Nadia Mejía Salazar
Expediente 804/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Nadia Mejía Salazar
- Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado de autos del que se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, dentro del lapso que se les concedió, razón de lo anterior, resulta procedente realizar el análisis del mismo. LA EJECUTORIA DE AMPARO NO HA QUEDADO CUMPLIDA. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos violados, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En la sentencia pronunciada por este juzgado el veintiocho de enero de dos mil veinte, terminada de engrosar el nueve de julio siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Rodolfo Ortiz Martínez, para el efecto de que la Jueza Primera Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en contra del quejoso dentro de la causa penal 112/2016; y, 2. En su lugar, dictara otra determinación en la que, con plenitud de jurisdicción: Configurara los elementos del cuerpo del delito de acuerdo con las directrices marcadas en el presente fallo, fundado y motivado debidamente su determinación, y, en su caso, Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 2 analizara si se acreditaban cada uno de ellos; Se pronunciará nuevamente respecto de la probable responsabilidad del quejoso, ya sea en otro sentido o en el mismo, pero purgando los vicios formales a que se ha hecho referencia en la resolución. Al no haber sido impugnada, por acuerdo de veintiocho de septiembre de este año se decretó que la resolución había causado ejecutoria y, por ende, se requirió al órgano jurisdiccional responsable para que cumpliera con el fallo protector. Luego, mediante oficio recibido el dos de diciembre de dos mil veinte, el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, remitió copia autorizada del nuevo auto de plazo constitucional dictado el treinta de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 112/2016; con lo cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, siendo desahogada únicamente por la primera. Una vez analizada la referida documental, misma que merece valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en la materia, se advierte que el juzgador responsable incurrió en defecto en el cumplimiento de la sentencia concesoria, como se expondrá a continuación. En primer término, se observa que en el auto de plazo constitucional de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictado en el proceso penal de origen, dejó insubsistente el acto reclamado y emitió un nuevo auto de formal prisión en contra del aquí quejoso Rodolfo Ortiz Martínez, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado cometido en agravio de Irineo Cerón Cerón. Ahora bien, atinente a la comprobación del cuerpo del delito, la responsable expresó que el delito que se imputa al quejoso es el de secuestro agravado, previsto y sancionado por los numerales 9, Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos a), b), c) y e) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y precisó como elementos corpóreos del ílicito en cuestión, los siguientes: 1. Que se haya privado de la libertad a otro; y, 2. Que haya sido con el propósito de obtener un rescate. Agregó como agravantes: Que se haya realizado en lugar desprotegido. Que se haya llevado a cabo en grupo de dos o más personas. Que se realice con violencia; y, Que la víctima sea mayor de sesenta años. Examinó los dos elementos del cuerpo del delito, los que tuvo por acreditado a la luz del cuadro probatorio de la causa de origen; sin embargo, en lo concerniente a las agravantes, si bien estudio las contenidas en los incisos c) y e), como se señaló en el fallo protector, lo cierto es que ahora omitió hacer lo propio con las agravantes consistentes en que el hecho delictivo se realice: a) en lugar desprotegido y b) en grupo de dos o más personas. De esa manera, subsiste la irregularidad destacada en la ejecutoria de amparo, ya que se trastoca el derecho de defensa del quejoso, toda vez que, si existe discrepancia entre el fundamento legal del delito imputado y los elementos del cuerpo del delito que en realidad fueron analizados, esa circunstancia impide que el gobernado pueda impugnar con eficacia el auto de bien preso. Luego, en lo relativo a la probable responsabilidad de Rodolfo Ortiz Martínez, se ocupó única y exclusivamente del referido quejoso sin entrar a la participación de los otros inculpados como se lo ordeno la ejecutoria. Para tal fin, analizó y valoró, entre otras probaturas, las consistente en (1) la declaración del sujeto pasivo y su ampliación; Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 4 (2) declaración y ampliación de la misma, rendidas por Anabel Cerón Cortés; (3) la declaración a cargo de Paulino Cerón Carrasco. De las primeras, destacó que se advertía "la forma en como fue contactado (el agraviado) por uno de los activos, la forma en que fue sometido para privarlo de su libertad con violencia, a cambio de una suma de dinero, por lo cual una vez obtenida es puesto en libertad". De las siguientes, dijo que resultaban eficaces para demostrar que: la denunciante recibió múltiples llamadas telefónicas por parte de los sujetos activos en lasa cuales le exigieron diez millones de pesos a cambio de la libertad de Irineo Cerón Cerón, quien es su padre, así como de las negociaciones que realizaron para que lo dejaran en libertad. Finalmente, respecto de la declaración a cargo de Paulino Cerón Carrasco, se dijo que, ésta revelaba la forma en que se desarrolló el rescate del pasivo, el lugar donde dejó el dinero por concepto de rescate siguiendo las indicaciones de los activos, así como el momento en que encontró a su tío, después de haber sido liberado a cambio de un rescate. En este aspecto, también se considera que la ejecutoria de mérito no ha quedado cumplida. En primer término, conviene recordar que en el fallo protector se señaló que la comprobación de la probable responsabilidad requiere de la concurrencia de medios de prueba suficientes que lleven a estimar, con un grado aproximado de certeza, la participación del inculpado en el delito que se le imputa, que precisamente por ese grado de convicción, hagan razonable y justo someterlo a formal procesamiento. También, se determinó que no era suficiente con simplemente citar los medios de prueba, asignarles valor convictivo y reproducir su contenido, sino que devenía necesario justipreciarlos con arreglo a los lineamientos que para ello prescribe la ley adjetiva Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 correspondiente, justificar el valor concedido. En ese sentido, la irregularidad que persiste en la resolución analizada parte de que, en primer término, a dichos elementos probatorios les concedió el valor