo de dos mil dieciocho; el once de julio siguiente, una vez fenecido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 2639 de dos de agosto del año en curso, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la sentencia reclamada y solicitó una prórroga de treinta días para efectuar el cumplimiento, misma que fue concedida por este órgano el veinte de agosto siguiente. Así, el veintidós de agosto del año en curso, se recibió la misiva número 3003 a través del cual, la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia que dictó ese mismo día, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que se procede a corroborar de la siguiente manera: La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la sala responsable: I. Dejara insubsistente la sentencia reclamada; II. Realizara la ampliación de la prueba pericial en psiquiatría a cargo de la presunta interdicta, o bien desahogara una diversa, en la que se indagara la afectación en la capacidad de decisión, descartando la existencia de maltrato hacia la incapaz; III. Sostuviera platicas con la presunta interdicta, a fin de tener un contacto directo con la misma y pudiera evaluarla de manera directa; y, IV. Hecho lo anterior, resolviera conforme a sus facultades decisorias lo más favorable para la incapaz. En la especie, la resolución con la que la autoridad responsable sostiene su cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se hizo del conocimiento del quejoso y tercera interesada, mediante notificación por lista, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente. Con motivo de la vista de la resolución anterior, el quejoso, mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto el año en curso, desahogó la vista manifestando lo siguiente: 1. La sala responsable no descartó la existencia de maltrato hacia la interdicta dado que él advirtió su existencia de manera pasiva en las vertientes de desatención a sus malestares (quien adujo sentir dolor en un brazo), que fue coaccionada y manipulada por sus cuidadores en razón de las actitudes que presentó al platicar con los magistrados, sin considerar que ellos aún disponen en su propio beneficio de sus bienes y derechos de propiedad de la incapaz. 2. Que no está de acuerdo con la designación de tutora a **********, puesto que no se justificó ni se dio razón lógica del porqué es más apta que él para ejercer ese cargo, cuando obra en autos la constancia de que la ahora tutora es madre de dos niños que tienen **********, aunado a la existencia de evidencias de maltrato, tanto los expresados por el representante Social en autos del expediente número 1193/2016; 3. Que se advierte de la plática que sostuvieron los magistrados responsables con la incapaz, que no descartaron la existencia de maltrato ordenada en ejecutoria de amparo. 4. Agrega que las apreciaciones psiquiátricas de los peritos no son idóneas para dictaminar sobre el maltrato físico, ni económico. 5. Que en relación al maltrato sexual, ése no fue abordado por el tribunal de Alzada, sin embargo se afirmó que no existe. 6. Que el estudio de las constancias por parte de la autoridad responsable es deficiente, pues su decisión legitima el abuso y maltrato al que su señora madre ha sido sometida por años; y al respecto, él nunca le ha hecho daño a la interdicta, pues como su hijo, es infundado que se la haya impedido todo contacto con ella y con sus cuidadores. Téngase por formuladas las manifestaciones del quejoso, para ser valoradas en el sección procesal correspondiente. Toda vez que el cumplimiento de las sentencia de amparo es de orden público, este órgano colegiado procede a analizar si en el caso se cumplió en sus términos. I. La Primera Sala Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el uno de agosto del año en curso, dejó insubsistente la sentencia reclamada; con ello se cumplió el primer punto de la ejecutoria de amparo. II. En auto de uno de agosto del año en curso, la sala responsable ordenó la ampliación de la prueba pericial en psiquiatría a cargo de la presunta interdicta, en la que se indagó sobre la afectación en la capacidad de decisión de dicha persona, concluyendo los peritos que la capacidad de decisiones simples relativas a la vida cotidiana se encuentra conservada, no así la capacidad para la toma de decisiones de índole legal o económica; además, se descartó la existencia de maltrato hacia la incapaz, pues al respecto los especialistas señalaron que "ha sido adecuadamente cuidada ya que no ha presentado escaras de cubito" (también llamadas «úlceras de presión» o «escaras» son lesiones de la piel y del tejido que se encuentra debajo, que se producen como resultado de una presión prolongada sobre la piel). En tal contexto, al quedar satisfecha la exigencia de indagar sobre la afectación en la capacidad de decisión de dicha persona y descartar que hubiese sido objeto de maltrato, ya no fue necesario que la autoridad responsable cumpliera con la segunda posibilidad de desahogar una diversa probanza. III. El ocho de agosto del año en curso, los integrantes de la sala responsable sostuvieron una plática con la presunta interdicta, a fin de tener un contacto directo con dicha persona y pudieran evaluarla de manera directa; en dicha entrevista se contó con la presencia del agente del Ministerio Público, de **********, estando presente además el quejoso **********; por lo que a preguntas expresas