Nadia Samantha Hernández Aguilar
Expediente 294/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Nadia Samantha Hernández Aguilar
- Kenya del Carmen Medina Gladin
- Ana Karen Águila Urzúa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(II)
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(II)
- Principal
Se notifica por lista a Kenya del Carmen Medina Gladin, representante común de as quejosas, proveído de cuatro de marzo dos mil diecinueve...En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 74, fracción IV Constitucional, que respectivamente establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: (.) IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; (.)". ** Énfasis añadido. Del precepto invocado en primer orden, se desprende que las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentran señaladas de forma enunciativa en las veintidós fracciones previas, más no de forma limitativa, porque pueden derivar de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo, de la Carta Magna o de criterio jurisprudencial, lo que de suyo implica que el artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establece algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esas hipótesis normativas no son las únicas en las que dicho juicio puede estimarse improcedente, dado que existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 175/2013 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1344, del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Ahora bien, de conformidad con el precepto constitucional expuesto en segundo orden, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto anual de gastos, pues a ella corresponde discutir primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir aquél, conjuntamente con la Cámara de Senadores, mediante la expedición de la ley de ingresos anual relativa; empero, posteriormente y de manera exclusiva y soberana, la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; facultad que se concede de esa manera, por ser la Cámara que se integra por los representantes del pueblo en el Congreso de la Unión, siendo quien debe determinar la forma de erogar el gasto público a través del ejercicio de los recursos, con lo cual se reafirma su calidad de representantes del pueblo y su principal encomienda, que es la de representar sus intereses y lograr que el gasto público se ejerza con eficacia, transparencia y honradez. Por ello, el texto constitucional confirma que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo las características de reservada, primordial, básica y originaria. De manera que si para efectos del artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma suprema confiere la facultad soberana a la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación -la cual sin duda es una de las facultades más importantes-, dado que le permite incidir en el proyecto que le es remitido por el Poder Ejecutivo Federal; fuerza concluir que con la aprobación se crea un acto materialmente administrativo que es de observancia general para todos los Poderes de la Unión y órganos autónomos, para ejercer el gasto público y atender las obligaciones económicas del Estado, ya que a través de ese acto de aprobación se autoriza la erogación de los ingresos públicos. En ese contexto, si la Cámara de Diputados, para expedir el Presupuesto de Egresos de la Federación hace uso de una facultad exclusiva, debe establecerse que el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, porque esa calidad es una manifestación de la voluntad soberana del Poder Constituyente, por lo cual es un acto cuyo ejercicio reviste características de soberanía y discrecionalidad, respecto de la cual no puede tener injerencia un gobernado a través del juicio de amparo. Corolario de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la Acción de Inconstitucionalidad 4/98, valoró la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y determinó su desechamiento, por estimar que ese medio de control constitucional sólo es procedente contra normas de carácter general. Luego, en referencia al Presupuesto de Egresos, indicó que su objeto es determinar la aplicación de una norma general (Código Financiero del Distrito Federal), por lo que lejos de considerarlo como una norma de carácter general, se le reconoce que se está en presencia de un acto materialmente administrativo. Ideas las anteriores que se contienen en la jurisprudencia 24/99 del Pleno del Alto Tribunal, visible con el registro 194259, en la página 251 del Tomo IX, Abril de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL. Por "Ley del Presupuesto" se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El "Decreto del Presupuesto de Egresos" constituye un acto de aplicación de la "Ley del Presupuesto", en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre "Ley del Presupuesto" y "Presupuesto de Egresos" está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al Presupuesto de Egresos; en cambio, la "Ley del Presupuesto del Distrito Federal", esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente. Consecuencia de lo anterior, impone concluir que el Decreto de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, también es un acto de administración general y no una ley en sentido estricto, porque lo expide una sola de las Cámaras y no ambas, como sucede con las leyes que requieren de su concurrencia sucesiva. De modo que el Proyecto de Presupuesto no tiene su génesis en un estricto proceso legislativo, sino que materialmente es un acto administrativo de colaboración entre poderes, porque lo crea originariamente el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados lo aprueba anualmente, previo examen y discusión, inclusive modificación, con lo cual los representantes del pueblo electos democráticamente tienen una intervención constitucional exclusiva para determinar o fijar los montos y destinos del gasto público; máxime que al ser elaborado por el Poder Ejecutivo, no se presenta a la Cámara de Diputados como una iniciativa de ley, sino como acto de administración general, y aunque al final del proceso se aprueba con un Decreto, éste no es una norma jurídica ordinaria que tiene como destino directo regular una situación de la realidad para los gobernados. En conclusión, se trata de un Decreto expedido por los representantes del pueblo que los eligió en un sistema democrático, como una facultad exclusiva que es soberana y discrecional porque no tiene intervención la otra Cámara del Congreso, y ningún otro órgano ni poder. Asimismo, en la medida en que es una facultad exclusiva, se rige como una potestad soberana y discrecional porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados con exclusión de la Cámara de Senadores que en este rubro deja de ser colegisladora, por la sencilla razón de que no se está aprobando una iniciativa de ley, que dé origen a una ley en sentido formal y material. De modo que por tener la naturaleza de una facultad exclusiva reservada expresamente a la Cámara de Diputados en el artículo 74, fracción IV constitucional que implica una facultad con ejercicio soberano, el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclama exclusivamente como acto de autoridad la aprobación del presupuesto, su publicación y ejecución; lo que surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano con base en el artículo 113 del precitado ordenamiento jurídico. Ilustrativa de lo así expuesto, la tesis I.8o.A.4 CS (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible con el registro IUS 2015444, en la página 25126 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su contenido literal dice lo siguiente: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CONTRA SU APROBACIÓN (DECRETO) POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el presupuesto está dirigido a regular el ejercicio del gasto público y, en ese sentido, es un acto materialmente administrativo con contenido y finalidad de administración de los recursos públicos, que proviene de una colaboración entre el Poder Ejecutivo Federal que lo proyecta y la Cámara de Diputados que lo aprueba. Así, en la medida en que es una facultad exclusiva, se erige como una potestad soberana y discrecional, porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados, con exclusión de la de Senadores que, en este rubro, deja de ser colegisladora, porque no participa en la aprobación de una iniciativa que origine una ley en sentido formal y material. En estas condiciones, si la aprobación (decreto) del presupuesto es un acto de colaboración republicana y su ejercicio es exclusivo de la Cámara de Diputados, se trata de un acto soberano, inherente a la representación que ésta ostenta. Por tanto, contra dicho acto el juicio de amparo es improcedente, porque la acción constitucional no puede incidir en el ejercicio de esa facultad exclusiva." Sin que lo resuelto con antelación implique desconocer que el Presupuesto de Egresos de la Federación, es un acto de ejecución de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyas disposiciones tienen por objeto reglamentar, entre otros, el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Así como el mandato expreso para que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de dicha Ley, como es la Cámara de Diputados, observen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Ello, en la medida que las afectaciones a los derechos constitucionalmente reconocidos que pudieran resentir en lo individual o colectivo los gobernados, por el incumplimiento del objeto de dicha ley Federal y los criterios que deben ser observados a partir de ella, en el caso, respecto de los "programas de subsidio" y aquellos que deban sujetarse a reglas de operación (en el particular, conforme al artículo 77 de la indicada ley), como el que aducen las quejosas, por la supresión o modificación de los recursos asignados a los anexos transversales que se señalan en la demanda de amparo, pueden ser fiscalizados por la Auditoria Superior de la Federación conforme a sus atribuciones, o en su caso, controlados en su constitucionalidad por los jueces. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. (II)
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