Nadiesda Fregoso Serrano
Expediente 1592/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1592/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2017
Partes del expediente
- Nadiesda Fregoso Serrano
Actuaciones
- Principal
En veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, doy cuenta con un escrito. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a estos autos el escrito de Roberto Ochoa Pérez autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa José Eduardo Cortez Estrada, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada "Gruas Franja-Chalco", Sociedad Anónima de Capital Variable, o en su caso al ocursante Roberto Ochoa Pérez previa toma de razón de su devolución y copia de las mismas que se deje en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado, sin tener como autorizados para recibirlos a las personas que menciona, por la importancia de dichos documentos y la responsabilidad de este Juzgado de Distrito, de su guarda. Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, como lo solicita expídanse a su costa copia de las constancias que indica (informe justificado), en el horario comprendido de nueve a doce horas de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado, teniendo por autorizada para recibirlas a las personas que menciona. Notifíquese.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida , contra actos del Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1592/2017-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que deriva de los dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estos últimos interpretados a contrario sentido, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los preceptos trascritos se tiene que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que tenga un interés jurídico o legítimo; así, la causa de improcedencia que se advierte en el caso, se actualiza porque no existe manifestación de la voluntad de Nadiesda Fregoso Serrano, de ejercitar la acción de amparo, dado que no se encuentra la firma autógrafa en la demanda que se acuerda. Por su parte, el numeral 6 de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa podrá promover juicio de garantías a través de representante legal, apoderado, defensor en materia penal o cualquier persona en casos específicos que la prevé dicho ordenamiento legal, como lo es en el caso de menores de edad, discapacidad, mayor sujeto a interdicción (artículo 8 de la Ley de Amparo) o tratándose de actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 15 de la nueva Ley de Amparo). Excepciones que no se actualizan en el caso. Por otra parte, debe precisarse que todo escrito presentando en un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o sus autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercer cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de garantías no se encuentra estampada la firma autógrafa, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resulta improcedente. En ese orden de ideas, debe decirse que la ausencia de firma autógrafa en la demanda de garantías, no constituye una irregularidad en la misma, y que por ello sea factible que el Juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que se subsane en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentando en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado de puño y letra de la solicitante de amparo, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza ni de las consecuencias inherentes a la misma. Lo anterior, sin que se presuma que la demanda que se recibió en la oficialía de parte de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se haya recibido en original y con firma autógrafa y por un error se conservara el acuse correspondiente, en razón de que, tal y como se advierte de la demanda, el oficial de partes que la recibió asentó que el libelo de mérito no contaba con la firma original. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Finalmente, téngase a la parte quejosa refiriendo su oposición a que se publique su nombre y datos de identificación personal, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
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