Nadir Yazmín Sainz Beltrán

Expediente 385/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
385/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Nadir Yazmín Sainz Beltrán
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por (2) Rolando Alberto Moreno Domínguez, apoderado de la quejosa (1) Nadir Yazmín Sainz Beltrán; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del citado acuerdo. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIEN TE AUTO QUE REZA: Mexicali, Baja California, a nueve de abril de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por **********, apoderado de la quejosa ***********, calidad que acredita con copia del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se le tuvo por reconocida su personalidad en el juicio de origen, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 385/2021 que es el que le corresponde. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda y las constancias remitidas, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la demanda de amparo, escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que está condicionada a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Establecido lo anterior, tenemos que del ocurso inicial de demanda se desprende que el acto materia de reclamo en este contradictorio federal, consiste en la resolución emitida el uno de marzo de dos mil veintiuno, en autos del expediente laboral 634/2020-2C, mediante la cual el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad, declaró improcedente el recurso de revisión, promovido por (2) Rolando Alberto Moreno Domínguez, apoderado de la quejosa (1) Nadir Yazmín Sainz Beltrán, en relación a la resolución interlocutoria dictada en la audiencia de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, en donde se declaró improcedente el INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD que promovió en contra de la representación del licenciado (3) Jonathan Eduardo Cabanillas Calvo como apoderado legal de la demandada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California (Dif Estatal). En ese tenor, podemos concluir que la resolución que ahora se reclama, indudablemente que por los efectos y consecuencias que genera, no puede ser considerada como de ejecución irreparable, en tanto que se trata de una determinación de carácter meramente procedimental. En efecto, en primer lugar se hace énfasis en que dicho acto no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna, pues de ninguna forma es constitutivo de derechos ni de condena, simplemente es una actuación que es parte del procedimiento de origen, o sea, ese acto sólo se relaciona con las fases del propio procedimiento natural, en el caso en particular, con cuestiones relativas a la personalidad de una de las partes dentro de la etapa relativa a las excepciones, más no con derechos sustantivos; lo que, sin duda, en contraposición a lo propuesto por la impetrante, genera que sus efectos no se igualen con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Esto es así, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el catorce de julio de dos mil catorce, dicho precepto y fracción establece una precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos, como el que nos ocupa en el caso concreto. En esa disposición, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de "imposible reparación", ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, en los procedimientos judiciales propiamente dichos (artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo), se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, conforme al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos en juicio que se consideran de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución y que la afectación que generan de manera directa e inmediata no es susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el procedimiento. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable dado que su afectación recae sobre cuestiones meramente formales. Lo que de suyo implica que el quejoso no se encontrará en condiciones de promover amparo contra tantos actos procesales se vayan emitiendo durante la tramitación del procedimiento y que sólo produzcan afectación a derechos adjetivos. Cabe precisar que los derechos sustantivos garantizados por la Constitución de imposible reparación son los derechos personales o reales. Estos derechos surten efectos independientemente de la existencia de algún juicio o procedimiento. Por ejemplo, figuras jurídicas como el arresto, arraigo o embargo limitan las garantías de libertad de tránsito, de propiedad, de posesión, entre otras, y, dada su naturaleza, sus consecuencias son de imposible reparación, ya que aunque el afectado obtenga sentencia favorable nada ni nadie podrá restituirle el tiempo que dejó de gozar de los derechos a los que se le privó. Por otro lado, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el ciudadano sufre una afectación en los mismos éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable o, en caso de obtener sentencia en contra, el ciudadano puede reclamar las violaciones procesales sufridas a través del amparo directo, de acuerdo con el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso a), y los artículos 170 a 174 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si en el caso concreto el acto reclamado se hace consistir en una resolución en la que se declaró improcedente el recurso de revisión, contra la resolución interlocutoria dictada en la audiencia de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, en donde se declaró improcedente el INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD opuesta por la parte demandada respecto del apoderado legal del tercero llamado a juicio; por tanto, resulta inconcuso que dicho acto únicamente pudiera perturbar, en su caso, derechos adjetivos o procesales y, en su grado mayor de afectación, solo se traduciría en que se reconozca la personalidad de su contraria y, desde luego en la continuación del procedimiento natural; de lo que claramente emerge que en el presente asunto los efectos del acto que se reclama no son de imposible reparación -como lo pretende hacer valer la parte impetrante-, ya que por en contraposición a ello, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; ello al margen de su "trascendencia predominante o superior"; pues, como se anticipó, en la vigente Ley de Amparo se abandonó ese criterio, para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo biinstancial, únicamente contra actos en juicio que tengan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, lo que por sí, descarta cualquier posibilidad de procedencia del amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal. En efecto, es incuestionable que las presuntas violaciones que reclama la parte quejosa no afectan materialmente sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, como podrían ser la vida, la libertad, la propiedad, la integridad personal, etcétera, y, por ende no resultan de imposible reparación; incluso, la afectación que ahora reclama podría quedar reparada posteriormente al dictarse la sentencia definitiva, en la que se resuelva en favor a sus intereses. Sobre el particular, son de invocarse, las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: Por lo anterior, válidamente puede decirse que el acto atacado en este juicio de amparo no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente, dado que el acto reclamado es un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, pues si la aquí quejosa obtiene sentencia definitiva favorable en el juicio de origen, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio y, si le fuera desfavorable, podría reclamarla vía amparo directo, haciendo valer lo relativo a la legitimación procesal pasiva, como violación procesal. Así, las razones anteriores conducen a estimar que, en el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque el acto reclamado en este juicio de amparo, atento a su naturaleza jurídica, los efectos y las consecuencias que produce, carece de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía. En consecuencia, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida; por consiguiente, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Notifíquese personalmente.

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