que se le formularon a **********, manifestó que se sentía bien, que desconocía el motivo de acudir ante la presencia judicial, señaló haber tenido seis hijos, recordando únicamente a **********, y a sugerencia recordó también a **********, manifestando que le gusta estar con dicha persona, quien la lleva al doctor y con quien comparte habitación; que se siente bien, tiene casa y se la quiere dar a **********, reiterando que la citada persona es quien le da de comer, no la trata mal, y que se siente bien con ella. IV. Hecho lo anterior, la sala responsable declaró en estado de interdicción a Elda Barrientos Viveros, designando como tutriz legítima y definitiva a **********, motivo por el cual revocó la sentencia impugnada, para quedar en los siguientes términos: "PRIMERO. Fue procedente la acción ejercitada por el señor **********; en consecuencia. SEGUNDO. Se declara el estado de interdicción de la señora **********, y se designa como tutora definitiva a su hija **********, quien deberá vigilar y ejercer por aquella sus derechos y obligaciones jurídicas, por lo que una vez que esta resolución sea ejecutable, la tutora designada deberá comparecer a este juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido, eximiéndosele del otorgamiento de garantía con base en la fracción III del numeral 4.285 del Código Civil en vigor. TERCERO. Se decretan las siguiente medidas de protección a favor de la señora **********(sic), sin perjuicio de las diversas que en su caso este juzgado estime pertinente establecer en el momento en que se considere necesario para procurar el mayor beneficio a la declarada incapaz. -La tutora designada deberá proporcionarle los cuidados básicos para evitar que la señora **********sea objeto de cualquier tipo de abuso, así como brindarle la atención médica e higiénica que requiere y que quedó patentizada de la valoración realizada por los peritos médicos; quedando obligada la tutora a informar por escrito al menos una vez al mes a este juzgado el estado médico y físico en general que presente la declarada interdicta. -Los demás hijos de señora **********no se entenderán por ello desvinculados de la obligación que les corresponde en el sentido de aportar y procurar lo necesario para que aquélla cuente con toda la atención médica y de cualquier índole que requiere para su bienestar. -Deberán efectuarse visitas aleatorias al menos una vez al mes en el domicilio donde habita la declarada incapaz por parte del trabajador social designado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla, Estado de México, o en caso de no existir, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, a efecto de que se hagan constar las condiciones del entorno y el estado físico general en el que se encuentre la señora **********, debiendo informarse oportunamente a este juzgado sobre el resultado de esas visitas, por lo que en su momento gírese el oficio respectivo para tales efectos. CUARTO. Una vez que esta resolución sea ejecutable y se acredite plenamente en autos la existencia de bienes propiedad la declarada interdicta, y antes de que la tutora definitiva designada entre en administración de tales bienes, deberá procederse a nombrar curador en términos de lo que dispone el Código Civil. QUINTO. No se condena al pago de costas en primera instancia" Para mejor comprensión de lo anterior, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO I. Deje insubsistente la sentencia reclamada; II. Realice la ampliación de la prueba pericial en psiquiatría a cargo de la presunta interdicta, o bien desahogara una diversa, en la que se indagara la afectación en la capacidad de decisión, descartando la existencia de maltrato hacia la incapaz; III. Sostuviera platicas con la presunta interdicta, a fin de tener un contacto directo con la misma y pudiera evaluarla de manera directa; y, IV. Hecho lo anterior, resolviera conforme a sus facultades decisorias lo más favorable para la incapaz. I. La Primera Sala Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el uno de agosto del año en curso, dejó insubsistente la sentencia reclamada. II. Realizó la ampliación de la prueba pericial en psiquiatría a cargo de la presunta interdicta, en la que se indagó la afectación en la capacidad de decisión, descartando la existencia de maltrato hacia la incapaz. Ampliación de dictamen que se tuvo por rendido el nueve de agosto del año en curso. III. Los integrantes de la Sala responsable sostuvieron pláticas con la interdicta a fin de tener contacto directo con la misma y evaluarla de manera directa, lo que sucedió el ocho de agosto de dos mil dieciocho; y, IV. Hecho lo anterior, revocó la sentencia impugnada, para quedar en los siguientes términos: "PRIMERO. Fue procedente la acción ejercitada por el señor **********; en consecuencia. SEGUNDO. Se declara el estado de interdicción de la señora **********, y se designa como tutora definitiva a su hija **********, quien deberá vigilar y ejercer por aquella sus derechos y obligaciones jurídicas, por lo que una vez que esta resolución sea ejecutable, la tutora designada deberá comparecer a este juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido, eximiéndosele del otorgamiento de garantía con base en la fracción III del numeral 4.285 del Código Civil en vigor. TERCERO. Se decretan las siguiente medidas de protección a favor de la señora **********(sic), sin perjuicio