Nadia Miriam Díaz Campos
Expediente 773/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Nadia Miriam Díaz Campos
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la resolución de referencia. En tal virtud en su oportunidad, archívense los autos del presente juicio como totalmente concluido.
- Principal
Victoria de Durango, Durango, a siete de octubre de dos mil veinte. Por recibido el oficio 2441/2020, del actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con residencia en esta ciudad, con el cual remite testimonio de la resolución que dictó en sesión celebrada el cinco de junio del año en curso, en el juicio de amparo directo civil 26/2020; el original y tres copias de la demanda de amparo promovida por Nadia Miriam Díaz Campos; certificación de temporalidad; informes justificados rendidos por las autoridades designadas como responsables; constancias de notificación a las partes, así como los autos originales del juicio especial hipotecario 56/2017 y toca civil 219CU/2019. ACÚSESE RECIBO. El citado Tribunal Colegiado, declina la competencia a este juzgado de Distrito para conocer del juicio de amparo promovido por Nadia Miriam Díaz Campos, contra el auto dictado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, por la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio especial hipotecario 56/2017, mediante el cual desechó por improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer al contestar la demanda; y contra la resolución dictada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, por la Segunda Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, en el toca 219CU/2019, que confirmó el citado proveído. Esa declaración de incompetencia, obedeció a que los actos reclamados no resolvieron el juicio en lo principal, ni se trata de sentencias definitivas, ni resoluciones que le hayan puesto fin, de ahí que no son impugnables en vía de amparo directo. En tal virtud, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente, y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo bajo el número 773/2020. Se tiene por promovida la demanda de amparo de **********, contra actos de la Jueza Tercera de lo Civil del este Distrito Judicial, y Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, por considerarlos violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la República; y, En congruencia con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, acorde con el cual, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Esta hipótesis aparece acreditada en el caso concreto, porque se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis de las constancias remitidas a este juzgado, se advierten los informes justificados de la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial, y Segunda Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, con los cuales remitieron los originales del juicio especial hipotecario 56/2017 y toca 219CU/2019, documentos que merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para acreditar los hechos legalmente afirmados por las autoridades de las que provienen, porque tienen sellos y firmas originales de estas, actuando en el ejercicio de sus atribuciones. La causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI, de la Ley de Amparo, se acredita en relación con el acto reclamado a la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial, consistente en el auto dictado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio especial hipotecario 56/2017, que desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido (al contestar la demanda) contra su emplazamiento, así como todo lo actuado con posterioridad. Ello es así, porque contra ese proveído, la quejosa interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, autoridad que mediante sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el toca 219CU/2019, confirmó el acuerdo impugnado. Entonces, esta resolución de segunda instancia, sustituye procesalmente al auto dictado por la Jueza responsable, circunstancia que impide llevar a cabo su análisis en la presente vía constitucional, al no ser factible examinar una situación jurídica anterior que quedó legalmente sustituida por la sentencia dictada en segunda instancia, al resolver el recurso de apelación. Con lo cual se demuestra la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en lo concerniente al acto reclamado a la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial. Por otra parte, tal como se precisó al inicio del presente considerando, la quejosa también reclama la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, por la Segunda Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, al resolver el toca 219CU/2019, mediante la cual confirmó el auto dictado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, por la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio especial hipotecario 56/2017, que desechó el incidente de nulidad de actuaciones. En relación con esa sentencia de segunda instancia, se advierte acreditada la diversa causal de improcedencia, contemplada en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "(.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Para que se actualice la causal de improcedencia establecida en esa disposición, se requiere la concurrencia de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista, b) que no pueda surtir efecto legal o material, y c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. En el caso concreto, las constancias de autos demuestran que en auto pronunciado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio especial hipotecario 56/2017, la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial decretó que operó de pleno derecho la caducidad en esa instancia, motivo por el cual, dejó sin efectos las actuaciones practicadas en el procedimiento. En fecha posterior a esa declaración, la Segunda Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, dictó sentencia en el toca 219CU/2019, mediante la cual confirmó el auto emitido el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio de origen. De esos hechos, se sigue que el acto reclamado, consistente en la sentencia de segunda instancia, subsiste; sin embargo, no puede surtir efecto legal o material alguno, porque dejó de existir el objeto o materia del mismo, esto último, por virtud de la caducidad decretada en primera instancia, pues tal circunstancia dio por terminado el juicio en lo principal, y en consecuencia ningún efecto jurídico puede producir la confirmación del auto que desechó el incidente de nulidad promovido por la demandada (quejosa). Luego, aun cuando subsiste la resolución reclamada a la Sala responsable, esta no produce, ni ha dejado alguna huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de reparación, lo que impide que ese acto y sus efectos trasciendan al juicio natural, al haberse modificado el entorno en el cual se emitió; ante ello es ociosa la tramitación del juicio de amparo promovido en su contra. En virtud de lo expuesto, se demuestra la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Como apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, del mes de diciembre de 2006, Novena Época, registro 173858, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Al haber quedado acreditadas las causales de improcedencia contempladas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, en términos del artículo 113, de la citada ley de la materia. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el escrito de demanda, y como autorizado en Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
**** SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA **** Victoria de Durango, Durango, a siete de octubre de dos mil veinte. Por recibido el oficio 2441/2020, del actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con residencia en esta ciudad, con el cual remite testimonio de la resolución que dictó en sesión celebrada el cinco de junio del año en curso, en el juicio de amparo directo civil 26/2020; el original y tres copias de la demanda de amparo promovida por Nadia Miriam Díaz Campos; certificación de temporalidad; informes justificados rendidos por las autoridades designadas como responsables; constancias de notificación a las partes, así como los autos originales del juicio especial hipotecario 56/2017 y toca civil 219CU/2019. ACÚSESE RECIBO. El citado Tribunal Colegiado, declina la competencia a este juzgado de Distrito para conocer del juicio de amparo promovido por Nadia Miriam Díaz Campos, contra el auto dictado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, por la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio especial hipotecario 56/2017, mediante el cual desechó por improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer al contestar la demanda; y contra la resolución dictada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, por la Segunda Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, en el toca 219CU/2019, que confirmó el citado proveído. Esa declaración de incompetencia, obedeció a que los actos reclamados no resolvieron el juicio en lo principal, ni se trata de sentencias definitivas, ni resoluciones que le hayan puesto fin, de ahí que no son impugnables en vía de amparo directo. En tal virtud, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente, y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo bajo el número 773/2020. Se tiene por promovida la demanda de amparo de **********, contra actos de la Jueza Tercera de lo Civil del este Distrito Judicial, y Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, por considerarlos violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la República; y, En congruencia con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, acorde con el cual, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Esta hipótesis aparece acreditada en el caso concreto, porque se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis de las constancias remitidas a este juzgado, se advierten los informes justificados de la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial, y Segunda Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, con los cuales remitieron los originales del juicio especial hipotecario 56/2017 y toca 219CU/2019, documentos que merecen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para acreditar los hechos legalmente afirmados por las autoridades de las que provienen, porque tienen sellos y firmas originales de estas, actuando en el ejercicio de sus atribuciones. La causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI, de la Ley de Amparo, se acredita en relación con el acto reclamado a la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial, consistente en el auto dictado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio especial hipotecario 56/2017, que desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido (al contestar la demanda) contra su emplazamiento, así como todo lo actuado con posterioridad. Ello es así, porque contra ese proveído, la quejosa interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, autoridad que mediante sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el toca 219CU/2019, confirmó el acuerdo impugnado. Entonces, esta resolución de segunda instancia, sustituye procesalmente al auto dictado por la Jueza responsable, circunstancia que impide llevar a cabo su análisis en la presente vía constitucional, al no ser factible examinar una situación jurídica anterior que quedó legalmente sustituida por la sentencia dictada en segunda instancia, al resolver el recurso de apelación. Con lo cual se demuestra la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en lo concerniente al acto reclamado a la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial. Por otra parte, tal como se precisó al inicio del presente considerando, la quejosa también reclama la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, por la Segunda Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, al resolver el toca 219CU/2019, mediante la cual confirmó el auto dictado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, por la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio especial hipotecario 56/2017, que desechó el incidente de nulidad de actuaciones. En relación con esa sentencia de segunda instancia, se advierte acreditada la diversa causal de improcedencia, contemplada en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "(.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Para que se actualice la causal de improcedencia establecida en esa disposición, se requiere la concurrencia de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista, b) que no pueda surtir efecto legal o material, y c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. En el caso concreto, las constancias de autos demuestran que en auto pronunciado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio especial hipotecario 56/2017, la Jueza Tercera de lo Civil de este Distrito Judicial decretó que operó de pleno derecho la caducidad en esa instancia, motivo por el cual, dejó sin efectos las actuaciones practicadas en el procedimiento. En fecha posterior a esa declaración, la Segunda Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango, dictó sentencia en el toca 219CU/2019, mediante la cual confirmó el auto emitido el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio de origen. De esos hechos, se sigue que el acto reclamado, consistente en la sentencia de segunda instancia, subsiste; sin embargo, no puede surtir efecto legal o material alguno, porque dejó de existir el objeto o materia del mismo, esto último, por virtud de la caducidad decretada en primera instancia, pues tal circunstancia dio por terminado el juicio en lo principal, y en consecuencia ningún efecto jurídico puede producir la confirmación del auto que desechó el incidente de nulidad promovido por la demandada (quejosa). Luego, aun cuando subsiste la resolución reclamada a la Sala responsable, esta no produce, ni ha dejado alguna huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de reparación, lo que impide que ese acto y sus efectos trasciendan al juicio natural, al haberse modificado el entorno en el cual se emitió; ante ello es ociosa la tramitación del juicio de amparo promovido en su contra. En virtud de lo expuesto, se demuestra la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Como apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, del mes de diciembre de 2006, Novena Época, registro 173858, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Al haber quedado acreditadas las causales de improcedencia contempladas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, en términos del artículo 113, de la citada ley de la materia. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el escrito de demanda, y como autorizado en Notifíquese personalmente a la promovente.
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