probatorio de indicios en términos del artículo 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, sin establecer las razones por las cuales merecían ese valor, para lo cual debió acudir a los numerales 219, 220 y 228 de la citada legislación, entre otros (prescindiendo de invocar numerales de la normatividad adjetiva penal federal). Además, al tenor de la resolución en comento, debería explicar, con base en la eficacia convictiva otorgada, cómo inciden para acreditar el elemento la probable responsabilidad del imputado; esto, partiendo de la base de que la probable responsabilidad consiste en la existencia de indicios que permitan, fundamentalmente, suponer que alguien tuvo intervención culpable en el hecho delictivo. Lo anterior, ya que, aun cuando el juez responsable precisó qué datos que se obtienen de cada elemento probatorio que analizó (declaraciones y sus ampliaciones), no expresó cómo es que éstos dan noticia de que Rodolfo Ortiz Martínez es precisamente una de las personas que desplegó la conducta delictiva reprochada. Por otra parte, atinente a la copia certificada de la averiguación previa AP/COE/PACH/UECS/UNO/25/2015, a la cual le concedió valor probatorio pleno, al tenor del numeral 224 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, señaló que, aún y cuando la defensa ofreció como medio de prueba la copia certificada de la causa penal 37/2015 del registro del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Tenango de Doria, Hidalgo, en la que se advertía que la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo resolvió que la declaración rendida por Noé Gutiérrez Lara, de catorce de enero de dos mil dieciséis, al haber sido obtenida a través de tortura, debía ser tomada en consideración porque el declarante narró en forma detallada lo hechos materia del Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 6 auto de plazo constitucional, siendo coincidentes con los relatados por el pasivo del delito y por los atestes Paulino Cerón Carrasco y Anabel Cerón Cortés, en torno a cómo fue privado de la libertad el agraviado, cómo fue negociado y entregado el rescate, así como el lugar en el que fue liberada y encontrada la víctima. También, recalca las conductas que particularmente realizó Rodolfo Ortiz Martínez (interceptó al agraviado en un rancho de Singuilucan, lo introdujo a una camioneta y lo llevó a la casa de seguridad en Zacacuautla, se encargó de negociar e hizo un círculo de cal en el que se dejó el rescate). Empero, dejó de razonar, como se estableció en la ejecutoria de amparo, porqué consideró que la referida documental pública aporta datos suficientes para acreditar tal extremo, tomando en consideración que sólo tienen el alcance de demostrar la existencia de una averiguación previa en contra de persona determinada y por hechos concretos, al tenor de la criterio jurisprudencial 1a./J. 51/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 314/2016, en la que determinó que resulta una violación al principio de debido proceso y de legalidad el que el juez de la causa admita como prueba la copia certificada de una averiguación previa diversa y considere su contenido material como tal, a fin de acreditar el delito o la responsabilidad penal de una persona. Cuestión sobre la que no se pronunció el juzgador responsable. Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador federal considera que la ejecutoria de amparo no ha sido cumplida en sus términos. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, y toda vez que de conformidad con los artículos 192, 237, 238 y 258 de la Ley de Amparo, es obligación del órgano de amparo velar por el debido y cabal cumplimiento del fallo protector, con apoyo en lo dispuesto por Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la citada autoridad para que, dentro del plazo de tres días, remita la copia certificada que le fue solicitada en el citado proveído, así como para que informe las gestiones que se hayan llevado a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se apercibe a dicha autoridad de que, en caso de no cumplir a cabalidad con la ejecutoria de amparo sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, dígase a la parte quejosa que, respecto de las manifestaciones que vertió respecto del cumplimiento que el juez penal responsable intentó dar al fallo protector, deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. NOTIFICACIÓN ESCALONADA UNA VEZ QUE SE NORMALICEN LAS LABORES. Con fundamento en los artículos 10 y 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud derivado del virus COVID-19, al que remite la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", contenida en la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, toda vez que en el presente asunto no corren los términos ya que no tiene el carácter de urgente, conforme lo establecido en el numeral 4 del acuerdo de referencia, notifíquese personalmente el presente acuerdo una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, en el entendido de que tal diligencia se hará de manera escalonada, es decir, según lo permitan las labores de este juzgado federal...M-V
- Principal
...ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Nadia Mejía Salazar, por las razones expuestas en la última consideración jurídica...M-I
- Principal
...De la certificación que antecede se advierte que la quejosa no manifestó la denominación correcta de la autoridad que señaló como "Subdirector de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en Metztitlán", dentro del término que al efecto se concedió. Se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de doce de noviembre de dos mil veinte, y se tiene por inexistente a dicha autoridad para efectos del presente juicio. Suspéndase de manera definitiva toda correspondencia oficial con esa autoridad...I
- Incidental
...AUTORIDAD INEXISTENTE. Visto el estado que guardan los autos, se invoca de oficio por ser un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo actuado en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, de lo que se advierte que mediante acuerdo de esta fecha se tuvo como inexistente a la autoridad que la quejosa señaló como Subdirector de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en Metztitlán. En consecuencia, se tiene a tal autoridad como inexistente en este incidente de suspensión; por lo que, suspéndase de manera definitiva toda correspondencia oficial con la misma. Además, toda vez que, en auto de doce de noviembre del año en curso, se señaló la presente data como fecha para la celebración de la audiencia incidental respecto de esa autoridad, resulta innecesaria su celebración, ante su inexistencia, por lo que se deja sin efectos tal fecha...I
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