de las diversas que en su caso este juzgado estime pertinente establecer en el momento en que se considere necesario para procurar el mayor beneficio a la declarada incapaz. -La tutora designada deberá proporcionarle los cuidados básicos para evitar que la señora **********sea objeto de cualquier tipo de abuso, así como brindarle la atención médica e higiénica que requiere y que quedó patentizada de la valoración realizada por los peritos médicos; quedando obligada la tutora a informar por escrito al menos una vez al mes a este juzgado el estado médico y físico en general que presente la declarada interdicta. -Los demás hijos de señora **********no se entenderán por ello desvinculados de la obligación que les corresponde en el sentido de aportar y procurar lo necesario para que aquélla cuente con toda la atención médica y de cualquier índole que requiere para su bienestar. -Deberán efectuarse visitas aleatorias al menos una vez al mes en el domicilio donde habita la declarada incapaz por parte del trabajador social designado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla, Estado de México, o en caso de no existir, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, a efecto de que se hagan constar las condiciones del entorno y el estado físico general en el que se encuentre la señora **********, debiendo informarse oportunamente a este juzgado sobre el resultado de esas visitas, por lo que en su momento gírese el oficio respectivo para tales efectos. CUARTO. Una vez que esta resolución sea ejecutable y se acredite plenamente en autos la existencia de bienes propiedad la declarada interdicta, y antes de que la tutora definitiva designada entre en administración de tales bienes, deberá procederse a nombrar curador en términos de lo que dispone el Código Civil. QUINTO. No se condena al pago de costas en primera instancia" No se hizo condena en costas en segunda instancia. En esas condiciones, del cuadro anterior se evidencia que la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, como la sala responsable cumplió cabalmente con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Ahora, la determinación anterior se emite sin soslayar las manifestaciones del quejoso, las cuales son infundadas, por lo siguiente: [1.] Contra lo afirmado por el quejoso, la responsable sí descartó la existencia de maltrato hacia la interdicta, pues del dictamen emitido ante el tribunal de alzada por parte de los peritos oficiales, dichos profesionistas determinaron que no advirtieron que la presunta interdicta fuera objeto de algún tipo de maltrato físico, psicológico, emocional, sexual o económico. Además, de la plática sostenida con ********** el ocho de agosto del año en curso por parte de los magistrados que integran la sala responsable, con la presencia del Ministerio Público, a preguntas expresas, dicha persona manifestó que se sentía bien, refirió desconocer a qué acudía ante la presencia judicial, indicó que vive con ********** con quien le gusta estar, come de todo, y dicha persona es quien la lleva al doctor; que comparte su habitación, que se siente bien, tiene casa y se quiere quedar con su hija **********; confundió a su hijo ********** con **********. Ahora, si bien la presunta interdicta al ser revisada por los peritos oficiales manifestó tener dolor en la mano izquierda, ello no denota maltrato o desatención, pues del dictamen emitidos por los citados profesionistas, se advierte que ********** presenta un deterioro cognitivo secundario a un evento vascular cerebral, con complicaciones motoras, ya que presenta hemiplejía izquierda que le impide el libre movimiento. [2] Lo manifestado por el quejoso en cuanto a que no está de acuerdo con la designación de la tutora, dicho aspecto atañe a una cuestión de fondo (legalidad de lo resuelto), determinado por la responsable con plenitud de jurisdicción que no es materia de la resolución de cumplimiento. [3] No obstante que lo manifestado por el impetrante es una cuestión de fondo, es importante destacar que en la plática que sostuvieron los magistrados responsables con la incapaz, el ocho de agosto del año en curso, estuvo presente el Ministerio Público, quien no manifestó la existencia de maltrato, y si bien la sala no descartó la existencia de maltrato, no se advierte de las respuestas vertidas por **********a las preguntas que se le formularon. [4 y 5] Atañen también a cuestiones de fondo, pues cabe recordar que la idoneidad de los peritos que analizarían a la presunta interdicta y el maltrato sexual, no fueron tópicos que hubiesen sido materia de la litis constitucional, pues cabe recordar que la ampliación de la prueba pericial en psiquiatría fue con la finalidad de indagar sobre la afectación en la capacidad de decisión de la incapaz, y que se descartara la existencia de maltrato. [6] En relación con que se considera deficiente el estudio de las constancias por parte de la autoridad responsable y que ello legitima el abuso y maltrato de la presunta incapaz, dichas inconformidades no es materia de análisis en la resolución de cumplimiento. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como a la parte tercera interesada. Así lo acuerda y firma el magistrado Jacinto Juárez Rosas, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa, licenciado José Jiménez Sarmiento. Doy fe. Rúbricas.
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