Nagahi Marcelino Espina

Expediente 36/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
36/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
12/02/2016

Partes del expediente

  • Nagahi Marcelino Espina

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5 A PRAL. 36/2015- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y toda vez que para el quejoso NAGAHI MARCELINO ESPINA, no interpuso el recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de enero del año en curso (foja 10), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dentro del término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que el referido proveído ha causado ejecutoria. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el proveído de mérito estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del auto relativo 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal2. 2 Criterio 1/2011 (fecha de resolución 27/01/2011). "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Finalmente, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    *pral. 1297/2015 mesa amp. 4-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable, subdelegado de Prestaciones en Oaxaca del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, no ha informado lo relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo concedido en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil quince (foja 107), del cual fue notificado con fecha siete de enero pasado (foja 110) En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable para que, dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, cumpla con dicha ejecutoria o, en su caso, manifieste el impedimento legal que tuviere para no hacerlo; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos cero centavos moneda nacional), equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México, al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en los preceptos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo, además, se podría considerar el incumplimiento de dicha resolución y, de ser el caso, se remitiría este juicio de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación ante el Ministerio Público. NOTIFÍQUESE.

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